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Yerno del Rey de España deberá pagar fianza de 10.6 millones de dólares
La justicia española determinó que la fianza impuesta contra el Duque de Palma podría incluir un embargo de propiedades, entre ellas el famoso Palacio de Barcelona, donde Iñaki Urdangarin vive con la infanta Cristina, segunda hija del Rey Juan Carlos.
Su conducta fue considerado como poco ejemplar por la familia (Foto:Archivo).
El juez José Castro, de Palma de Mallorca en España, rechazó este jueves el recurso presentado por el yerno del Rey de ese país, Iñaki Urdagarin, y su exsocio, Diego Torres, el cual buscaba evitar que pagaran una fianza de 8.2 millones de euros (más de 10.6 millones de dólares) por una causa en la que se les imputa por el desfalco de fondos públicos.
El Magistrado negó que el pago de esa fianza, de carácter solidario, esté causando un “quebranto al derecho de defensa” de Urdangarín, tal como plantearon los abogados del rey Juan Carlos.
Días atrás, el también Duque de Palma había denunciado que los argumentos del juez se basaban en la «inclusión parcial, sesgada y fuera de plazo del contenido de determinados documentos». Sin embargo, Castro replicó que seleccionó “aquellos datos que estimó como indiciarios de criminalidad”.
De esta manera, el juez confirmó que la fianza debe ser cancelada en el plazo establecido y que podría un embargo de propiedades, entre ellas el famoso Palacio de Barcelona donde Urdangarin vive con la infanta Cristina, segunda hija de los reyes de España.
El Tribunal explicó que el monto a pagar por los dos acusados es un monto aproximado al que fue desviado de los dineros públicos por el caso Palma Arena, un episodio de corrupción registrado en Baleares entre 2004 y 2006 que involucra al instituto Nóos, una empresa de Urdangarín por la que se habrían transferido los fondos estatales.
Según la investigación judicial, esta suma de dinero habría sido recibida por Nóos a través de contratos públicos con los gobiernos estadales de Baleares y de Valencia.
Urdangarín es imputado junto a su exsocio por los delitos de falsedad documental, prevaricato administrativo, malversación de fondos públicos, fraude a la administración y tráfico de influencias en los convenios que suscribieron a través de Nóos.
El Duque de Palma rechaza las acusaciones y la medida ordenada por el tribuna. Su abogado, Pascual Vives, afirmó que Urdangarín “no ha cometido ningún delito” e informó que analizan presentar un recurso en el Tribunal Constitucional español, para anular el procedimiento que, en su opinión, “vulnera los derechos a la defensa” de su cliente.
Mientras Vives finiquita tal acción judicial, el proceso contra el marido de la infanta Cristina continuará, así como también se seguirá manteniendo apartado de las apariciones oficiales de la Familia Real, que consideró su comportamiento como “poco ejemplar”.
Por otro lado, el Juez también ordenó la suspensión de las declaraciones de Robert Cockx, ciudadano belga señalado como testaferro de Urdagarín y Torres; y deMario Sorribas, expresidente de Noos; respondiendo a una petición de sus representantes legales.
Implicación del Rey
Semanas atrás, Diego Torres implicó directamente a la Corona española en los casos de corrupción, al declarar ante un juzgado en los tribunales de Palma de Mallorca que “todo lo que hacían en la Fundación era con consentimiento de la Casa Real”, e incluso, presentó algunos correos que avalaban sus acusaciones.
Explicó que todas las decisiones en Nóos “las tomaban los cinco miembros de la Junta Directiva, incluida la Infanta Cristina”, hija menor del rey Juan Carlos, así como también Carlos García Revenga, asesor de las Infantas.
A pesar de las pruebas, días después el juzgado reconoció la veracidad de los correos, pero desestimó que fueran tomados en cuenta en contra del Rey, alegando que “no aportaron prueba alguna de“indicios de delito por parte de la Casa Real, la Infanta Cristina o el propio Monarca”.
Internacionales
Las muertes por ahogamiento en Francia aumentaron un 14 % durante las tres olas de calor
Agencia EFE
PARÍS.- Un total de 925 personas sufrieron un episodio de ahogamiento en Francia entre el 1 de mayo y el 15 de julio de 2026, de las que 274 fallecieron, un aumento del 14 % respecto al mismo periodo del año anterior, informó este viernes Salud Pública Francia (SpF).
La mayoría de los ahogamientos, mortales o no, se registraron coincidiendo con las tres olas de calor que han afectado al país hasta la fecha.
Los adultos representaron la mayor parte de las víctimas mortales, con 237 fallecidos, mientras que 37 menores perdieron la vida, una cifra, en este último caso, similar a la registrada en el mismo periodo de 2025.
Entre los menores, la mayoría de los ahogamientos mortales se produjeron en ríos y lagos, especialmente en zonas de baño no habilitadas, durante los episodios de calor extremo.
Las regiones del sur y las zonas costeras concentraron el mayor número de ahogamientos, aunque Salud Pública Francia destacó un fuerte incremento de las muertes en regiones del interior, especialmente en Auvernia-Ródano-Alpes, Borgoña-Franco Condado e Isla de Francia (donde está París).
Los fallecimientos en piscinas y otras zonas de baño artificial casi se duplicaron al pasar de 31 a 60.
PEKIN.- Las Fuerzas Armadas de China han iniciado este jueves una serie de maniobras militares con fuego real en el estrecho de Taiwán poco después de que las autoridades del gigante asiático tildaran de «temerario» el discurso dado recientemente por el presidente taiwanés, Lai Ching Te, que ha afirmado que la isla «no va a actuar como una subordinada» de Pekín.
Está previsto que estas maniobras se lleven a cabo hasta las 18.00 horas (hora local) de este jueves, antes de reanudarse este viernes frente a las costas de Zhangzou, en la provincia de Fujian, en el este del país, según ha informado el Ejército.
En este sentido, ha confirmado que las áreas afectadas permanecerán cerradas de forma temporal a la navegación hasta que finalicen las actividades, aunque no han ofrecido más detalles sobre el asunto.
Los comentarios de Lai, a los que se han sumado declaraciones de representantes del gubernamental Partido Democrático Progresista (PDP), que han dicho que jamás permitirán un «retroceso» hacia un «Taiwán chino», han suscitado críticas en Pekín.
Las relaciones entre Pekín y Taipéi quedaron suspendidas en 1949, después de que las fuerzas del partido nacionalista chino Kuomintang, encabezado por Chiang Kai Shek, sufrieran una derrota en la guerra civil contra el Partido Comunista de China y se trasladaran a la isla de Taiwán.
Miami, Florida, Estados Unidos.- Una jueza federal sentenció este jueves a 20 años de cárcel a un financiero de Florida por armar un fraude en el que obtuvo fondos federales durante la pandemia de la covid-19 para financiar el magnicidio del presidente haitiano Jovenel Moïse en 2021, informó la Fiscalía de Estados Unidos.
La Corte del Distrito Sur de Florida condenó a Keegan Harricharan, de 42 años y quien se había declarado culpable de conspiración para cometer lavado de dinero con préstamos emitidos durante la pandemia bajo la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por el Coronavirus (CARES, en inglés).
Harricharan, residente en Florida, y sus cómplices «obtuvieron de manera fraudulenta» más de 840,000 dólares en préstamos del Programa de Protección de Nómina (PPP), para «promover, financiar y apoyar la conspiración» destinada a derrocar al Gobierno de Haití, en la que fue asesinado el presidente, según el Departamento de Justicia (DOJ).
El caso «es un recordatorio» de que los delitos financieros suelen ser «el motor detrás de conductas mucho más peligrosas», declaró Jason A. Reding Quiñones, fiscal de EE.UU. para el Distrito Sur de Florida.
explotó programas de ayuda
«Este acusado no se limitó a cometer fraude. Explotó programas de ayuda por la pandemia destinados a mantener con vida a las pequeñas empresas durante una crisis nacional y lavó esos fondos robados a los contribuyentes para ayudar a promover una conspiración que culminó en el magnicidio del presidente haitiano», apuntó.
Con ello, suman nueve implicados condenados en Estados Unidos por el asesinato, a manos de un grupo de mercenarios, entre ellos 17 exmilitares colombianos, además de más de 50 personas acusadas en Haití por el magnicidio, incluyendo la viuda de Moïse, aunque el proceso judicial en ese país permanece estancado por la crisis.
El asesinato del mandatario desató una crisis en Haití, lo que ha impulsado una ola migratoria hacia Estados Unidos, donde unos 350.000 haitianos dependen del Estatus de Protección Temporal (TPS) para evitar la deportación, aunque el gobierno del presidente Donald Trump revocó esa medida, que expira la próxima semana.