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¿Çesará la lucha interna en el PLD luego de las primarias?

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Son muchas las expectativas de que en dos  dos semanas cuando el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) eleja su candidato presidencial en las primarias abiertas cesarán las contradicciones internas y que se acabará la división en esa organización, lo cual parece un escenario muy difícil de ver.

Esa posibilidad en realidad parece muy remota, pero todavía falta ver que giro toma la pre-campaña y si el horizonte presenta alguna luz al final del túnel, cuya hipótesis de convertirse en realidad  podría significar la permanencia en el poder del PLD.

¿Cómo y con quién lograr la unificación? El discurso de los precandidatos Leonel Fernández y Gonzalo Castillo, así como el de sus seguidores dan una idea de que tan difícil será ese proceso.

Fernández mantiene un discurso de unidad y expresa que es importante ganar con amplio margen las primarias, que dice tiene aseguradas, porque eso facilitaría la reunificación de la organización.

El presidente del PLD repite también que su gobierno no será de tendencias, sino para todos los peledeístas y los ciudadanos que no militan en esa organización, pero que estén dispuestos a servir al país.

La tendencia de Fernández en el PLD está totalmente unificada en torno a su proyecto presidencial y logró atraer a la esposa del secretario general y presidente del Senado, Ingrid Mendoza, lo que se ha interpretado como un apoyo de Reinaldo Pared Pérez, que declinó sus aspiraciones con fuertes críticas al sector de Medina y dijo que se mantendría neutral hasta en el proceso de las primarias.

La acción de Pared Pérez, de alguna manera, coloca al presidente y al secretario general de la organización del mismo lado en la actual contienda. Ambos han tenido un historial de mantener la unidad de la organización y la última muestra fue la presidencia de la Cámara de Diputados que por un acuerdo interno correspondía al legislador de Santiago, Demóstenes Martínez y ambos expresaron que el acuerdo debió ser respetado, pero no ocurrió y el danilista Radhamés Camacho permanece en el cargo por una decisión del sector de Medina.

El primer encontronazo de Fernández y Medina que puso en juego la unidad peledeísta fue en el 2007 cuando se enfrentaron en las primarias y Medina pronunció la famosa frase “me venció el Estado”. Sin embargo, en la práctica, aunque Medina no participó en esa campaña, sus seguidores fueron integrados y el día de las votaciones fue a votar y dijo que solo vota por el PLD.

En el 2011 con las acciones a favor de la reelección para un tercer periodo de Fernández el PLD se vio al borde de un cisma, pero el entonces presidente de la República declinó y se mantuvo neutral en la contienda interna que Medina ganó con amplio margen. En la campaña electoral Fernández y su equipo se integraron a trabajar por la candidatura presidencial del PLD que, aunque arrancó en desventaja Medina se impuso frente a Hipólito Mejía 51.20% frente a 46.91%.

En el 2015 el PLD estuvo más cerca que nunca de dividirse por la decisión del Comité Político de someter un proyecto de reforma a la Constitución para la reelección de Medina con la oposición del expresidente. La unidad de la organización se logró mediante un acuerdo de 15 puntos que luego dirigentes como Ramón Ventura Camejo calificaron de “un atraco”. Ese acuerdo incluyó el artículo transitorio que prohibió a Medina presentarse de nuevo como candidato.

Ese proceso electoral estuvo marcado por la aparición del exconvicto Quirino Ernesto Paulino Castillo que acusó a Fernández de recibir dinero para su campaña del 2004 y el sector del expresidente en el PLD lo atribuyen a una campaña sucia de sectores enquistados en el poder para descalificarlo moralmente.

De su lado, Gonzalo Castillo, aunque no habla expresamente de unidad, aconseja a sus seguidores que desarrollen la campaña con decencia y sin insultos con el lema de que quien está ganado no pelea. Hasta ahora, su discurso, al menos lo que su equipo envía a los medios de comunicación, se observa inclusivo para todo el PLD y dice que su prioridad es seguir la obra de gobierno del presidente Medina. “De mis labios no saldrán nunca frases insultantes, negativas o peyorativas contra ningún compañero”, ha señalado.

Castillo logró el apoyo público de al menos 16 miembros del Comité Político de 22 que siguen a Medina y también la mayoría de los integrantes del Comité Central, los senadores y diputados que siguen esa corriente del PLD. Sin embargo, su precandidatura no logró la unificación total de ese sector del PLD, como en los casos de Pared Pérez y Carlos Amarante Baret, este último un símbolo del danilismo y el PLD. Francisco Domínguez Brito, el mejor posicionado en las encuestas  detrás de Castillo asumió ayer el proyecto del exministro de Obras Públicas.

La crítica al proyecto político de Castillo es que salió como favorito del equipo del gobierno del presidente Medina, y su precandidatura, más que concitar el respaldo espontáneo de los peledeístas que se identifican con Medina, tiene la marca de una imposición.

Otra dificultad que tendría Castillo de cara a la unificación del PLD es que su llegada a los organismos partidarios no ha sido por su trabajo político en esa  organización y eso le dificulta el vínculo con la dirigencia media y de base. Castillo llegó al Comité Central en el 2005 por una cuota de Medina y en el 2014 al Comité Político también señalado por el presidente de la República.

Aunque ni Fernández ni Castillo tienen un discurso agresivo, ambos cuentan con equipos de colaboradores que hacen esa tarea. En el caso del expresidente sus aliados de las Fuerza Nacional Progresista (FNP) son críticos férreos de Medina y todo lo que representa políticamente. Castillo cuenta con los miembros del Comité Político y figuras de los medios de comunicación que se encargan de decir lo malo del proyecto de Fernández y de su círculo de colaboradores.

 

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Obispos se reunen con Abinader en la 64ª Asamblea Plenaria del Episcopado

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Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.

Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.

“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.

Abinader se reúne con obispos en la 64ª Asamblea Plenaria del Episcopado

El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.

El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.

Abinader se reúne con obispos en la 64ª Asamblea Plenaria del Episcopado

También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.

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Garantía económica e impedimento de salida a “Onguito Wa”.

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Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.

La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.

Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.

Imponen garantía económica e impedimento de salida a “Onguito Wa” por porte ilegal de arma
Imponen garantía económica e impedimento de salida a “Onguito Wa” por porte ilegal de arma

La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.

Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.

El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.

El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.

De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.

Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.

El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.

«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».

  • En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
  • Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.

El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.

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Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega

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Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público  en las próximas horas la imposición  contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.

El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.

Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.

Instrumentos odontológicos en un consultorio, vinculados al caso de un falso odontólogo acusado de causar lesiones
Instrumentos dentales en un consultorio, en el contexto de la solicitud de prisión preventiva contra un falso odontólogo.

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.

Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.

La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.

La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.

“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.

Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.

  • El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
  • Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.

El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.

El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.

Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.

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