Opinión
Zona Colonial: una restauración con graves problemas
Por Narciso Isa Conde
En agosto del 2013 se inició el proyecto convenido entre el Ministerio de Turismo-MINTURI de este gobierno y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con el propósito de restaurar y remodelar la vieja Ciudad Colonial de Santo Domingo, a un costo (crédito) de 60 millones de dólares:
-Cableado soterrado.
-Anchas aceras de mosaicos de coralina al mismo nivel de una estrecha calle de adoquines grises para el paso de vehículos en una sola vía; sin posibilidad de parqueo (ni de vehículos de pasajeros ni de carga), separadas aceras y vías por endebles pilotillos de cemento (mojones) colocados a cierta distancia uno de otros.
-Vías que se suponen darle supremacía al peatón local y al turista de a pié, tanto por la anchura de las aceras como por la estrechez de las calles transitables, de una sola vía y un solo carril; sin posibilidad de estacionamiento vehicular, ni siquiera de corta duración.
-Escasísima arborización, demasiado cemento.
-Drenajes y registros de los cableados subterráneos (agua potable, teléfono, electricidad, tele-cable, etc…) con tapas plásticas.
-Farolas modernas de estilo antiguo.
El diseño parece peatonal a simple vista, pero no lo es. Confunde.
La frontera entre calles y calzadas es sumamente vulnerable por vehículos pequeños y motocicletas, y fácilmente obstruibles por vehículos de transporte de mercancías en áreas donde coexisten casas de familia, restaurantes, colmadones, tiendas y otros negocios.
- División de la ejecución en dos fases.
Dados las limitaciones de financiamiento (el BID solo ha concedido 30 millones dólares), la ejecución del proyecto fue dividida en dos partes y dos fases.
-La primera fase sería ejecutada de inmediato en la Zona Sur de la Ciudad Colonial (desde el Malecón hasta la altura de la calle Restauración y desde la ría del Osama a la calle Palo Hincado).
-La segunda fase, Zona Norte (desde la calle Restauración hasta la ave. Mella) quedaría pendiente de ejecutar en función del logro del resto del financiamiento y, por el momento, únicamente se contempla adoquinar sus calles y reparar sus aceras, sin el cableado subterráneo.
- Las primeras muestras.
Las calles escogidas para el inicio del proyecto fueron la arzobispo Meriño, entre la calle Padre Billini y José Gabriel García (donde reside mi familia); la Isabel la Católica, entre Padre Billini y Arzobispo Portes; y la Arzobispo Portes, entre la Arzobispo Meriño y la Isabel la Católica. Casi una manzana.
El plazo inicial que nos comunicaron para concluir esas cuatro esquinas, subrayando que una vez avanzada su ejecución se comenzarían los trabajos en otras áreas de la zona, fue de un mes y 20 días (50 días en total) y ya vamos por 8 meses.
Se concluyeron las obras soterradas, las aceras y las vías transitables adoquinadas; incluso ya se están repintando las edificaciones.
No se ha sustituido el horrible cableado aéreo ni se han tumbados los mugrientos postes de luz, alegando problema con la EDE-Este, las telefónicas, compañías de cable y carencia de financiamiento para un gran transformador eléctrico que habrá de nutrir los cables que se van a soterrar. Se habla de resolver esa situación en la segunda mitad del 2014 y cuidado…
Además, a cada rato están sustituyendo adoquines nuevos y recomponiendo desagües mal diseñados; incluyendo el hecho de que las tapas plásticas de los mismos y de los registros la pusieron recientemente, provocando algunos accidentes en los huecos mal cerrados.
- Vicios de construcción y ominosas situaciones ya apreciables.
En esto días me enviaron copia de una carta firmada por Raquel Casares, vecina del área restaurada y traigo aquí dos párrafos que evidencian un vicio de construcción sumamente grave. Veamos:
“No voy a entrar en detalles sobre el proceso de licitación de esta obra, ni sobre la ausencia de participación ciudadana en la toma de decisiones, ni en la falta de medidas de seguridad a todos los niveles. Lo que sí quiero compartir con usted es la tremenda negligencia que la empresa Núcleo de Ingenieros (dirigida por el Ing. Amaury Cestari) ha cometido en el tramo de la calle Portes, ubicado entre la Isabel la Católica y la Meriño, al poner el nivel de la calle al mismo nivel de las entradas de muchas de las viviendas, como por ejemplo la mía.
Originalmente mi casa tenía unos 15 cm de diferencia con la calle, los cuales se volaron a la ligera y sin autorización. Hasta un niño de 10 años dominicano puede adivinar las consecuencias de tremenda falta de profesionalidad: cuando llueve el agua entra en las casas…
Igual es la situación en los demás tramos recientemente reconstruidos, solo que quizás en las calles-aceras de dirección Norte- Sur la pendiente más pronunciada hacia el Malecón contrarreste un poco el riesgo de inundaciones de las primeras plantas de las edificaciones.
Pero ciertamente no hemos pasado la prueba de fuego, dado que estamos en meses de sequía. Sin embargo, ya en una calle de orientación Este-Oeste se están sufriendo las malas consecuencias, que habrán de empeorares en la temporada de lluvia.
Pero eso no es todo. Otros graves problemas están anunciados, o ya evidenciados.
Ya les dije que las vías parecen peatonales, pero no lo son; lo que confunde a transeúntes y vecinos/as, sobre todo a niños/as y ancianos/as.
Esto se agrava porque el diseño se presta a que los tristemente célebres Delivery y toda la llamada “clase” motorista (más bien “muertohorita”) -acompañada del mal proceder de los dueños y clientes de negocios auspiciadores de desordenes-, carentes todos de la formación necesaria para preservar y respetar la zona remodelada (a sus edificaciones, mejoras, moradores y visitantes), ya se las pasan cruzando en los dos sentidos, por calles y aceras a velocidades meteóricas, o ya se parquean o montan mesas y sillas que obstruyen el caminar por las calzadas planas.
Ese diseño -extraño a la idiosincrasia criolla y a la realidad nacional- también se presta a la obstrucción de las calles y esquinas por los vehículos que cargan y descargan, y a la constante vulneración de la delimitación entre las áreas de tránsito vehicular y las aceras, usadas para cualquier cosa y víctimas de innumerables y frecuentes roturas de los frágiles pilotillos (mojones) de cementos que marcan la división; mal usados también como asiento de moradores y transeúntes, y mesitas para colocar vasos y bebidas.
La concepción de esa remodelación turística de factura española, ha creado un grave problema de aparcamiento, sin diseño de nuevos parqueos alternativos (ni provisionales ni permanentes). En todos los alrededores reina el caos. Y eso que todavía casi todos los establecimientos de diversión y comerciales de las áreas en remodelación están semi-paralizados, y no pocos al borde de la quiebra por las irresponsables tardanzas de los constructores, no justamente compensadas.
Los trencitos para turistas agravan sobremanera el tránsito en medio de ese gran desastre, fruto sobre todo de imprevisiones, improvisaciones y diseños españolizados.
El respeto por la gente, que al principio se exigió y mejoró, ha vuelto a ser vulnerado. No se consulta ni se avisa previamente lo que se va a hacer y se crean molestias innecesarias con sorpresivas obstrucciones al acceso y con las polvaredas y ruidos en la zona en remodelación; que aun en los lugares donde más se ha avanzado, parece interminable.
Los mosaicos de coralina, del color de la piedra caliza, lucen altamente vulnerables a las machas ocasionadas por bebidas coloreadas y aceites variados. Los adoquines presentan fallas y aflojamientos reiterados.
- Incoordinación y descontrol.
Todo esto acontece, todas esas violaciones se producen, todas esas amenazas se ciernen… y nadie es responsable, nadie vigila, nadie instruye, nadie controla. Nadie.
Muchas instituciones involucradas (Turismo, Patrimonio Cultural, Alcandía, Monumentos Históricos, Fundación de la Ciudad Colonial…), pero en verdad ni se comunican entre sí, ni resuelven, y más bien se obstruyen entre sí.
Cuchumil cuerpos policiales (Nacional, Municipal, Turística, Amet…) y ninguno previene, vigila, ordena, instruye y hace respetar las normas como se debe. Ninguno.
La empresa contratista, Núcleo de Ingenieros y el equipo técnico del Ministerio de Turismo, que trabajan cotidianamente, parecen no dar abasto y no interesarse en atender seria y constantemente a todas estas derivaciones; concentrándose en hacer la obra física tal y como está concebida, sin reparar en sus inadecuaciones.
- Causas y remedios de los males.
En la base de esta situación esta el hecho de la aceptación por el Ministerio de Turismo de un modelo de restauración con una visión preeminentemente turísticas y ajena a nuestra realidad.
La visión española de restauración ha sido trasplantada aquí, con su modelo de calles y aceras, con los materiales escogidos, el diseño, la cultura y costumbres que motivan su concreción, reñidos con un entorno social y cultural diferente. Nueva vez el euro-centrismo afectando una obra indudablemente valiosa.
La gran arquitecta y la empresa española seleccionada para su diseño podrá ser muy buena para concebir lo que se necesita hacer en materia de remodelación de villas antiguas para uso de sus poblaciones y para el turismo en IBIZA o ISLAS CANARIAS, o en cualquier ciudad o pueblito español; pero en verdad sabe poco de nuestros hábitos, de nuestras virtudes y defectos, de nuestra realidad en muchos órdenes. De ahí ese gran desfase, el cual se ha tornado peligroso.
Urge reaccionar, comenzando por los moradores/as de esta parte de la ciudad y por los/as que trabajan en ella.
Hay que buscar, sugerir, exigir… modificaciones, readecuaciones, correcciones.
Hay que salvar este importante esfuerzo.
Hay que involucrar a todas las partes interesadas u obligadas a buscarles salidas a los entuertos señalados, cueste lo que cueste. Existen realidades y tendencias inaceptables, incluso riesgosa, a las que hay encontrarles soluciones viables.
Procede retomar los contactos, intercambios y encuentros entre todas las partes para conjurar los desatinos, cambiar lo que haya que cambiar, prevenir las malas conductas, trazar pautas y establecer normas que se respeten y le impriman alma nacional, calidad humana y social a lo invertido.
Por José Cabral
Por doquier se escucha la misma queja de que la sociedad dominicana ha desarrollado una cultura del engaño y el fraude.
Este problema tiene necesariamente que generar mucha preocupación y angustia, porque lo que ocurre nadie se atreve a negar que es una amenaza latente en contra de todos y cada uno de los dominicanos.
El país está atrapado por los cuatro puntos cardinales, cuyas consecuencias impactan a los de abajo, los del medio y los de arriba social y económicamente hablando.
Y esto hay que traerlo a colación porque si vamos a los tribunales en busca de justicia es el mismo escenario de la negación de derechos y justificación y estimulación de lo mal hecho.
No importa el circulo en que uno se mueva, el lenguaje es el mismo, la justificación de lo injustificable.
Es una cultura que no es fácil de erradicar, ya que los principales promotores del robo, el fraude e incluso de los asesinatos porque estimulan la vía de hecho, son los tribunales penales.
Son escenarios con un nivel de solemnidad que engañan al más inteligente y bonito, como el debate presidencial, cuyos participantes y aspirantes a dirigir el país, quienes debían estar presos en vez de aparecer por televisión para justificar sus aspiraciones, son los mejores exponentes de la «decencia nacional».
Es “cogío# que estamos, no parece haber escapatorias porque esas conductas los primeros en legitimarlas y justificarlas son los propios ciudadanos, los votantes, los perjudicados con unas acciones que dañan toda la nación.
La verdad que no se ve clara la salida a esta situación que genera una gran incertidumbre, ya que es muy poco lo que sirve.
Haga una reflexión y escoja el escenario que le parezca y comprobará que cualquiera se llena de pesimismo si es que usted ama el aspecto humano de la vida, de lo contrario tal vez no se alarme.
Por Isaías Ramos
El 14 de enero de este año, nuestra nación fue víctima de una de las peores ignominias que puede sufrir nuestra frágil democracia: la ruptura de nuestra Carta Magna. Con la promulgación de la Ley 1-24, que pretende instaurar la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), se busca intimidar a la población y consolidar una tiranía que creíamos superada hace más de seis décadas.
Esta ley desafía abiertamente la Constitución que nos rige. Según el artículo 261, el sistema de inteligencia debe estar subordinado a instituciones independientes, como las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, asegurando así su supervisión y alineación con el interés nacional. No obstante, el artículo 8 de la Ley 1-24 coloca la DNI directamente bajo el presidente, otorgándole un poder ilimitado que es tanto peligroso como inestable.
La historia nos ofrece lecciones claras sobre los peligros de un poder sin restricciones. Tácito, el historiador romano, advirtió: «El poder nunca es estable cuando es ilimitado». Este poder concentrado en una sola figura no solo va en contra de nuestras leyes fundamentales, sino que es una receta para el abuso y la corrupción.
Esta ley se levanta como un monstruo de múltiples cabezas que, de no ser detenido, destruirá los cimientos de esta débil democracia, llevándose consigo nuestra libertad y nuestros derechos más preciados: nuestra dignidad.
La implementación de esta ley podría llevarnos por un camino oscuro, similar al sufrido por ciudadanos en países como Nicaragua, Venezuela y Cuba, donde los servicios de inteligencia se han utilizado como herramientas para reprimir la disidencia y mantener a los líderes autoritarios en el poder.
La historia reciente de la activista de derechos humanos Rocío San Miguel, detenida arbitrariamente, y de algunos dirigentes de la líder opositora María Corina Machado en un país bajo un régimen con leyes similares, nos sirve como un presagio sombrío de lo que podría suceder aquí. Sus experiencias de miedo, represión y violencia son un claro recordatorio de lo que está en juego.
Es imperativo que reconsideremos esta legislación y evaluemos sus impactos potenciales no solo en nuestra seguridad, sino en nuestra libertad.
El Frente Cívico y Social (FCS) comprende profundamente estas consecuencias y, por eso, instamos a la población a tomar una postura firme. Si esta ley no es derogada o modificada para alinearse con nuestros principios constitucionales antes de las elecciones del 19 de mayo, llamamos a la ciudadanía a abstenerse de votar o emitir un voto nulo. Esta acción de desobediencia civil no es solo un derecho, sino un deber cívico.
El sistema actual nos desmoraliza, nos lleva a vivir en un estado de desestabilización y crisis, causando miedo y terror que nos quitan el poder de razonar y pensar en lo verdaderamente importante.
De continuar indiferentes ante este enorme desafío, visualizamos un futuro donde el miedo y la represión se convertirán en la norma, y donde las libertades que tanto costaron conquistar serán solo un recuerdo lejano. Frente a este escenario, debemos recordar que aún tenemos la oportunidad de redirigir el rumbo de nuestra nación.
Defender nuestra libertad es ahora. No podemos permitir que las sombras de un pasado autoritario oscurezcan nuestro presente y nuestro futuro. Alcémonos con valor y compromiso, preparados para actuar y proteger lo que más valoramos. Solo así podremos superar las adversidades y fortalecer los pilares de nuestra democracia.
En el FCS estamos muy claros de que el futuro está en nuestras manos, y el momento de actuar es ahora. No esperemos más para defender nuestro sistema democrático y asegurar un mañana más prometedor y justo para todos. ¡Despierta, RD!
Por Rommel Santos Díaz
El artículo 77 del Estatuto de Roma faculta a la CPI para imponer la condena de cadena perpetua, pero solo en aquellos casos en que se justifique debido a la extrema gravedad del crimen y las circunstancias individuales del condenado.
De otra manera, la pena máxima para los delitos del Estatuto de Roma es de 30 años de prisión. Algunas constituciones prohíben la cadena perpetua o el término de 30 años de prisión por considerar que estas penas no prevén una oportunidad para la rehabilitación, o que no son proporcionales con la naturaleza del crimen.
Sería difícil argumentar que los largos periodos de prisión son desproporcionados respecto a la mayoría de los crímenes de la competencia de la CPI, particularmente cuando la cadena perpetua debe ser justificada por la ̈extrema gravedad del crimen ̈. Tal condena solo se impondrá a aquellos que tengan el más alto nivel de responsabilidad en la comisión de los mas graves crímenes, tales como el genocidio.
Adicionalmente, el Estatuto de Roma prevé la posibilidad de la rehabilitación. Según el artículo 110, la Corte deberá revisar todas las condenas de prisión cuando el recluso haya cumplido las dos terceras partes de la pena o 25 años de prisión en caso de cadena perpetua para determinar si esta puede reducirse.
En el punto anterior la CPI considera estos aspectos como si la persona hubiese asistido a la Corte con la localización de cualquier bien objeto de una multa, decomiso u órdenes de reparación que pudiesen beneficiar a la víctima.
La CPI también podrá tomar en consideración ¨otros factores indicados en las Reglas de Procedimientos y Prueba, que permitan determinar un cambio en las circunstancias suficientemente claro e importante como para justificar la reducción de la pena¨
Por consiguiente una cadena perpetua podría reducirse a 25 años de prisión en algunos casos. Si la CPI decide no reducir la sentencia de la persona después de la primera revisión, volverá a examinar la cuestión con la periodicidad y con arreglo a los criterios indicados en las Reglas de Procedimientos y Prueba.
Durante las negociaciones sobre las penas de la CPI, muchos Estados estuvieron a favor de la aplicación de la pena de muerte en los casos extremos. El numero de Estados con pena de muerte es poco menor que el de aquellos que no tienen pena de muerte.
No existe la oportunidad para rehabilitación alguna cuando se impone la pena de muerte. Por ende la cadena perpetua con la posibilidad de reducirla a 25 años, es un compromiso razonable entre la pena de muerte y la prisión máxima de 30 años.
Los Estados deberán recordar que el artículo 80 del Estatuto de Roma expresamente establece que el Estatuto no afecta la aplicación por parte de los Estados de aquellas penas prescritas por su propio derecho interno , ni afecta la ley de aquellos Estados que no impongan las penas prescritas en el Estatuto de Roma.
Los Estados Partes no deben imponer las mismas penas por los mismos delitos en su jurisdicción, ni deberán aplicar las condenas de prisión a no ser que voluntariamente lo quieran hacer. En este caso, los Estados podrán también especificar las condiciones bajo las cuales aceptarían a las personas condenadas, inclusive la condición de no aplicar la cadena perpetua.
Por consiguiente, los Estados Partes que cuenten con las disposiciones constitucionales que prohíban la imposición de la cadena perpetua solo necesitaran permitir la excepción de entregar a la persona a la CPI, pese a que tal persona pueda ser condenada a cadena perpetua.
Los Estados Partes del Estatuto de Roma deberán entregar a la persona acusada a la CPI cuando ésta así lo solicite, aún si existe la posibilidad de que dicha persona sea condenada a cadena perpetua.
En el caso de muchos Estados, la potestad de la CPI para imponer la cadena perpetua no necesitará la aplicación de medidas legislativas particulares. Sin embargo, en algunos Estados la constitución explícitamente prohíbe la extradición de una persona a un Estado donde se aplica esta pena , o que declara la cadena perpetua como un castigo cruel. Estos Estados cuentan con dos opciones:
- a)Establecer claramente, en la norma que implemente el Estatuto, la distinción entre la extradición de una persona a otro Estado y la entrega de una persona a la Corte Penal Internacional.
Algunos Estados podrán realizar esta distinción en su legislación, lo cual les permitiría entregar personas a la CPI aunque existan una restricción a la ¨extradicion¨de personas a tribunales que impongan la pena de cadena perpetua. Esto les permitiría mantenerla prohibición de extraditar una persona a un tribunal extranjero, sin interferir con la habilidad de cooperar plenamente con la CPI.
- b)La reforma a la Constitución podría ser mínima, dirigida solo a la introducción de una excepción al principio. Podría especificarse que la cadena perpetua impuesta por la CPI de conformidad con el Estatuto de Roma para algunos de los crímenes allí enumerados no viola la Constitución.
Debería también mencionarse que el Estado puede entregar a la persona acusada a la CPI a pesar de que exista la posibilidad de la cadena perpetua. La enmienda constitucional podría también mencionar que la CPI puede reducir la condena después de 25 años, existiendo así la posibilidad de la rehabilitación.
Finalmente, la ventaja de una reforma constitucional que elimina cualquier posibilidad de un conflicto normativo, garantiza que los tribunales nacionales dicten sus fallos de conformidad con sus obligaciones legales establecidas en el Estatuto de Roma.