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El cambio climático fruto de la falta de planes en el país se convierte en una peligrosa amenaza para la existencia de la nación.
El cambio climático, acompañado de la falta de planes de los gobiernos dominicanos, parecen convertirse en su principal causa para que colapse la nación, mientras la politiquería toma cuerpo y cada día los ineptos intentan o se apropian de la administración pública.
Por Elba García
Los efectos del cambio climático han sido recibidos severamente por todos los países que conforman el planeta, pero los que cuentan con Estados que se caracterizan por la improvisación y en consecuencia por la falta de planes han sufrido mayor impacto por el fenómeno.
Esta situación pudo ser valorada con el Covid-19, cuyas medidas para combatir la pandemia fueron muchas más precarias en algunas naciones que en otras, todo como resultado de la falta de planificación y por estar afectadas por el fenómeno de la improvisación, lo cual también se traduce en no tener las herramientas necesarias para combatir la enfermedad.
Aunque nadie estuvo exento del impacto destructivo del virus, el cual fue y ha sido el resultado del cambio climático, unos tuvieron mejores resultados que otros, así sea por contar con mayores recursos, incluido el económico, para adquirir con mayor rapidez y hasta monopolizar la compra de la vacuna.
Ahora la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido que el cambio climático es la mayor amenaza para la salud humana y llamó a las naciones a incluir este tema en el centro de negociaciones de la COP27.
Los expertos sostienen que el cambio climático es más mortal que el Covid y tanto o más que el cáncer, por lo que se impone calcular muy bien el impacto de éste en la salud si el mundo no actúa rápidamente para reducir las emisiones de carbono, lo cual es un reto para los investigadores.
Y todos los manejadores del tema estiman que la ecuación es compleja, por lo que se impone combinar los efectos del calentamiento global sobre la salud, desde los peligros inmediatos como el aumento de la temperatura y los fenómenos meteorológicos extremos, hasta la escasez de alimento y agua a largo plazo, pasando por la contaminación del aire y el surgimiento de nuevas enfermedades.
El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Gutierres, acaba de decir en la apertura de la cumbre sobre el clima en Egipto, que ante el calentamiento global la humanidad debe cooperar o morir.
Ya se ha dicho que entre 2030 y 2050 se prevé que el cambio climático provocará cerca de 250 mil muertes adicionales por año debido a la desnutrición, malaria, diarrea y estrés térmico.
Sin embargo, esa estimación es considerada por expertos como inferior al balance real, en especial porque solo incluye ciertos factores, ya que el cambio climático es un multiplicador de amenazas.
Se ha establecido que el 70 por ciento de las muertes en el mundo son causadas por enfermedades que el calentamiento climático podría agravar, según el informe publicado este año por la IPCC, el panel climático de la ONU.
Un detalle que constituye un agravante es el hecho de que las temperaturas más cálidas también empujan a animales vectores de virus, como los mosquitos, a nuevas zonas, aumentando la contaminación de males existentes y el riesgo de propagación de otros nuevos.
Una muestra de esta valoración es que el período propicio para la transmisión del paludismo aumentó cerca de un tercio (32,1%) en partes de las Américas y 14% en África en la última década, comparado con el período 1951-1960.
Otro ejemplo es que el riesgo de transmisión de dengue aumentó 12% en el mundo, según Lancet Countdown, estudio anual realizado por expertos de 51 instituciones, incluida la OMS y la Organización Meteorológica Mundial (OMM).
Otra preocupación con el cambio climático y el consecuente aumento de temperaturas es que favorece también la proliferación de bacterias en el agua que causan enfermedades.
Pero tal vez lo peor que ha traído consigo el cambio climático es que cerca de 100 millones más de personas sufrían inseguridad alimentaria grave en el 2020 comparado con el periodo 1981-2010, según Lancet Countdawn, que también señala que la sequia extrema ha aumentado casi un tercio en los últimos 50 años, lo que pone a cientos de millones de personas en peligro de inseguridad hídrica.
Según el estudio citado más arriba, las muertes asociadas al calor se han disparado 68% entre 2017 y 2021 comparado con 2000-2004.
La contaminación atmosférica ha contribuido con 3,3 millones de muertes en 2020, de los cuales 2,1 millones están directamente ligados a las emisiones de combustibles fósiles, según Lancet Countdown.
En el futuro, el calentamiento global podría matar más que el cáncer en algunas partes, especialmente los sitios más pobres, señaló una nueva plataforma de datos lanzada por el Programa de la ONU para el Desarrollo (PNUD) y Climate Impact Lab.
En el peor escenario, si no se reducen las emisiones de combustibles fósiles, el cambio climático podría aumentar la tasa de mortalidad en el mundo en 53 fallecimientos por 100.000 habitantes para 2100, aproximadamente el doble de la tasa actual de mortalidad por cáncer de pulmón.
Para la población mundial actual, representaría 4,2 millones de muertes adicionales por año, más que el saldo oficial de muertos por covid-19 en 2021.
Y esas proyecciones probablemente están por debajo de la realidad, señaló a AFP Hannah Hess, del Climate Impact Lab, porque no incluyen algunas amenazas como las enfermedades transmitidas por vectores.
La plataforma también hizo proyecciones para más de 24.000 en diferentes regiones de todo el mundo.
En el caso más extremo, en Dacca, capital de Bangladesh, las muertes ligadas al cambio climático hasta 2100 (132 por 100.000 habitantes por año), representa más del doble de la tasa de mortalidad actual del país por cáncer.
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La justicia atrapada en la ineficacia y las malas artes de la partidocracia y de los vicios del poder que dañan la democracia.
Por Elba García
Desde el Tribunal Constitucional, que tiene la misión de mantener el control de la constitucionalidad, hasta el de menor jerarquía como son los juzgados de paz interpretan la ley generalmente al margen del espíritu de la misma y sobre la base de un criterio que no contribuye en nada con el Estado Social Democrático de Derecho, aspecto central del constitucionalismo moderno.
Esta conducta de quienes tienen la responsabilidad de promover seguridad jurídica en el país es una de las principales preocupaciones de los sectores más pensantes de la sociedad dominicana, donde es parte del diario vivir la emisión de sentencias al margen del respeto que se debe observar de los derechos fundamentales en virtud de las normas internas y de las externas que son de obligatorio cumplimiento.
El fenómeno dominicano en materia de justicia preconiza un comportamiento de los jueces y de los fiscales que se fundamenta en un tema que se ha establecido a partir de una cultura de lo mal hecho sin ni siquiera pensar en las consecuencias sociales de sus acciones.
El problema reviste tanta gravedad que, aunque no hay estadísticas al respecto, la vía de hecho toma cuerpo en el país, cuya expresión más contundente son los crímenes a través del sicariato y de otros acontecimientos que se caracterizan por la violencia extrema.
La eficacia en la aplicación de la ley por parte de los tribunales de las diferentes jurisdicciones del sistema de justicia se ha vuelto más salvaje entre los dominicanos para darle salida a los conflictos sociales.
La falencia de la justicia en lo que respecta a emitir sentencias que fortalezcan el estado de derecho, no es exclusiva de los tribunales ubicados en la escala más baja del sistema, sino que lo peor se produce en las altas cortes como la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional, en cuyo último los recursos de revisión de las acciones de amparo y las decisiones jurisdiccionales duran años para ser fallados en violación de su propia ley orgánica, la 137-11.
La llamada mora judicial es un cáncer que le ha matado la credibilidad al sistema de justicia nacional, pese a los discursos de sus actores que hablan de unos logros que nadie puede ver,
El cuadro luce tan amargo que los tribunales de instrucción del Distrito Judicial de Santiago no fijan audiencia para conocer recursos de apelación en violación del articulo 149 de la Constitución que dispone el doble grado.
De igual modo ocurre con las cortes de apelación civil donde un recurso de oposición es fallado hasta dos y tres años después de haber sido sometido por la parte que ha sucumbido en un proceso mediante la aplicación de la figura del defecto.
Asimismo, hay jueces de la jurisdicción civil ordinario que emiten sentencias extrapetitas, es decir, al margen de los pedidos de las partes en litis y además en franca violación de su competencia, sin que para mejorar haya un control de los fallos jurisdiccionales y cuya única opción es recurrir en apelación o casación que implica esperar años para el fallo, lo cual muchas veces ocurre cuando una de las partes ya ha muerto.
Sin embargo, pese a estas graves debilidades del sistema de justicia nacional en el país hay un discurso repetitivo de que hay una importante mejoría del estado de derecho y de la democracia.
Otro de los problemas del sistema de justicia es que los partidos mantienen su control, ya que su escogencia se produce a través del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), el cual es un diseño de la partidocracia para evitar que aquellos actores de la vida política nacional no estén expuestos a sanciones judiciales de los jueces que son escogidos por ellos.
Este panorama desmejora la llamada democracia representativa que hoy por hoy ha dejado resultados que dejan mucho que desear y cuyo descredito no augura para los pueblos que la padecen un futuro promisorio, lo que incluso ya la coloca en un punto de total falta de legitimidad.
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Abandono de investigación y bajo nivel académico impacta universidades que operan sin supervisión.
Por Elba García
Las universidades de la República Dominicana prácticamente han abandonado su cumplimiento con su misión de desarrollar investigaciones científicas y de igual modo preservar o implementar programas educativos para mejorar el bajo índice académico que les afecta.
El problema no constituye un asunto aislado, sino que forma parte de la deficiencia y debilidades institucionales del país, cuyos centros de altos estudios no son sometidos a la fiscalización que dispone la Ley Orgánica del Ministerio de Educación Superior ( MESCyT ), porque pesa más la politiquería que tener un país mejor.
El asunto genera que muchos estudiantes egresen de las diferentes carreras que se imparten en la gran diversidad de las universidades nacionales con un nivel de formación que puede definirse de muy precario, muy pobre, que no pasan de ser analfabetos funcionales.
Sin embargo, la deficiencia importa tan poco en un país donde el Estado no tiene capacidad de regulación, ni de fiscalización y mucho menos de supervisión, que las universidades no pasan de ser una buena industria para producir dinero y nada más.
La gravedad de la cuestión llega tan lejos que incluso los propios docentes de las casas de altos estudios dejan mucho que desear porque no tienen la formación académica e intelectual requerida para proporcionar una buena educación superior.
Las universidades del país, naturalmente no todas, no pasan de ser un gran negocio manejado por familias muy concretas y específicas que tampoco cumplen con el mandato de la norma que la regula y delimita y define lo que son instituciones sin fines de lucro.
Pero la falta de control del sistema educativo nacional ha convertido a las universidades en centros para egresar a personas que luego no tienen espacio en el mercado laboral, en virtud de que no tienen la preparación que reclama la industria nacional.
Es una pena observar el sendero escogido por las universidades, el cual no tiene nada que ver con su misión de desarrollar las ciencias y las tecnologías, así como el nivel intelectual de la sociedad.
Naturalmente, no se trata de un fenómeno exclusivo de la educación superior, intermedia y primaria, sino de todo el andamiaje público, donde la capacidad importa poco, sino la politiquería y el amiguismo, ya que incluso hasta el otorgamiento de una licencia de operación en este sector está fundamentado en un criterio desviado de los estándares que deben prevalecer al respecto.
No hay ningún tipo de evaluación que pueda arrojar buenos resultados en la República Dominicana, porque más que un instrumento para lograr un verdadero desarrollo nacional, la educación superior ha pasado a ser un negocio vulgar de “vivos” y de personas que se dedican al tráfico de influencia.
El problema de la educación superior se suma a la imposibilidad que afronta la sociedad dominicana de promover reforma en instituciones y órganos del Estado que no hay forma de que den pie con bola, como el Ministerio Público y la Policía Nacional, por sólo citar algunos.
La población estudiantil dominicano es bastante grande, pero ello no ha servido para que el sector se menaje con criterios de excelencia académica para construir una mejor nación, cuyos estándares sean comparables con otros países del hemisferio y de otros continentes.
Lo peor del problema es que el país no cuenta con una agenda nacional para enfrentar la deficiencia e insertar la nación en los mejores estándares educativos de Latinoamérica, el Caribe y el mundo.
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Santiago es parte de un fenómeno general que impacta al país en el que las instituciones sin fines de lucro son un botín personal.
Por Elba Rosa García
El fenómeno de la apropiación de las instituciones sin fines de lucro y muchas otras que juegan un papel social y político importante que se debaten entre una serie de intereses individuales de personajes de la sociedad dominicana que sólo se mueven para perjudicar a las grandes mayorías nacionales.
Es una preocupación que tiene su base de sustentación en una herencia histórico-cultural que se apoya en una serie de antivalores que promueven el individualismo como estilo de vida.
El escenario es ahora el Patronato Cibao contra el Cáncer, donde convergen algunos sectores que buscan utilizar esta institución para fines que no se corresponden con sus objetivos.
En los últimos días allí ha explotado un escándalo que habla de serios actos de corrupción que ahora se ventilan en los tribunales del Distrito Judicial de Santiago, cuya irregularidad también se observa en otras entidades de igual carácter como las cooperativas de ahorros y préstamos, las cuales también han tenido un notable éxito en el manejo de fondos de las comunidades.
La Corte de Apelación Civil de Santiago tiene en fase de fallo una demanda civil para buscar la nulidad de una asamblea que permitió escoger una nueva directiva en medio de serios escándalos de corrupción, que incluye una supuesta deuda de más de ochocientos millones de pesos.
Recientemente, tras la celebración de la referida asamblea, hubo que sacar a los que ostentaban la dirección del Patronato con la fuerza pública, drama que prevalece de forma genelizada en el país porque los que llegan a este tipo de organizaciones se llegan a creer dueño del patrimonio de la misma como si se tratara de una herencia familiar.
Este tipo de problema es un asunto que debe enfrentar la sociedad dominicana, porque el mismo se agrava en razón de que los propios tribunales se manejan con una actitud muy complaciente con los que incurren en semejante travesura.
La demanda civil que busca la nulidad de la asamblea general extraordinaria en la que se eligió una nueva directiva en el Patronato Cibao contra el Cáncer, quedó en fase de fallo en la Corte Civil y Comercial de Santiago tras los jueces reservarse la decisión.
La acción legal proviene del destituido presidente del Patronato Cibao contra el Cáncer, quien solicita que se deje sin efecto dicha asamblea, bajo el alegato de supuestas irregularidades en el proceso y violaciones al debido procedimiento. Los abogados del demandante también pidieron la designación de un administrador judicial, argumentando que la reunión estuvo “plagada de vicios”.
La decisión podría ser emitida en un plazo de 48 horas, cuyo acto de la demanda es el número 534, el cual fue depositado el 23 de octubre de 2025 ante la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de Santiago, a requerimiento de Héctor Antonio Lora Cruceta y otras partes interesadas, representadas legalmente por los licenciados Jhon Starling Fulgencio Frías, Erick R. Germán Mena y María Antonia Vargas del bufete Veras & Veras, con sede en Santiago de los Caballeros.
La situación del Patronato Cibao Contra el Cáncer es propia de una gran cantidad de organizaciones sin fines de lucro, incluido los partidos políticos, entre muchas otras que quedan atrapadas en medio de grupos que las controlan y malversan sus fondos para fines que distorsionan la razón de su existencia.
El problema en esta materia es una plaga que prácticamente se come a la sociedad dominicana, sin que haya a la vista una solución, dado que el motivo de la misma tiene que ver con razones profundamente culturales que hoy día son parte de un problema integral de la sociedad dominicana.