Opinión
Reconstituir al ejército hará que Haití revierta a un pasado de 30 años atrás
Por Jeb Sprague
El gobierno Haitiano está haciendo planes para reconstituir al disuelto ejército, una institución responsable de muchos de los peores crímenes cometidos en la historia del país. Al mismo tiempo, el gobierno ha movilizado policías especiales para sacar de sus campamentos a los damnificados por el terremoto de 2010.
Mientras que la sociedad civil y las organizaciones populares en Haití están haciendo campañas en contra de un retorno a la época represiva de la dictadura duvalierista, los ciudadanos de Estados Unidos y la Repùblica Dominicana debemos ser conscientes de la larga historia de apoyo que han dado nuestros gobiernos a los militares y paramilitares de Haití.
Todo comenzó con la formación de un ejército moderno durante la ocupación de Haití por EE.UU. entre 1915-1934. Los EE.UU. se replegaron de Haití sólo después de asegurarse que los militares haitianos podían continuar la ocupación. Un proceso similar, también de supervisión estadounidense, se produjo en el lado dominicano de La Española.
A principios de 1960, los marines entrenaron a los Tonton Macoutes, la fuerza paramilitar del notorio dictador Francois «Papa Doc» Duvalier. Cuando el hijo de Duvalier, Jean-Claude, asumió la presidencia en 1971, antiguos marinos entrenaron y equiparon a un brutal cuerpo del ejército que se llamaba Los Leopardos. Los instructores trabajaban para una empresa de Miami, contratada por la CIA y supervisada por el Departamento de Estado.
Los peores paramilitares violadores de los derechos humanos, fueron lanzados a la clandestinidad con la inauguración del primer gobierno de Haití elegido democráticamente en febrero de 1991.
Sólo siete meses después, las fuerzas militares derrocaron al presidente del país, Jean-Bertrand Aristide. Una nueva organización paramilitar, FRAPH, lanzó una ola de terror, apoyada por la CIA.
Después de años de presión popular sobre los Estados Unidos y las Naciones Unidas, la democracia de Haití fue restaurada en 1994. Aristide disolvió al ejército (entrelazado con los paramilitares) y entabló procesos judiciales contra los entes financieros y paramilitares. Esta fue la primera vez en la historia moderna de Haití, que las fuerzas paramilitares no gozaron de impunidad.
Sin embargo, los diplomáticos estadounidenses presionaron para la inclusión de algunos ex militares haitianos, en importantes cargos en la nueva fuerza policial del país. Como lo señaló Human Rights Watch en un informe, los Estados Unidos utilizaron sectores de las fuerzas de seguridad de Haití para reprimir al movimiento popular en el país, al mismo tiempo, que los ex militares durante décadas controlaban el narcotráfico a través de Haití. Una vez disuelto el ejercito, un puñado de elites y ex-militares (algunos ahora dentro de la policía) competían por el control del tráfico de la cocaína.
En el 2000 un grupo de estos ex militares conocidos como los «ecuatorianos», (un grupo de cadetes que habían recibido entrenamiento en Quito, Ecuador, beneficiándose de una estrecha relación con los Estados Unidos), demostraron cómo la influencia de EE.UU. en las fuerzas de seguridad de Haití, lejos de reformarlas, ha surtido el efecto contrario. A finales de 2000, este grupo paramilitar inició ataques en Haití con el fin de derrocar al Presidente Aristide nuevamente.
Más tarde, otros se unieron a los paramilitares, entre ellos algunos de los más ricos líderes empresariales de Haití los cuales eran neo-duvalieristas, un pequeño grupo de funcionarios oportunistas dentro del gobierno haitiano, algunos sectores del Ministerio de Relaciones Exteriores dominicano y el ejército dominicano. También es probable que hubo algún tipo de apoyo de los EE.UU. y Francia a través de las agencias de inteligencia — tal como lo revelaron recientemente documentos desclasficados, recopilados a través de la Ley de Libertad de Información de E.U. (FOIA), y entrevistas con los participantes.
Usando a República Dominicana como base, los paramilitares fueron capaces de ampliar sus operativos criminales y en 2004, jugaron un papel clave en el golpe de Estado que derrocó al segundo gobierno de Aristide. La OEA y EE.UU. no hicieron nada para que la República Dominicana extraditara o detuviera a los paramilitares haitianos que utilizaban el territorio dominicano.
Después del golpe, los procesos judiciales contra los paramilitares fueron suspendidos. Los financieros de los escuadrones de la muerte gozaron de impunidad total. Poco después, 400 miembros de la fuerza paramilitar se insertaron en una policía renovada bajo la supervisión del EE.UU., la ONU y la OEA. Ahora sabemos de esto también a través de los cables secretos de la embajada de EE.UU. publicados por Wikileaks.
En estos cables hay una cierta inquietud expresada por la embajada de los EE.UU. sobre los paramilitares, pero nunca se cuestionó la política básica: que los hombres que habían perpetrado crímenes graves y ayudaron a derrocar a un gobierno democrático podrían ser policías en vez de ser castigados por sus crímenes.
Después del terremoto de 2010 y la polémica elección de 2011 el presidente Michel Martelly (un aliado duvalierista), se ha creado una campaña para reconstituir al ejército del país. Francia se ha ofrecido a ayudar a financiarla, mientras que Brasil y Ecuador se han ofrecido a ayudar con el entrenamiento.
Recientes estudios científicos realizado por las ONG en Haití muestran que el 97 por ciento de la población en general está en desacuerdo o muy en desacuerdo con la reconstitución del ejército. El pueblo de Haití conoce la historia de la brutalidad del ejército y paramilitares en el país.
Ya es hora que los ciudadanos estadounidenses y de otros países, vigilen mucho mejor lo que hacen sus gobiernos en Haití. El Congreso de EE.UU. debe aumentar la fiscalizacion de la ayuda económica a Haití, asegurándose que el dinero asignado para las relaciones exteriores no atente contra la democracia y la justicia, y no le otorgue mas impunidad a los criminales duvalieristas.
Los movimientos sociales en la República Dominicana, al igual que en los EE.UU., necesitan reclamarles a las autoridades responsables, de sus delitos en el extranjero. Lo más importante es, que los movimientos populares en la República Dominicana tienen que estar sólidamente vinculados con el movimiento popular en Haití, oponiéndose a golpes de Estado y a la violencia paramilitar.
Jeb Sprague es el autor del nuevo libro, «El Paramilitarismo y el Asalto a la Democracia en Haití». Actualmente se está trabajando en versiones en español y francés. Leer más aquí: http://monthlyreview.org/press/books/pb3003/
Por Narciso Isa Conde
Santo Domingo.– Al aceptar la determinación de Trump y del Pentágono, de intervenir militarmente los aeropuertos de San Isidro y Las Américas, el espacio aéreo y aguas territoriales de nuestro país, para agredir militarmente a Venezuela y a otros países de la región, Luis Abinader ha cometido el delito de traición a la patria dominicana y la peligrosa afrenta de sumarse al plan de guerra e intervención de EE.UU. en esta región.
¿Qué implica la intervención militar en bases dominicanas?
La base militar de San Isidro es la más grande del país, concentra el mayor poder de fuego (aviación, cuerpo de paracaidistas, infantería y blindados) y pasa a ser intervenida por el Comando Sur del Pentágono.
No se había visto una cosa parecida luego de la intervención militar de abril de 1965: en los últimos 60 años la intervención militar de EE.UU. se mantuvo camuflada como «asesorías», «visitas», «ejercicios» y «operaciones» puntuales; pero ahora la intervención se asume directa, invasiva, indefinida y con tropas especializadas.
La Constitución vigente -a pesar de lo conservador, autoritario y neoliberal de su contenido- obliga a Abinader a rechazar cualquier agresión a nuestra soberanía y cualquier intervención en los asuntos internos de otros países.
¿Cuál es el contexto político y regional de esta acción?
En verdad, no se trató de un «acuerdo», sino de una orden de Trump y el Pentágono, fielmente cumplida por Abinader, en medio de un despliegue naval en el Caribe y áreas del Pacífico; apuntando contra Venezuela y Cuba, en primer lugar y sucesivamente.
Pero también contra los gobiernos de México y Colombia (Colombia ya invadida por 10 bases militares), sin descartar Nicaragua, ni a otros países que no se le dobleguen a un imperio furioso por su decadencia, empecinado en saquear petróleo, gas, minerales estratégicos, biodiversidad y fuentes de agua en Nuestra América.
El cartel mayor del Hemisferio Occidental es Wall Street y el mercado más grande es el Norte Revuelto y Brutal, mientras aquí abundan las narco-complicidades en altas instancias del Estado.
Este es un narco-estado y si no lo creen, examinen los largos años de impunidad de altos funcionarios civiles, militares y empresarios protectores de los capos Quirino, Figueroa Agosto, Toño Leña, Cesar El Abusador, Arturo del Tiempo, Nelson Solano, Miguel Gutiérrez, Miki López, Yamil Abreu y los capos del Cartel del Cibao, que primero financió al PLD y luego al PRM.
Examinen la narco-política del PRM y por qué las conexiones del narco con sus jefes políticos en funciones gubernamentales no se atacan ni se sancionan.
Por Isaías Ramos
Santiago nos golpeó con dos tragedias que el país no puede normalizar. Noelvin Jeremías Cabrera, de 14 años, murió tras un conflicto vinculado al entorno escolar luego de salir del Politécnico Simón Antonio Luciano Castillo; otro adolescente guarda prisión preventiva mientras se conoce el proceso.
Días después, Stephora Anne‑Mircie Joseph, de 11 años, falleció por ahogamiento durante una excursión escolar del Colegio Leonardo Da Vinci. Según informó el Ministerio Público, el caso se investiga como homicidio involuntario y se detuvo a cuatro personas, alegando presuntas fallas graves de supervisión y seguridad.
Estos episodios no son accidentes desconectados. Son síntomas de un deterioro profundo: en demasiados entornos escolares se ha debilitado la fuerza formativa, la autoridad moral y la coherencia institucional. Durante casi treinta años, la formación moral y cívica ha sido relegada y, al mismo tiempo, la disciplina ha sido malinterpretada como autoritarismo, dejando un vacío que hoy se expresa en conductas violentas, negligencia, irrespeto y una cultura escolar sin límites claros.
El Gobierno reaccionó anunciando una mesa interinstitucional “permanente” entre el Ministerio de Educación y la Procuraduría, enfocada en prevención, monitoreo y protocolos de actuación. Es un paso necesario. Pero debemos ser honestos: la República Dominicana está cansada de anuncios que no pasan de la rueda de prensa. La ciudadanía exige resultados medibles, responsables identificables y continuidad real. Lo que no se supervisa se pierde; lo que no se mide se diluye.
El problema de fondo excede cualquier mesa técnica. La Constitución es clara: el artículo 63, numeral 13, ordena como obligatoria en todas las escuelas —públicas y privadas— la formación social, cívica y ética, la enseñanza de la Constitución, los derechos fundamentales y la convivencia pacífica. La Ley 66‑97 insiste en principios como el respeto a la vida, la democracia, la solidaridad, la verdad y los valores que sostienen la dignidad humana. Sin embargo, entre la teoría legal y la práctica cotidiana hay un abismo que seguimos pagando con vidas jóvenes.
Hay, sin embargo, una señal alentadora: la Ordenanza 02‑2025 del Ministerio de Educación, que establece la implantación formal de la asignatura Educación Moral, Cívica y Ética Ciudadana en todos los niveles a partir del año escolar 2025‑2026. Es un avance importante, pero no será suficiente si no se acompaña de tres elementos indispensables: formación docente rigurosa, coherencia institucional y supervisión real. Una asignatura sin cultura institucional es como sembrar sin preparar la tierra.
En el Frente Cívico y Social entendemos que volver a educar el carácter implica recuperar la disciplina como virtud cívica, no como castigo. Disciplina significa dar estructura, sostener límites razonables y construir hábitos que fortalezcan la voluntad. Significa ser coherente —los adultos primero—, persistente —todos los días— y consistente —consecuencias claras, justas y previsibles—. La disciplina bien aplicada protege al alumno, dignifica la convivencia y devuelve a la escuela su papel como taller de ciudadanía.
Esta visión ha sido afirmada desde perspectivas distintas pero convergentes. Elena G. de White advirtió que la verdadera educación desarrolla la facultad de pensar y hacer, evitando que los jóvenes sean “simples reflectores del pensamiento de otros”. Y Camila Henríquez Ureña alertó contra reducir la educación a instrucción técnica, recordándonos que formar el ser es más decisivo que enseñar destrezas.
Hoy, en plena era de la inteligencia artificial, esta verdad es más urgente: la información se obtiene en segundos; el carácter se forma con esfuerzo cotidiano y con entornos que sostengan lo correcto cuando haya presión.
En medio de tanta preocupación, pude ver una señal de esperanza. Recientemente compartí con el personal docente y administrativo del Colegio Adventista Salvador Álvarez de Jababa, Moca: la escuela donde estudié de niño, fundada en 1925 y portadora de cien años de legado educativo y cristiano. Allí, en una actividad anual organizada por la familia Álvarez‑Piantini‑Schliemann, reafirmamos un compromiso: trabajar juntos para que este colegio rural se convierta en un referente nacional de educación integral y disciplina con propósito. En tiempos de crisis, los ejemplos valen más que los discursos.
Si queremos honrar a Noelvin y a Stephora, debemos transformar el duelo en acción verificable. Necesitamos un protocolo nacional obligatorio para excursiones escolares y actividades de riesgo, con auditoría anual y sanciones claras cuando se incumpla. Necesitamos indicadores públicos de convivencia —con estricta protección de identidad— y, más importante aún, que se publiquen de forma trimestral por distrito educativo: incidentes reportados, tiempos de respuesta, medidas aplicadas y avances en prevención. Y necesitamos la ejecución seria, no decorativa, de la formación moral y cívica, con acompañamiento docente, supervisión independiente y continuidad sostenida.
Porque una sociedad que educa el carácter reduce la violencia. Y una que renuncia a esa tarea termina llorando a sus hijos.
Despierta, RD!
Por Rommel Santos Diaz
Otro de los derechos accesorios al derecho a la participación es el derecho a la notificación. Una vez que las víctimas sean reconocidas como tales frente a la Corte Penal Internacional, en una situación o en un caso, directamente o a través de sus representantes legales, las víctimas tienen derecho a ser notificadas e informadas de los avances del procedimiento, de las decisiones de la Sala correspondiente, de las fechas de las audiencias, de la interposición de recursos por las partes , entre otras diligencias.
Tanto la publicidad de los procedimientos como la notificación a las víctimas son claves para garantizar que esta pueda ejercer su derecho a la participación.
Esta importancia es reconocida por algunas disposiciones que hacen expresa la necesidad de que las víctimas tengan conocimiento del estado de los procedimientos; por ejemplo la norma 87 establece la obligación explícita del Fiscal de notificar a las víctimas de acuerdo a la regla 50(1) y la regla 92(2). Igualmente, derivado del artículo 15 del Estatuto de Roma, la Secretaría podrá asistir en esta notificación si así es requerida por la Fiscalía.
Igualmente, existe la obligación de notificar y dar adecuada publicidad de las actuaciones por medios generales de acuerdo a las reglas 92(8) y 96(1).
Esta función se encuentra regulada en el Reglamento de la Secretaría de la Corte Penal Internacional en donde se reconoce la importancia de que esta información sea accesible a las víctimas para facilitar el ejercicio de sus derechos.
Finalmente es importante mencionar que los jueces al ser los garantes del debido proceso y el ejercicio de las víctimas, tienen la facultad de rechazar una solicitud de participación si consideran que en ella no se ha acreditado la calidad de víctima frente a la Corte Penal Internacional.
Sin embargo, las víctimas podrán presentar otra solicitud en una etapa ulterior de acuerdo a la regla 89(2).Finalmente las víctimas si así lo desean, podrán retirar su solicitud de participación en cualquier momento si así conviniere a sus intereses.
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