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Falsean datos del certificado médico de madre “Quirinito” para justificar traslado
SANTO DOMINGO. El certificado médico que según la sentencia del juez de Ejecución de la Penal de San Cristóbal, Willy Núñez Mejía, se emitió a Pedro Alejandro Paniagua Castillo, “Quirinito”, en realidad no se hizo a nombre suyo sino de Mónica Paniagua Ramón, paciente del doctor Federico Núñez González y madre del condenado a 20 años de prisión.
Ayer, el cardiólogo Núñez González, cuyo nombre aparece en la sentencia 301-01-800-2016 como quien certifica que desde hace cinco años “Quirinito” recibe tratamientos por hipertensión, acudió a la Procuraduría General de la República a verificar por qué su nombre figura en dicho expediente, y es entonces cuando se da cuenta que la información fue alterada.
En ese momento es que también se entera de que Mónica Paniagua es madre del convicto, por lo que procedió a hacer una declaración voluntaria ante el inspector Bolívar Sánchez, y es ahí que le informan que el documento firmado y sellado por él fue depositado en la secretaría del tribunal tal cual lo emitió pero que en la sentencia se registra a nombre de Pedro Castillo Paniagua “para justificar su traslado” del Centro de Corrección Najayo-hombres a Vista del Valle en San Francisco.
“La Procuraduría General de la República me comentó que ellos, bajo ningún concepto, habían emitido alguna declaración en donde me vinculaban a este caso, que sí lo que ocurría es que el juez que había emitido la sentencia de traslado, para justificar el traslado del señor a su casa, había reseñado como había aparecido en el periódico Diario Libre, mi nombre, diciendo que le había expedido un certificado”, refirió respecto a la información que publicó ayer este diario.
“A quién yo sí le emití un certificado médico en esa fecha, en la fecha 20 de septiembre del 2016, es a la señora Mónica Paniagua Ramón que es una paciente hipertensa, que es paciente mía desde hace más de cinco años en tratamientos”, agregó Núñez
“Entonces, por sorpresa me encuentro en el día de hoy en la Procuraduría que esa señora es la madre de Quirinito, cosa que desconocía, no sabía… han hecho un trasplante de la información del certificado médico que yo le emití a esa señora, utilizaron los datos, los diagnósticos, utilizaron el certificado médico, y entonces se lo colocaron con el nombre del señor Quirinito”, puntualizó.
Federico Núñez, director del Centro Cardio-Neuro Oftalmológico y Transplante (Cecanot), le dijo a la Inspectoría del Ministerio Público que está en disposición de colaborar con la investigación en cualquier momento que las autoridades lo requieran.
El certificado a nombre de Mónica Paniagua, sumado a otros documentos que certifican que la esposa del preso, su hijo y sus padres viven en San Francisco, fueron las pruebas valoradas por el juez para ordenar su traslado al CCR Vista del Valle.
De acuerdo con la Procuraduría General, los jueces, fiscales, personal penitenciario y médicos, interrogados por el caso, han negado haber actuado en contubernio con el condenado a 20 años de prisión, alegando que de encontrarse vivo Pedro Castillo, “fueron sorprendidos en su buena fe”.
Por el caso fueron suspendidos el juez Núñez Mejía, la jueza de Ejecución de la Pena de San Francisco, Aleyda Jiménez Acosta, que varió el régimen de cumplimiento de la pena, y el médico legista Orlando Herrera Robles, quien certificó la supuesta muerte de “Quirinito” el 5 de julio de 2017.
Ayer también la Procuraduría interrogó al oncólogo de “Quirinito”, Ángel Polanco. Dijo que ciertamente lo examinó y dio un diagnóstico de lo que vio, que se enteró en la prensa que su paciente era esa persona.
El director de la Policía Nacional, mayor general Ney Aldrim Bautista Almonte, reveló ayer que los organismos de inteligencia e investigaciones trabajan de cerca con la Procuraduría General de la República para determinar el paradero de Pedro Castillo Paniagua, “Quirinito”, condenado a 20 años por el asesinato de un ciudadano español. La información fue ofrecida durante una reunión con la Comisión de Interior y Policía de la Cámara de Diputados.
Santo Domingo.- República Dominicana ocupa el segundo lugar en América Latina y el Caribe con mayor numero de presos preventivos y ocupación penitenciaria más alta, superada solo por Haití, según la Dirección de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC).
El dato, que es reseñado este domingo por periódico Listín Diario refleja una debilidad estructural del sistema de justicia penal en su capacidad de investigación y procesamiento.
Señala que en República Dominicana hay aproximadamente 25,000 personas privadas de libertad, de las cuales cerca de 16,000, equivalente a mas del 60% son preventivos.
El documento advierte que la elevada proporción de personas privadas de libertad sin sentencia firme en América Latina y el Caribe evidencia esa misma debilidad estructural. Cuando las investigaciones criminales son lentas o de baja calidad y los tribunales enfrentan sobrecarga de casos, la prisión preventiva termina usándose como sustituto de investigaciones eficaces y procesos judiciales oportunos.
Agrega que la dinámica se refuerza por la presión política y social de “mostrar resultados” en materia de seguridad. Esa presión incentiva respuestas punitivas inmediatas, incluso cuando los procesos judiciales no están plenamente desarrollados.
“El resultado es una acumulación de personas detenidas sin condena que traslada las fallas del debido proceso al sistema penitenciario. Esto contribuye al hacinamiento y debilita la capacidad del Estado para mantener un control efectivo sobre las cárceles”, señala Democracias Bajo Presión.
El PNUD explica que desde inicios del siglo XXI la región ha registrado uno de los aumentos más rápidos de población penitenciaria a nivel mundial. El número de personas privadas de libertad pasó de unos 700,000 a comienzos de los años 2000 a cerca de 1.8 millones en 2024. Es un incremento cercano al 150%.
“Este crecimiento contrasta con la relativa estabilidad o el aumento moderado observado en otras regiones y refleja, entre otros factores, la expansión de políticas penales más punitivas y el uso extensivo de la prisión preventiva”, apunta el informe.
Asimismo, establece que la población privada de libertad en América Latina y el Caribe presenta un marcado sesgo socioeconómico. Los estudios revelan que las personas bajo prisión tienen un nivel educativo inferior al promedio de la población general.
“Esta desigualdad se acentúa en la fase de la prisión preventiva, donde el acceso limitado a una defensa legal y las dificultades para acreditar condiciones de arraigo —como domicilio estable, empleo formal o fianzas— incrementan la probabilidad de permanecer detenido durante el proceso judicial”, destaca el estudio.
Ante ese panorama, el PNUD advierte que cuando las cárceles presentan sobrepoblación crónica, déficits de control interno o se convierten en centros de coordinación de actividades ilícitas, la capacidad del Estado para ejecutar sanciones queda comprometida.
Otras causas del problema
El reporte también señala que los cuerpos policiales en América Latina y el Caribe enfrentan fragmentación institucional, bajos niveles de profesionalización, limitaciones en capacidades investigativas y vulnerabilidad a la cooptación local.
Por eso, cuando la probabilidad de sanción es reducida —lo que se refleja en bajas tasas de homicidios esclarecidos— el poder intimidatorio de los actores criminales se amplifica y la autoridad estatal pierde credibilidad.
La medida de coerción efectiva, según el informe, no se mide solo por operativos o despliegues, sino por la capacidad de investigar, procesar y sancionar de manera consistente. “En este sentido, la impunidad constituye un indicador central de debilitamiento coercitivo: sin consecuencias previsibles frente al delito, el monopolio legítimo de la violencia se vuelve nominal más que efectivo”.
Nacionales
Ministerio Público formaliza cargos contra red del caso «Onco14» por fraude millonario a SeNaSa y pacientes de cáncer
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio Público formaliza la imputación contra una estructura criminal desarticulada mediante la Operación Onco14, acusada de orquestar un sofisticado esquema de fraude en perjuicio del Estado dominicano, el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y cientos de pacientes oncológicos de la región del Cibao.
Los imputados son Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo del Patronato y exmiembro de la junta directiva del IORC, Luisa Yasiris Guzmán, actual esposa de Lora Cruceta y presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida.
Según el expediente, los acusados utilizaron empresas fachada, incluyendo Vargas Lora & Asociados (actualmente Vargas Guzmán Accounting Center) y la fundación antes mencionada, para desviar fondos destinados a tratamientos médicos vitales para pacientes del régimen subsidiado.
Un control prolongado para fines ilícitos
El Ministerio Público subraya una irregularidad clave en la investigación, aunque los estatutos del IORC estipulaban un mandato de dos años para la presidencia, Héctor Antonio Lora Cruceta se mantuvo en el cargo desde el 9 de octubre de 2018 hasta el 6 de octubre de 2025.
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, destacó que esta es la tercera estructura criminal enfrentada como parte de las investigaciones sobre el fraude al SeNaSa, una labor de depuración iniciada con la Operación Senasa bajo la dirección de la Procuradora General, Yeni Berenice Reynoso.
En los allanamientos, realizados con apoyo de la Policía Nacional y la Unidad de Investigación Criminal (UIC), se ocuparon dinero en efectivo y títulos de propiedad, dispositivos electrónicos (computadoras, celulares, DVR), documentación comprometedora y vehículos.
Tipificación penal
Según el Ministerio Público el grupo deberá responder por una serie de cargos graves que incluyen asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología (acceso ilícito a sistemas), lavado de activos.
Santo Domingo, R.D.-Diego Pesqueira, vocero de la Policía Nacional, informó que dos personas fueron encontradas muertas, así como una joven con signos vitales en un apartamento de la Torre Arpel 07, ubicada en el sector Piantini, Distrito Nacional.
Los fallecidos fueron identificados como Raisa Luisa Mendoza, de 50 años, y su hijo Yadhir Nael Cornelio, de 24 años de edad.
Pesqueira explicó que el caso se encuentra en una fase inicial de investigación y que las autoridades trabajan de manera conjunta con el Ministerio Público para esclarecer lo ocurrido.
Indicó que se esperan los resultados de la autopsia y de los análisis toxicológicos que realiza el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), los cuales permitirán determinar de forma precisa la causa de muerte de las víctimas.
“Debemos esperar los resultados de la autopsia que está realizando el Inacif, que establecerán de una manera clara, precisa e inequívoca la causa de muerte”, sostuvo.
El vocero agregó que la joven sobreviviente será entrevistada por los investigadores tan pronto su condición lo permita, como parte de las diligencias que se desarrollan bajo la coordinación del Ministerio Público.
Al ser cuestionado sobre posibles hipótesis, Pesqueira evitó adelantar conclusiones y afirmó que la Policía Nacional solo ofrecerá información sustentada en evidencias.
“Estamos en la fase de levantamiento y de entrevistas. No podemos como autoridades ofrecer versiones sin contar con evidencias que sustenten nuestras declaraciones”, expresó.
Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar qué ocurrió dentro de la vivienda donde fueron halladas las tres personas.