Opinión
Viejas propuestas sobre Dominicanos por el Cambio
Por: MELVIN MAÑON
Originalmente, Dominicanos por el Cambio (DxC) nació con un claro reclamo ético, un activo inicial aportado y preservado por su presidente fundador. Tras el éxito inicial aparente de nuevas propuestas puestas en marcha a fines de 2012 el partido parece haber perdido la iniciativa en 2014.
Numerosas señales e indicadores hacen suponer que DxC es un partido política e ideológicamente en transición, sin embargo, no está claro que así se perciba en la dirección del dicho partido ni que se obre en consecuencia.
DxC originalmente, trató de ocupar un espacio de centro derecha en el espectro político nacional conforme a los orígenes políticos de sus fundadores. Ahí surgió la primera paradoja. Ese espacio ya estaba ocupado por el PLD y otros partidos de derecha pero además, el reclamo ético de DxC no podía prosperar muy bien dentro de la derecha tradicional ni la derecha de los nuevos ricos.
Una mayoría de esta población abraza la plataforma democrática solo de palabra pero en la práctica se nutren del tráfico de influencias y del acceso privilegiado al poder. Ellos no podían sentirse representados ni impulsar a un partido cuya prédica y cuyo ejemplo, aunque ellos nunca lo dijeran, es contrario a su práctica habitual.
El reclamo de DxC prosperó dentro de gente independiente y otra paradoja, dentro de una población de izquierda y centro izquierda que opta por el respaldo a una figura política proba y a una promesa de respeto a la legalidad incluso por encima de antiguas definiciones y barreras ideológicas.
El discurso y la práctica política enarbolados por DxC siguió caminos tradicionales que no lo favorecieron. No ha podido todavía demostrar que podía ser opción de poder como partido cuando su propio presidente, como persona, era y es sistemáticamente admitido como presidenciable y de hecho propuesto por muchas personas de buena voluntad de cualquier espectro político.
DxC no ha podido beneficiarse de la aceptación pública de su presidente. Esa es otra paradoja. Pero también una fuente de peligro potencial. Una parte del país ve con buenos ojos al presidente de DxC, sin embargo, ni han votado por él ni han ingresado al partido. La maquinaria que puede hacer posible la transición de presidenciable a presidente noha existido o no ha funcionado apropiadamente.
Proponiendo un discurso distinto y asumiendo prácticas innovadoras, el partido logra entre 2012-2013 recuperarse del pobre desempeño electoral y reanimar muchos de sus organismos que estaban cuasi inoperantes. Los trabajos de este periodo alientan las expectativas de los dirigentes y miembros de centro izquierda que habían venido antes proponiendo metas mas ambiciosas.
OTRA PARADOJA
Entonces, se desata otra paradoja:
Eduardo Estrella.
El reclamo ético, que fue una razón para el ingreso de numerosos activistas y dirigentes resulta ahora insuficiente. Se aspira a un partido mas militante, de mayor activismo, mas comprometido con las luchas populares, con los reclamos de la población desguarnecida, pero se le está pidiendo eso a una partido que no fue fundado originalmente para cumplir esa misión.
La visión mas generalizada en DxC se enmarca en la perspectiva de un partido que sabría gobernar y un presidente que conoce los problemas concretos. El problema de esa visión es que su presencia requiere el ejercicio político de un partido en la oposición. Cualquier observador se percata de que el discurso prevaleciente en DxC es la crítica al gobierno pero no la orientación política para derrotar a ese gobierno que se critica, tampoco la organización para llevarlo a cabo.
Es como si dijéramos, tenemos el candidato pero nos falta el partido o igualmente, tenemos con quien gobernar pero no con quien conquistar el poder. Esta paradoja afecta prácticamente a toda la dirección del partido, sin embargo, naturalmente la vigencia empuja constantemente en una dirección y pone presión sobre Eduardo Estrella (EE) persona y plantea la cuestión de si podrá, contrariando su propia naturaleza y carácter, asumir ese reto o satisfacer esa demanda.
EE es un ingeniero de formación pero también de carácter. Se siente mas cómodo cuando el cálculo de una ecuación política se asemeja a los niveles de certidumbre propios de las matemáticas. No es en general muy propenso al riesgo y,en su discurso muchas han advertido que, mientras mas se aleja de la ingeniería mas cauto se vuelve. Los temas que mejor maneja son los referidos a la gestión gubernamental propiamente dicho y no al accionar político de una dirigente de oposición.
Una parte del nuevo activismo y del entusiasmo desatado por la gente de centro izquierda choca con una parte del viejo partido. En este sentido EE asume, en muchos temas, un discurso y un posicionamiento mas progresista que mucha de la gente vieja de su propio partido cuya visión de la política es mas conservadora.
DIFERENCIAS
Aunque no se ha vivido en DxC un periodo de debate donde las ideas progresistas se enfrenten a las que no lo son, las diferencias afloran entonces de manera puntual. El manejo del tema inmigración y la sentencia 168, sin atraer ni sumar nada de la derecha ni del centro derecha nos hizo perder puntos en el centro y el centro izquierda.
Otras iniciativas han sido abandonadas: la campaña para proteger a las PYMES de la voracidad fiscal exigiendo asesoría, la Coordinadora Nacional de Primeros Votantes, el empleo de afiches promocionales, el inicio del programa de televisión y radio entre otros.
DxC está empezando a vivir otra paradoja: si bien es cierto que el discurso de su presidente fundador ha girado hacia posiciones mas progresistas, la práctica política ha seguido un camino mas tradicional justamente en un periodo durante el cual parece haber surgido con fuerza la necesidad de instrumentar un activismo que rompa la anomia y desate las fuerzas reclamantes de un nuevo orden.
Ser serio es una cosa, dirigir al pueblo en las calles es otra. Lo uno no supone automáticamente lo otro. Saber estar en el medio cuando hay disputas internas es una cosa distinta a saber conciliar y echar adelante un proyecto a escala nacional.
Lo deseable, lo que debería ocurrir, lo que debería provocarse es que la amplia aceptación del reclamo ético a favor del presidente de DxC se haga acompañar de un activismo comprometido que saque la política del discurso y retome la iniciativa y con esta, las calles, el único terreno donde parece que pueden frenarse las canalladas del PLD.
NECESIDADES
Hay que salir de los espacios bajo techo y de los estudios de TV. Es mas fácil decir qué hacer pero es igualmente inevitable aprender a hacerlo. Si se observa, Dominicanos por el Cambio carece de un estado mayor pero las causas de esa ausencia no han sido sometidas al análisis y escrutinio como debería.
La necesidad de conciliar a lo interno se impone. Debemos ser capaces de refundir a EE con DxC o no tendremos de ninguno de los dos. El tiempo se nos agota y a la conformación de un escenario político distinto se corre el riesgo de quedar fuera de juego.
La oposición al gobierno, en pleno, ha sucumbido a una especie de trampa astutamente montada. El espacio para la protesta, el reclamo, la denuncia ha ido reduciéndose gradualmente, año tras año. Los periódicos son mas conservadores que antes, los periodistas menos confiables o francamente sobornados así que muchas denuncias no tienen lugar o son silenciadas oportunamente.
Los reclamos y las protestas son reprimidos, desacreditados y confinados a sectores sociales o políticos que el gobierno ha logrado aislar. A medida que el espacio para el ejercicio político se ha reducido, los partidos y grupos de oposición se han acomodado a ese espacio en lugar de romperlo.
A diferencia de otros lideres y movimientos la supresión y represión de espacios a la oposición ha logrado que esta opere confinada dentro del ámbito de lo que le ha sido permitido en lugar de escalar el enfrentamiento a un nivel superior.
Todavía debemos ventilar como manejar, que postura asumir y como reaccionar ante:
1.-el papel y la presencia del narco en los barrios como modelo.
2.-El ruido y la erotización como instrumentos de distracción y alienación.
3.-La charlatanería, el descaro y el engaño como conductas sociales aceptables y hasta como propuestas de modelo.
4.- el escepticismo y la desconfianza generalizados.
5.-el individualismo como oposición a cualquier proyecto colectivo de nación.
Adicionalmente a las consideraciones temáticas anteriores por donde quiera que se mira siempre sale un mismo número: la importancia de dar el ejemplo. No es decir qué hagan o deben hacer, es hacer uno mismo. Es la evocación del video del niño en la India. No hay nada que discutir. Hagamos y discutiremos en el camino. Esa parece ser la conclusión inevitable, la que resuelve todas las paradojas.
(Este trabajo es parte de una serie no numerada que identificaré como DxC porque fueron escritos para uso y provecho de ese partido en 2013-14. Dado que ellos hicieron un uso muy limitado o nulo de estas propuestas y convencido de que las mismas ahora tienen igual o mayor validez que entonces, he resuelto publicarlas en la esperanza de que otros puedan hacer uso de las mismas en beneficio de tantos dominicanos huérfanos de futuro y despojados de presente. No he cambiado ni corregido dos faltas de sintaxis a propósito. El documento está tal y como lo presenté en el verano de 2014).
Por Isaías Ramos
En medio de un escenario político tumultuoso, la reciente exclusión de partidos minoritarios en el debate presidencial constituye una flagrante violación del artículo 39 de la Constitución. Este artículo consagra la igualdad ante la ley y garantiza los mismos derechos y oportunidades para todos, sin discriminación alguna. Esta situación pone en evidencia un alarmante déficit democrático y una profunda desconexión entre las estructuras de poder y las necesidades reales del pueblo dominicano.
La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, al organizar un debate presidencial y decidir excluir a ciertos participantes basándose en criterios arbitrarios como el tamaño del partido, no solo ha perpetrado una discriminación injusta, sino que también ha socavado los principios fundamentales de igualdad y pluralismo. Este acto refleja cómo las élites políticas y económicas intentan perpetuar un sistema injusto que favorece a unos pocos en detrimento de la mayoría.
Es perturbador observar cómo los candidatos que aceptaron participar en este debate sin cuestionar la exclusión de otros no solo muestran una falta de compromiso con los principios constitucionales, sino que también evidencian una falta de ética y responsabilidad cívica. La aceptación de esta situación por parte de los candidatos participantes refuerza la percepción de que su interés por mantener su posición en el estatus quo prevalece sobre el bienestar colectivo y el respeto a la ley fundamental del país.
Los dominicanos se enfrentan no solo a la usurpación de su derecho a recibir información diversa y representativa durante un periodo electoral crítico, sino también a la erosión de su capacidad de tomar decisiones informadas. Limitar la participación en el debate presidencial a los partidos mayoritarios priva a la ciudadanía de explorar una gama más amplia de alternativas políticas y soluciones a los problemas nacionales.
Este contexto demanda un despertar cívico. Los ciudadanos deben exigir que se respeten los principios de igualdad y pluralismo en todos los procesos electorales, promoviendo un cambio hacia debates más inclusivos que permitan la participación de todas las fuerzas políticas sin discriminación. El respeto a la Constitución y a los derechos que esta garantiza es fundamental para construir una democracia verdaderamente representativa y justa.
El Frente Cívico y Social continuaremos abogando por un sistema electoral equitativo donde todos los partidos y candidatos tengan la misma oportunidad de ser escuchados. Es esencial que todos los sectores de la sociedad trabajemos juntos para garantizar que las futuras elecciones sean un reflejo fiel de la voluntad popular, libre de manipulaciones y exclusiones arbitrarias.
Por ello, es imperativo despertar nuestro sentido cívico y exigir un cambio hacia debates más inclusivos y equitativos. No podemos permitir que intereses particulares prevalezcan sobre el bienestar colectivo y la voluntad popular. Debemos ser guardianes activos de nuestra democracia, velando por el respeto irrestricto a nuestra Constitución y luchando contra cualquier intento de manipulación o exclusión.
En el FCS queremos hacer un llamado urgente: no dejemos que aquellos que buscan perpetuar un sistema injusto y opresor nos silencien o nos dividan. Recordemos siempre que la verdadera fuerza radica en la unidad del pueblo consciente e informado. Si el sistema falla en representarnos adecuadamente, debemos manifestarlo con firmeza mediante acciones como la invalidación del voto o la abstención responsable. El poder está en nuestras manos para forjar un país donde cada voz sea escuchada, cada derecho sea respetado y cada sueño pueda realizarse sin obstáculos.
¡Despierta, RD!
Por Rommel Santos Díaz
La ley internacional concede inmunidad contra el enjuiciamiento penal por Estados extranjeros a los Jefes de Estado y oficiales diplomáticos (artículo 31 Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas). Sin embargo, los delitos enumerados por el Estatuto de Roma pueden haber sido cometidos por diplomáticos, Jefes de Estado, oficiales gubernamentales o por cualquier otra persona que goce de inmunidad diplomática, y la ley internacional no podrá reconocerles inmunidad alguna contra el enjuiciamiento por tales crímenes.
La Corte Penal Internacional determinará si existe alguna inmunidad, cuando se le refiere un caso. Sin embargo, el artículo 98 del Estatuto de Roma establece ciertas restricciones a la CPI, cuando solicite la entrega u otro tipo de asistencia a los Estados.
El artículo 98 del Estatuto de Roma trata la situación de entrega de una persona cuando existe un conflicto con las obligaciones del Estado bajo el derecho internacional o con respecto a la inmunidad diplomática de un extranjero o su propiedad.
La Corte Penal Internacional no deberá requerir que un Estado actúe de manera contraria a sus obligaciones internacionales. Pero al mismo tiempo una situación tal raras veces surgirá, ya que la Corte investigará tales posibilidades antes de solicitar una entrega al Estado. Adicionalmente, las obligaciones del derecho internacional aplicables a los Estados Partes incluirán sus obligaciones bajo el Estatuto de Roma.
Al aceptar los artículos 27 y 86 del Estatuto, los Estados Partes abiertamente retiran cualquier inmunidad contra la CPI . Por ende, cuando un nacional de un Estado Parte es requerido por la Corte, ese nacional no podrá reclamar las inmunidades normales que existan respecto al enjuiciamiento penal en el exterior, y el Estado requerido no estará violando sus obligaciones internacionales si entrega la persona a la CPI.
No obstante, cuando la CPI haya determinado que la inmunidad si existe, podrá dar curso a la solicitud de entrega solamente si cuenta primero con el apoyo del Estado de nacionalidad del acusado. En tal caso, el Estado requerido que proceda con la entrega no violara sus obligaciones internacionales de conformidad con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas
El artículo 98 establece que la Corte no podrá dar curso a la solicitud de entrega que requiera que el Estado requerido viole sus obligaciones de conformidad con los acuerdos internacionales que requieran el consentimiento del Estado que entrega a una persona de ese Estado a la CPI.
Esta situación podría surgir cuando una persona detenida en el Estado requerido haya sido extraditada a ese Estado desde otro país, bajo la condición de ser devuelta a su país luego de la investigación o enjuiciamiento, o la ejecución de una condena. Podría también darse cuando , bajo el acuerdo de Estatus de Fuerzas, los miembros de las fuerzas armadas de un tercer Estado se encuentren dentro del Estado solicitado.
Cuando el Estado que entregue sea un Estado Parte del Estatuto de Roma , no deberá restringir la posibilidad de que otros Estados entreguen a sus nacionales a la CPI, ya que cada Estado Parte acepta la jurisdicción de la Corte sobre sus nacionales y no hay fundamento para rechazar la entrega de una persona a la Corte .
Sin embargo, cuando la persona requerida alegue el principio de ne dis in idem, y la decisión de admisibilidad de la CPI aún esté pendiente, el Estado requerido deberá consultar con el Estado que entrega, y la CPI, de conformidad con el artículo 89, para determinar si se debe suspender o no la ejecución de la solicitud.
De lo contrario el Estado requerido tendría que contar con el consentimiento del Estado de la persona que entrega. La CPI deberá contar con la cooperación del Estado que entrega, si no es este un Estado Parte, antes de que la Corte Penal Internacional solicite la entrega.
El articulo 98 solo es relevante cuando el Estado requerido pueda demostrar que la acción requerida por la CPI lo obligaría a violar una obligación bajo el derecho internacional. Un Estado no podrá invocar una previsión de su derecho interno que garantice inmunidad a la persona a ser entregada.
En el contexto de las obligaciones el Estado Parte tiene la obligación de entregar a una persona que goce de inmunidad diplomática, cuando la CPI solicite su entrega luego de haber obtenido la cooperación de un tercer Estado para la renuncia de la inmunidad.
Cuando la CPI solicite la entrega de una persona, pero el Estado Parte requerido normalmente estaría violando un acuerdo internacional con un tercer Estado, el Estado requerido esta obligado a entregar a la persona si la Corte cuenta con el consentimiento del tercer Estado para la entrega de la persona . El Estado Parte requerido deberá entregar a la persona si el tercer Estado es un Estado Parte.
En el marco de la implementación los Estados Partes deberán prever dentro de su derecho interno, la posibilidad de entregar a una persona a la CPI aunque normalmente goce de inmunidad estatal o diplomática, cuando el Estado de donde esta persona es nacional acuerde renunciar a su inmunidad. Debido a que la CPI tiene la autoridad de determinar si existen o no las inmunidades, no obstaculizaron las la cooperación con la CPI. Esto garantiza que el Estado Parte pueda cumplir con sus obligaciones de entrega.
Los Estados Partes deberán asegurar que sus nacionales puedan ser entregados a la CPI por otros Estados, cuando sea conveniente, y que no existan acuerdos bilaterales o multilaterales que obstaculicen el proceso. Los Estados Partes deberán estar preparados para revelar a la Corte cualquier obligación o acuerdo internacional que pueda estar en conflicto con una solicitud de entrega que este preparando la Corte, si la misma necesitare tal información.
Por Nelson Encarnación
La incitación a la violencia es un delito grave en todas las sociedades organizadas, incluida la nuestra, donde un llamado a alterar el orden público acarrea consecuencias penales para cualquier persona, pues el Estado tiene la obligación no solo de perseguir el hecho, sino de prevenirlo.
Por consiguiente, el expresidente Danilo Medina se coloca al margen de la ley e incurre en ese delito de incitación a la violencia cuando llama a la militancia del Partido de la Liberación Dominicana, que él lidera, a destruir las eventuales carpas que coloquen los seguidores oficialistas en los alrededores de los colegios electorales el próximo 19.
Un líder de la categoría de quien fue presidente de la República durante ocho años, y que además dirige una de las formaciones políticas fundamentales del sistema de partidos, debe ser lo suficientemente prudente y medido para conocer el alcance de sus arengas.
La incitación de Medina tiene varios puntos relevantes, pero fuera del delito en que incurre, hay dos de carácter electoral que su desatino no alcanza a calibrar.
El primero tiene que ver con lo que ya ha determinado la Junta Central Electoral (JCE) respecto de las carpas partidarias, las cuales el órgano de comicios prohibió tajantemente a partir de las alegaciones que produjeron esas instalaciones luego del proceso de febrero pasado.
En consecuencia, la perorata de Medina carece de sentido, si se toma en cuenta la señalada disposición.
El otro aspecto es aún más relevante para los intereses del partido morado y de toda la oposición, puesto que, si entre sus argumentos figura la supuesta manipulación del proceso por el oficialismo para provocar la abstención de sus adversarios, podemos suponer que, con un ambiente de posible violencia, los votantes poco motivados preferirían quedarse en sus casas para no exponerse.
Esto tiene un referente histórico que Danilo conoce perfectamente. Se trata de las elecciones de 1966, cuando el profesor Juan Bosch, candidato frente a un Joaquín Balaguer aupado por los invasores estadounidenses, llamó a sus seguidores a que fueran a votar armados con palos y piedras para defender el voto.
¿Qué hicieron miles de partidarios del PRD? Se quedaron en sus casas para no convertirse en presa de los violentos determinados a imponer a Balaguer. ¿Es esto lo que Danilo quiere para luego alegar irregularidades?