Santo Domingo.- La alta tasa de hacinamiento que impera en el sistema penitenciario dominicano permite diagnosticar que en términos de sobrepoblación muchos recintos se encuentran en condiciones de gravedad, que ameritan ser ubicados en unidades de cuidados intensivos y otros presentan un pronóstico reservado porque ya no les cabe un reo o están muy próximos a agotar su capacidad.Nacionales
20 cárceles en “cuidados intensivo”
Santo Domingo.- La alta tasa de hacinamiento que impera en el sistema penitenciario dominicano permite diagnosticar que en términos de sobrepoblación muchos recintos se encuentran en condiciones de gravedad, que ameritan ser ubicados en unidades de cuidados intensivos y otros presentan un pronóstico reservado porque ya no les cabe un reo o están muy próximos a agotar su capacidad.A nivel general, la tasa de hacinamiento en prisiones asciende a 85.7% pero en algunos recintos es superior, llegando hasta a 600%, lo cual mueve a preocupación y pone en evidencia la necesidad de que se construyan nuevos centros de corrección a fin de que no haya limitaciones para el cumplimiento de la rehabilitación, el objetivo principal de la pena.
Las 41 cárceles del país albergan a 26,403 reos, según reporte hasta el 29 de mayo de 2017, pero solo tienen capacidad para 14,219 personas.
Hacinamiento. En la cárcel La Victoria, ubicada en el poblado del mismo nombre, en el municipio Santo Domingo Norte, están recluidos 8,785 reos, pero solo tiene capacidad para 2,011, por lo cual tiene una sobrepoblación de 336.8%.
Al menos 20 recintos tienen un nivel de ocupación que supera su capacidad. De esas, 19 son del sistema tradicional, con niveles que van desde un 35% hasta un 669%. Aunque no escapan a este problema, en las del Nuevo Modelo la situación es menos alarmante, siendo Najayo Hombres, de San Cristóbal, donde impera el mayor nivel de hacinamiento, ya que tiene 1,548 internos, pero su capacidad es de 894, por lo que está sobrepoblada en 73.2%.
Otros centros de ese modelo, aunque no están sobrepoblados, ya no les caben más internos o pueden recibir muy pocos. Es el caso de Dajabón, que tiene espacio para 90 y tiene esa misma cantidad; el de Elías Piña, con capacidad para 130, y alberga a 129; la de Najayo Mujeres, con capacidad para 308 y tiene 301, y la de Rafey Mujeres, con capacidad para 69 y tiene 61.
Limitaciones
Laura Hernández, directora de la Defensa Pública, sostiene que la sobrepoblación provoca limitaciones de espacio, de habitabilidad, de camas, de áreas para el aseo, alimentación, actividades educativas, servicios de salud y de facilidades para los traslados a tribunales y hospitales.
Dice que según información recibida al menos 30% de los reclusos de La Victoria durmió en el piso en el año 2016. Considera que si en el país se aplicaran las normas locales e internacionales y de manera concreta se verificaran las condiciones de las cárceles, muchas de ellas no estarían operando y serían clausuradas porque son totalmente denigrantes en la condición de todo ser humano que habite en ellas.
Indica que el hacinamiento también limita la regeneración de los reos. Señala, además, que la segregación entre condenados y preventivos es muy escasa, lo que impide utilizar de manera individualizada las herramientas que correspondan entre un caso y otro para influir en la regeneración de manera eficaz.
Obstáculos
Hernández precisó que cuando existe hacinamiento los internos tienen menos posibilidad de acceder a la justicia. Expone que los recintos tienen pocos vehículos y que gran cantidad de internos se quedan sin ser llevados a sus audiencias.
Propone una sensibilización de los jueces para evitar que la prisión preventiva sea la regla y que en cuanto a la pena sean aplicadas otras salidas alternas para evitar la reclusión.
Sugiere no aplicar garantías económicas de imposible cumplimiento, no judicializar en casos de poca lesividad y crear nuevos recintos carcelarios en condiciones compatibles con la dignidad humana.
Administración y gestión
El vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, instó a los poderes públicos a dotar de recursos suficientes al ministerio público para que cumpla con el mandato de la ley proveyendo a los internos de los servicios sociales que requieren.
Además, sugiere definir un nuevo modelo que permita que un organismo especializado del Poder Ejecutivo sustituya al ministerio público de la administración y gestión del sistema penitenciario, al igual que de otras áreas sociales donde se manifiestan disfuncionalidades y limitaciones, como el sistema de atención y protección de adolescentes en conflicto con la ley y el de atención a las víctimas.
Planteó que es urgente que el Estado enfrente todas las formas de corrupción que arropa el sistema penitenciario, ampliando la capacitación del personal profesional y técnico que dispone la Ley 224-84 y poniendo al frente de la gestión de estos centros a especialistas en la materia, retirando al personal militar y policial de esas funciones.
Evalúa que el sistema penitenciario dominicano constituye una de las más dramáticas evidencias de las agudas limitaciones y fallos de la institucionalidad democrática.
Dice que el hecho de que la mayoría de los internos de los centros penitenciarios se encuentren en una situación de absoluta indefensión y degradación representa un baldón de ignominia para la dignidad nacional.
Castaños Guzmán expone que aunque la Constitución establece que “toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica, moral y a vivir sin violencia”, ese mandato no se garantiza a los privados de libertad.
NORMAS DE RECINTOS
La Ley 224 sobre régimen penitenciario fija las reglas que deben imperar en los recintos, las cuales no se cumplen en algunos.
Ordena que las condiciones higiénicas se ajusten a las normas que imponga Salud Pública, teniendo como finalidad la conservación y el mejoramiento de la salud física y mental del recluso.
Señala que el aseo personal del recluso será obligatorio, para lo cual los centros dispondrán de las instalaciones imprescindibles para su higienización, lo cual no ocurre en todos los recintos.
Los uniformes no pueden ser degradantes ni humillantes. La ley ordena que a los reclusos se les proporcionen camas individuales, con ropa adecuada y limpia.
La alimentación, según esa legislación, deberá ser adecuada en cantidad y calidad, para el mantenimiento de la salud.
No permite el uso de bebidas alcohólicas.
Los reclusos deberán salir diariamente a patios o dependencias al aire libre por un plazo no inferior a una hora, en cuyo tiempo se deberá procurar la ejecución de ejercicios físicos o juegos y deportes apropiados a su edad. Manda a la creación de centros separados para hombres y mujeres, pero permite que en aquellos donde no sea posible esa segregación, se habiliten secciones independientes, de modo que no haya comunicación entre ellos.
En el país aún quedan cárceles mixtas, la de Monte Cristi, Samaná, Nagua y Salcedo, pero con pabellones separados y distantes. La ley establece que cuando sea posible se procurará mayor separación atendiendo a la naturaleza del delito, la edad y la personalidad del recluso, la cuantía y la reincidencia. Prohíbe las torturas, maltratos, vejaciones o humillaciones.
Los preventivos, según la ley, gozan de una presunción de inocencia. Posibilita que puedan alimentarse por su propia cuenta, con alimentos del exterior a través de la Dirección, de su familia o de sus amigos, cuando lo desee, siempre que el orden del centro lo permita.
Pueden usar sus propias prendas de vestir y su ropa de cama, siempre que estén aseadas y decorosas, y en caso de que use un uniforme, debe ser distinto a los condenados. Les da la posibilidad de que sean atendidos por su propio médico o su dentista. El 61% de los reos son preventivos.
listindiario.com
El Ministerio Público atribuye al imputado violación sexual agravada, feminicidio y otros delitos contra dos menores de edad
SANTIAGO.– El Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva contra Edwin Reynaldo Rodríguez Cruz, de 28 años, señalado como responsable de agredir sexualmente a dos adolescentes y causar la muerte de una de ellas, cuyo cadáver fue recuperado posteriormente en las aguas del río Yaque del Norte, en Villa Bisonó, Navarrete.
La medida de coerción será conocida este viernes 9 de octubre de 2026 por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago.
De acuerdo con la investigación preliminar, el imputado habría ofrecido transportar en motocicleta a las adolescentes, de 13 y 14 años, para comprar alimentos.
Según la acusación, posteriormente las condujo hacia una zona apartada, próxima a la carretera que comunica el centro de Navarrete con la comunidad Capilla y cercana al río Yaque del Norte.
Una de las menores logró sobrevivir
El órgano persecutor sostiene que Rodríguez Cruz habría amenazado a ambas menores con un arma blanca y cometido agresiones sexuales.
La adolescente de 13 años habría intentado escapar, pero fue alcanzada y atacada con un arma blanca, sufriendo múltiples heridas que le provocaron la muerte.
Posteriormente, siempre según la versión del Ministerio Público, el cuerpo fue lanzado al río Yaque del Norte.
La otra adolescente, de 14 años, logró ocultarse entre los matorrales y permaneció allí hasta el amanecer, lo que le permitió sobrevivir.
El cadáver de la menor fallecida fue localizado dos días después de su desaparición durante un operativo de búsqueda desarrollado por las autoridades.
Cargos provisionales
El Ministerio Público atribuye al imputado varios delitos contemplados en el Código Penal Dominicano, modificado por la Ley 44-26, entre ellos violación sexual agravada, violencia de género agravada, tortura o actos de barbarie, trato cruel e inhumano, uso de arma blanca y feminicidio agravado.
También se invocan disposiciones de la Ley 136-03 sobre el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.
Las imputaciones tienen carácter provisional mientras continúan las diligencias destinadas a reunir pruebas y establecer con mayor precisión las circunstancias en que ocurrieron los hechos.
Investigación multidisciplinaria
La investigación está siendo desarrollada por un equipo del Ministerio Público integrado por representantes de la Dirección Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia, la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes de Santiago, la Unidad de Atención a la Violencia de Género y el Departamento de Violencias Físicas de la Fiscalía.
Las autoridades continúan recopilando elementos periciales, documentales y materiales para sustentar la acusación.
El caso ha generado conmoción en Navarrete y otras comunidades de Santiago debido a la edad de las víctimas y las circunstancias bajo investigación.
El país fue colocado en el Nivel 2 tras reportar mayores investigaciones, inspecciones laborales, procesos judiciales y asistencia a víctimas de explotación
SANTO DOMINGO.– República Dominicana fue ubicada en el Nivel 2 del más reciente informe de Estados Unidos sobre trata de personas, luego de registrar avances en la persecución de este delito, la protección de víctimas y las acciones preventivas desarrolladas por distintas instituciones del Estado.
La nueva clasificación reconoce un incremento de las investigaciones penales, mayores inspecciones laborales, cambios en la legislación y esfuerzos dirigidos a combatir la explotación sexual y el trabajo forzoso.
Aunque el ascenso representa una mejor valoración de las medidas adoptadas por las autoridades dominicanas, el Nivel 2 también significa que el país todavía no cumple plenamente con todos los estándares establecidos para la eliminación de la trata de personas.
Más investigaciones y procesos judiciales
De acuerdo con los datos presentados en el informe, las autoridades dominicanas iniciaron 229 investigaciones relacionadas con trata de personas y procesaron a 50 sospechosos al amparo de la legislación especializada.
También fueron investigados ocho funcionarios por su posible participación o complicidad en actividades vinculadas con este delito, mientras que tres de ellos fueron sometidos a procesos judiciales.
Estas acciones forman parte de los esfuerzos dirigidos a enfrentar posibles vínculos entre redes de trata y miembros de instituciones públicas o cuerpos de seguridad.
Cambios en la legislación
Otro de los aspectos destacados es la modificación de la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas.
La reforma procura adecuar la legislación dominicana a estándares internacionales, especialmente en los casos que involucran a menores de edad, eliminando la necesidad de demostrar fuerza, fraude o coacción para configurar determinadas situaciones de trata infantil.
Asimismo, fue aprobado y financiado el Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas 2025-2028, con medidas orientadas a fortalecer la prevención, persecución y atención a las víctimas.
El informe también menciona la Resolución 13-2024, relacionada con mecanismos para facilitar documentos de identificación a personas apátridas.
Intensifican inspecciones laborales
El Ministerio de Trabajo realizó 1,050 inspecciones en sectores considerados vulnerables a posibles situaciones de trabajo forzoso, principalmente agricultura, construcción e industria azucarera.
Como resultado de estos operativos fueron suspendidas las actividades de 11 empresas privadas tras detectarse indicios que ameritaban investigaciones adicionales.
Además, mediante un programa piloto de registro migratorio, más de 7,400 trabajadores fueron formalizados mediante contratos laborales, según los datos suministrados.
Asistencia a víctimas
Las autoridades identificaron 136 víctimas de trata de personas, de las cuales 134 recibieron servicios financiados por el Estado.
La asistencia incluyó atención médica, apoyo psicológico, orientación legal y servicios de traducción.
En estas acciones participaron la Procuraduría General de la República, el Ministerio de la Mujer y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia.
También continuaron funcionando refugios especializados y mecanismos de protección destinados a víctimas y testigos involucrados en procesos judiciales.
Un avance que todavía exige resultados
Estar en el Nivel 2 significa que República Dominicana realiza esfuerzos considerados significativos para combatir la trata de personas, aunque todavía mantiene aspectos pendientes para alcanzar plenamente los estándares mínimos establecidos internacionalmente.
La efectividad de las investigaciones, las condenas contra responsables, la protección de víctimas y la vigilancia sobre los sectores más vulnerables seguirán siendo determinantes para evaluar el desempeño futuro del país.
El ascenso, por tanto, representa una mejoría en la respuesta institucional, pero no significa que el problema haya sido superado.
Santo Domingo, RD. – El Ministerio de Defensa de la República Dominicana informó que mantiene abiertas las investigaciones para determinar cómo municiones de origen dominicano, incluidas las de calibre .50, llegaron a manos de la banda haitiana 400 Mawozo, según un informe del Grupo de Expertos del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
El documento internacional señala que más de 900,000 municiones habrían terminado en poder de grupos armados haitianos. De acuerdo con los hallazgos citados, 908,001 unidades fueron desviadas de la Policía Nacional dominicana, lo que ha generado interrogantes sobre los mecanismos de distribución, custodia y control de estos materiales.
Entre las municiones identificadas figuran más de 489,000 cartuchos de 9 milímetros, unos 230,000 de calibre 5,56 x 45 mm, aproximadamente 26,000 de 7,62 x 39 mm y alrededor de 93,000 cartuchos para escopetas.
El informe advierte que resulta difícil establecer con exactitud qué cantidad de ese material llegó a Haití. Sin embargo, expertos en seguridad dominicanos consultados por el grupo de Naciones Unidas consideraron probable que una parte considerable de las municiones de calibres 5,56 x 45 mm y 7,62 x 39 mm cruzara la frontera, debido a la limitada demanda de estos cartuchos en el mercado dominicano y a su uso frecuente por parte de las bandas haitianas.
Defensa reconoce que aún no determina el origen del desvío
En un comunicado, el Ministerio de Defensa explicó que las municiones calibre .50 señaladas en las informaciones corresponden a material de antigua fabricación, cuya trayectoria no ha podido establecerse hasta el momento.
La institución atribuyó esa dificultad al tiempo transcurrido y a los distintos procesos históricos, administrativos e institucionales experimentados por el país. No obstante, aseguró que continúa trabajando para reconstruir la trazabilidad de las municiones, esclarecer las circunstancias de su llegada a territorio haitiano e identificar posibles responsables.
El organismo también precisó que la coincidencia entre los calibres, las marcas o las características de las municiones encontradas en Haití y las adquiridas legalmente por República Dominicana no constituye, por sí sola, una prueba de que las instituciones militares autorizaran su transferencia.
Oficial detenido por transportar municiones
Como parte de las actuaciones contra el tráfico irregular de municiones, el Ministerio de Defensa recordó que en diciembre de 2025 miembros del Ejército de República Dominicana detuvieron a un segundo teniente de esa institución y a un ciudadano haitiano.
Ambos fueron interceptados en la sección La Tinaja, provincia San Juan, mientras transportaban irregularmente 1,516 cartuchos de diferentes calibres en una motocicleta.
Según la institución, el oficial fue sometido a la justicia por presuntas violaciones de las disposiciones legales vigentes y permanece bajo prisión preventiva mientras el proceso continúa en los tribunales competentes.
Defensa indicó que el caso fue comunicado por los canales oficiales y presentado como parte de la colaboración del país con los organismos internacionales que investigan el posible desvío de municiones hacia Haití.
Cooperación internacional y controles militares
El Ministerio de Defensa señaló que mantiene una comunicación permanente con el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través del cual ha respondido a los requerimientos del Grupo de Expertos de la ONU.
Las informaciones suministradas incluyen datos sobre la adquisición, distribución y control de municiones, así como detalles de las investigaciones realizadas ante posibles irregularidades.
La institución también destacó que el informe de Naciones Unidas reconoce como una buena práctica el marcado de las municiones utilizadas por las Fuerzas Armadas dominicanas, un mecanismo que permite facilitar su identificación y seguimiento ante eventuales desvíos.
Finalmente, el Ministerio de Defensa reiteró su política de cero tolerancia frente a las actuaciones ilícitas de miembros de las Fuerzas Armadas y aseguró que cualquier persona involucrada deberá responder ante las autoridades correspondientes, con respeto a la presunción de inocencia y al debido proceso.
Mientras continúan las investigaciones, permanece sin esclarecer la ruta específica por la que las municiones de antigua fabricación, incluidas las de calibre .50, llegaron a manos de la banda haitiana 400 Mawozo