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Opinión

Provocaciones y panfletos

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Por Andrés L. Mateo

UNO
Los diarios, la televisión, los medios digitales, desplegaron la noticia de que Euclides Gutiérrez terminó de pagar la luz. Parecía que el país entero debería estremecerse ante semejante noticia. Pero para que pagara hubo que mover las “masas populares”, cuchucientos programas de televisión, miles de artículos de prensa, campañas en las redes sociales, reuniones Y  Ruedas de Prensa del buró político del PLD, etc. Y el tipo aun así llevó periodistas a los tribunales, amenazó, guapeó de lo lindo, insultó a todo el mundo, y se declaró un “súper-Hombre-Héroe” de la patria. Ese sujeto paga la luz y se hace una convocatoria de prensa, yo la pago todos los meses y si dejo de pagarla simplemente me la cortan. ¡Este país ya no resiste tanta impudicia! ¡Este país se merece una desobediencia civil!

DOS

¿Cómo pasó la concepción patrimonialista del Estado, de la larga hegemonía autoritaria a las democracias formales de los últimos cincuenta años?

La corrupción histórica dominicana se acompaña de un proceso silente de desinstitucionalización. Bajo la modalidad de una frágil memoria institucional, esa idea de que el Estado es un botín de guerra, pasó sin arrugas de los gobiernos totalitarios a las democracias formales que hemos vivido en los últimos cincuenta años. El problema es que la desmemoria institucional permite que esas cosas sucedan como algo natural, haciéndolas fluir como si correspondieran a la naturaleza particular de la sociedad dominicana, y no a la deformación que históricamente ha pervertido sus instancias institucionales, por los actos y la ambición de quienes nos han gobernado.

TRES

Cinco días antes de abandonar el Palacio Nacional, Leonel Fernández declaró solemnemente: “dejo una economía estable”. Si debemos creerle al ex presidente Fernández, el presidente Danilo Medina no tiene ninguna razón para impulsar una reforma fiscal que aumente los impuestos. La política puede ser juego y farsa, pero a mí hay que decirme a cuál de los dos le creo. Si de verdad el presidente Danilo Medina quiere consensuar un pacto fiscal tiene que decir qué encontró y demostrar que éste se justifica, porque Leonel Fernández dice que dejó una economía estable, y Temístocles Montás recalcó que era como “un avión en la pista de despegue hacia el desarrollo”. ¿Para qué, entonces, una sexta reforma que aumente los impuestos en los gobiernos del PLD?  La inmensa mayoría de los dominicanos no estuvo en la fiesta, ¿Ok?

CUATRO

En la República Dominicana hay crisis hasta en el  “Departamento de crisis”. Y quien no lo quiera creer que lea este titular de prensa: “Meten en prisión al director de Prisiones”. ¡Oh, Dios!

CINCO

Todos los partidos políticos que han gobernado, después de la muerte de Trujillo, han incentivado en la práctica la concepción patrimonial del Estado.  Esa idea de que el Estado es un patrimonio de los gobernantes de turno sólo se combate con una fuerte estructura institucional, que obligue a los partidos a no ser refugio de delincuentes y caverna de complicidades justificadas por las conveniencias políticas, por las coyunturas. ¿Qué puede ocurrir en un país donde el paradigma del enriquecimiento a costa del Estado se sigue coronando con la impunidad?  La ideología heroica que sobre la honestidad de los miembros del PLD pregonaron sus dirigentes antes del 1996 es hoy un fantasma, un descolorido discurso sobre el que la realidad descarnada deja al desnudo estos espectros vergonzosos.  Por eso hay que recordarle al presidente Medina que cada aspaviento que frustra las esperanzas del pueblo en la justicia multiplica los corruptos al infinito. Y que si hay impunidad hoy, habrá más corrupción mañana.

SEIS

Repito la idea: ¿qué puede ocurrir en un país  donde el paradigma del enriquecimiento a costa del Estado se sigue coronando con la impunidad?  La práctica política dominicana se ha convertido en un saqueo que se basa en la confusión  entre bienes públicos y privados. Ese desastroso saldo institucional, por lo que parece, seguirá campante, muy campante…

Artículo publicado originalmente en el periódico HOY

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Opinión

La Procuraduría General de la República y el MP deben amarrar el toro por los cuernos.

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Por José Cabral

Nadie sabe cómo se produce la formación de jueces y fiscales en la República Dominicana, a pesar de la existencia de las escuelas nacional de la judicatura y del Ministerio Público.

Cuantos disparates jurídicos se ven en los tribunales y las fiscalías de los diferentes distritos judiciales del territorio nacional, en unos más que en otros.

Cuando se tiene que litigar o acudir a los tribunales, por la razón que sea, llena de mucha amargura al que tiene que hacerlo.

Pero la asistencia a un palacio de justicia no sólo causa preocupación con ver a simple vista lo que allí ocurre, sino también por la forma en que se manejan las leyes en estas instancias.

Es un escenario donde los fiscales y los jueces hacen las cosas como a ellos les da la gana, muchas veces por irresponsabilidad y otras por incapacidad.

Tanto es así, que hay fiscales que tienen el cliché de que todo lo penal que proviene de una ley del derecho civil no es competencia del Ministerio Público.

Es decir, que el que comete fraude o falsifica documentos en el marco de una junta directiva de un condominio, el caso no es penal, sino civil, siempre de acuerdo a la visión del Ministerio Público.

Entonces, frente a esa incapacidad es como si no existiera la razonabilidad para determinar que cualquier ley del derecho civil tiene situaciones que por sus propias características entran en el derecho penal.

Esta situación genera en la actualidad una verdadera crisis con las actuaciones del Ministerio Público, cuyos miembros tienen unas actitudes que van a generar muchas vías de hecho por el manejo equivocado que se les da a los casos.

En el próximo artículo buscaré analizar el comportamiento de los jueces de los tribunales inferiores y de las cortes de apelación, quienes siempre recurren a la palabra clave para evitar la consecuente queja por una sentencia arbitraria emitida en contra de una serie de valores, principios y derechos constitucionales fundamentales, que es si no está de acuerdo con la decisión, recurra.

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Opinión

La Sede de la Corte Penal  Internacional en el Territorio de un Estado

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Por Rommel Santos Díaz

El artículo 3 del Estatuto de Roma dispone que la Sede de la Corte Penal Internacional  esté en La Haya, y que la Asamblea de los Estados Partes  aprobará un acuerdo entre la CPI y el Estado anfitrión.

El  artículo 3 (3) y 62 del Estatuto de Roma propone que la CPI también podrá celebrar sesiones en otro lugar cuando sea necesario  para un proceso o una serie de procesos  específicos.

Los Estados  Partes podrán disponer  que la Sede de la CPI esté en su territorio cuando  esto sea necesario o beneficioso.

Las Reglas de Prueba y Procedimientos  normalmente especificarán los procedimientos a tomar para que CPI  sesione fuera de su Sede.

Ninguna de estas disposiciones crea obligación alguna para los Estados.

Muchos Estados cuentan con legislación  y procedimientos administrativos  que permiten que el Tribunal Penal Internacional  para la ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda  celebre sesiones en su territorio.

Esta legislación y procedimientos podrían requerir una reforma mínima, para permitir que la Corte Penal  Internacional  también tenga su sede en su territorio.

Algunas veces, el hecho de celebrar un juicio en el  lugar en que se cometió el delito dará a las víctimas  un mayor sentido de justicia, ya que podrían claramente apreciar que la CPI funciona.

Finalmente, los Estados deberán tomar en consideración la posibilidad de permitir que la Corte Penal Internacional  funcione plenamente  en su territorio.

[email protected]

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Opinión

Un hospital en el “Maharishi”

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Por Nelson Encarnación

Los residentes en “los kilómetros” se han sorprendido con el anuncio de que en los amplios terrenos donde funcionó hace décadas un colegio conocido como “Maharishi”, se pretende construir un centro recreativo que estará a cargo del Ayuntamiento del Distrito Nacional.

A la sorpresa ha seguido el reclamo de que, en lugar de dicho centro, se construya un hospital general, en atención a que en esa zona no existe un establecimiento de salud de esa categoría ni de ninguna otra.

En realidad, toda esa amplia franja de territorio que va del Centro de los Héroes hasta el kilómetro 12 de la avenida Independencia (hacia el oeste de la carretera Sánchez), y de Sur a Norte, desde el Malecón hasta la avenida 27 de Febrero, solo existen dos centros médicos privados y ningún hospital del Estado.

Nos referimos a las clínicas Independencia y Real, mientras que el hospital más cercano es el Marcelino Vélez Santana, enclavado en la zona de Herrera, cuya capacidad se desborda solo con la demanda de la gran población del municipio Santo Domingo Oeste y vecindades que le rodean.

Es decir, la zona que mencionamos está compuesta de una numerosa población en su mayoría de condiciones económicas vulnerables que tiene que movilizarse a hospitales distantes para procurar una atención médica que no se puede costear en los escasos centros privados.

Desconocemos las razones por las cuales el Estado nunca ha contemplado la necesidad de dotar a la zona suroeste de la capital de un gran hospital, mientras se han realizado cuantiosas inversiones para la construcción de varias ofertas de salud en otros lugares, a veces establecimientos bien cercanos.

Ante esa realidad, el presidente Luis Abinader se consagrará como un preocupado por la salud de esa población si en los referidos terrenos, en vez de un indefinido “centro recreativo” se decidiera la construcción de un hospital que responda a las necesidades de salud de miles de personas marginadas de los servicios sanitarios accesibles.

En este caso yo abogo por la colectividad, no por unos cuantos que por intereses particulares quisieran que los terrenos del “Maharishi” siguieran bajo su usufructo.

De modo que, un hospital sería de impacto colectivo de un alcance mucho mayor que un innominado centro recreativo que nadie ha pedido. Presidente, tome esto como una solicitud formal.

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