Análisis Noticiosos
2013 podría ser el año de Danilo
Por Juan Bolívar Díaz
El presidente Danilo Medina recibe el nuevo año con grandes desafíos económicos, políticos y sociales que pondrán a pruebas su liderazgo nacional y al interior de su partido, donde tendrá que lidiar con el protagonismo del expresidente Fernández
El 2013 se presenta con tantos retos para el presidente Danilo Medina que podría marcar el derrotero de su gobierno, enfrentando los graves problemas económicos que heredó para mantener la estabilidad y el crecimiento en un escenario nacional e internacional poco propicio.
Las mayores interrogantes giran en torno al rendimiento y las consecuencias sociales del paquete tributario que entra en plena vigencia desde el primero de enero, mientras deberá reafirmar su liderazgo tanto a nivel nacional como en su partido donde tendrá que lidiar con el protagonismo del expresidente Leonel Fernández.
El paquete tributario
La mayor interrogante con que inicia el año para el gobierno es el impacto tanto positivo como negativo que tendrá el paquete tributario aprobado sin la menor concertación social. El mejor escenario para las autoridades sería que la masiva alza impositiva sea asimilada con resignación por la población y que rinda frutos recaudatorios en breve plazo para compensar y superar una temida reducción de las actividades productivas.
Los precios de múltiples artículos comenzaron a subir desde la aprobación de los nuevos impuestos en noviembre, pero el golpe sobre los bolsillos de la ciudadanía será mucho mayor cuando desde el 1 de enero rija el alza de la tasa del itebis del 14 al 16 por ciento y su extensión a productos de consumo masivo como el café, azúcar, aceites y chocolate, y los nuevos impuestos selectivos a los combustibles y bebidas.
El gobierno podría adoptar la sugerencia sindical de que se adelante la revisión del salario mínimo previsto para mediados de año, por lo menos como anestésico de contención del disgusto que ocasionará el incremento tributario, consciente de que el sector empleador buscará dilatar la negociación, especialmente si las cada vez más debilitadas centrales sindicales llegan con una demanda que han adelantado de aumento general del 30 por ciento.
Los estrategas gubernamentales confían que tras el largo asueto de las festividades navideñas pierda impulso el movimiento de protestas desatado tanto por el enorme déficit fiscal dejado por el presidente Fernández, como por el paquete tributario aprobado al vapor por un Congreso bajo control del gobierno. La crisis que afecta al principal partido de oposición, intensificada en las últimas y en perspectivas de agravarse, es un factor que opera en beneficio del gobierno. No hay una fuerza política en capacidad de capitalizar la insatisfacción ciudadana.
Y por otro lado al especializar un impuesto de 2 pesos al galón de la gasolina y el gasoil en beneficio de los transportistas, las autoridades mediatizaron un sector con gran capacidad para potenciar las protestas sociales.
Posible impacto recesivo
Como todo paquete impositivo que busca sacar más dinero a empresarios y trabajadores, el que entra en vigencia conlleva en sus inicios un impacto recesivo. Con menor capacidad de compra las empresas, industriales, comerciales y de servicios, producirán y venderán menos mientras se genera resignación y compensaciones.
Tanto economistas independientes como funcionarios del gobierno temen los efectos recesivos, más aún si se extienden e incentivan la evasión fiscal. Y de hecho ya en los últimos días hasta las grandes empresas comenzaron a reducir gastos publicitarios, suspendiendo contratos, hasta ver cómo y cuándo se restaura la capacidad de compra de unos trabajadores que en más de la mitad tienen un ingreso por debajo del costo de la canasta familiar.
Un reciente estudio auspiciado por las principales centrales sindicales indica que el 60 por ciento de los trabajadores en general y el 90 por ciento de los del Estado, no alcanzan a cubrir una canasta familiar que estiman en 25 mil 108 pesos. El incremento salarial es presentado en ese estudio como una salida imprescindible.
El problema es que el gobierno, como una gran proporción de empresas carece de recursos para elevar los salarios. Para las empresas medianas y pequeñas que son las más empleadoras, la situación se presenta difícil porque serán impactadas directamente por los nuevos tributos.
Si las protestas se reanudan con fuerza, el gobierno tendría que manejarse con mucha astucia para evitar echar leña al fuego. Podría verse compelido a adoptar mayores disposiciones de ahorro, atendiendo algunos reclamos como por ejemplo liquidar gran parte de los más de 300 vicecónsules y liquidar algunos de los organismos inoperantes que están en las miras de los insatisfechos. Lo que muy pocos creen es que el sistema partidista esté en capacidad de hacer concesiones a la sociedad, como la liquidación de los barrilitos, cofrecitos y exoneraciones privilegiadas de los legisladores.
El déficit presupuestario
Uno de los más urgentes desafíos del gobierno es lograr un incremento de sus ingresos y financiamiento para cubrir un déficit fiscal proyectado para el 2013 en 70 mil 302 millones de pesos, aunque economistas temen que vuelva a acercarse a los 100 mil millones, unos porque estiman sobreestimados los ingresos y otros porque creen que estos se reducirán por las consecuencias del paquete fiscal. Ciento treinta y dos obras incluidas en el Presupuesto del 2013 requieren financiamiento por más de tres mil millones de dólares.
El otro problema grave es el energético, no sólo porque sigue siendo insuficiente y caro, sino porque el subsidio se comerá este año unos 50 mil millones de pesos. La elevación de la tarifa es acariciada en los despachos del equipo económico, aunque el presidente Medina no quiere agregar otro elemento fuerte a la insatisfacción ciudadana.
Ese es un elemento fundamental si se quiere abrir las puertas a algún tipo de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, lo que a su vez tendría repercusión en mejores condiciones para colocar bonos en el mercado internacional al menos por los mil millones de dólares ya aprobados por el Congreso. También viabilizaría desembolsos pendientes del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo y facilitaría inversiones extranjeras.
Como hay conciencia de que el primer desafío es mantener la estabilidad macroeconómica, evitando una mayor devaluación que repercuta en el exterior, en ámbitos cercanos al presidente Medina se golosean dos fuentes de alivio: renegociación de contratos energéticos y sobre todo el de la Barrick para buscar un mayor ingreso desde el primer año por las recién iniciadas exportaciones de un oro que seguirá imperando en el mundo a consecuencia de las crisis de la economía internacional. Ninguna de las dos serían tareas fáciles, pero cualquiera de ellas redundaría en fortalecimiento de la imagen de un gobierno que pretende rectificar inequidades e iniquidades.
El tiempo de Danilo
El presidente Danilo Medina precisa de algunos éxitos importantes en materia económica para afianzar su liderazgo, descartando que pueda buscarlos en el combate a la corrupción o que lo dejen alcanzarlos siquiera en una drástica reducción del dispendio, duplicidades y repartos.
Hasta ahora el mandatario ha tenido éxito en proyectar una imagen rectificadora del despilfarro. La modestia y sencillez con que se ha manejado, renunciando a viejos signos del poder, como la instrumentalización clientelista de las cajas navideñas, y la considerable reducción del dispendio gubernamental y el mejoramiento de la calidad del gasto, le han ganado reconocimientos. El mayor de todos por el cumplimiento de la ley que destina el 4 por ciento del producto bruto a la educación preuniversitaria.
Hay quienes esperan importantes cambios de funcionarios y otras disposiciones que reafirmarían el liderazgo del mandatario, de forma que nadie dude que este es el tiempo de Danilo y que su gestión no depende del liderazgo o el poder de su antecesor y nuevo caudillo del partido gobernante.
Aparentemente Fernández insiste en mantenerse activo compitiendo por el escenario político, como lo evidenció al entregar personalmente cajas de comida y bebida navideña por un monto que los mismos repartidores estimaron en 80 millones de pesos, pero sin decir quién lo financió.
El protagonismo de Leonel es determinante de la necesidad de Danilo reafirmarse cuanto antes como líder nacional, porque lo que no pueda hacer en el 2013, le resultará más difícil en el siguiente, ya que para entonces comenzarán abiertamente las promociones de candidatos para el 2016.
La prohibición de la reelección presidencial conspira ahora contra Medina y favorece a Leonel, quien ha logrado erigirse como líder de su partido y ya se proyecta como la mejor garantía de que los peledeístas puedan seguir en el poder en el 2016.
Artículo publicado originalmente en el periódico HOY.
Por José Cabral.
Nadie puede negar que la República Dominicana está en medio de la gran posibilidad de que pueda surgir un “outsider” en la política nacional, aunque el problema descansa en que no se ha articulado una propuesta que responda al nicho que se ha creado en esta dirección.
Prácticamente todas las encuestas colocan en un 54 ó 55 por ciento, aunque se piensa que es mucho mayor, las personas que no sienten ningún respeto ni vinculación con los partidos políticos, los cuales han llegado a un nivel de descrédito que nadie podía imaginarse.
Es tan grave el problema que esa realidad amenaza la democracia representativa, ya que en las últimas elecciones el país ha terminado con autoridades que no cuentan con la legitimidad necesaria para garantizar una buena gobernabilidad.
Pero frente a esa realidad la pregunta que todo el mundo se hace es si valdría la pena que en el país se produzca el fenómeno del “outsider” como que ya ha pasado en muchas naciones latinoamericanos e incluso en los Estados Unidos de América.
El último caso de este tipo se ha producido en Colombia, donde un abogado penalista, un depravado, defensor de narcotraficantes, de evasores de impuestos y de los paramilitares ha quedado en primer lugar en las elecciones presidenciales.
A Abelardo de la Espriella, un ultraderechista, sin ningún mérito, pero sin venir de las estructuras tradicionales del partidarismo político, se ha colocado en la puerta de la presidencia de Colombia, con un discurso agresivo y con una visión de cuestionamiento del derecho internacional que lo acerca al actual jefe de Estado de los Estados Unidos, Donald Trump, quien incluso ya lo ha apoyado.
El asunto es que este tipo de “outsider” no es saludable para que ningún país del mundo, porque representa un antivalor, un enemigo del derecho internacional y además un depravado que no respeta absolutamente nada ni a nadie.
Entonces, si la República Dominicana se viera en ese espejo estaría en un escenario que significa un evidente retroceso al bienestar que se supone debe garantizar todo aquel que se opone a la partidocracia, que nadie puede negar que en todas estas naciones ha implicado una gran desgracia para los pueblos.
Por esta razón es que creo que, si en la República Dominicana se crean las condiciones, como ya parece que ocurre, para desplazar del poder a los partidos políticos, tiene que ser para bien, no para mal, ya que debe ser un “outsider” que cuente con un plan programático y estratégico a corte, mediano y largo plazo para poder lograr las transformaciones que demanda la sociedad.
Naturalmente, la preocupación de que el problema del país no sólo descansa en el funcionario público, el cual procede de los partidos políticos, instancias totalmente corrompidas y enemigas del progreso nacional, sino también en la visión y actitud distorsionada del ciudadano como resultado del neoliberalismo salvaje introducido en el país por Leonel Fernández.
Tal vez ahí esté la explicación de que una opción con una visión colectiva, no individual, no haya podido consolidarse en el país, ya que articular este tipo de propuesta implica, según lo que se ve, romper con lo que luce ser una utopía por la forma en que el neoliberalismo se ha apropiado de la mente y el sentir de la gente.
Pero si Dios quiere y en razón de que las condiciones están dadas para que en el país surja un “outsider”, ojalá sea para bien y no para mal, contrario a como se observa que se produce en Colombia y en otros países latinoamericanos.
El “outsider” dominicano tiene que ser para romper con la vieja política, a los fines de acabar con la corrupción y los principales males que aquejan a la sociedad en asuntos tan fundamentales para tener crecimiento y desarrollo nacionales como el empleo, la institucionalidad, la seguridad pública y ciudadana y en otros aspectos que durante décadas han representado una retranca para la nación.
Por José Cabral.
Los jueces y juezas son considerados emperadores que tienen el privilegio de juzgar la conducta de los demás, pero nunca la de ellos, convirtiéndose muchas veces en los funcionarios públicos que violan más que cualquier otro agente del Estado los derechos de las personas.
La explicación del abuso de poder desde la condición de juez, jueza o fiscal consiste en que somos una nación donde la democracia existe más de apariencia que de realidad y que ello obedece a la herencia patriarcal, machista, caudillista y de amiguismo que genera mucha tolerancia con el que infringe la ley desde la sombrilla del Estado, cuya visión descansa en la herencia histórico-cultural anti-democrática.
La República Dominicana ha pretendido desarrollar una democracia en la que prevalezca el principio de legalidad, juridicidad y de igualdad, pero este propósito ha resultado ser una utopía porque los tiempos de dictaduras tienen un fuerte peso en la vida nacional.
En el Estado democrático los derechos no están por encima de los deberes, ambos van de la mano, pero en los países con escaso nivel de desarrollo la gente piensa que no tiene que cumplir con sus obligaciones y que los derechos son absolutos.
Hace muy pocos días que los actores del sistema de justicia se lanzaron a un paro de labores en demandas de mejores condiciones salariales y de trabajo en sentido general, lo que nadie le regatea porque la realidad es que las mismas son deprimentes, aunque ello no justifica la forma en que muchos tribunales se manejan en los casos que les llegan.
Todo el mundo sabe o por lo menos constitucionalmente está establecido que los jueces son garantes fundamentales de la justicia y la paz social, ya que su principal papel es administrar justicia mediante la solución de conflictos de manera imparcial, aunque este concepto luce ser una utopía.
Los jueces se supone que actúan como puente mediador entre las leyes y los ciudadanos, asegurando la equidad, el respeto a las garantías constitucionales y la estabilidad del Estado de Derecho, ya que en la sociedad contemporánea el ejercicio de la judicatura abarca funciones esenciales que van más allá de simplemente aplicar la ley escrita, sobre todo en una época en que el derecho ha entrado en un profundo proceso de constitucionalización.
Sin embargo, cuando el sistema de justicia no cumple con su rol, entonces llega la distorsión que tiene que ver con la vía de hecho, dado que éste tiene la misión teórica de darle a cada ciudadano lo que le corresponde, a los fines de evitar hacer justicia con sus propias manos y para garantizar una convivencia ordenada.
La justicia también debe velar porque prevalezca el principio de legalidad y de juridicidad para el control del poder, ya que representa un contrapeso vital al supervisar que los actos de los otros órganos del Estado se ajusten a la Constitución y al bien común, pero todo ello requiere, además, que los jueces, juezas y demás actores de la judicatura nacional también ajusten sus actuaciones a los deberes que les impone la ley sustantiva de la nación y las normas por las que se rige el Poder Judicial.
Análisis Noticiosos
Es imperdonable que Subero Isa haya mal asesorado al presidente de la República.
Por José Cabral
Cuando el Congreso Nacional aprobó en violación de la Constitución la promulgada Ley 13-26 que persigue anular las candidaturas independientes, muchos confiamos en la amplia formación y la vocación democrática del expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, quien ahora se desempeña como Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo.
Siempre pensé que lo mínimo que podía sugerirle Subero Isa a Luis Abinader era no promulgar esa pretendida ley y en su lugar recomendar observarla por constituir una violación muy grave a la Constitución de la República y a una jurisprudencia del Tribunal Constitucional que el jefe de Estado prometió cumplir cuando se juramentó en el cargo.
Pero aun después de la promulgación en una conversación con el promotor de la acción directa de inconstitucionalidad en contra de los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23, Alberto Fiallo, éste decía que parece que Subero Isa no había jugado ningún papel en semejante agravio a la democracia y al proceso de constitucionalización del derecho en la República Dominicana.
E incluso planteó el amigo Fiallo que Subero Isa no había tenido ninguna participación en semejante disparate jurídico, porque se veía que se trataba de un asunto manejado políticamente desde el Partido Revolucionario Moderno (PRM), lo cual parece lógico en razón de que fue algo manejado por los cuadros más importantes de la organización oficial.
Sin embargo, luego de ver la recomendación al presidente Abinader de Subero Isa en su condición de consultor jurídico del Poder Ejecutivo de que no se meta en lo referente al conflicto entre los jueces, juezas y demás personal del Consejo del Poder Judicial, todo indica que de igual modo debió haberlo hecho con la promulgación de la Ley 13—26.
No hay ninguna razón de que Subero Isa no haya intervenido en la decisión del presidente en lo que respecta a la promulgación de la Ley 13-26, máxime cuando el consultor jurídico ya había hecho pública su posición en contra de las candidaturas independientes.
De ser así, Subero Isa ha incurrido en su peor error como hombre público y jurista de una larga trayectoria, porque se trata de una acción antijurídica y que de alguna manera desmiente la creencia que nos hemos creado muchos de que este expresidente de la Suprema Corte de Justicia es un profesional del derecho lo suficientemente acabado y formado para el mejor de los consejos.
Si esta hipótesis es cierta entonces estaríamos ante un gran fiasco, porque no sé si Subero Isa sabe que con lo que podría ser esa asesoría a un hombre como el presidente Abinader, quien no tiene la menor idea de asuntos constitucionales, lo ha sumergido en una grave violación al derecho interno y externo, lo cual perdurará para toda la historia del país.
Sería imperdonable que Subero Isa no entienda la importancia que tiene en la democracia nacional el proceso de constitucionalización del derecho que se inicia en el país con la Constitución del 2010 y de la que se deriva la referida figura jurídica y que tampoco digiera el fenómeno que tiene que ver con la defensa y preservación de los derechos fundamentales en la sociedad dominicana, ya que la decisión de Abinader busca arruinar y eliminar el derecho, valores y principios de legalidad, proporcionalidad, pro participación y de dignidad humana.
No es que Subero Isa no tiene el derecho de estar en contra de lo que considere, pero de igual modo se entiende que es totalmente inaceptable que él se ponga en contra de una jurisprudencia que tiene el sustento del mandato de la Constitución.
Considero que la figura de Subero Isa se degrada y queda muy mal parada cuando entra en el juego de la politiquería al recomendar, si fue que así ocurrió, la promulgación de la Ley 13-26, que en buen derecho no es más que un contrasentido jurídico y que no puede tener otro destino que su nulidad.