La justicia española determinó que la fianza impuesta contra el Duque de Palma podría incluir un embargo de propiedades, entre ellas el famoso Palacio de Barcelona, donde Iñaki Urdangarin vive con la infanta Cristina, segunda hija del Rey Juan Carlos.
Su conducta fue considerado como poco ejemplar por la familia (Foto:Archivo).
El juez José Castro, de Palma de Mallorca en España, rechazó este jueves el recurso presentado por el yerno del Rey de ese país, Iñaki Urdagarin, y su exsocio, Diego Torres, el cual buscaba evitar que pagaran una fianza de 8.2 millones de euros (más de 10.6 millones de dólares) por una causa en la que se les imputa por el desfalco de fondos públicos.
El Magistrado negó que el pago de esa fianza, de carácter solidario, esté causando un “quebranto al derecho de defensa” de Urdangarín, tal como plantearon los abogados del rey Juan Carlos.
Días atrás, el también Duque de Palma había denunciado que los argumentos del juez se basaban en la «inclusión parcial, sesgada y fuera de plazo del contenido de determinados documentos». Sin embargo, Castro replicó que seleccionó “aquellos datos que estimó como indiciarios de criminalidad”.
De esta manera, el juez confirmó que la fianza debe ser cancelada en el plazo establecido y que podría un embargo de propiedades, entre ellas el famoso Palacio de Barcelona donde Urdangarin vive con la infanta Cristina, segunda hija de los reyes de España.
El Tribunal explicó que el monto a pagar por los dos acusados es un monto aproximado al que fue desviado de los dineros públicos por el caso Palma Arena, un episodio de corrupción registrado en Baleares entre 2004 y 2006 que involucra al instituto Nóos, una empresa de Urdangarín por la que se habrían transferido los fondos estatales.
Según la investigación judicial, esta suma de dinero habría sido recibida por Nóos a través de contratos públicos con los gobiernos estadales de Baleares y de Valencia.
Urdangarín es imputado junto a su exsocio por los delitos de falsedad documental, prevaricato administrativo, malversación de fondos públicos, fraude a la administración y tráfico de influencias en los convenios que suscribieron a través de Nóos.
El Duque de Palma rechaza las acusaciones y la medida ordenada por el tribuna. Su abogado, Pascual Vives, afirmó que Urdangarín “no ha cometido ningún delito” e informó que analizan presentar un recurso en el Tribunal Constitucional español, para anular el procedimiento que, en su opinión, “vulnera los derechos a la defensa” de su cliente.
Mientras Vives finiquita tal acción judicial, el proceso contra el marido de la infanta Cristina continuará, así como también se seguirá manteniendo apartado de las apariciones oficiales de la Familia Real, que consideró su comportamiento como “poco ejemplar”.
Por otro lado, el Juez también ordenó la suspensión de las declaraciones de Robert Cockx, ciudadano belga señalado como testaferro de Urdagarín y Torres; y deMario Sorribas, expresidente de Noos; respondiendo a una petición de sus representantes legales.
Implicación del Rey
Semanas atrás, Diego Torres implicó directamente a la Corona española en los casos de corrupción, al declarar ante un juzgado en los tribunales de Palma de Mallorca que “todo lo que hacían en la Fundación era con consentimiento de la Casa Real”, e incluso, presentó algunos correos que avalaban sus acusaciones.
Explicó que todas las decisiones en Nóos “las tomaban los cinco miembros de la Junta Directiva, incluida la Infanta Cristina”, hija menor del rey Juan Carlos, así como también Carlos García Revenga, asesor de las Infantas.
A pesar de las pruebas, días después el juzgado reconoció la veracidad de los correos, pero desestimó que fueran tomados en cuenta en contra del Rey, alegando que “no aportaron prueba alguna de“indicios de delito por parte de la Casa Real, la Infanta Cristina o el propio Monarca”.