Opinión
Agripino: “No hay tutía”
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12 años agoon
Por Narciso Isa Conde
Monseñor Agripino Núñez Collado llamó al pueblo a “colaborar” con el Presidente Danilo Medina. Esta vez el pueblo no fue calificado de“chusma”, como gusta al Cardenal.
CON TRUJILLO Y BALAGUER.
Recuerdo –salvando debidamente la distancia- que los monseñores Pittini, Beras y Pérez Sánchez exhortaron muchas veces a respaldar a Trujillo.
No hay que olvidar también, que después de odiar a Juan Bosch, apoyar a los golpistas y distanciarse de la revolución de abril de 1965, los obispos Beras y Polanco Brito, se abrazaron desde muy temprano a Balaguer en medio de aquella matazón instigada por la intervención.
López Rodríguez y Agripino le siguieron los pasos sin importarles las desapariciones, las torturas, los asesinatos, los robos y la entrega del país a Gulf and Western, Alcoa, Rosario Resource, Nebraska y Falconbridge; sin importarles la sangre de Henry Segarra, Homero Hernández, Guido Gil, Maximiliano Gómez, Sagrario Díaz, Orlando, Narcisazo, Amín y muchos/as más.
El “Doctor” reciprocaba ese valioso respaldo eclesial, concurriendo a misa domingo tras domingo en la Capilla San Rafael del Palacio Nacional (cuyo nombre fue escogido por Trujillo), acompañado de los Bello Andino, Guaroa Liranzo, Aníbal Páez, Enrique Pérez, Neit Nivar y otros cortesanos civiles y militares más.
- CON LEONEL.
Luego, agotada la presidencia y la preeminencia del perínclito de Navarrete, ambos prelados, ni tontos ni haraganes, se pasaron a las filas de Leonel y permanecieron en ella hasta desvanecerse parcialmente su poder; sin reparar en la manera como Ladronel secuestró al Estado y como se apropió, repartió y dilapidó gran parte del patrimonio de la Nación.
Muerto el Rey que viva el otro Rey, es al parecer la máxima de tan sabichosos monseñores.
- AHORA CON DANILO.
Por eso, sin pérdida de tiempo, destronado Ladronel el purpurado, raudo y veloz, le tiró la toalla y la sotana al tranquilo Danilo; mientras, el inefable Agripino, con la misma rapidez y mayor audacia, clamó para que el pueblo lo respalde sin miramiento alguno.
¡Muerto el Rey que viva el Rey y la Reina!, nueva vez.
¡No hay problema en seguirlo, independientemente de lo acontecido en la campaña electoral y las votaciones, e independientemente de los antecedentes turbios y las herencias malvadas! Imanes que se atraen.
Tiempos distintos en poco más de medio siglo reciente. Personas con rostros, estilos y características diferenciadas, y ante ella una alta jerarquía católica sustentando una línea invariable en lo esencial: siempre al lado del poder temporal y más aun del permanente.
- LO COMÚN Y LO DISTINTO.
Lo común en ambas parte y en todos los casos, aun con sus matices y protagonistas variados, es el poder: las derechas en el poder, la burguesía transnacional y criolla en el poder, el autoritarismo y el caudillismo en el poder, la corrupción, el fraude y la imposición como vía de acceso al poder. En el Palacio, en el Arzobispado, en Roma, en Washington, en el trono, detrás del trono y alrededor del trono.
Más concretamente: lo común entre la era de Leonel y la que se inicia es:
- El gran capital y la gran corrupción invirtiendo en los accesos a la Presidencia y la conformación de gobiernos.
- La herencia del narco-estado delincuente.
- El reinado de la impunidad.
- Leonel cerquita de la Vice, con el 80% del gabinete (con la venia de Danilo) y la mayor parte de los poderes del Estado bajo su control.
- El PLD con su misma cúpula corrompida, independientemente sean unos leonelistas y otros danilistas.
- El mismísimo Agripino al frente del Consejo de Desarrollo Económico y Social y encargado de armar los “pactos sociales” entre los de arriba y los que se le subordinen.
- El neoliberalismo tan rampante como siempre.
- Falcondo, la Barrick, Gold Corp, Uni Gold… en plan de seguir destrozando el país.
- El FMI de nuevo interviniendo la economía nacional.
- La Embajada mandando.
Lo distinto es poco, poquísimo; salvo el país totalmente desfondado por el saqueo acumulado, sin Danilo atreverse a denunciar a sus propios financiadores responsables del desfalco; salvo promesas de planes sociales sin fuentes de financiamiento y ciertos gestos de austeridad y moralización extremadamente limitados.
- ERROR DE CÁLCULO.
Pero de todas maneras el Cardenal y el obispo que regentean y manipulan la cúpula católica, decidieron colocarse donde el capitán Danilo lo vea. Siempre oportunos, que no de oportunidad, sino de oportunismo, pasándose tranquilos de las filas de Ladronel a la de Tranquilo. Sin cambiarle el color morado a sus vistosas sotanas.
Solo que esta vez no han sopesado bien lo que se está gestando en las entrañas de la “chusma” de esta sociedad, en el seno de la pobrecía real y potencial, a consecuencia de una crisis acumulada y sin salida dentro del decadente capitalismo neoliberal.
Ladronel, en gira internacional en busca de pergaminos comprados y colocación diplomática encumbrada que refuercen impunidades, de todas maneras será condenado en este país por incontables tribunales populares que habrán de confluir en el tribunal mayor conformado por gran parte de la sociedad.
Más aun, percibo que ya Ladronel está en semi-fuga, porque se siente que el pueblo en todas las esquinas, colmadones y rincones pide su cabeza; mientras la élite de la partidocracia peledeísta y el propio gobierno infectado por su peste se resiste a entregarlo y sale en su defensa. Solidaridad cómplice.
Y no es que Danilo no pueda hacerlo, es que no quiere, porque el pantano lo embarró en campaña, sin contar lo de su participación en el primer gobierno del presidente cuasi-fugitivo. No es simplemente que esté amarrado, es que no quiere desamarrarse. De decidirse a hacerlo, la Presidencia de la República da poder para eso y mucho más, mientras casi toda la sociedad lo apoyaría en esa anhelada misión destinada a convertir en reos al ex-presidente y a sus alcancías humanas impunes.
Danilo, con Margarita a un costado y el Comité político en su entorno y dentro de su gobierno, ha preferido en ese orden la parálisis infecunda.
Danilo, con la camisa de fuerza del FMI, gustosamente aceptada, recibirá dinero fresco envenenado junto a una llave destinada a adquirir nuevos préstamos impregnados de arsénico y cianuro: de recortes, paquetazos y tarifazos a imponer por ese gran gendarme de la usura y el neoliberalismo.
Así las cosas, el auge de las luchas por la vida, el agua y la soberanía, cuya primera expresión fue la GRAN MARCHA del pasado domingo 16 de septiembre, habrán de pegarlo a la pared junto a su Director de Minería nombrado por FALCONDO y su gabinete ensuciado.
No hay “tutía”, monseñores, el FMI presta sus cuartos a cambio de nuevos impuestos, aumentos de tarifas, eliminación de subsidios…que nunca se dirigen a afectar a los súper-ricos, a sus bancos y sus corporaciones, y sí a empobrecer más aun a los/as de abajo y los/as del medio. Ustedes lo saben y lo apoyan.
Y hay indicios de que el pueblo está en vía de agotar su dosis de aguante frente a tal contraste y a tanta impunidad e injusticia. El fantasma de la indignación y la desobediencia civil asoma con fuerza renovada.
Leonel, Félix Bautista y comparsa, incluida la comparsa empresarial asociada a sus designios, habrán de correr con la justicia popular detrás.
Y no habrá cardenales y obispos que lo salven. No hay tutía: el país ha dicho basta…
Danilo, en las redes del FMI y de la gran burguesía transnacional y criolla, continuará auto-atrapado en el corral neoliberal, desgastándose irremediablemente más rápido que una “vela romana” o una “pata de gallina”, no sin antes disparar algunos tiritos de relumbrón.
¡No hay tutía, monseñores!
Por José Cabral
El Ministerio Público da mucha agua que beber al ciudadano que tiene la esperanza de que este órgano tan importante del Estado se maneje con mayor transparencia y seriedad, ya que en realidad se trata de una banda organizada con el soporte que le da la ley que lo crea.
Desde hace mucho tiempo que he denunciado la conducta de procuradores fiscales del Distrito Judicial de Santiago, aunque en realidad se trata de un fenómeno nacional, quienes incurren en graves violaciones en contra de los derechos ciudadanos, lo cual se traduce en una vulneración de normas constitucionales y del derecho continental o interamericano e internacional.
Esta conducta del Ministerio Público muchas veces obedece a un problema de ineptitud o negligencia, pero en otros casos la razón está asociada a la complicidad, es decir, como en el caso de la especie porque parece producirse una confabulación para cometer violaciones graves, no sólo de su propia legalidad establecida en la Ley 133-11, sino también del mandato constitucional.
Este artículo de opinión tiene que ver con el hecho de que en San José de las Matas se produjo un supuesto atentado a tiros en contra de la vicealcaldesa del municipio, pero independientemente de la veracidad o no de lo ocurrido, en el caso aparecen en la fase de investigación una serie de medidas que dejan muy mal parado al Ministerio Público.
Naturalmente, yo personalmente pregunto cuál de las tres causales está presente en este proceso de investigación, la ineptitud, la negligencia o la complicidad, y yo me incline por la última, porque cómo se explica, sin entrar en mayores detalles, que el Ministerio Público presente un expediente en contra del regidor Brayan Collado como autor intelectual y como prófugo y al propio tiempo se niegue a recibirlo e incluso interrogarlo.
La primera impresión que se lleva cualquier ciudadano sin importar qué estúpido sea es que los fiscales que investigan el caso reciben dinero de quien ha montado todo esto en contra del legislador municipal, cuyas evidencias confirman esa teoría, o en su defecto se comportan con una gran irresponsabilidad frente a los hechos.
Porque cómo se explica que si no existen pruebas para imputar al regidor Brayan Enmanuel Collado lo incluyan en el expediente, sobre todo porque no parecen tener las pruebas en contra del edil del municipio de San José de las Matas.
Las informaciones que han fluido en este sentido demuestran comprobar que el Ministerio Público es un órgano con un nivel de corrompimiento tan alto que parece no existir ninguna vía para lograr su recuperación.
Otra pregunta que se me queda en el tintero y es por qué el fiscal titular de Santiago sólo da la cara cuando le conviene y permite que barrabasadas como las denunciadas ocurran, sobre todo si se parte del hecho de que es el superior jerárquico de quienes llevan la investigación del caso y además el Ministerio Público es único e indivisible, lo cual indica que él es corresponsables de las acciones ilegales en que incurre el órgano persecutor del crimen y el delito en Santiago.
Sé y entiendo perfectamente que el Ministerio Público tiene un procedimiento que incluye el consejo que debe discutir los casos que se presentan en contra de los fiscales que actúan antijurídicamente y que los mismos deben ser avalados, pero hay mecanismos que después de comprobados los hechos debe venir por lo menos una suspensión.
Advierto a la Procuradora General de la Republica, Miriam German Brito, a que intervengan en una situación que no sólo impacta negativamente al Ministerio Público, sino también a ella personalmente a quien la sociedad le ha atribuido una seriedad que podría salir afectada al final de su carrera como servidora pública.
El caso de San José de las Matas debe ser el inicio de una profunda investigación y profilaxis de un órgano como el Ministerio Público que juega un papel tan importante para combatir el crimen y el delito, pero que se dedica más a estimular la vía de hecho y actos que contravienen las leyes adjetivas sobre la materia y la Constitución de la República, cuya conducta compromete la responsabilidad civil y penal del Estado dominicano.
Por Isaías Ramos
El país se encuentra nuevamente al borde de un abismo que amenaza no solo con oscurecer nuestras calles, sino con apagar la esperanza de un pueblo que lucha por un futuro mejor. Desde octubre de 2024, el sistema eléctrico nacional ha entrado en un estado de colapso programado, reviviendo los fantasmas de tragedias pasadas como las de 1984 y 2002. Apagones de hasta 16 horas diarias no solo paralizan nuestra vida cotidiana, sino que exponen la desgarradora realidad de un modelo energético corrupto, negligente y diseñado para el lucro de unos pocos a costa de la dignidad de muchos.
Mientras la paciencia de los ciudadanos se agota, el gobierno, incapaz de asumir su responsabilidad, recurre a la excusa de que 800 mil usuarios son «ilegales». Pero esta narrativa no solo es ofensiva, sino que oculta el verdadero problema: estamos atrapados en un sistema diseñado para el saqueo y la explotación, un sistema donde la energía, un derecho humano fundamental, se ha convertido en un negocio para las élites.
Esta crisis no es casualidad ni un accidente. Es el resultado de décadas de decisiones políticas equivocadas que comenzaron con la Ley de Capitalización 141-97. Bajo la promesa de «eficiencia» y «estabilidad», el Estado entregó el sistema eléctrico a manos privadas, prometiendo tarifas justas y un servicio estable. Sin embargo, lo que ocurrió fue el despojo del patrimonio nacional.
Desde entonces, más de 30 mil millones de dólares en “subsidios” han sido transferidos a estas empresas eléctricas, una cifra que hoy pesa como una carga insoportable sobre el endeudamiento nacional. Con esos recursos, podríamos haber instalado 20 mil megavatios de energía solar o 15 mil de energía eólica, garantizando nuestra soberanía energética y dejando atrás este modelo obsoleto. En cambio, seguimos pagando tarifas abusivas, soportando apagones interminables y viendo cómo las ganancias de unos pocos crecen mientras el pueblo vive en la penumbra.
La privatización no solo nos arrebató el control de nuestra energía; nos convirtió en rehenes de un sistema donde la dignidad del pueblo es la moneda más barata.
En lugar de asumir su responsabilidad, el gobierno ha optado por criminalizar al pueblo. Etiquetar a miles de familias como «ladrones» de energía no solo es una muestra de desprecio, sino también una estrategia que intenta desviar la atención de la verdadera raíz del problema.
El pueblo dominicano no es ladrón. Es víctima de un sistema roto y de un liderazgo incapaz de garantizar soluciones reales. Si existen usuarios irregulares, el Estado tiene la obligación de regularizarlos con dignidad y justicia. Ir casa por casa, instalar contadores y garantizar un servicio digno y accesible. Pero lo que vemos es lo contrario: un castigo colectivo que penaliza incluso a quienes cumplen con sus obligaciones.
No podemos ignorar los paralelismos con eventos pasados. En 1984, las decisiones erradas llevaron a un estallido social que dejó más de 100 muertos. En septiembre del 2002, el descontento popular derivó en protestas masivas con resultados de más de una docena de muertos y cientos de heridos que sacudieron al país.
Hoy, la situación es alarmantemente similar. La indignación popular crece, las protestas aumentan y la frustración se siente en cada rincón del país. Las voces de los ciudadanos se alzan en un grito colectivo, exigiendo justicia y soluciones reales. Estas no son señales que se deban ignorar. Hacerlo sería abrir la puerta a un nuevo estallido social que podría superar las tragedias del pasado.
En pleno siglo XXI, la energía no es un lujo ni un privilegio. Es un derecho humano fundamental. Así lo reconoce la ONU en su Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 7, que establece: «Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos».
Nuestra nación no puede seguir siendo esclava de un modelo que prioriza el lucro sobre las personas. Es momento de recuperar lo que nunca debimos perder: el control de nuestra energía y el compromiso con el bienestar colectivo.
Debemos construir un sistema energético basado en la sostenibilidad, accesible para todos y gestionado con justicia. Pero esta transición debe ir acompañada de un enfoque que respete la dignidad del pueblo.
El futuro de nuestro país está en juego. Cada día que pasa sin soluciones es un paso más hacia el colapso, pero también cada acción, por pequeña que sea, puede encender una luz. Una luz que nos guíe hacia un futuro donde la energía sea un derecho garantizado, no una mercancía para el lucro.
Desde el Frente Cívico y Social (FCS), estamos convencidos de que el país necesita un liderazgo renovado, uno que priorice al pueblo sobre los intereses privados, que construya un sistema energético digno y que transforme la crisis en oportunidad.
La pregunta es clara: ¿Seguiremos siendo esclavos de las tinieblas o nos levantaremos para construir el país que merecemos?
¡Despierta, RD!
Opinión
Cumplimiento de las solicitudes de la Corte Penal Internacional
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2 días agoon
enero 29, 2025Por Rommel Santos Díaz
Las solicitudes de asistencia se cumplirán de conformidad con el procedimiento aplicable en el derecho interno del Estado requerido y, salvo si ese derecho lo prohíbe, en la forma especificada en la solicitud, incluidos los procedimientos indicados en ella y la autorización a las personas especificadas en ella para estar presentes y prestar asistencia en el trámite.
En el caso de una solicitud urgente y cuando la Corte Penal Internacional lo pida, los documentos o pruebas incluidos en la respuesta serán transmitidos con urgencia.
El Estatuto de Roma establece que las respuestas del Estado Parte requerido serán transmitidas en su idioma y forma original.
Cuando resulte necesario en el caso de una solicitud que pueda ejecutarse sin necesidad de medidas coercitivas, en particular la entrevista a una persona o la recepción de pruebas de una persona voluntariamente, aun cuando sea sin la presencia de las autoridades del Estado Parte requerido si ello fuere esencial para la ejecución de la solicitud, y el reconocimiento de un lugar u otro recinto que no entrañe un cambio en el , el Fiscal podrá ejecutar directamente la solicitud en el territorio de un Estado.
Cuando el Estado Parte requerido fuere un Estado en cuyo territorio se hubiera cometido presuntamente el crimen, y hubiere habido una de admisibilidad de conformidad con los artículos 18 o 19, el Fiscal podrá ejecutar directamente la solicitud tras celebrar todas las consultas posibles con el Estado Parte requerido.
En los demás casos, el Fiscal podrá ejecutar la solicitud tras celebrar consultas con el Estado Parte requerido y con sujeción a cualquier condición u observación razonable que imponga o haga ese Estado Parte.
Cuando el Estado Parte requerido considere que hay problemas para la ejecución de una solicitud de conformidad con las solicitudes a que se hace referencia en los artículos 933 y 96 del Estatuto de Roma, celebrará consultas sin demora con la Corte Penal Internacional para resolver la cuestión.
Finalmente, las disposiciones en virtud de las cuales una persona que sea oída o interrogada por la Corte Penal Internacional con arreglo al artículo 72 podrá hacer valer las restricciones previstas para impedir la divulgación de información confidencial relacionada con la seguridad nacional serán igualmente aplicables al cumplimiento de las solicitudes de asistencia a que se hace referencia en el presente artículo.