Opinión
Zona Colonial: una restauración con graves problemas
Por Narciso Isa Conde
En agosto del 2013 se inició el proyecto convenido entre el Ministerio de Turismo-MINTURI de este gobierno y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con el propósito de restaurar y remodelar la vieja Ciudad Colonial de Santo Domingo, a un costo (crédito) de 60 millones de dólares:
-Cableado soterrado.
-Anchas aceras de mosaicos de coralina al mismo nivel de una estrecha calle de adoquines grises para el paso de vehículos en una sola vía; sin posibilidad de parqueo (ni de vehículos de pasajeros ni de carga), separadas aceras y vías por endebles pilotillos de cemento (mojones) colocados a cierta distancia uno de otros.
-Vías que se suponen darle supremacía al peatón local y al turista de a pié, tanto por la anchura de las aceras como por la estrechez de las calles transitables, de una sola vía y un solo carril; sin posibilidad de estacionamiento vehicular, ni siquiera de corta duración.
-Escasísima arborización, demasiado cemento.
-Drenajes y registros de los cableados subterráneos (agua potable, teléfono, electricidad, tele-cable, etc…) con tapas plásticas.
-Farolas modernas de estilo antiguo.
El diseño parece peatonal a simple vista, pero no lo es. Confunde.
La frontera entre calles y calzadas es sumamente vulnerable por vehículos pequeños y motocicletas, y fácilmente obstruibles por vehículos de transporte de mercancías en áreas donde coexisten casas de familia, restaurantes, colmadones, tiendas y otros negocios.
- División de la ejecución en dos fases.
Dados las limitaciones de financiamiento (el BID solo ha concedido 30 millones dólares), la ejecución del proyecto fue dividida en dos partes y dos fases.
-La primera fase sería ejecutada de inmediato en la Zona Sur de la Ciudad Colonial (desde el Malecón hasta la altura de la calle Restauración y desde la ría del Osama a la calle Palo Hincado).
-La segunda fase, Zona Norte (desde la calle Restauración hasta la ave. Mella) quedaría pendiente de ejecutar en función del logro del resto del financiamiento y, por el momento, únicamente se contempla adoquinar sus calles y reparar sus aceras, sin el cableado subterráneo.
- Las primeras muestras.
Las calles escogidas para el inicio del proyecto fueron la arzobispo Meriño, entre la calle Padre Billini y José Gabriel García (donde reside mi familia); la Isabel la Católica, entre Padre Billini y Arzobispo Portes; y la Arzobispo Portes, entre la Arzobispo Meriño y la Isabel la Católica. Casi una manzana.
El plazo inicial que nos comunicaron para concluir esas cuatro esquinas, subrayando que una vez avanzada su ejecución se comenzarían los trabajos en otras áreas de la zona, fue de un mes y 20 días (50 días en total) y ya vamos por 8 meses.
Se concluyeron las obras soterradas, las aceras y las vías transitables adoquinadas; incluso ya se están repintando las edificaciones.
No se ha sustituido el horrible cableado aéreo ni se han tumbados los mugrientos postes de luz, alegando problema con la EDE-Este, las telefónicas, compañías de cable y carencia de financiamiento para un gran transformador eléctrico que habrá de nutrir los cables que se van a soterrar. Se habla de resolver esa situación en la segunda mitad del 2014 y cuidado…
Además, a cada rato están sustituyendo adoquines nuevos y recomponiendo desagües mal diseñados; incluyendo el hecho de que las tapas plásticas de los mismos y de los registros la pusieron recientemente, provocando algunos accidentes en los huecos mal cerrados.
- Vicios de construcción y ominosas situaciones ya apreciables.
En esto días me enviaron copia de una carta firmada por Raquel Casares, vecina del área restaurada y traigo aquí dos párrafos que evidencian un vicio de construcción sumamente grave. Veamos:
“No voy a entrar en detalles sobre el proceso de licitación de esta obra, ni sobre la ausencia de participación ciudadana en la toma de decisiones, ni en la falta de medidas de seguridad a todos los niveles. Lo que sí quiero compartir con usted es la tremenda negligencia que la empresa Núcleo de Ingenieros (dirigida por el Ing. Amaury Cestari) ha cometido en el tramo de la calle Portes, ubicado entre la Isabel la Católica y la Meriño, al poner el nivel de la calle al mismo nivel de las entradas de muchas de las viviendas, como por ejemplo la mía.
Originalmente mi casa tenía unos 15 cm de diferencia con la calle, los cuales se volaron a la ligera y sin autorización. Hasta un niño de 10 años dominicano puede adivinar las consecuencias de tremenda falta de profesionalidad: cuando llueve el agua entra en las casas…
Igual es la situación en los demás tramos recientemente reconstruidos, solo que quizás en las calles-aceras de dirección Norte- Sur la pendiente más pronunciada hacia el Malecón contrarreste un poco el riesgo de inundaciones de las primeras plantas de las edificaciones.
Pero ciertamente no hemos pasado la prueba de fuego, dado que estamos en meses de sequía. Sin embargo, ya en una calle de orientación Este-Oeste se están sufriendo las malas consecuencias, que habrán de empeorares en la temporada de lluvia.
Pero eso no es todo. Otros graves problemas están anunciados, o ya evidenciados.
Ya les dije que las vías parecen peatonales, pero no lo son; lo que confunde a transeúntes y vecinos/as, sobre todo a niños/as y ancianos/as.
Esto se agrava porque el diseño se presta a que los tristemente célebres Delivery y toda la llamada “clase” motorista (más bien “muertohorita”) -acompañada del mal proceder de los dueños y clientes de negocios auspiciadores de desordenes-, carentes todos de la formación necesaria para preservar y respetar la zona remodelada (a sus edificaciones, mejoras, moradores y visitantes), ya se las pasan cruzando en los dos sentidos, por calles y aceras a velocidades meteóricas, o ya se parquean o montan mesas y sillas que obstruyen el caminar por las calzadas planas.
Ese diseño -extraño a la idiosincrasia criolla y a la realidad nacional- también se presta a la obstrucción de las calles y esquinas por los vehículos que cargan y descargan, y a la constante vulneración de la delimitación entre las áreas de tránsito vehicular y las aceras, usadas para cualquier cosa y víctimas de innumerables y frecuentes roturas de los frágiles pilotillos (mojones) de cementos que marcan la división; mal usados también como asiento de moradores y transeúntes, y mesitas para colocar vasos y bebidas.
La concepción de esa remodelación turística de factura española, ha creado un grave problema de aparcamiento, sin diseño de nuevos parqueos alternativos (ni provisionales ni permanentes). En todos los alrededores reina el caos. Y eso que todavía casi todos los establecimientos de diversión y comerciales de las áreas en remodelación están semi-paralizados, y no pocos al borde de la quiebra por las irresponsables tardanzas de los constructores, no justamente compensadas.
Los trencitos para turistas agravan sobremanera el tránsito en medio de ese gran desastre, fruto sobre todo de imprevisiones, improvisaciones y diseños españolizados.
El respeto por la gente, que al principio se exigió y mejoró, ha vuelto a ser vulnerado. No se consulta ni se avisa previamente lo que se va a hacer y se crean molestias innecesarias con sorpresivas obstrucciones al acceso y con las polvaredas y ruidos en la zona en remodelación; que aun en los lugares donde más se ha avanzado, parece interminable.
Los mosaicos de coralina, del color de la piedra caliza, lucen altamente vulnerables a las machas ocasionadas por bebidas coloreadas y aceites variados. Los adoquines presentan fallas y aflojamientos reiterados.
- Incoordinación y descontrol.
Todo esto acontece, todas esas violaciones se producen, todas esas amenazas se ciernen… y nadie es responsable, nadie vigila, nadie instruye, nadie controla. Nadie.
Muchas instituciones involucradas (Turismo, Patrimonio Cultural, Alcandía, Monumentos Históricos, Fundación de la Ciudad Colonial…), pero en verdad ni se comunican entre sí, ni resuelven, y más bien se obstruyen entre sí.
Cuchumil cuerpos policiales (Nacional, Municipal, Turística, Amet…) y ninguno previene, vigila, ordena, instruye y hace respetar las normas como se debe. Ninguno.
La empresa contratista, Núcleo de Ingenieros y el equipo técnico del Ministerio de Turismo, que trabajan cotidianamente, parecen no dar abasto y no interesarse en atender seria y constantemente a todas estas derivaciones; concentrándose en hacer la obra física tal y como está concebida, sin reparar en sus inadecuaciones.
- Causas y remedios de los males.
En la base de esta situación esta el hecho de la aceptación por el Ministerio de Turismo de un modelo de restauración con una visión preeminentemente turísticas y ajena a nuestra realidad.
La visión española de restauración ha sido trasplantada aquí, con su modelo de calles y aceras, con los materiales escogidos, el diseño, la cultura y costumbres que motivan su concreción, reñidos con un entorno social y cultural diferente. Nueva vez el euro-centrismo afectando una obra indudablemente valiosa.
La gran arquitecta y la empresa española seleccionada para su diseño podrá ser muy buena para concebir lo que se necesita hacer en materia de remodelación de villas antiguas para uso de sus poblaciones y para el turismo en IBIZA o ISLAS CANARIAS, o en cualquier ciudad o pueblito español; pero en verdad sabe poco de nuestros hábitos, de nuestras virtudes y defectos, de nuestra realidad en muchos órdenes. De ahí ese gran desfase, el cual se ha tornado peligroso.
Urge reaccionar, comenzando por los moradores/as de esta parte de la ciudad y por los/as que trabajan en ella.
Hay que buscar, sugerir, exigir… modificaciones, readecuaciones, correcciones.
Hay que salvar este importante esfuerzo.
Hay que involucrar a todas las partes interesadas u obligadas a buscarles salidas a los entuertos señalados, cueste lo que cueste. Existen realidades y tendencias inaceptables, incluso riesgosa, a las que hay encontrarles soluciones viables.
Procede retomar los contactos, intercambios y encuentros entre todas las partes para conjurar los desatinos, cambiar lo que haya que cambiar, prevenir las malas conductas, trazar pautas y establecer normas que se respeten y le impriman alma nacional, calidad humana y social a lo invertido.
Por Narciso Isa Conde
Vivimos una sociedad de grandes injusticias, discriminaciones y opresiones, las que son mayores si se examinan en la relación hombre-mujer; lacerantes y crueles en temas como el acceso al empleo y los ingresos, derecho a la salud, relación de poder en la familia y la sociedad, forma de participar en la política y cruel despliegue de la violencia masculina.
La violencia no se detiene ni se revierte con Estados y Gobiernos que se niegan a combatir la ideología patriarcal-machista, a educar en torno a la teoría de género, a defender los derechos de la población femenina, a superar los fundamentalismos religiosos, a impartir educación sexual y promover la enseñanza basada en los permanentes adelanto de la ciencia.
La matriz de las modalidades de violencia de género es ideológica-cultural, constantemente reproducida por la clase dominante y el Estado bajo su tutela, incluido su poderoso sistema de comunicación, sus instancias educativas públicas y privadas, sus poderes eclesiales y sus diversos.
No es solo cuestión de reconocer y condenar verbalmente los feminicidios.
No es asunto que se solucione con establecer, como simple formalidad, un Ministerio de la Mujer.
No es tema para limitarse expresar pesares o allantar con medidas superficiales y con leyes que no se cumplen.
A eso se limita la clase dominante-gobernante dominicana, su Estado, su Gobierno, las cúpulas de sus iglesias y el propio presidente Abinader con su equipo de gobierno.
Aquí el sistema educativo, los aparatos de comunicación y cultura han sido asaltados por la ideología machista.
El Estado ha pisoteado el laicismo y el valor de las humanidades y las ciencias sociales, con la anuencia y participación de Luis Abinader,
Importa mucho por eso destacar esa realidad y detenernos siempre en dos características relevantes de la sociedad dominicana: la opresión y la explotación de las mujeres:
La opresión tiene sus raíces en un sistema capitalista plagado de desigualdades, que le da continuidad a una cultura dominante machista que coloca a las mujeres en posición subordinada frente a los hombres; quienes abusivamente se asumen como propietarios de sus vidas y de sus cuerpos.
En ese contexto toda independencia femenina, toda resistencia a ser propiedad masculina, todo desamor provocado por el maltrato y el menosprecio, se paga con agresiones y hasta con la vida, pasando por sufrimientos inenarrables.
Así opera la sociedad patriarcal-machista dirigida por un Estado generador y complaciente frente a distintas formas de violencia y exclusión machista (física, psicológica, económica) contra mujeres y niñas. Todo un poder dominante que opera como una fábrica de feminicidios
La explotación se sustenta en una cultura dominante clasista que empobrece hombres y mujeres trabajadoras -y que mezclada con la división sexual del trabajo y basada en el interés exclusivo del capital por la ganancia- genera y se apropia de más riquezas en base al trabajo desvalorizado de las mujeres en múltiples labores y también en el trabajo absolutamente no remunerado, asignándoles unilateralmente a las mujeres las tareas del cuidado de la familia y del hogar.
La paternidad irresponsable, del abandono total de la familia por los hombres, que determina que la mitad de los hogares estén a cargo de mujeres, se suma a ese despliegue de calamidades.
Aquí y en gran parte del planeta. las mujeres viven múltiples formas de maltrato y discriminación que son tanto más graves y dolorosas cuando ellas son más pobres, negras y con menos oportunidades.
La lucha de las mujeres por la igualdad es cuestión de poder y contra ese poder es necesario que juntos encaucemos la lucha para alcanzar la liberación de todos/as los/as oprimidos/as y explotados/as.
Se ha dicho con razón, que lo personal, en este y muchos casos es también político, y lo político implica valorar que la base de esta gran trampa opresora es el sistema y que hay que cambiarlo por otro que desplace y reemplace la alianza criminal del patriarcado con el capital.
Por Rommel Santos Diaz
Las solicitudes de asistencia se cumplirán de conformidad con el procedimiento aplicable en el derecho interno del Estado requerido y, salvo si ese derecho lo prohíbe, en la forma especificada en la solicitud, incluidos los procedimientos indicados en ella y la autorización a las personas especificadas en ella para estar presentes y prestar asistencia en el trámite.
En el caso de una solicitud urgente y cuando la Corte Penal Internacional lo pida, los documentos o pruebas incluidos en la respuesta serán transmitidos con urgencia.
El Estatuto de Roma establece que las respuestas del Estado Parte requerido serán transmitidas en su idioma y forma original.
Cuando resulte necesario en el caso de una solicitud que pueda ejecutarse sin necesidad de medidas coercitivas, en particular la entrevista a una persona o la recepción de pruebas de una persona voluntariamente, aun cuando sea sin la presencia de las autoridades del Estado Parte requerido si ello fuere esencial para la ejecución de la solicitud, y el reconocimiento de un lugar u otro recinto que no entrañe un cambio en el , el Fiscal podrá ejecutar directamente la solicitud en el territorio de un Estado.
Cuando el Estado Parte requerido fuere un Estado en cuyo territorio se hubiera cometido presuntamente el crimen, y hubiere habido una de admisibilidad de conformidad con los artículos 18 o 19, el Fiscal podra ejecutar directamente la solicitud tras celebrar todas las consultas posibles con el Estado Parte requerido.
En los demás casos, el Fiscal podra ejecutar la solicitud tras celebrar consultas con el Estado Parte requerido y con sujeción a cualquier condición u observación razonable que imponga o haga ese Estado Parte.
Cuando el Estado Parte requerido considere que hay problemas para la ejecución de una solicitud de conformidad con las solicitudes a que se hace referencia en los artículos 933 y 96 del Estatuto de Roma, celebrará consultas sin demora con la Corte Penal Internacional para resolver la cuestión.
Finalmente, las disposiciones en virtud de las cuales una persona que sea oída o interrogada por la Corte Penal Internacional con arreglo al artículo 72 podrá hacer valer las restricciones previstas para impedir la divulgación de información confidencial relacionada con la seguridad nacional serán igualmente aplicables al cumplimiento de las solicitudes de asistencia a que se hace referencia en el presente artículo.
Opinión
La dignidad humana y los procesos político-electorales en la República Dominicana (2006–2026).
Por Robinson Lebrón
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El presente artículo analiza de manera crítica la evolución, los hitos normativos y las persistentes vulneraciones a la dignidad humana en el marco de los procesos político-electorales de la República Dominicana durante el periodo 2006–2026. A partir de la reforma constitucional de 2010, la dignidad humana se consagró como el principio fundante del Estado Social y Democrático de Derecho, transformando la dimensión procedimental del voto en un derecho fundamental sustantivo. Mediante un enfoque cualitativo y dogmático, la investigación examina el balance entre la expansión formal de los derechos ciudadanos evidenciada en políticas de inclusión como el Voto Accesible, el Voto Penitenciario y la tutela judicial efectiva del debido proceso partidario por parte del Tribunal Superior Electoral (TSE) y la realidad fáctica de los procesos electorales dominicanos.
El análisis revela que, a pesar del blindaje institucional y jurisprudencial, subsisten patologías estructurales arraigadas como el clientelismo sistémico, la mercantilización del voto y la instrumentalización político-electoral del gasto social del Estado. Asimismo, se constata que la transición del debate hacia el entorno digital ha generado nuevas amenazas a la integridad moral a través de campañas de desinformación automatizada mediante robots y violencia política de género en redes sociales. Se concluye que la plena realización de la dignidad ciudadana en las urnas sigue supeditada a una profunda transformación cultural del sistema de partidos y a la aplicación efectiva de regímenes sancionatorios que erradiquen la coerción basada en la vulnerabilidad económica de la población.
El sistema democrático contemporáneo ha superado la concepción procedimental del voto para orientarse hacia un modelo sustantivo, donde el ciudadano es el eje central de las decisiones públicas. En el ordenamiento jurídico de la República Dominicana, esta visión adquirió un carácter vinculante a partir de la reforma constitucional del 26 de enero de 2010. Dicha reforma refundó el Estado dominicano bajo el modelo de un Estado Social y Democrático de Derecho, consagrando explícitamente en su artículo 5 que la Constitución se fundamenta en el respeto irrestricto a la dignidad humana. De este modo, la dignidad dejó de ser un enunciado meramente filosófico para convertirse en un principio jurídico superior, una norma transversal y un derecho fundamental absoluto e inviolable (artículo 38) que debe guiar la actuación de todos los poderes públicos, incluidos los órganos electorales.
Bajo este marco constitucional, los procesos político-electorales celebrados en el país durante las últimas dos décadas (2006–2026) han experimentado una profunda transformación normativa e institucional. El ejercicio de los derechos de ciudadanía —concebidos como el derecho a elegir y ser elegido en condiciones de equidad— se vincula directamente con la autonomía moral y la libertad del individuo. Durante este periodo, la promulgación de normativas clave como la Ley No. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, la Ley No. 15-19 (y su posterior evolución hacia la Ley No. 20-23 Orgánica del Régimen Electoral), así como las jurisprudencias del Tribunal Superior Electoral (TSE) y del Tribunal Constitucional (TC), han buscado estructurar un ecosistema político que garantice la inclusión social, el debido proceso partidario, la paridad de género y el acceso al sufragio de poblaciones históricamente vulnerabilidades, tales como los internos preventivos y las personas con discapacidad.
Sin embargo, el análisis del periodo 2006–2026 revela una persistente desigualdad entre el marco garantista del derecho positivo y la realidad fáctica de las campañas electorales dominicanas. A pesar de los significativos avances tecnológicos y logísticos implementados por la Junta Central Electoral (JCE), la dignidad de los electores continúa enfrentando serios desafíos culturales y estructurales. Fenómenos sistémicos como el clientelismo arraigado, la compra abierta de voluntades en los recintos electorales, la desproporción en el financiamiento de los candidatos y el uso instrumentalizado de los recursos asistenciales del Estado tienden a cosificar al ciudadano, reduciendo su condición de agente político soberano a la de una mercancía económica.
Asimismo, el auge de los entornos digitales en la última década ha introducido nuevas amenazas a la integridad personal a través de campañas de difamación automatizada y la vulneración del derecho al honor. Frente a este escenario, el presente artículo tiene como objetivo analizar de manera crítica la evolución, los hitos normativos y las persistentes vulneraciones a la dignidad humana en el marco de los procesos políticos electorales de la República Dominicana durante los últimos veinte años. A través de un enfoque cualitativo y dogmático, se examina el balance entre la expansión formal de los derechos políticos y la persistencia de prácticas tradicionales que erosionan la autonomía del votante. Se sostiene como tesis central que, si bien el Estado dominicano ha blindado institucional y jurisprudencialmente las garantías del sufragio, la pervivencia de una cultura política de subordinación económica y el desborde ético en las campañas digitales constituyen los principales reductos que limitan la plena realización de la dignidad ciudadana en las urnas.
Robinson Jesús Lebrón Céspedes.
rlebroncespedes@gmail.com
El autor es abogado y Docente Universitario.