Análisis Noticiosos
2021: renovación de la esperanza
Por Juan Bolívar Díaz
Toda la humanidad debe ser convocada a una renovación de la esperanza, con firmes propósitos de enmiendas, en la aurora del 2021, después de un año terrible que nos deja sumidos en la peor crisis de salubridad, con repercusiones económicas y sociales que aún no podemos predecir en toda su magnitud, pero que requerirá de varios años de esfuerzos infinitos para alcanzar la recuperación.
Las perspectivas lucen más aciagas para países como el nuestro, con marcados atavismos en la salubridad y la asistencia, con una estructura tan desigual y atrapado por el galopante endeudamiento de la última década, en el que se fundó un crecimiento económico con pies de barro.
Ya este año, para ofrecer precaria asistencia a cientos de miles de desempleados y amortiguar el galopante empobrecimiento, hubo que incrementar el endeudamiento, y lo mismo se proyecta para el nuevo año, en términos que obligarán a profundas reformas para hacerle frente a partir del 2022.
Hay quienes creen que ese nivel de subsidio, ya extendido al primer trimestre, no podrá sostenerse por más tiempo.
Es comprensible y hasta ponderable que las autoridades se hayan empeñado en proyectar optimismo para incentivar la reanudación de actividades económicas y nuevas inversiones que contribuyan a paliar el creciente desempleo.
Pero lo que nos espera en los próximos meses es ciertamente una ingente tarea de concertación, con los máximos niveles de austeridad, comenzando por el gasto público, pero también el privado en todas sus dimensiones.
El desafío no es solo al Gobierno central, sino a todas las instituciones del Estado, las autónomas y descentralizadas, donde los gastos de representación, las dietas, los altos salarios y compensaciones alcanzan a menudo niveles de privilegios irritantes.
Incluye también a los demás poderes del Estado, especialmente al Legislativo, donde se impone la supresión de barrilitos y cofrecitos clientelistas y de ventajismo político.
Los dominicanos y dominicanas podemos superarnos, y de hecho en el año que concluye, por encima de la pandemia que nos asola, la sociedad recogió energías suficientes para lograr lo que para muchos parecía imposible, imponer un proceso electoral donde prevaleciera la voluntad popular por encima de la inmensa maquinaria de poder que se había impuesto avasallando las instituciones y reduciendo la calidad de la democracia.
Al pasar balance no podemos olvidar que una gran proporción de la ciudadanía se movilizó clamando por poner límites a la corrupción y a la impunidad que le ha sido consustancial en dimensiones vergonzantes mostradas en todas las evaluaciones internacionales.
A la sociedad dominicana se le arrebataron inmensas partidas del erario que debieron contribuir a superar pobreza y generar riqueza colectiva.
El año termina con una renovación de la esperanza de que es posible un Estado mejor organizado, más transparente y con instituciones que operen por encima de los intereses políticos grupales y de las minorías privilegiadas, para beneficio de toda la sociedad.
Pero todos debemos ser conscientes de que la cultura política de la apropiación de lo público está muy arraigada, que tiene incentivos de sectores políticos y privados, y en cualquier momento reaparecerá. Por esa razón hay que seguir avivando la llama de las transformaciones, y mantener la cuerda tensa en defensa de un Ministerio Público independiente y de un sistema judicial que requiere transformaciones.
Lo primero a vencer es la impunidad, si queremos poner límites a la corrupción, más difícil de eliminar por completo.
Recuperemos la vieja consigna de año nuevo, vida nueva, con seres humanos renovados. Urge que todo el mundo asimile la lección que nos ha dado la naturaleza con la pandemia de covid 19, y se fortalezcan los programas de preservación del medio ambiente y se combata con eficacia y determinación las grandes fuentes de contaminación.
Será preciso también que aparezcan nuevos liderazgos internacionales en defensa del planeta y se reactiven las confrontaciones ideológicas, y no las de las armas ni el terror, para generar chispazos que permitan reducir la extrema concentración de la riqueza que amenaza la convivencia humana.
Esa tarea es más perentoria a la luz de las repercusiones que nos deja la pandemia cuando apenas asoma una esperanza de contención.
Por José Cabral
Este miércoles participé de una conciliación en la fiscalía del juzgado de paz de Santiago sobre una pensión alimenticia y el magistrado que condujo la misma expresó tantos contrasentidos jurídicos que cualquiera siente vergüenza ajena.
Entre los disparates jurídicos de este fiscalizador está que antes de que se iniciara la vista de conciliación, que se hizo a solicitud de un padre que propone el pago de un monto especifico y concreto de pensión alimenticia, el funcionario incitó a la madre citada a que presentada una denuncia en contra de éste en violación de los procedimientos establecidos al respecto.
Pero peor fue todo lo que dijo este señor, como por ejemplo sostener que cualquier poder de una de las partes que llegue a sus manos de antemano es cuestionado porque alega que allí se llevan muchos títulos auténticos de este tipo falsificados, lo cual me llevó a llamar a la atención a este funcionario porque las leyes establecen los procedimientos al respecto.
Los contrasentidos del magistrado no pararon e incluso llegó a decir que en términos de pensión o manutención los hermanos y otros familiares del padre son también responsables de suplir de alimentos al niño víctima de una situación de irresponsabilidad paternal, pese a que no era el caso de la especie, lo que también me llevó a recordarle que lo que decía era una violación al principio constitucional de que nadie es responsable por los hechos que cometen otros sin importar los vínculos de familiaridad, a menos de que se trate de un menor no emancipado.
Este fiscal llegó al colmo de violar la Constitución de la República cuando mandó a retirarse a todos aquellos abogados que él considera que tienen una edad que a su juicio deben darles paso a otros profesionales del derecho más jóvenes, lo que también representa una vulneración del artículo 39 la carta magna cuando dice que nadie debe ser discriminado por sexo, color, edad y preferencia sexual, entre otras cosas.
Este comportamiento del Ministerio Público no es de ahora, ya que se trata de una debilidad que arrastra desde hace décadas, porque la verdad es que nadie sabe de dónde saca el órgano a este tipo de personaje, quien además decía y reiteraba con la anuencia de algunos abogados presentes que un poder no tenía validez en la jurisdicción de niñas, niños y adolescentes por tratarse de una ley especial.
Yo he sido uno de los que se han quejado por la tolerancia con que el sistema trata la emisión de actos auténticos que no cumplen con las formalidades de ley y que representan una falsedad, no sólo material, sino también intelectual, pero el problema consiste en que es letra muerta lo que dispone la Ley 140-15 y el propio Código Civil Dominicano al respecto.
Regularmente los jueces no estatuyen sobre este tipo de delito, pero ello de ninguna manera justifica que un fiscal o fiscalizador ignore los procedimientos a seguir cuando sospeche que un título autentico es falso, porque no puede hacer como el personaje de este miércoles que actúa como si tuviera la competencia para emitir sentencias o desempañar funciones jurisdiccionales.
Y no se trata sólo de un abuso de poder, sino de una gran ignorancia que daña y lesiona gravemente la credibilidad de todo el sistema de justicia.
No obstante, no es mucho lo que se puede pedir al respecto, porque es un problema integral que sólo una transformación total del Estado podrá resolver.
Por José Cabral
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) mantiene una campaña para crear la percepción de que la mora judicial ha sido reducida a su más mínima expresión.
Sin embargo, cuando cualquier ciudadano se aboca a un análisis de fondo del problema, descubre que se trata de un truco para vender una percepción que no tiene nada que ver con la realidad.
La disminución de la mora judicial ha sido concebida sobre la base de la negación de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa, porque el arma usada para este fin es la figura de la inadmisibilidad.
Ello se puede observar con el llamado interés casacional, el cual se sustenta en un criterio subjetivo del derecho, pero que la figura puede ser utilizada para descongestionar el sistema de justicia sobre la base de decisiones que se apoyan en la inadmisiblidad.
Este mecanismo jurídico permite que se proyecte una eficiencia que no existe y que tampoco representa una solución a un problema que en vez de disminuir se complica.
Por lo que se ve, la SCJ utiliza un arma que no es válida para acabar un problema que desde cualquier perspectiva que se analice representa denegación de justicia.
Justicia tardía es, sin lugar a dudas, denegación de justicia, pero peor aún recurrir a una interpretación como el interés casacional para declarar inadmisibles una gran cantidad de casos y buscar descongestionar el sistema y en esas condiciones en el país no se puede hablar de una mejoría del Estado Social Democrático de Derecho.
Lo que se sí ocurre ahora con el recurso extraordinario de casación es un aumento preocupante de la figura de la inadmisibilidad, a los fines de proyectar lo que en la realidad no se produce, aunque ciertamente genera un descongestionamiento sobre una base ficticia y negadora de derechos.
En este aspecto sostengo que se reasume una percepción que ha hecho tanto daño a la democracia dominicana, cuya credibilidad ya parece irrecuperable.
La mora judicial es un fenómeno que abarca todo el sistema de justicia, desde los juzgados de paz hasta los tribunales de primera instancia y las cortes de apelación, pero naturalmente en el nivel que causa mucha mayor preocupación es en casación, cuya Ley 2-23 se ha convertido en un instrumento para ahora apoyarse en la inadmisibilidad para la denegación de justicia.
Por José Cabral
No es por accidente que los hechos más violentos y repugnantes del territorio nacional tienen lugar en la ciudad de Santiago, segunda en importancia del país.
Y no es para menos, porque aparte del crecimiento exponencial de la población en Santiago, también se producen una serie de hechos que marcan un curso preocupante de la llamada “Ciudad Corazón”.
El asunto, según puedo observar, es que Santiago no sólo ocupa un lugar primordial en crímenes y sicariatos, sino que la violencia generalizada parece apropiarse de la que otrora fuera un lugar atractivo para vivir en familia.
Pero ése no es sólo el problema, sino que Santiago es lo que muy bien se puede definir como una ciudad colapsada, donde no existen autoridades o si existen no están en capacidad de imponer el orden y el respeto entre las personas.
Sin embargo, lo peor y más doloroso es que los servicios públicos no es que son un desastre, sino que no existen, que son cosas del pasado.
Un aceptable servicio de agua potable ya ha pasado a ser una aspiración que no hay forma de que se logre y peor aún el de energía eléctrica.
Los propios funcionarios del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN) dicen que esta institución está quebrada y luce con pocas posibilidades de sobrevivir.
Los hogares y negocios de Santiago reciben agua potable una vez cada 20 días y sólo por una media hora, lo que provoca que los baños de viviendas y empresas estén llenos de bacterias.
Eso sí, las facturas siempre hay que pagarlas, porque de no ser así no habría forma de cumplir con la gran cantidad de vagos colocados en empleos en la administración pública.
Es decir, que el ciudadano no tiene derecho para reclamar un buen servicio de agua potable, pero si no paga lo cortan, pese a que de cualquiera manera no recibe nada cambio.
Por eso pienso que Santiago en vez de “Ciudad Corazón” debería bautizarse como la “Ciudad Colapsada”, donde vivir es un suplicio y donde la violencia se apropia de ella cada día como resultado de la gran deuda social con sus munícipes y las tensiones e insatisfacciones generadas por quienes tienen la responsabilidad de llevarla a otro sitial.