Opinión
Zona Colonial: una restauración con graves problemas
Por Narciso Isa Conde
En agosto del 2013 se inició el proyecto convenido entre el Ministerio de Turismo-MINTURI de este gobierno y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con el propósito de restaurar y remodelar la vieja Ciudad Colonial de Santo Domingo, a un costo (crédito) de 60 millones de dólares:
-Cableado soterrado.
-Anchas aceras de mosaicos de coralina al mismo nivel de una estrecha calle de adoquines grises para el paso de vehículos en una sola vía; sin posibilidad de parqueo (ni de vehículos de pasajeros ni de carga), separadas aceras y vías por endebles pilotillos de cemento (mojones) colocados a cierta distancia uno de otros.
-Vías que se suponen darle supremacía al peatón local y al turista de a pié, tanto por la anchura de las aceras como por la estrechez de las calles transitables, de una sola vía y un solo carril; sin posibilidad de estacionamiento vehicular, ni siquiera de corta duración.
-Escasísima arborización, demasiado cemento.
-Drenajes y registros de los cableados subterráneos (agua potable, teléfono, electricidad, tele-cable, etc…) con tapas plásticas.
-Farolas modernas de estilo antiguo.
El diseño parece peatonal a simple vista, pero no lo es. Confunde.
La frontera entre calles y calzadas es sumamente vulnerable por vehículos pequeños y motocicletas, y fácilmente obstruibles por vehículos de transporte de mercancías en áreas donde coexisten casas de familia, restaurantes, colmadones, tiendas y otros negocios.
- División de la ejecución en dos fases.
Dados las limitaciones de financiamiento (el BID solo ha concedido 30 millones dólares), la ejecución del proyecto fue dividida en dos partes y dos fases.
-La primera fase sería ejecutada de inmediato en la Zona Sur de la Ciudad Colonial (desde el Malecón hasta la altura de la calle Restauración y desde la ría del Osama a la calle Palo Hincado).
-La segunda fase, Zona Norte (desde la calle Restauración hasta la ave. Mella) quedaría pendiente de ejecutar en función del logro del resto del financiamiento y, por el momento, únicamente se contempla adoquinar sus calles y reparar sus aceras, sin el cableado subterráneo.
- Las primeras muestras.
Las calles escogidas para el inicio del proyecto fueron la arzobispo Meriño, entre la calle Padre Billini y José Gabriel García (donde reside mi familia); la Isabel la Católica, entre Padre Billini y Arzobispo Portes; y la Arzobispo Portes, entre la Arzobispo Meriño y la Isabel la Católica. Casi una manzana.
El plazo inicial que nos comunicaron para concluir esas cuatro esquinas, subrayando que una vez avanzada su ejecución se comenzarían los trabajos en otras áreas de la zona, fue de un mes y 20 días (50 días en total) y ya vamos por 8 meses.
Se concluyeron las obras soterradas, las aceras y las vías transitables adoquinadas; incluso ya se están repintando las edificaciones.
No se ha sustituido el horrible cableado aéreo ni se han tumbados los mugrientos postes de luz, alegando problema con la EDE-Este, las telefónicas, compañías de cable y carencia de financiamiento para un gran transformador eléctrico que habrá de nutrir los cables que se van a soterrar. Se habla de resolver esa situación en la segunda mitad del 2014 y cuidado…
Además, a cada rato están sustituyendo adoquines nuevos y recomponiendo desagües mal diseñados; incluyendo el hecho de que las tapas plásticas de los mismos y de los registros la pusieron recientemente, provocando algunos accidentes en los huecos mal cerrados.
- Vicios de construcción y ominosas situaciones ya apreciables.
En esto días me enviaron copia de una carta firmada por Raquel Casares, vecina del área restaurada y traigo aquí dos párrafos que evidencian un vicio de construcción sumamente grave. Veamos:
“No voy a entrar en detalles sobre el proceso de licitación de esta obra, ni sobre la ausencia de participación ciudadana en la toma de decisiones, ni en la falta de medidas de seguridad a todos los niveles. Lo que sí quiero compartir con usted es la tremenda negligencia que la empresa Núcleo de Ingenieros (dirigida por el Ing. Amaury Cestari) ha cometido en el tramo de la calle Portes, ubicado entre la Isabel la Católica y la Meriño, al poner el nivel de la calle al mismo nivel de las entradas de muchas de las viviendas, como por ejemplo la mía.
Originalmente mi casa tenía unos 15 cm de diferencia con la calle, los cuales se volaron a la ligera y sin autorización. Hasta un niño de 10 años dominicano puede adivinar las consecuencias de tremenda falta de profesionalidad: cuando llueve el agua entra en las casas…
Igual es la situación en los demás tramos recientemente reconstruidos, solo que quizás en las calles-aceras de dirección Norte- Sur la pendiente más pronunciada hacia el Malecón contrarreste un poco el riesgo de inundaciones de las primeras plantas de las edificaciones.
Pero ciertamente no hemos pasado la prueba de fuego, dado que estamos en meses de sequía. Sin embargo, ya en una calle de orientación Este-Oeste se están sufriendo las malas consecuencias, que habrán de empeorares en la temporada de lluvia.
Pero eso no es todo. Otros graves problemas están anunciados, o ya evidenciados.
Ya les dije que las vías parecen peatonales, pero no lo son; lo que confunde a transeúntes y vecinos/as, sobre todo a niños/as y ancianos/as.
Esto se agrava porque el diseño se presta a que los tristemente célebres Delivery y toda la llamada “clase” motorista (más bien “muertohorita”) -acompañada del mal proceder de los dueños y clientes de negocios auspiciadores de desordenes-, carentes todos de la formación necesaria para preservar y respetar la zona remodelada (a sus edificaciones, mejoras, moradores y visitantes), ya se las pasan cruzando en los dos sentidos, por calles y aceras a velocidades meteóricas, o ya se parquean o montan mesas y sillas que obstruyen el caminar por las calzadas planas.
Ese diseño -extraño a la idiosincrasia criolla y a la realidad nacional- también se presta a la obstrucción de las calles y esquinas por los vehículos que cargan y descargan, y a la constante vulneración de la delimitación entre las áreas de tránsito vehicular y las aceras, usadas para cualquier cosa y víctimas de innumerables y frecuentes roturas de los frágiles pilotillos (mojones) de cementos que marcan la división; mal usados también como asiento de moradores y transeúntes, y mesitas para colocar vasos y bebidas.
La concepción de esa remodelación turística de factura española, ha creado un grave problema de aparcamiento, sin diseño de nuevos parqueos alternativos (ni provisionales ni permanentes). En todos los alrededores reina el caos. Y eso que todavía casi todos los establecimientos de diversión y comerciales de las áreas en remodelación están semi-paralizados, y no pocos al borde de la quiebra por las irresponsables tardanzas de los constructores, no justamente compensadas.
Los trencitos para turistas agravan sobremanera el tránsito en medio de ese gran desastre, fruto sobre todo de imprevisiones, improvisaciones y diseños españolizados.
El respeto por la gente, que al principio se exigió y mejoró, ha vuelto a ser vulnerado. No se consulta ni se avisa previamente lo que se va a hacer y se crean molestias innecesarias con sorpresivas obstrucciones al acceso y con las polvaredas y ruidos en la zona en remodelación; que aun en los lugares donde más se ha avanzado, parece interminable.
Los mosaicos de coralina, del color de la piedra caliza, lucen altamente vulnerables a las machas ocasionadas por bebidas coloreadas y aceites variados. Los adoquines presentan fallas y aflojamientos reiterados.
- Incoordinación y descontrol.
Todo esto acontece, todas esas violaciones se producen, todas esas amenazas se ciernen… y nadie es responsable, nadie vigila, nadie instruye, nadie controla. Nadie.
Muchas instituciones involucradas (Turismo, Patrimonio Cultural, Alcandía, Monumentos Históricos, Fundación de la Ciudad Colonial…), pero en verdad ni se comunican entre sí, ni resuelven, y más bien se obstruyen entre sí.
Cuchumil cuerpos policiales (Nacional, Municipal, Turística, Amet…) y ninguno previene, vigila, ordena, instruye y hace respetar las normas como se debe. Ninguno.
La empresa contratista, Núcleo de Ingenieros y el equipo técnico del Ministerio de Turismo, que trabajan cotidianamente, parecen no dar abasto y no interesarse en atender seria y constantemente a todas estas derivaciones; concentrándose en hacer la obra física tal y como está concebida, sin reparar en sus inadecuaciones.
- Causas y remedios de los males.
En la base de esta situación esta el hecho de la aceptación por el Ministerio de Turismo de un modelo de restauración con una visión preeminentemente turísticas y ajena a nuestra realidad.
La visión española de restauración ha sido trasplantada aquí, con su modelo de calles y aceras, con los materiales escogidos, el diseño, la cultura y costumbres que motivan su concreción, reñidos con un entorno social y cultural diferente. Nueva vez el euro-centrismo afectando una obra indudablemente valiosa.
La gran arquitecta y la empresa española seleccionada para su diseño podrá ser muy buena para concebir lo que se necesita hacer en materia de remodelación de villas antiguas para uso de sus poblaciones y para el turismo en IBIZA o ISLAS CANARIAS, o en cualquier ciudad o pueblito español; pero en verdad sabe poco de nuestros hábitos, de nuestras virtudes y defectos, de nuestra realidad en muchos órdenes. De ahí ese gran desfase, el cual se ha tornado peligroso.
Urge reaccionar, comenzando por los moradores/as de esta parte de la ciudad y por los/as que trabajan en ella.
Hay que buscar, sugerir, exigir… modificaciones, readecuaciones, correcciones.
Hay que salvar este importante esfuerzo.
Hay que involucrar a todas las partes interesadas u obligadas a buscarles salidas a los entuertos señalados, cueste lo que cueste. Existen realidades y tendencias inaceptables, incluso riesgosa, a las que hay encontrarles soluciones viables.
Procede retomar los contactos, intercambios y encuentros entre todas las partes para conjurar los desatinos, cambiar lo que haya que cambiar, prevenir las malas conductas, trazar pautas y establecer normas que se respeten y le impriman alma nacional, calidad humana y social a lo invertido.
Por Rommel Santos Diaz
El Fiscal, después de evaluar la información de que disponga, iniciará una investigación a menos que determine que no existe fundamento razonable para proceder a ella con arreglo en cuenta las siguientes circunstancias:
- a)La información de que dispone constituye fundamento razonable para creer que se ha cometido o se está cometiendo un crimen de la competencia de la Corte Penal Internacional;
- b)La causa es o sería admisible de conformidad con el artículo 17 del Estatuto de Roma;
- c)Existen razones sustanciales para creer que, aun teniendo en cuenta la gravedad del crimen y los intereses de las víctimas, una investigación no redundaría en interés de la justicia.
El Fiscal, si determinare que no hay fundamento razonable para proceder a la investigación y la determinación se basará únicamente en lo señalado anteriormente, lo comunicará a la Sala de Cuestiones Preliminares.
Si, tras la investigación, el Fiscal llega a la conclusión de que no hay fundamento suficiente para el enjuiciamiento ya que:
- a)No existe una base suficiente de hecho o de derecho para pedir una orden de detención o de comparecencia de conformidad con el artículo 58 del Estatuto de Roma;
- b)La causa es inadmisible de conformidad con el artículo 17 del Estatuto de Roma ; o
- c)El enjuiciamiento no redundaría en interés de la justicia, teniendo en cuenta todas las circunstancias, entre ellas la gravedad del crimen, los intereses de las víctimas y la edad o enfermedad del presunto autor y su participación en el presunto crimen, notificará su conclusión motivada a la Sala de Cuestiones Preliminares y al Estado que haya remitido el asunto de conformidad con el artículo 14 del Estatuto o al Consejo de Seguridad si se trata de un caso previsto en el artículo 13 del Estatuto de Roma.
Por otro lado, a petición del Estado que haya remitido el asunto con arreglo al artículo 14 del Estatuto de Roma o del Consejo de Seguridad de conformidad con el artículo 13, la Sala de Cuestiones Preliminares podrá examinar la decisión del Fiscal de no proceder a la investigación de conformidad con este mismo artículo y pedir al Fiscal que reconsidere esa decisión.
Además la Sala de Cuestiones Preliminares podrá, de oficio, revisar una decisión del Fiscal de no proceder a la investigación si dicha decisión se basará únicamente en el párrafo 1 c) o 2 c) del artículo 13 del Estatuto de Roma. En este caso, la decisión del Fiscal únicamente surtirá efecto si es confirmada por la Sala de Cuestiones Preliminares.
Finalmente, el Fiscal podrá reconsiderar en cualquier momento su decisión de iniciar una investigación o enjuiciamiento sobre la base de nuevos hechos o nuevas informaciones.
Por Isaías Ramos
Mil doscientos millones de pesos para señalización turística. A la vez, se denuncian escuelas de jornada extendida con carencias de agua, baños, aulas, comedores y espacios adecuados.
No son partidas presupuestarias jurídicamente intercambiables. Pero sí revelan algo más profundo: qué problemas reciben recursos y urgencia del Estado, y cuáles continúan esperando.
La pregunta es inevitable:
¿Para quién está funcionando nuestro crecimiento?
La República Dominicana ha crecido. Negarlo sería absurdo. Han aumentado el turismo, la inversión extranjera, las exportaciones y el PIB. Pero durante más de tres décadas hemos confundido crecimiento con desarrollo, como si una cifra macroeconómica pudiera sustituir el bienestar de una familia.
Nuestra Constitución establece otra jerarquía. El artículo 8 dispone que la función esencial del Estado es proteger los derechos de la persona, respetar su dignidad y procurar su desarrollo dentro de un marco de justicia social y bienestar general. El artículo 217 ordena orientar el régimen económico hacia el desarrollo humano.
La Constitución no coloca al ciudadano al servicio de la economía. Coloca la economía al servicio del ciudadano.
El crecimiento es un medio, no el fin de la República. Podemos exhibir excelentes indicadores mientras demasiados dominicanos compran agua, pagan de su bolsillo educación y salud y viven en comunidades donde el progreso parece pasar de largo.
El modelo ha consolidado rasgos de rentismo, extractivismo y exclusión. Extraemos minerales, pero también obtenemos rentas del agua, las costas, el suelo y el paisaje. Facilitamos inversiones, concedemos incentivos y construimos infraestructura pública. Eso puede ser legítimo y necesario. La pregunta es qué recibe la nación a cambio.
Las playas muestran esa contradicción con claridad. El artículo 15 de la Constitución las reconoce como bienes de dominio público y de libre acceso. Sin embargo, en distintos lugares el ciudadano encuentra dificultades para acceder a costas rodeadas por proyectos que monetizan aquello que pertenece a todos.
La empresa construyó el hotel.
Pero no construyó el mar.
No creó la playa.
No produjo el paisaje.
Cuando un bien natural colectivo se convierte de hecho en atributo de exclusividad comercial, debemos preguntar quién captura la renta, quién asume los costos y qué pierde la nación.
El turismo no es enemigo del país. La empresa privada tampoco. Necesitamos inversión que genere empleos dignos, fortalezca proveedores nacionales, contribuya fiscalmente, transfiera conocimientos, respete el medioambiente y deje comunidades más prósperas.
No queremos menos crecimiento. Queremos crecimiento que produzca desarrollo.
No queremos menos inversión. Queremos inversión que fortalezca a la nación que la hace posible.
No todo incremento del PIB equivale a mayor bienestar ni necesariamente a mayor riqueza nacional neta. Si al crecer agotamos acuíferos, degradamos costas, acumulamos pasivos ambientales o convertimos privilegios temporales en derechos permanentes, podemos contabilizar como progreso la pérdida de nuestro patrimonio. Ninguna nación puede llamar desarrollo a aquello que mejora las cuentas de esta generación a costa de la siguiente.
El Estado no está ausente. Está selectivamente presente.
Construye carreteras, facilita inversiones, protege propiedades, concede incentivos y promueve destinos. Y debe hacerlo. El problema es que demasiadas veces no muestra la misma eficacia y urgencia para garantizar agua potable, educación, salud, seguridad, saneamiento y servicios públicos dignos.
Ese desequilibrio erosiona la esencia del Estado social y democrático de derecho.
No necesitamos escoger entre empresa y pueblo, ni entre inversión y justicia social. Esa es una falsa disyuntiva. Debemos medir el éxito nacional no solo por cuánto crece la economía, sino por cómo crece, quién recibe sus beneficios, quién asume sus costos y qué deja en el país.
Eso exige proteger el acceso público a los bienes comunes; condicionar los incentivos fiscales a resultados verificables; incorporar los costos ambientales; promover empleo formal, encadenamientos productivos y contribución fiscal; y someter las grandes decisiones al interés general.
Pero la transformación no corresponde únicamente al Estado. Requiere ciudadanos dispuestos a vigilar, participar, exigir cuentas y defender aquello que pertenece a todos.
La República Dominicana necesita más que corregir políticas aisladas. Necesita un proyecto de nación capaz de unificar esfuerzos, ordenar prioridades y fijar metas para saldar una deuda social acumulada durante décadas: un proyecto que convierta crecimiento en desarrollo, desarrollo en derechos y derechos en oportunidades reales.
Ese proyecto no supone renunciar al turismo, al capital ni a empresas prósperas. Supone ponerlos al servicio de algo superior: una economía al servicio de una nación.
Debemos reconocer una verdad incómoda: hemos sido mucho más persistentes construyendo crecimiento que construyendo desarrollo.
Es tiempo de recuperar la jerarquía constitucional:
Primero la persona.
Primero su dignidad.
Primero el bien común.
Y entonces el mercado, la inversión y el crecimiento como instrumentos para alcanzarlos.
Al final, la historia no nos preguntará cuánto creció la economía. Nos preguntará qué país dejamos.
Entonces tendremos que responder:
¿De qué sirvió crecer si, mientras crecíamos, fuimos perdiendo aquello que pertenecía a todos?
Ante esa pregunta, la indiferencia no debe ser una opción.
Por Oscar López Reyes
En 1976, en Barahona yo ganaba 100 pesos mensuales en dos trabajos –en el gobierno y en un medio de comunicación- cubría holgadamente los gastos de mi recién formada familia de cuatro miembros, y me sobraba dinero. Caminaba las calles del pueblo como un privilegiado, sin deudas ni estrés. Dormía como un lirón por el estilo de vida sobrio y albergaba una gran esperanza en el futuro.
Como en la mayoría de las casas, en la mía no había televisión, teléfono, nevera, aire acondicionado y mucho menos un vehículo de motor. Tampoco estufa, licuadora, inversor ni botellones de agua, porque por una tubería llegaba sin pagar un solo centavo, igual que la basura, y se pagaban chelitos por el consumo de luz. En el liceo no se cobraba.
En los patios de las dos casas alquiladas donde vivía, en las céntricas calles Colón casi esquina Duvergé y Jaime Mota casi esquina José María Cabral, había frondosos árboles de mangos y limoncillos (quenepas), y en la última anafres (hornillos para cocinar con carbón) y una letrina surtida con periódicos y fundas de papel –provenientes de colmados- para el aseo defecatorio.
Esos pliegos sanitarios representaban una muestra de progreso, porque en las afueras de la ciudad y en las lomas, como Chene, en Enriquillo, para la limpieza tras las necesidades fisiológicas se acudía, en los montes, a piedras, hojas verdes, tusas de maíz y troncos leñosos -en forma giratoria- que se ramificaban desde el suelo.
Entre 1973-1976 en colmados y almacenes –no existían supermercados- se compraban menos de 20 productos hogareños, con precios establecidos por la Dirección General de Control de Precios. Una libra de arroz costaba 8 centavos, una libra de habichuelas 7 centavos, una libra de azúcar 4 cheles, una libra de carne 10 cheles y una botella de aceite comestible valía 30 centavos.
A primera hora de la mañana y en la tardecita se vendía a 8 y 10 cheles una botella o litro de leche de vaca, bien pura, acabada de llegar en bidones desde fincas ganaderas de Amador Pons, Sarita Báez, Buchinche Pérez Espinosa, los hermanos Milongo y Napó (Napoleón) Pérez, los hermanos Dámaso y Zulema López (mis tíos) y otros.
Los gastos eran restringidos, y los regalos escasos, porque muy pocos celebraban cumpleaños o visitaban restaurantes. Predominaba el consumo de helados, principalmente los domingos, antes y después de las retretas del Parque Central.
Esos precios son recordados por mercaderes y amas de casa de la época, debido a que no existían estadísticas de la canasta básica de consumo en pesos dominicanos, en virtud de que, justamente en 1976, el Banco Central fue cuando inició la Encuesta Nacional de Gastos e Ingresos de los Hogares (ENGIH).
A la postre, la compra alimenticia mensual para ocho personas –porque había que separar manjares para los vecinos más cercanos y los padres de los esposos- ascendía a menos de 20 pesos mensuales. Otros gastos: Un par de zapatos de la fábrica gubernamental Fac Doc costaba 4 pesos, y cuando al prestamista “Viste Encuero”, muy conocido en el mercado público y los predios judiciales de Barahona, los días 25 –fecha de pago en el gobierno- le avanzaban 50 centavos de un crédito de 7 pesos, los aceptaba gustosamente.
En esos años, el peso dominicano tenía una paridad con el dólar estadounidense, o sea, uno por uno. Para las transacciones cotidianas, junto a las monedas de 5, 10, 25 y 50 centavos, la de un centavo circuló hasta 1987, con la efigie de Caonabo, cuyo poder adquisitivo fue anulado por la inflación, aunque no se conoce la emisión de una resolución definitiva del Banco Central que la despoje de su poder liberatorio.
Aquellos conmemorados, bien recordados y limpiecitos 100 pesos mensuales: 60 de la Corte de Apelación (no se registraba ninguna deducción de impuestos sobre la renta ni de seguridad social) y 40 pesos de Radio Barahona equivalen, a junio de 2026, a 125 mil 898 pesos con 56 centavos nominales, calculando el Índice de Precios al Consumidor, año por año, el valor del capital y el efecto inflacionario. A este último salario, la Dirección General de Impuestos Internos le reduce a 98 mil 400 pesos con 44 centavos, porque se le aplica un descuento de 27 mil 498 pesos con 12 por aportes de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) y el Impuesto sobre la Renta (ISR).
¡Ah, consumismo y lujos!
¡Uy, prima del dólar!
¡Guau, globalización!
Entre 1973 y 1976 yo andaba despacio, a pie, relax y divertido, de un sitio a otro por las calles de Barahona como un afortunado, porque en la Corte de Apelación (juicios penales y civiles) me desempeñaba como mecanógrafo y mensajero ocasional, ya que estaba responsabilizado de buscar, el 25 de cada mes en las oficinas de Correo, los cheques de los jueces Federico Neftalio Cuello López (Nene), Doro Buenaventura Vásquez, Máximo Deñó, Rafael Dotel Recio y David Vicente Vidal Matos, y el procurador general de ese tribunal, Secundino Gómez Pérez (Jumito), máximas autoridades judiciales de la provincia.
El día 25, los magistrados arribaban a la Corte más temprano que nunca, caminando desde sus casas, sin parafernalias. Recuerdo cuando los secretarios de la Corte, Rafael Alfredo Pérez Rocha (Fellito Tinina), y la Procuraduría, Alejandro Rocha Peña (Mingolito), les entregaban a los jueces los emolumentos que devengaban: unos 250 pesos. Fungían como alguaciles Rafael Matos (Alito), Ignacio Mota y Luis Marino Arias. De unos 20 empleados de ese tribunal, solo sobreviven este último, hoy notario público; el extogado David Vidal, la entonces escribiente Teresa Peña y este servidor.
Yo era el menor de edad y el de más bajo salario: 60 pesos mensuales, el mínimo estatal, y cumplía el horario de 7:30 a.m. a 1:30 p. m. En la segunda jornada laboraba, desde las 3 de la tarde hasta las 7 de la noche, como secretario auxiliar de Rodolfo Z. Lama Jaar, propietario de Radio Barahona, Radio Pedernales, Radio Jimaní y Radio Neyba. Redactaba cartas, anuncios y notas luctuosas, nutrido por mis primeras prácticas escriturales en los clubes culturales y en los murales de la Juventud Comunista (Pacoredo) del liceo secundario Federico Henríquez y Carvajal.
El 11 de febrero de 2026 -justo 50 años después, porque ingresé en el citado mes- volví a las oficinas de la Corte de Apelación de Barahona y la nostalgia me envolvió con los cambios experimentados: existía uno que otro escritorio de caoba, pero ni en sombra las máquinas mecánicas Olympia, Olivetti y Remington, y prácticamente todos los jueces y empleados de 1973-1976 viajaron a un espacio inhóspito. El salario mínimo es de 20 mil 500 pesos y los titulares de Corte de Apelación ganan desde 260 mil 859 hasta más de 362 mil 304 pesos.
Albricias: Aparecieron los datos de mi ingreso al Poder Judicial, y me expidieron la certificación pertinente. El juez presidente de la Cámara Penal de la Corte y juez coordinador del Departamento Judicial (Barahona, Pedernales, Bahoruco e Independencia), Joselín Moreta Carrasco, me dispensó la más esplendorosa atención. Lo que no dijo el texto fue que fui cancelado -el más próspero premio de mi vida, porque tuve que emigrar forzosamente a Santo Domingo- por negarme a ingresar al Partido Reformista del gobernante presidente Joaquín Balaguer. ¡Qué vida Balaguer!
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El autor: Periodista, mercadólogo, catedrático, escritor y comentarista de medios escritos, televisivos y digitales.