Opinión
2015: definiciones electorales, retos institucionales y económicos
Por Juan Bolívar Díaz
La elección de candidaturas presidenciales para el 2016 marcará la primera mitad del año que comienza, que trae importantes retos institucionales y económicos para la sociedad y para el gobierno de Danilo Medina que agotará su último año completo
El 2015 será de definiciones políticas con miras a las elecciones generales del año próximo, con importantes retos para la democracia, tanto en el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) de gobierno como en una dispersa oposición llamada a demostrar capacidad de reagrupación y concertación para orquestar una alternativa política.
Para el gobierno este será su último año completo por lo que el presidente Danilo Medina tendrá que apurar el paso en realizaciones que afiancen su liderazgo nacional y partidista, con el desafío de evadir el desbordamiento fiscal que ha caracterizado los períodos preelectorales y afrontar demandas salariales y de servicios.
Un año preelectoral
El 2015 se define como un año preelectoral, lo que en la historia del país implica un desbordamiento del gasto gubernamental, no sólo por el interés partidista electoral, sino también por ser el último año completo del período presidencial. En este caso el presidente Medina está compelido a mantener la disciplina fiscal que ha reducido los déficits crónicos heredados, para preservar uno de sus más apreciados éxitos. Más bien tiene el desafío de impulsar una real austeridad y racionalidad como se anuncia en la escandalosa nómina de Relaciones Exteriores, lo que debe extenderse a organismos inoperantes como el Instituto de Estabilización de Precios o la Corporación de Empresas Estatales.
Pero lo que marcará desde ahora la atención nacional será las definiciones de candidaturas presidenciales, especialmente en el PLD donde desde hace año y medio cinco dirigentes se disputan la nominación. La tradición señala la votación primaria con un año de anticipación a los próximos comicios. El primer desafío será reunir la Comisión Política para oficializar un calendario de la elección primaria y luego el Comité Central que deberá validar las precandidaturas. Este organismo no se reúne desde finales de enero del 2014, justo cuando fue ampliado en lo que se estimó una victoria del danilismo sobre el predominio que había mantenido el expresidente Leonel Fernández.
En la oposición todo está por definirse. Las encuestas indican la posibilidad de que el nuevo Partido Revolucionario Moderno (PRM), fruto de la reciente división del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), y una anunciada Convergencia de grupos puedan encarnar una alternativa, pero aún no acaba de constituir sus organismos de dirección y ni siquiera un padrón de miembros para elegir candidatura, lo que han anunciado mara fines de marzo. En lo que quedó del PRD ya fue proclamado candidato presidencial Miguel Vargas Maldonado, sin previa convocatoria y en violación de la ley electoral y su propio estatuto, lo que ha contribuido a un escaso impacto.
Todo el proceso tiene interrogantes en un arbitraje controlado por el partido de gobierno, tanto en la Junta Central Electoral como en el Tribunal Superior Electoral, lo que ya el PRM y la Convergencia han denunciado, y sin que se apruebe la Ley de Partidos y ni siquiera se haya debatido la pendiente Ley Orgánica del Sistema Electoral.
Leonel otra vez
Las perspectivas apuntan a una nueva postulación del expresidente Leonel Fernández, quien busca firmemente un cuarto período presidencial. impulsado por un liderazgo nacional y partidario que sólo el presidente Medina puede contestar. Por los niveles de cuestionamiento, rechazo y hasta temor que inspira un doctor Fernández adicto al poder, su candidatura podría ser un gran incentivo para la conformación de un frente opositor, pero como eso es hasta hora una simple aspiración, él seguirá afianzándose, impulsado por la gratitud de un partido que bajo su rectoría ha ganado las últimas cinco elecciones generales.
Sólo el nuevo liderazgo del presidente Medina podría disputarle la candidatura. En primer lugar si pudiera él mismo ser candidato, para lo cual tendría que mediar una reforma constitucional, imposible sin el concurso de Fernández, o si decidiera jugárselas todas apoyando abiertamente otro de los precandidatos. Esto tiene la dificultad de que ni el secretario general del partido, Reinaldo Pared Pérez, ni los ministros Temístocles Montás y Francisco Javier, ni Radhamés Segura han logrado alcanzar siquiera un 5 por ciento en las preferencias electorales de las encuestas.
Medina pudiera jugar a reivindicar los principios fundacionales del PLD y al no retorno de una gestión que en la práctica ha cuestionado, profundizando rectificaciones, para lo cual tendría que apoyar a Montás, que es quien está más cerca de ello. Pero hasta ahora ha optado por la neutralidad, consciente de sus limitaciones constitucionales, del liderazgo de Leonel Fernández, y de los riesgos de una división. Se cree que ejercerá sus poderes para llevar una buena cuota de sus leales a posiciones legislativas y municipales que le permitan mantener su liderazgo en el PLD y garantizarse la candidatura del 2020, con o sin el partido en el gobierno.
Entre Hipólito y Abinader
En la oposición todas las encuestas apuntan hacia Luis Abinader e Hipólito Mejía como alternativa, y más lejano a Guillermo Moreno, a quien la JCE mantiene congelada, desde hace año y medio, la solicitud de reconocimiento para su partido Alianza País. Max Puig mantiene vigencia por un vigoroso discurso, seguido de Eduardo Estrella, mientras Hatuey de Camps es visualizado como un posible orquestador de un frente opositor. Minou Tavarez Mirabal, un símbolo nacional, promete un nuevo partido, ya contra el tiempo.
Cualquiera que encarne la oposición tendría que buscar una amplia concertación de fuerzas, imprescindible para vencer la inmensa maquinaria de poder que ha constituido el PLD, con el control del gobierno, el Congreso, la Justicia y los organismos electorales. La reducción de la votación del PLD en más de 199 mil votos en el 2012 es un indicador de que no es invencible. Alcanzó el 51 por ciento gracias a una docena de aliados y un derroche fiscal sin precedente que ahora no podrá repetir.
Pero el primer desafío de la oposición es que el PRM logre pasar la prueba de la elección democrática de su candidato, sin repetir los arrebatos perredeístas, y desarrolle la capacidad de concertar la Convergencia opositora para elegir los candidatos a más de cuatro mil cargos a disputarse en mayo del 2016. Abinader, en ascenso en las encuestas, y con escaso margen de rechazo, sería más abarcador, pero falta ver el efecto del lanzamiento formal de la candidatura de Mejía, anunciado para estos primeros días del año.
Los desafíos económicos
No menores son los retos económicos, el primero evitar el desbordamiento del gasto público, con un presupuesto nacional ya altamente deficitario. El Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles estima que el déficit del sector público no financiero alcanzará casi 99 mil millones de pesos, enmarcado “dentro de un modelo que busca el progreso económico a partir del gasto público deficitario que produce cada vez mayor endeudamiento público. Como nos enseña la historia, ese tipo de estrategia es insostenible y, a la larga, perjudica en mayor proporción a los más necesitados”.
Para el gobierno luce difícil alcanzar el objetivo del pacto fiscal, y no tiene a la vista ingresos extraordinarios como los del año pasado por venta de empresas extranjeras, pero tendrá presiones por mejoramiento de salarios, pensiones y contribuciones, de la mayoría de empleados que trabajan, como los de educación y salud, arrastrados por las negociaciones para elevar los salarios privados, que arrancan este mes.
Con un gasto de capital que se reduce en 20 por ciento y alcanza apenas al 15 por ciento del presupuesto, tendrá dificultades para afrontar las demandas de mejoramiento de servicios, mantenimiento de infraestructuras y prioridades comunitarias que crecen al compás de las campañas electorales.
Otros retos importantes
La nación y la justicia tienen por delante retos como poner fin a la impunidad de la corrupción, y la primera prueba será el pesado expediente del ministerio público para procesar al senador Félix Bautista, y la investigación de Víctor Díaz Rúa, ambos alcancías del expresidente Fernández, en manos de una Suprema Corte bajo su control.
Para detener el deterioro institucional el gobierno deberá expedir los reglamentos de las leyes de Administración Pública y de Regulación Salarial del Estado, con dos y medio y año y medio, respectivamente, de promulgadas. También tendría que hacer cumplir la Ley 169-14 que devuelve la nacionalidad a los excluidos por la sentencia 168-13 y desarrollar un esfuerzo para rescatar el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, como paso fundamental para empezar a controlar el desbordamiento inmigratorio. Debería privilegiar el pacto eléctrico y el financiamiento de las mega-plantas en las que ha cifrado el mejoramiento de los contratos con los generadores y el paliativo de la crisis energética.
Para la sociedad civil los retos son abandonar la resignación y la frustración, reclamar el Estado de Derecho y la equidad social y, sobre todo rescatar la ilusión de que sí podemos mejorar la institucionalidad democrática.-
(I)
Por Oscar López Reyes
Desde 1950, tres años a posteriori de su creación -1947- la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos comenzó a instrumentalizar a periodistas para manipular y moldear a la opinión pública mundial, en una abominable labor de zapa, en el cenit geopolítico de la Guerra Fría entre dos superpotencias imperiales. Su proyecto primigenio, y el más escalofriante, ha sido la encubierta Operación Mockingbird, mediante la cual se ocultaron y tergiversaron informaciones para influir a favor de los designios norteamericanos, y desde 2019 ejecuta a gran escala una campaña de reclutamiento para difundir noticias y entretenimiento en redes sociales y plataformas streaming.
En estos 78 años, la CIA ha invertido miles de millones de dólares en el enlistamiento de periodistas anti-éticos y anti-democráticos y en infiltración en medios de comunicación para divulgar programas propagandísticos, engendrando el descrédito y la desconfianza ciudadana, así como la animadversión de adversarios en guerras.
La operación Mockingbird, que inicialmente consistió en escuchas telefónicas periodísticas sin orden judicial, fue llevada a cabo por la CIA para identificar fuentes de filtraciones de datos de alta inteligencia. Principió grabando conversaciones privadas de Hanson Baldwin, reportero de seguridad nacional del New York Times, entre el 12 de marzo y el 15 de junio de 1963, desde el Despacho Oval de la Casa Blanca.
Las grabaciones fueron por iniciativa del presidente de Estados Unidos, Jhon F. Kennedy, luego que se incomodara por un reportaje de primera plana publicado por Baldwin (ganador del Premio Pulitzer en 1943 por su cobertura de la Segunda Guerra Mundial) en la edición del 26 de julio de 1962 del New York Times en el que, amparado en una información clasificada, revelaba el número de misiles nucleares en el arsenal estadounidense. A su vez, comparaba esos depósitos atómicos de Estados Unidos con los de la Unión Soviética, y el afán de esta última superpotencia por resguardar sus emplazamientos de misiles balísticos intercontinentales.
A seguidas, la CIA también intervino los teléfonos residenciales de los columnistas Robert S. Allen y Paul Scott (The Allen-Scott Report, publicada en unos 300 periódicos), tras estos dar a conocer secretos clasificados de Estados Unidos. Más adelante, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) se incorporó a las averiguaciones y vigilancia para detectar quienes desde los organismos de inteligencia estaban infiltrando informaciones a la prensa. También produjo la intercepción telefónica a la periodista de Newsweek, Lloyd Nornam, y el secretario de Estado Dean Rusk presionó para que CBS News no difundiera un reportaje del periodista Daniel Schorr sobre el espectacular escape de ciudadanos de Alemania Oriental a través de un túnel bajo el Muro de Berlín.
Por intermedio del proyecto Mockingbird -según variadas fuentes- para divulgar propaganda proestadounidense y truquear a la opinión pública contra la influencia comunista, aceptaron ser asalariados de la CIA cientos de periodistas de The New York Times, The Washington Post, Newsweek, ABC, CBS, NBC, la revista Time, Louisville Courier Jounal, Copley News Service, la agencia internacional Reuters y otros medios de América Latina, Europa y otras regiones.
Los objetivos bien definidos de la contratación a sueldo de la red de periodistas, publicaciones, televisoras y emisoras tengo que segmentarlos en siete:
1.- Difundir relatos preescritos por la CIA, para tratar de cambiar la percepción global sobre situaciones y personas, siempre favorables a Estados Unidos.
2.- Controlar la política editorial de medios comunicativos, a través de altos ejecutivos y editores, en una novedosa interacción subrepticia gobierno-prensa.
3.- Ocultar informaciones perjudiciales o desfavorables a Estados Unidos, en una intromisión estatal sin precedentes.
4.- Inclinar la balanza para conveniencia estratégica de Estados Unidos en coberturas informativas, artículos de opinión, editoriales y otros géneros periodísticos.
5.- Contrarrestar la propaganda e influencia de la Unión Soviética, con mecanismos sofisticados de persuasión pública.
6.- Suministrar datos de inteligencia, en una típica tarea de espionaje.
7.- Detectar a agentes o empleados de organismos de inteligencia que confidencialmente suministraban informaciones a periodistas.
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El autor: Redactor principal del Código de Ética del Periodista Dominicano y autor exclusivo del libro “La Ética en el Periodismo. Los cinco factores que interactúan en la deontología profesional”.
Por Isaías Ramos
En el artículo anterior, “Cuando trabajar no alcanza”, mostramos lo esencial: en nuestro país hay trabajadores a tiempo completo que, aun cumpliendo con todo, no alcanzan el costo de la canasta básica. Hoy toca cerrar el círculo con una pregunta inevitable: si el Estado asegura que no tiene margen para indexar el ISR ni para acercar los salarios a la canasta, ¿cómo sí lo tiene para blindar exenciones y subsidios que ya rondan el medio billón de pesos al año?
La comparación es contundente: alrededor de RD$19 mil millones para cumplir la indexación —lo mínimo para que la inflación no se coma el salario por la vía del impuesto— frente a más de RD$500 mil millones en gasto tributario y subsidios no focalizados. Esa diferencia no es técnica; es moral. Es un impuesto silencioso al trabajo para sostener privilegios que casi nunca rinden cuentas.
No hablamos de milagros, sino de coherencia constitucional.
Primero derechos; después privilegios.
La indexación es justicia básica; que el salario cubra la canasta es dignidad mínima. Cuando eso no ocurre, todo lo demás se convierte en una transferencia regresiva: recursos públicos arriba y salarios de subsistencia abajo.
Lo vemos en historias como la de Marta, cajera en una tienda que abre seis días a la semana. Gana el salario mínimo del tramo superior y aun así no le alcanza para transporte, alimentos y educación básica de sus hijos. Todos conocemos una Marta. Su caso no es la excepción; es el reflejo de un modelo.
Reconocemos, sin ambigüedades, que ciertos sectores han traído inversión y empleo. Pero en un Estado Social y Democrático de Derecho, la prioridad no se discute: derechos primero, incentivos después. Si un sector recibe exenciones millonarias durante décadas, la contrapartida mínima es un salario mediano por encima de la canasta y una reducción verificable de la informalidad. Y si los beneficios se justifican por su aporte, ese aporte debe comprobarse con datos públicos.
Las preguntas son simples, y las respuestas deberían serlo también:
- ¿Cuál es su salario mediano y qué parte de la canasta cubre?
- ¿Cuál es su aporte fiscal neto, descontadas exenciones y transferencias?
- ¿Qué metas salariales y de formalización han cumplido —auditadas y con plazos—?
Si esas respuestas no existen, la falla no está en quien critica, sino en un modelo que evita mirarse al espejo.
Cuando miramos la región, el panorama se vuelve más claro y más crudo. Llevamos décadas creciendo alrededor de 5 % anual, más del doble del promedio latinoamericano. Sin embargo, datos del Banco Mundial muestran que menos de 2 % de los dominicanos ascendió de grupo de ingreso en una década, frente a un 41 % regional. Es una de las movilidades más bajas de América Latina: un motor económico de alta potencia montado sobre una carrocería social demasiado frágil.
A eso se suma un mercado laboral con alrededor de 55 % de informalidad, superando un promedio regional que ya bordea la mitad. Millones de personas trabajan sin contrato, sin protección y sin capacidad de negociación. Mientras tanto, el salario mínimo formal del sector privado no sectorizado —según el tamaño de la empresa— oscila hoy entre unos RD$16,000 en las microempresas y cerca de RD$28,000 en las grandes, y ni siquiera en su tramo superior alcanza el costo de la canasta familiar nacional, que ronda los RD$47,500, ni la canasta del quintil 1, situada en torno a RD$28,400. La mayoría de los trabajadores informales ni siquiera se acerca a esos montos.
Ahí está el nudo del modelo: un PIB que corre por delante del promedio regional, con salarios más bajos, más informalidad y menor movilidad que casi todos. Ahí es donde la retórica del “milagro” deja de coincidir con lo que millones viven cada día: jornadas largas, ingresos insuficientes y un crecimiento que no se traduce en dignidad.
Y, mientras tanto, la indexación —que solo evita que el impuesto castigue el salario— se presenta como inalcanzable. No lo es. Lo inalcanzable es pretender estabilidad congelando la protección del trabajador mientras se blindan privilegios que nadie revisa con lupa desde hace décadas. Eso no es estabilidad; es un subsidio a la precariedad.
La discusión no es “si hay dinero”, sino de dónde es justo que salga.
¿De quienes ya no pueden más, o de exenciones que llevan medio siglo sin evaluación seria?
¿De la nómina de la clase trabajadora, o de regímenes especiales convertidos en vacas sagradas?
En el Frente Cívico y Social entendemos que la guía es simple y está escrita en la Constitución. El artículo 62 establece, entre otras cosas, que es finalidad esencial del Estado fomentar el empleo digno y remunerado y, en su numeral 9, consagra el derecho a un salario justo y suficiente para vivir con dignidad. No es poesía; es mandato. Si el salario mediano de un sector no cubre la canasta, ese sector no cumple con la dignidad mínima. Y si además recibe exenciones, la obligación de rendir cuentas es aún mayor.
Y porque no hay dignidad sin desarrollo, no olvidemos lo esencial: salario digno es demanda interna, productividad futura y estabilidad social. Con sueldos de miseria no se construye un mercado interno robusto, no se fortalece el capital humano, no hay escalera de movilidad. Lo que se “ahorra” hoy en salarios bajos se paga mañana en menor crecimiento y mayor conflictividad.
En una frase: un país que se respeta no pone el privilegio por encima del salario, ni el incentivo por encima de la dignidad. Cuando la política honra esa jerarquía, la estadística deja de ser consuelo y se convierte en vida vivible.
Despierta RD
Por Rommel Santos Díaz
A diferencia de la Corte Penal Internacional, cuyo estatuto es el resultado de varios años de debates y de la Conferencia de Plenipotenciarios, los tribunales Ad –Hoc para la Ex Yugoslavia y Ruanda son la expresión de una respuesta a dos situaciones específicas caracterizadas por la comisión de atrocidades en el territorio de estos países.
Fue precisamente la gravedad de las circunstancias lo que obligó al Consejo de Seguridad a ejercer las atribuciones que le confiere el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas para crear las jurisdicciones penales Ad – Hoc para la Ex Yugoslavia ( Resolución 827 de 1993) y para Ruanda (Resolución 955 de 1994)
En estos casos, ambos tribunales tienen virtualmente estatutos idénticos y también compartieron algunas instituciones comunes, como por ejemplo el Fiscal, dado que a partir del 15 de septiembre del 2003, el Consejo de Seguridad designo a Hassan Bubacar Jallow como Fiscal del Tribunal Penal Internacional para Ruanda.
La Fiscal Carla Del Ponte ejerce su competencia exclusivamente en relación al Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia. Las características comunes entre ambos tribunales han tenido como consecuencia, al menos en el ámbito teórico, la economía y uniformidad en el ámbito fiscal hasta el año 2003 así como en el desarrollo de una línea jurisprudencial sólida y constante en el análisis de sus respectivos casos.
De esta forma la creación de dichos tribunales Ad-Hoc constituye un desarrollo sin precedentes a favor de la implementación de las normas sobre derechos humanos que a su vez ha favorecido una dinámica positiva en el proceso de creación de un sistema de justicia penal internacional que se concreta casi una década después con el inicio de las funciones de la Corte Penal Internacional.
Por su lado el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda fueron creados por resoluciones del Consejo de Seguridad en virtud de las cuales son considerados como órganos judiciales subsidiarios del mismo.
Se ha establecido que aun cuando fueron creados por el Consejo de Seguridad, el cual no es un órgano judicial, esto no afecta la validez del acto jurídico de creación puesto que ambos son el reflejo del ejercicio del mandato del principal órgano de las Naciones Unidas para mantener la seguridad y la paz internacional.
Esta línea de razonamiento concuerda con la establecida por la Corte Internacional de Justicia en su Opinión Consultiva sobre los efectos de las compensaciones concedidas por el tribunal administrativo de las Naciones Unidas de 1954.
Por tanto, mientras la Corte Penal Internacional es un tribunal internacional independiente, el Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda son órganos judiciales subsidiarios del Consejo de Seguridad Conforme al Artículo 2 del Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional mantiene relaciones de cooperación con el sistema de de las Naciones Unidas, pero ello no afecta su independencia con respecto a dicha organización internacional.