Análisis Noticiosos
2013 podría ser el año de Danilo
Por Juan Bolívar Díaz
El presidente Danilo Medina recibe el nuevo año con grandes desafíos económicos, políticos y sociales que pondrán a pruebas su liderazgo nacional y al interior de su partido, donde tendrá que lidiar con el protagonismo del expresidente Fernández
El 2013 se presenta con tantos retos para el presidente Danilo Medina que podría marcar el derrotero de su gobierno, enfrentando los graves problemas económicos que heredó para mantener la estabilidad y el crecimiento en un escenario nacional e internacional poco propicio.
Las mayores interrogantes giran en torno al rendimiento y las consecuencias sociales del paquete tributario que entra en plena vigencia desde el primero de enero, mientras deberá reafirmar su liderazgo tanto a nivel nacional como en su partido donde tendrá que lidiar con el protagonismo del expresidente Leonel Fernández.
El paquete tributario
La mayor interrogante con que inicia el año para el gobierno es el impacto tanto positivo como negativo que tendrá el paquete tributario aprobado sin la menor concertación social. El mejor escenario para las autoridades sería que la masiva alza impositiva sea asimilada con resignación por la población y que rinda frutos recaudatorios en breve plazo para compensar y superar una temida reducción de las actividades productivas.
Los precios de múltiples artículos comenzaron a subir desde la aprobación de los nuevos impuestos en noviembre, pero el golpe sobre los bolsillos de la ciudadanía será mucho mayor cuando desde el 1 de enero rija el alza de la tasa del itebis del 14 al 16 por ciento y su extensión a productos de consumo masivo como el café, azúcar, aceites y chocolate, y los nuevos impuestos selectivos a los combustibles y bebidas.
El gobierno podría adoptar la sugerencia sindical de que se adelante la revisión del salario mínimo previsto para mediados de año, por lo menos como anestésico de contención del disgusto que ocasionará el incremento tributario, consciente de que el sector empleador buscará dilatar la negociación, especialmente si las cada vez más debilitadas centrales sindicales llegan con una demanda que han adelantado de aumento general del 30 por ciento.
Los estrategas gubernamentales confían que tras el largo asueto de las festividades navideñas pierda impulso el movimiento de protestas desatado tanto por el enorme déficit fiscal dejado por el presidente Fernández, como por el paquete tributario aprobado al vapor por un Congreso bajo control del gobierno. La crisis que afecta al principal partido de oposición, intensificada en las últimas y en perspectivas de agravarse, es un factor que opera en beneficio del gobierno. No hay una fuerza política en capacidad de capitalizar la insatisfacción ciudadana.
Y por otro lado al especializar un impuesto de 2 pesos al galón de la gasolina y el gasoil en beneficio de los transportistas, las autoridades mediatizaron un sector con gran capacidad para potenciar las protestas sociales.
Posible impacto recesivo
Como todo paquete impositivo que busca sacar más dinero a empresarios y trabajadores, el que entra en vigencia conlleva en sus inicios un impacto recesivo. Con menor capacidad de compra las empresas, industriales, comerciales y de servicios, producirán y venderán menos mientras se genera resignación y compensaciones.
Tanto economistas independientes como funcionarios del gobierno temen los efectos recesivos, más aún si se extienden e incentivan la evasión fiscal. Y de hecho ya en los últimos días hasta las grandes empresas comenzaron a reducir gastos publicitarios, suspendiendo contratos, hasta ver cómo y cuándo se restaura la capacidad de compra de unos trabajadores que en más de la mitad tienen un ingreso por debajo del costo de la canasta familiar.
Un reciente estudio auspiciado por las principales centrales sindicales indica que el 60 por ciento de los trabajadores en general y el 90 por ciento de los del Estado, no alcanzan a cubrir una canasta familiar que estiman en 25 mil 108 pesos. El incremento salarial es presentado en ese estudio como una salida imprescindible.
El problema es que el gobierno, como una gran proporción de empresas carece de recursos para elevar los salarios. Para las empresas medianas y pequeñas que son las más empleadoras, la situación se presenta difícil porque serán impactadas directamente por los nuevos tributos.
Si las protestas se reanudan con fuerza, el gobierno tendría que manejarse con mucha astucia para evitar echar leña al fuego. Podría verse compelido a adoptar mayores disposiciones de ahorro, atendiendo algunos reclamos como por ejemplo liquidar gran parte de los más de 300 vicecónsules y liquidar algunos de los organismos inoperantes que están en las miras de los insatisfechos. Lo que muy pocos creen es que el sistema partidista esté en capacidad de hacer concesiones a la sociedad, como la liquidación de los barrilitos, cofrecitos y exoneraciones privilegiadas de los legisladores.
El déficit presupuestario
Uno de los más urgentes desafíos del gobierno es lograr un incremento de sus ingresos y financiamiento para cubrir un déficit fiscal proyectado para el 2013 en 70 mil 302 millones de pesos, aunque economistas temen que vuelva a acercarse a los 100 mil millones, unos porque estiman sobreestimados los ingresos y otros porque creen que estos se reducirán por las consecuencias del paquete fiscal. Ciento treinta y dos obras incluidas en el Presupuesto del 2013 requieren financiamiento por más de tres mil millones de dólares.
El otro problema grave es el energético, no sólo porque sigue siendo insuficiente y caro, sino porque el subsidio se comerá este año unos 50 mil millones de pesos. La elevación de la tarifa es acariciada en los despachos del equipo económico, aunque el presidente Medina no quiere agregar otro elemento fuerte a la insatisfacción ciudadana.
Ese es un elemento fundamental si se quiere abrir las puertas a algún tipo de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, lo que a su vez tendría repercusión en mejores condiciones para colocar bonos en el mercado internacional al menos por los mil millones de dólares ya aprobados por el Congreso. También viabilizaría desembolsos pendientes del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo y facilitaría inversiones extranjeras.
Como hay conciencia de que el primer desafío es mantener la estabilidad macroeconómica, evitando una mayor devaluación que repercuta en el exterior, en ámbitos cercanos al presidente Medina se golosean dos fuentes de alivio: renegociación de contratos energéticos y sobre todo el de la Barrick para buscar un mayor ingreso desde el primer año por las recién iniciadas exportaciones de un oro que seguirá imperando en el mundo a consecuencia de las crisis de la economía internacional. Ninguna de las dos serían tareas fáciles, pero cualquiera de ellas redundaría en fortalecimiento de la imagen de un gobierno que pretende rectificar inequidades e iniquidades.
El tiempo de Danilo
El presidente Danilo Medina precisa de algunos éxitos importantes en materia económica para afianzar su liderazgo, descartando que pueda buscarlos en el combate a la corrupción o que lo dejen alcanzarlos siquiera en una drástica reducción del dispendio, duplicidades y repartos.
Hasta ahora el mandatario ha tenido éxito en proyectar una imagen rectificadora del despilfarro. La modestia y sencillez con que se ha manejado, renunciando a viejos signos del poder, como la instrumentalización clientelista de las cajas navideñas, y la considerable reducción del dispendio gubernamental y el mejoramiento de la calidad del gasto, le han ganado reconocimientos. El mayor de todos por el cumplimiento de la ley que destina el 4 por ciento del producto bruto a la educación preuniversitaria.
Hay quienes esperan importantes cambios de funcionarios y otras disposiciones que reafirmarían el liderazgo del mandatario, de forma que nadie dude que este es el tiempo de Danilo y que su gestión no depende del liderazgo o el poder de su antecesor y nuevo caudillo del partido gobernante.
Aparentemente Fernández insiste en mantenerse activo compitiendo por el escenario político, como lo evidenció al entregar personalmente cajas de comida y bebida navideña por un monto que los mismos repartidores estimaron en 80 millones de pesos, pero sin decir quién lo financió.
El protagonismo de Leonel es determinante de la necesidad de Danilo reafirmarse cuanto antes como líder nacional, porque lo que no pueda hacer en el 2013, le resultará más difícil en el siguiente, ya que para entonces comenzarán abiertamente las promociones de candidatos para el 2016.
La prohibición de la reelección presidencial conspira ahora contra Medina y favorece a Leonel, quien ha logrado erigirse como líder de su partido y ya se proyecta como la mejor garantía de que los peledeístas puedan seguir en el poder en el 2016.
Artículo publicado originalmente en el periódico HOY.
Por Robinson Lebrón Céspedes.
La mercantilización del sufragio: Compra de votos y pérdida de autonomía.
A pesar del blindaje garantista introducido por la reforma constitucional de 2010 y la modernización logística de la Junta Central Electoral (JCE), el mercado electoral dominicano durante el periodo 2006-2026 ha seguido condicionado por la persistencia del clientelismo sistémico. La práctica de la compra directa e indirecta de votos en las inmediaciones de los recintos electorales comúnmente operada a través de las denominadas «casas de campaña» informales o logísticas partidarias de último minuto constituye una de las agresiones más severas a la dignidad humana.
Desde una perspectiva ética y sociológica, la transacción monetaria o el intercambio del voto por bienes materiales (como raciones de alimentos, materiales de construcción o promesas de empleo público) despoja al ciudadano de su condición de agente político libre y deliberativo. Este fenómeno genera una «mercantilización del sufragio», donde el votante es percibido por las élites partidarias no como un depositario de la soberanía nacional, sino como un recurso transaccional cuantificable. La autonomía moral del individuo núcleo esencial de la dignidad según la doctrina constitucional queda subordinada a la coacción de sus necesidades materiales básicas, viciando el consentimiento político y erosionando la legitimidad moral de la representación democrática. El uso político-electoral del gasto social estatal.
La instrumentalización de los programas de asistencia social del Estado representa otra vulneración estructural a la dignidad de los sectores más vulnerables de la sociedad dominicana. Durante las últimas dos décadas, y a pesar de la introducción de legislaciones restrictivas como la Ley No. 33-18 de Partidos Políticos y la Ley No. 20-23 Orgánica del Régimen Electoral, la frontera entre la acción institucional del Gobierno y la promoción de las candidaturas oficialistas ha sido históricamente difusa.
El condicionamiento implícito o explícito de subsidios condicionados, tarjetas de ayuda social, programas de transferencias monetarias y planes de empleo coyunturales durante los meses previos a los comicios electorales lesiona gravemente la dignidad ciudadana. Al utilizar los recursos públicos —que constituyen un derecho colectivo— como un mecanismo de chantaje o de inducción del voto, el aparato político instrumentaliza la pobreza. Esta práctica reduce al ciudadano a una condición de dependencia y subordinación psicológica ante el gobernante de turno, transformando lo que constitucionalmente debe ser un ejercicio de libertad soberana en un acto de supervivencia económica forzada.
Desigualdad en el financiamiento y la exclusión de candidaturas idóneas.
La dignidad humana, en su vertiente política, no solo ampara el derecho a elegir en libertad, sino también el derecho a ser elegido en condiciones de equidad e igualdad de oportunidades (artículo 39 de la Constitución). Sin embargo, el ecosistema electoral dominicano ha operado bajo una profunda distorsión provocada por el alto costo de las campañas políticas y la insuficiencia de los mecanismos de fiscalización del financiamiento privado.
La irrupción de capitales no transparentes y el desborde de los topes de gastos permitidos por la ley generan una plutocratización fáctica de la política. Aquellos ciudadanos e intelectuales idóneos que aspiran a puestos de elección popular, pero que carecen de grandes fortunas personales, el patrocinio corporativo o el acceso a redes clientelares, quedan excluidos de facto de la competencia electoral. Esta asimetría económica no solo vulnera el derecho a la igualdad de los aspirantes, sino que limita la libertad de opción de los electores, quienes ven reducida su oferta política a opciones validadas por el poder económico y no por el mérito programático, consolidando una democracia de exclusión que lesiona la dignidad del debate público.
Las prácticas de clientelismo, la instrumentalización de los programas sociales y la desigualdad en el financiamiento electoral representan desafíos estructurales para la democracia dominicana, al comprometer la dignidad humana y la libertad del sufragio. Superar estas distorsiones requiere fortalecer la transparencia, la fiscalización y la educación cívica, garantizando procesos electorales más equitativos y respetuosos de los principios constitucionales y del Estado social y democrático de derecho.
Robinson Jesús Lebrón Céspedes.
Abogado y Docente Universitario.
Análisis Noticiosos
Irresponsabilidad del Estado ante la posible ocurrencia de un terremoto en Santiago.
Por José Cabral
La indignación del ciudadano dominicano no tiene otra razón de ser que la irresponsabilidad, la negligencia y la complicidad de las autoridades edilicias de Santiago y de todo el Estado ante la posibilidad de que el país pueda ser afectado por un terremoto que supere los siete grados como ha ocurrido en Venezuela.
Ya Santiago muchas décadas atrás fue víctima de un fenómeno natural que prácticamente borró del mapa a la segunda ciudad en importancia del país.
Sin embargo, por las propias características de una ciudad que ya representa una gran metrópolis como lo es Santiago, sus residentes están expuestos a un gran peligro, a una tragedia nacional de magnitudes insospechadas.
Los grandes terremotos son cíclicos, ya que hay expertos que sostienen que se producen cada 60 ó 70 años, el cual no debe ser el punto de referencia para que las autoridades tomen las medidas pertinentes, no para que no ocurran, sino para que los daños no sean tan cuantiosos, sobre todo en lo que respecta a pérdida de vidas humanas.
Pero como el asunto tiene su base en una cultura como la improvisación y la falta de planificación estratégica de las autoridades que gobiernan el país, no sólo de las actuales, sino también de las pasadas, en Santiago, cuyo suelo no es recoso, han permitido la construcción de grandes torres que representan una gran amenaza ante la ocurrencia de este tipo de fenómeno natural.
Lo peor de todo es que nada les sirve de escarmiento y sólo el problema se aborda cuando surge una tragedia, como la que ha afectado a Venezuela, la cual luce que esperan tanto las autoridades municipales como las nacionales.
Un ejemplo de la irresponsabilidad y cómo opera el tráfico de influencia es que, por la propia naturaleza del tipo de suelo de Santiago, la ciudad tenia prohibida la construcción de edificios que superaran las cuatro plantas, pero de unos años para acá ha tolerado el levantamiento de altas torres en lugares como “La Trinitaria”, donde algunas alcanzan hasta casi los 30 pisos.
El tema ha sido puesto sobre el tapete ante los terremotos y la gran tragedia que se ha producido en Venezuela por causas parecidas a las que se concretan en Santiago, donde la llamada falla de la zona Septentrional atraviesa la cordillera del mismo nombre, cuyo desplazamiento horizontal parte del límite de la que se conocen como las placas de Norteamérica y del Caribe.
Esta falla atraviesa el norte del país por unos 228 kilómetros desde la bahía de Manzanillo en Montecristi y llega hasta la de Samaná, la cual tiene una gran cercanía a centros urbanos como Santiago y Puerto Plata, la cual es considerada la más peligrosa y con mayor potencial para generar grandes sismos en la región.
Lo más grave del asunto es que hay personas que se les ha ocurrido construir viviendas hasta en la falda de la Cordillera Septentrional, cuyo peligro tiene mucho que ver con la tolerancia, la ignorancia, pero sobre todo con la irresponsabilidad de las autoridades.
A Dios que reparta suerte.
Por Antonio Salcedo
El descredito de los partidos políticos en la República Dominicana ya deja la sensación de que en el 2028 cualquier cosa puede ocurrir.
Pero el hecho de que cualquiera se pueda encamarar en el poder es un fenómeno que ya ha ocurrido en más de una ocasión en el país y en otras naciones del hemisferio.
La República Dominicana ya ha tenido que soportar a varios presidentes que definitivamente no tienen bien puestas sus cabezas.
La cualquierización de que hablo podría representar un gran peligro para la nación, porque ello podría traer consigo una debacle nacional, tal vez el abismo total del país.
Sin embargo, a pesar de la fuerza que toma el fenómeno de que alguien venga desde fuera de la política tradicional y se encaramarse en el poder, es una posibilidad muy real, pero no luce que el país pueda fijarse en una figura vulgar y estrafalaria como Alofoque.
Aunque, repito, cualquier cosa puede ocurrir, ya que cuando una sociedad entra en crisis puede producirse lo que nadie se imagina.
No obstante, no me luce que Alofoke pueda capitalizar la crisis que impacta a los partidos políticos, porque muy difícilmente una figura de las redes sociales con las características de este personaje pueda tener éxito político.
De lo que sí hay que estar consciente es que en la República Dominicana las travesuras de los actores de la clase política no van a dejar nada bueno.
Pero me ratifico en la idea de que no será un Alofoke, un personaje de muy mala procedencia y con una pobre formación, quien capitalice la decepción del ciudadano con la partidocracia.
El tiempo hablará.