Análisis Noticiosos
2013 podría ser el año de Danilo
Por Juan Bolívar Díaz
El presidente Danilo Medina recibe el nuevo año con grandes desafíos económicos, políticos y sociales que pondrán a pruebas su liderazgo nacional y al interior de su partido, donde tendrá que lidiar con el protagonismo del expresidente Fernández
El 2013 se presenta con tantos retos para el presidente Danilo Medina que podría marcar el derrotero de su gobierno, enfrentando los graves problemas económicos que heredó para mantener la estabilidad y el crecimiento en un escenario nacional e internacional poco propicio.
Las mayores interrogantes giran en torno al rendimiento y las consecuencias sociales del paquete tributario que entra en plena vigencia desde el primero de enero, mientras deberá reafirmar su liderazgo tanto a nivel nacional como en su partido donde tendrá que lidiar con el protagonismo del expresidente Leonel Fernández.
El paquete tributario
La mayor interrogante con que inicia el año para el gobierno es el impacto tanto positivo como negativo que tendrá el paquete tributario aprobado sin la menor concertación social. El mejor escenario para las autoridades sería que la masiva alza impositiva sea asimilada con resignación por la población y que rinda frutos recaudatorios en breve plazo para compensar y superar una temida reducción de las actividades productivas.
Los precios de múltiples artículos comenzaron a subir desde la aprobación de los nuevos impuestos en noviembre, pero el golpe sobre los bolsillos de la ciudadanía será mucho mayor cuando desde el 1 de enero rija el alza de la tasa del itebis del 14 al 16 por ciento y su extensión a productos de consumo masivo como el café, azúcar, aceites y chocolate, y los nuevos impuestos selectivos a los combustibles y bebidas.
El gobierno podría adoptar la sugerencia sindical de que se adelante la revisión del salario mínimo previsto para mediados de año, por lo menos como anestésico de contención del disgusto que ocasionará el incremento tributario, consciente de que el sector empleador buscará dilatar la negociación, especialmente si las cada vez más debilitadas centrales sindicales llegan con una demanda que han adelantado de aumento general del 30 por ciento.
Los estrategas gubernamentales confían que tras el largo asueto de las festividades navideñas pierda impulso el movimiento de protestas desatado tanto por el enorme déficit fiscal dejado por el presidente Fernández, como por el paquete tributario aprobado al vapor por un Congreso bajo control del gobierno. La crisis que afecta al principal partido de oposición, intensificada en las últimas y en perspectivas de agravarse, es un factor que opera en beneficio del gobierno. No hay una fuerza política en capacidad de capitalizar la insatisfacción ciudadana.
Y por otro lado al especializar un impuesto de 2 pesos al galón de la gasolina y el gasoil en beneficio de los transportistas, las autoridades mediatizaron un sector con gran capacidad para potenciar las protestas sociales.
Posible impacto recesivo
Como todo paquete impositivo que busca sacar más dinero a empresarios y trabajadores, el que entra en vigencia conlleva en sus inicios un impacto recesivo. Con menor capacidad de compra las empresas, industriales, comerciales y de servicios, producirán y venderán menos mientras se genera resignación y compensaciones.
Tanto economistas independientes como funcionarios del gobierno temen los efectos recesivos, más aún si se extienden e incentivan la evasión fiscal. Y de hecho ya en los últimos días hasta las grandes empresas comenzaron a reducir gastos publicitarios, suspendiendo contratos, hasta ver cómo y cuándo se restaura la capacidad de compra de unos trabajadores que en más de la mitad tienen un ingreso por debajo del costo de la canasta familiar.
Un reciente estudio auspiciado por las principales centrales sindicales indica que el 60 por ciento de los trabajadores en general y el 90 por ciento de los del Estado, no alcanzan a cubrir una canasta familiar que estiman en 25 mil 108 pesos. El incremento salarial es presentado en ese estudio como una salida imprescindible.
El problema es que el gobierno, como una gran proporción de empresas carece de recursos para elevar los salarios. Para las empresas medianas y pequeñas que son las más empleadoras, la situación se presenta difícil porque serán impactadas directamente por los nuevos tributos.
Si las protestas se reanudan con fuerza, el gobierno tendría que manejarse con mucha astucia para evitar echar leña al fuego. Podría verse compelido a adoptar mayores disposiciones de ahorro, atendiendo algunos reclamos como por ejemplo liquidar gran parte de los más de 300 vicecónsules y liquidar algunos de los organismos inoperantes que están en las miras de los insatisfechos. Lo que muy pocos creen es que el sistema partidista esté en capacidad de hacer concesiones a la sociedad, como la liquidación de los barrilitos, cofrecitos y exoneraciones privilegiadas de los legisladores.
El déficit presupuestario
Uno de los más urgentes desafíos del gobierno es lograr un incremento de sus ingresos y financiamiento para cubrir un déficit fiscal proyectado para el 2013 en 70 mil 302 millones de pesos, aunque economistas temen que vuelva a acercarse a los 100 mil millones, unos porque estiman sobreestimados los ingresos y otros porque creen que estos se reducirán por las consecuencias del paquete fiscal. Ciento treinta y dos obras incluidas en el Presupuesto del 2013 requieren financiamiento por más de tres mil millones de dólares.
El otro problema grave es el energético, no sólo porque sigue siendo insuficiente y caro, sino porque el subsidio se comerá este año unos 50 mil millones de pesos. La elevación de la tarifa es acariciada en los despachos del equipo económico, aunque el presidente Medina no quiere agregar otro elemento fuerte a la insatisfacción ciudadana.
Ese es un elemento fundamental si se quiere abrir las puertas a algún tipo de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, lo que a su vez tendría repercusión en mejores condiciones para colocar bonos en el mercado internacional al menos por los mil millones de dólares ya aprobados por el Congreso. También viabilizaría desembolsos pendientes del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo y facilitaría inversiones extranjeras.
Como hay conciencia de que el primer desafío es mantener la estabilidad macroeconómica, evitando una mayor devaluación que repercuta en el exterior, en ámbitos cercanos al presidente Medina se golosean dos fuentes de alivio: renegociación de contratos energéticos y sobre todo el de la Barrick para buscar un mayor ingreso desde el primer año por las recién iniciadas exportaciones de un oro que seguirá imperando en el mundo a consecuencia de las crisis de la economía internacional. Ninguna de las dos serían tareas fáciles, pero cualquiera de ellas redundaría en fortalecimiento de la imagen de un gobierno que pretende rectificar inequidades e iniquidades.
El tiempo de Danilo
El presidente Danilo Medina precisa de algunos éxitos importantes en materia económica para afianzar su liderazgo, descartando que pueda buscarlos en el combate a la corrupción o que lo dejen alcanzarlos siquiera en una drástica reducción del dispendio, duplicidades y repartos.
Hasta ahora el mandatario ha tenido éxito en proyectar una imagen rectificadora del despilfarro. La modestia y sencillez con que se ha manejado, renunciando a viejos signos del poder, como la instrumentalización clientelista de las cajas navideñas, y la considerable reducción del dispendio gubernamental y el mejoramiento de la calidad del gasto, le han ganado reconocimientos. El mayor de todos por el cumplimiento de la ley que destina el 4 por ciento del producto bruto a la educación preuniversitaria.
Hay quienes esperan importantes cambios de funcionarios y otras disposiciones que reafirmarían el liderazgo del mandatario, de forma que nadie dude que este es el tiempo de Danilo y que su gestión no depende del liderazgo o el poder de su antecesor y nuevo caudillo del partido gobernante.
Aparentemente Fernández insiste en mantenerse activo compitiendo por el escenario político, como lo evidenció al entregar personalmente cajas de comida y bebida navideña por un monto que los mismos repartidores estimaron en 80 millones de pesos, pero sin decir quién lo financió.
El protagonismo de Leonel es determinante de la necesidad de Danilo reafirmarse cuanto antes como líder nacional, porque lo que no pueda hacer en el 2013, le resultará más difícil en el siguiente, ya que para entonces comenzarán abiertamente las promociones de candidatos para el 2016.
La prohibición de la reelección presidencial conspira ahora contra Medina y favorece a Leonel, quien ha logrado erigirse como líder de su partido y ya se proyecta como la mejor garantía de que los peledeístas puedan seguir en el poder en el 2016.
Artículo publicado originalmente en el periódico HOY.
Por José Cabral
Un total de 450 jueces y juezas de los 737 que hay en todo el país, así como sus 6,516 empleados fijos del Poder Judicial han paralizado sus laborares en demanda de aumento e indexación salarial, contratación de más personal en los tribunales y por mejores condiciones de trabajo.
Estos reclamos no pueden ser soslayados porque el sistema está lleno de deficiencias y debilidades de las que no se puede excluir a nadie, ya que todo obedece a las grandes distorsiones que sufre el Estado.
Entiendo que es un grave problema de institucionalidad, lo cual afecta a todos los actores del sistema, desde los jueces, fiscales y personal administrativo.
Tengo este criterio porque nadie puede discutir que las distorsiones que caracterizan al Estado no sólo se pueden ver en el sistema de justicia, sino también en el Poder Legislativo y el Ejecutivo.
Entonces, en el marco de estas debilidades y deficiencias que ponen en tela de juicio la democracia, se encuentran los bajos salarios de los jueces y todo el personal de la judicatura nacional.
Esta realidad lleva a todo el que tiene dos dedos de frente a entender que las demandas de los jueces y juezas son justas desde cualquier perspectiva que se vea y a cuyo problema debe buscársele una salida saludable, sin soslayar los demás asuntos que impactan negativamente al sistema de justicia.
El Consejo del Poder Judicial no sólo debe procurar darle salida a esa deficiencia y a sus problemas financieros, sino que al propio tiempo debe crear los mecanismos necesarios para que los tribunales del país tengan otro desempeño.
De manera, que la solución debe ser integral, no sólo a nivel de los salarios y las mejores condiciones laborales de los jueces, ya que las deficiencias tienen implicaciones que también tienen que ver con la arbitrariedad con que se manejan los casos en los tribunales, lo que muchas veces implican la violación de los derechos de los que buscan hacer justicia sobre la base de los derechos fundamentales.
Es decir, que, si bien los bajos salarios de los jueces es un problema grave en el marco del Estado dominicano, también debe decirse que hay otros de igual o peor magnitud que no tienen la mejor de las salidas.
Lo que pretendo establecer es que el problema no sólo tiene que ver con los salarios, el cúmulo de trabajo y el poco personal, sino también del manejo jurídico de los casos, porque es bueno que se entienda que muchos jueces y juezas violan hasta el derecho de recurrir de muchos justiciables y naturalmente los que incurren en esas inconductas no es que deben tener un mal salario, sino que deben ser expulsados del sistema de justicia para bien de la sociedad y la democracia.
Es oportuna la ocasión para que los que dirigen el Estado dominicano no sólo se aboquen a mejorar los salarios y las condiciones de trabajo de los jueces y juezas, lo cual me parece de justicia, sino también a fiscalizar mejor su desempeño porque hay que buscar la forma de mejorar el sistema justicia para bien de todas y cada de las personas, porque no hay derechos sin deberes.
Por José Cabral
Este miércoles participé de una conciliación en la fiscalía del juzgado de paz de Santiago sobre una pensión alimenticia y el magistrado que condujo la misma expresó tantos contrasentidos jurídicos que cualquiera siente vergüenza ajena.
Entre los disparates jurídicos de este fiscalizador está que antes de que se iniciara la vista de conciliación, que se hizo a solicitud de un padre que propone el pago de un monto especifico y concreto de pensión alimenticia, el funcionario incitó a la madre citada a que presentada una denuncia en contra de éste en violación de los procedimientos establecidos al respecto.
Pero peor fue todo lo que dijo este señor, como por ejemplo sostener que cualquier poder de una de las partes que llegue a sus manos de antemano es cuestionado porque alega que allí se llevan muchos títulos auténticos de este tipo falsificados, lo cual me llevó a llamar a la atención a este funcionario porque las leyes establecen los procedimientos al respecto.
Los contrasentidos del magistrado no pararon e incluso llegó a decir que en términos de pensión o manutención los hermanos y otros familiares del padre son también responsables de suplir de alimentos al niño víctima de una situación de irresponsabilidad paternal, pese a que no era el caso de la especie, lo que también me llevó a recordarle que lo que decía era una violación al principio constitucional de que nadie es responsable por los hechos que cometen otros sin importar los vínculos de familiaridad, a menos de que se trate de un menor no emancipado.
Este fiscal llegó al colmo de violar la Constitución de la República cuando mandó a retirarse a todos aquellos abogados que él considera que tienen una edad que a su juicio deben darles paso a otros profesionales del derecho más jóvenes, lo que también representa una vulneración del artículo 39 la carta magna cuando dice que nadie debe ser discriminado por sexo, color, edad y preferencia sexual, entre otras cosas.
Este comportamiento del Ministerio Público no es de ahora, ya que se trata de una debilidad que arrastra desde hace décadas, porque la verdad es que nadie sabe de dónde saca el órgano a este tipo de personaje, quien además decía y reiteraba con la anuencia de algunos abogados presentes que un poder no tenía validez en la jurisdicción de niñas, niños y adolescentes por tratarse de una ley especial.
Yo he sido uno de los que se han quejado por la tolerancia con que el sistema trata la emisión de actos auténticos que no cumplen con las formalidades de ley y que representan una falsedad, no sólo material, sino también intelectual, pero el problema consiste en que es letra muerta lo que dispone la Ley 140-15 y el propio Código Civil Dominicano al respecto.
Regularmente los jueces no estatuyen sobre este tipo de delito, pero ello de ninguna manera justifica que un fiscal o fiscalizador ignore los procedimientos a seguir cuando sospeche que un título autentico es falso, porque no puede hacer como el personaje de este miércoles que actúa como si tuviera la competencia para emitir sentencias o desempañar funciones jurisdiccionales.
Y no se trata sólo de un abuso de poder, sino de una gran ignorancia que daña y lesiona gravemente la credibilidad de todo el sistema de justicia.
No obstante, no es mucho lo que se puede pedir al respecto, porque es un problema integral que sólo una transformación total del Estado podrá resolver.
Por José Cabral
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) mantiene una campaña para crear la percepción de que la mora judicial ha sido reducida a su más mínima expresión.
Sin embargo, cuando cualquier ciudadano se aboca a un análisis de fondo del problema, descubre que se trata de un truco para vender una percepción que no tiene nada que ver con la realidad.
La disminución de la mora judicial ha sido concebida sobre la base de la negación de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa, porque el arma usada para este fin es la figura de la inadmisibilidad.
Ello se puede observar con el llamado interés casacional, el cual se sustenta en un criterio subjetivo del derecho, pero que la figura puede ser utilizada para descongestionar el sistema de justicia sobre la base de decisiones que se apoyan en la inadmisiblidad.
Este mecanismo jurídico permite que se proyecte una eficiencia que no existe y que tampoco representa una solución a un problema que en vez de disminuir se complica.
Por lo que se ve, la SCJ utiliza un arma que no es válida para acabar un problema que desde cualquier perspectiva que se analice representa denegación de justicia.
Justicia tardía es, sin lugar a dudas, denegación de justicia, pero peor aún recurrir a una interpretación como el interés casacional para declarar inadmisibles una gran cantidad de casos y buscar descongestionar el sistema y en esas condiciones en el país no se puede hablar de una mejoría del Estado Social Democrático de Derecho.
Lo que se sí ocurre ahora con el recurso extraordinario de casación es un aumento preocupante de la figura de la inadmisibilidad, a los fines de proyectar lo que en la realidad no se produce, aunque ciertamente genera un descongestionamiento sobre una base ficticia y negadora de derechos.
En este aspecto sostengo que se reasume una percepción que ha hecho tanto daño a la democracia dominicana, cuya credibilidad ya parece irrecuperable.
La mora judicial es un fenómeno que abarca todo el sistema de justicia, desde los juzgados de paz hasta los tribunales de primera instancia y las cortes de apelación, pero naturalmente en el nivel que causa mucha mayor preocupación es en casación, cuya Ley 2-23 se ha convertido en un instrumento para ahora apoyarse en la inadmisibilidad para la denegación de justicia.