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¿Çesará la lucha interna en el PLD luego de las primarias?
Son muchas las expectativas de que en dos dos semanas cuando el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) eleja su candidato presidencial en las primarias abiertas cesarán las contradicciones internas y que se acabará la división en esa organización, lo cual parece un escenario muy difícil de ver.
Esa posibilidad en realidad parece muy remota, pero todavía falta ver que giro toma la pre-campaña y si el horizonte presenta alguna luz al final del túnel, cuya hipótesis de convertirse en realidad podría significar la permanencia en el poder del PLD.
¿Cómo y con quién lograr la unificación? El discurso de los precandidatos Leonel Fernández y Gonzalo Castillo, así como el de sus seguidores dan una idea de que tan difícil será ese proceso.
Fernández mantiene un discurso de unidad y expresa que es importante ganar con amplio margen las primarias, que dice tiene aseguradas, porque eso facilitaría la reunificación de la organización.
El presidente del PLD repite también que su gobierno no será de tendencias, sino para todos los peledeístas y los ciudadanos que no militan en esa organización, pero que estén dispuestos a servir al país.
La tendencia de Fernández en el PLD está totalmente unificada en torno a su proyecto presidencial y logró atraer a la esposa del secretario general y presidente del Senado, Ingrid Mendoza, lo que se ha interpretado como un apoyo de Reinaldo Pared Pérez, que declinó sus aspiraciones con fuertes críticas al sector de Medina y dijo que se mantendría neutral hasta en el proceso de las primarias.
La acción de Pared Pérez, de alguna manera, coloca al presidente y al secretario general de la organización del mismo lado en la actual contienda. Ambos han tenido un historial de mantener la unidad de la organización y la última muestra fue la presidencia de la Cámara de Diputados que por un acuerdo interno correspondía al legislador de Santiago, Demóstenes Martínez y ambos expresaron que el acuerdo debió ser respetado, pero no ocurrió y el danilista Radhamés Camacho permanece en el cargo por una decisión del sector de Medina.
El primer encontronazo de Fernández y Medina que puso en juego la unidad peledeísta fue en el 2007 cuando se enfrentaron en las primarias y Medina pronunció la famosa frase “me venció el Estado”. Sin embargo, en la práctica, aunque Medina no participó en esa campaña, sus seguidores fueron integrados y el día de las votaciones fue a votar y dijo que solo vota por el PLD.
En el 2011 con las acciones a favor de la reelección para un tercer periodo de Fernández el PLD se vio al borde de un cisma, pero el entonces presidente de la República declinó y se mantuvo neutral en la contienda interna que Medina ganó con amplio margen. En la campaña electoral Fernández y su equipo se integraron a trabajar por la candidatura presidencial del PLD que, aunque arrancó en desventaja Medina se impuso frente a Hipólito Mejía 51.20% frente a 46.91%.
En el 2015 el PLD estuvo más cerca que nunca de dividirse por la decisión del Comité Político de someter un proyecto de reforma a la Constitución para la reelección de Medina con la oposición del expresidente. La unidad de la organización se logró mediante un acuerdo de 15 puntos que luego dirigentes como Ramón Ventura Camejo calificaron de “un atraco”. Ese acuerdo incluyó el artículo transitorio que prohibió a Medina presentarse de nuevo como candidato.
Ese proceso electoral estuvo marcado por la aparición del exconvicto Quirino Ernesto Paulino Castillo que acusó a Fernández de recibir dinero para su campaña del 2004 y el sector del expresidente en el PLD lo atribuyen a una campaña sucia de sectores enquistados en el poder para descalificarlo moralmente.
De su lado, Gonzalo Castillo, aunque no habla expresamente de unidad, aconseja a sus seguidores que desarrollen la campaña con decencia y sin insultos con el lema de que quien está ganado no pelea. Hasta ahora, su discurso, al menos lo que su equipo envía a los medios de comunicación, se observa inclusivo para todo el PLD y dice que su prioridad es seguir la obra de gobierno del presidente Medina. “De mis labios no saldrán nunca frases insultantes, negativas o peyorativas contra ningún compañero”, ha señalado.
Castillo logró el apoyo público de al menos 16 miembros del Comité Político de 22 que siguen a Medina y también la mayoría de los integrantes del Comité Central, los senadores y diputados que siguen esa corriente del PLD. Sin embargo, su precandidatura no logró la unificación total de ese sector del PLD, como en los casos de Pared Pérez y Carlos Amarante Baret, este último un símbolo del danilismo y el PLD. Francisco Domínguez Brito, el mejor posicionado en las encuestas detrás de Castillo asumió ayer el proyecto del exministro de Obras Públicas.
Otra dificultad que tendría Castillo de cara a la unificación del PLD es que su llegada a los organismos partidarios no ha sido por su trabajo político en esa organización y eso le dificulta el vínculo con la dirigencia media y de base. Castillo llegó al Comité Central en el 2005 por una cuota de Medina y en el 2014 al Comité Político también señalado por el presidente de la República.
Aunque ni Fernández ni Castillo tienen un discurso agresivo, ambos cuentan con equipos de colaboradores que hacen esa tarea. En el caso del expresidente sus aliados de las Fuerza Nacional Progresista (FNP) son críticos férreos de Medina y todo lo que representa políticamente. Castillo cuenta con los miembros del Comité Político y figuras de los medios de comunicación que se encargan de decir lo malo del proyecto de Fernández y de su círculo de colaboradores.
Santo Domingo.- Raymundo Mejía, juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, decidirá el próximo 15 si envía o no a juicio a los propietarios de la discoteca Jet Set Club, Antonio y Maribel Espaillat, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de 236 personas fallecidas durante el derrumbe del techo del centro de diversión, ocurrido el 8 de abril del 2025.
El magistrado dará el fallo a las 10:00 de la mañana de esa fecha, con el objetivo de ponderar los argumentos del Ministerio Público, de los representantes legales de las víctimas y de la defensa de los imputados.
Esto tras más de un año de ocurrir la tragedia que dejo más de 200 personas fallecidas y más de cien heridos y decena de huérfanos.
Durante la audiencia, familiares de los fallecidos y personas afectadas expusieron ante el juez cómo han cambiado sus vidas tras el trágico suceso. Asimismo, los imputados y su defensa presentaron sus argumentos ante el tribunal.
El Ministerio Público solicitó formalmente el envío a juicio de los propietarios de la discoteca Jet Set Club, al considerar que existen suficientes elementos de prueba que demuestran la responsabilidad de los hermanos Espaillat en los hechos que se les imputan.
A la salida del tribunal, el director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, expresó que espera que el juez adopte una decisión acorde a la ley y ordene el envío a juicio de los acusados.
El 18 de junio, le dictan medida de coerción contra Antonio y Maribel Espaillat, propietario y gerente de la discoteca Jet Set, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de más de 230 personas fallecidas y 189 heridas tras el desplome del techo del centro de diversión. Ellos fueron apresados el 12 de junio por miembros del Ministerio Público tras ser interrogado por el hecho.
Santo Domingo.- Mientras en el pais se pregona que se ha avanzado en el estado de derecho, ocupa el segundo lugar en América Latina y el Caribe con mayor numero de presos preventivos y ocupación penitenciaria más alta, superada solo por Haití, según la Dirección de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC).
El dato, que es reseñado este domingo por periódico Listín Diario refleja una debilidad estructural del sistema de justicia penal en su capacidad de investigación y procesamiento.
Señala que en República Dominicana hay aproximadamente 25,000 personas privadas de libertad, de las cuales cerca de 16,000, equivalente a mas del 60% son preventivos.
El documento advierte que la elevada proporción de personas privadas de libertad sin sentencia firme en América Latina y el Caribe evidencia esa misma debilidad estructural. Cuando las investigaciones criminales son lentas o de baja calidad y los tribunales enfrentan sobrecarga de casos, la prisión preventiva termina usándose como sustituto de investigaciones eficaces y procesos judiciales oportunos.
Agrega que la dinámica se refuerza por la presión política y social de “mostrar resultados” en materia de seguridad. Esa presión incentiva respuestas punitivas inmediatas, incluso cuando los procesos judiciales no están plenamente desarrollados.
“El resultado es una acumulación de personas detenidas sin condena que traslada las fallas del debido proceso al sistema penitenciario. Esto contribuye al hacinamiento y debilita la capacidad del Estado para mantener un control efectivo sobre las cárceles”, señala Democracias Bajo Presión.
El PNUD explica que desde inicios del siglo XXI la región ha registrado uno de los aumentos más rápidos de población penitenciaria a nivel mundial. El número de personas privadas de libertad pasó de unos 700,000 a comienzos de los años 2000 a cerca de 1.8 millones en 2024. Es un incremento cercano al 150%.
“Este crecimiento contrasta con la relativa estabilidad o el aumento moderado observado en otras regiones y refleja, entre otros factores, la expansión de políticas penales más punitivas y el uso extensivo de la prisión preventiva”, apunta el informe.
Asimismo, establece que la población privada de libertad en América Latina y el Caribe presenta un marcado sesgo socioeconómico. Los estudios revelan que las personas bajo prisión tienen un nivel educativo inferior al promedio de la población general.
“Esta desigualdad se acentúa en la fase de la prisión preventiva, donde el acceso limitado a una defensa legal y las dificultades para acreditar condiciones de arraigo —como domicilio estable, empleo formal o fianzas— incrementan la probabilidad de permanecer detenido durante el proceso judicial”, destaca el estudio.
Ante ese panorama, el PNUD advierte que cuando las cárceles presentan sobrepoblación crónica, déficits de control interno o se convierten en centros de coordinación de actividades ilícitas, la capacidad del Estado para ejecutar sanciones queda comprometida.
Otras causas del problema
El reporte también señala que los cuerpos policiales en América Latina y el Caribe enfrentan fragmentación institucional, bajos niveles de profesionalización, limitaciones en capacidades investigativas y vulnerabilidad a la cooptación local.
Por eso, cuando la probabilidad de sanción es reducida —lo que se refleja en bajas tasas de homicidios esclarecidos— el poder intimidatorio de los actores criminales se amplifica y la autoridad estatal pierde credibilidad.
La medida de coerción efectiva, según el informe, no se mide solo por operativos o despliegues, sino por la capacidad de investigar, procesar y sancionar de manera consistente. “En este sentido, la impunidad constituye un indicador central de debilitamiento coercitivo: sin consecuencias previsibles frente al delito, el monopolio legítimo de la violencia se vuelve nominal más que efectivo”.
Santo Domingo, R.D.-Una estructura criminal desarticulada por el Ministerio Público, identificada como Operacion Onco 14, recibió una imputación formal al ser acusada de orquestar un sofisticado esquema de fraude en perjuicio del Estado dominicano, el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y cientos de pacientes oncológicos de la región del Cibao.
Los imputados son Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo del Patronato y exmiembro de la junta directiva del IORC, Luisa Yasiris Guzmán, actual esposa de Lora Cruceta y presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida.
Según el expediente, los acusados utilizaron empresas fachada, incluyendo Vargas Lora & Asociados (actualmente Vargas Guzmán Accounting Center) y la fundación antes mencionada, para desviar fondos destinados a tratamientos médicos vitales para pacientes del régimen subsidiado.
El Ministerio Público subraya una irregularidad clave en la investigación, aunque los estatutos del IORC estipulaban un mandato de dos años para la presidencia, Héctor Antonio Lora Cruceta se mantuvo en el cargo desde el 9 de octubre de 2018 hasta el 6 de octubre de 2025.
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, destacó que esta es la tercera estructura criminal enfrentada como parte de las investigaciones sobre el fraude al SeNaSa, una labor de depuración iniciada con la Operación Senasa bajo la dirección de la Procuradora General, Yeni Berenice Reynoso.
En los allanamientos, realizados con apoyo de la Policía Nacional y la Unidad de Investigación Criminal (UIC), se ocuparon dinero en efectivo y títulos de propiedad, dispositivos electrónicos (computadoras, celulares, DVR), documentación comprometedora y vehículos.
Según el Ministerio Público el grupo deberá responder por una serie de cargos graves que incluyen asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología (acceso ilícito a sistemas), lavado de activos.