Nacionales
El mismo médico que certificó el cáncer también dictaminó supuesta muerte de “Quirinito”
La certificación del legista, así como un informe del deterioro de salud del condenado fueron depositados ante jueza de ejecución San Francisco
SANTO DOMINGO. El médico legista Orlando Herrera Robles, quien certificó la muerte de Pedro Alejandro Castillo Paniagua, “Quirinito”, es el mismo galeno que validó que el condenado a 20 años de prisión padecía un cáncer terminal en la base de la lengua mientras estaba en la cárcel.
De acuerdo con el expediente mostrado por la suspendida jueza de Ejecución de la Pena de San Francisco, Aleyda Jiménez Acosta, durante una rueda de prensa, el certificado médico legal de fecha 18-04-2017, que consta en el auto que ordena variar el régimen de cumplimiento de la condena de “Quirinito”, fue expedido por dicho profesional del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).
El galeno de la provincia Duarte, exequátur 716-10, actuando en requerimiento del procurador de la Corte de apelación de dicha demarcación, Felipe Restituyo Santos, luego de haber examinado al privado de libertad el 18 de abril del 2017, homologó el certificado médico expedido el 31 de marzo de este año por el oncólogo César Núñez Roja, execuátur 116-2000, en el cual se plantea la gravedad de la enfermedad y la necesidad de tratamiento de quimioterapia.
Otro de los certificados presentados por el Ministerio Público responsable del Centro de Corrección y Rehabilitación Vista del Valle, de San Francisco de Macorís, señala que dentro del seguimiento dado a Pedro Castillo han podido confirmar que “debido al carcinoma epidermoide bien diferenciado infiltrante y ulcerado de base de lengua, etapa clínica IIIB, de una neoplasia localmente avanzada, grave y terminal, ha sufrido una estrepitosa y alarmante pérdida de peso de más de 50 libras ya que se le imposibilita ingerir alimentos sólidos y desde el 21 de abril de 2017 está en una dieta líquida”.
El documento dice, asimismo, que se recomienda con urgencia un seguimiento estricto, cambio de modalidad del régimen de cumplimiento de la pena por prisión domiciliaria, a los fines de tratar de mejorar la evolución clínica, además de tratamiento, aplicación de quimioterapia de manera intensiva con el correspondiente régimen intensivo de medicamentos para así “retardar muerte por insuficiencia respiratoria”.
La Procuraduría General de la República, al informar que tiene evidencias suficientes que demuestran que Castillo Paniagua no está muerto, también anunció la suspensión del doctor Herrera Robles, a quien dijo no descarta someter a la justicia una vez concluyan las investigaciones.
Por este caso también ha sido suspendido de sus funciones el juez de Ejecución de San Cristóbal, Willy Núñez Mejía, quien en el auto de traslado del condenado por el asesinato del español Adolfo Justo Cervantes Arellano (Waikiki), de CCR de Najayo a Vista del Valle, registró el certificado médico hecho a nombre de la madre de “Quirinito” como si fuera del reo.
Advertencias
Tanto el procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, como el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán Mejía, han afirmado que las autoridades del sistema de justicia que han colaborado para que el recluso no cumpliera la pena aplicada por los tribunales, serán sancionados y puestos a disposición de la justicia.
“Si una irregularidad aparece, el que la haya cometido que prepare su pescuezo, que se lo prepare, que se lo prepare”, enfatizó Germán Mejía, al decir que investiga el caso.
Mientras que Rodríguez afirmó que “si durante la continuación de la investigación se determina que servidores públicos o personal del sector privado tienen comprometida su responsabilidad penal, serán sometidos a la acción de la justicia, sin importar de quién se trate”.
La esposa de Castillo Paniagua dijo que murió el 5 de julio, como certificó el legista, pero que no le va a decir al Ministerio Público dónde está o qué hizo con el cadáver. En tanto que el padre del condenado, Rafael Castillo Ramírez, aseguró a los investigadores que su hijo no ha muerto
El Ministerio Público entrevistó ayer a dos comunicadores de San Francisco de Macorís, que presuntamente recibieron amenazas de muerte luego de presentar en su programa “Crónicas” un reportaje sobre el caso “Quirinito”. Kirsy Mena y su esposo, Washington Espino, productores del programa de investigación, que se transmite en un canal de televisión de San Francisco de Macorís fueron entrevistados por el procurador adjunto Bolívar Sánchez, como parte de las investigaciones que se realizan para determinar dónde está Pedro Castillo Paniagua. Mena aseguró que luego del reportaje y el comunicado que emitió la Procuraduría afirmando que “Quirinito” no estaba muerto, su esposo recibió una llamada en su celular donde lo amenazaban de muerte.
10 Septiembre 2008
Asesinato del supuesto narcotraficante Adolfo Cervantes Arellano, “Walkiki”, quien era investigado por el asesinato del agente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, Guillermo Tejada Krawinkel en marzo de ese año.
14 enero 2009
Fueron apresados Pedro Alejandro Castillo Paniagua y Jovanny Antonio Padilla Santiago, y/o Margaro Morel Otaño y/o Rumaldo Fernández por el asesinato del español. Días después el Juzgado de Atención Permanente de San Cristóbal les dictó tres meses de prisión preventiva.
13 marzo 2009
La jueza de la Instrucción de San Cristóbal, Regina Carvajal Vizcaíno, le varió la prisión a Castillo Paniagua por una fianza de RD$3 millones.
19 marzo 2009
“Quirinito”, quien en ese momento tenía el apodo de “Raffy” fue apresado por el asesinato, secuestro y homicidio de Víctor Mella Terrero, ocurrido el 12 de diciembre del 2007. Ese mismo dí,a la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional le dictó tres meses de prisión. El 30 marzo 2009, a Corte de Apelación ratificó la prisión preventiva.
04 junio 2009
La Corte de apelación le varió la prisión por garantía económica. Familiares de Mella Terrero retiraron la querella.
16 junio 2009
El Procurador General anunció que dispuso seguridad especial al procurador adjunto Bolívar Sánchez y el coronel Alejandro Dipré Sierra, porque recibieron amenazas de muerte de parte de “Quirinito”. El imputado se desligó de la acusación y pidió reunirse con el Procurador General.
16 junio 2009
El Ministerio Público dijo que están desaparecidos los testigos del asesinato de Waikiki, Mario Piñeyro Florentino y Polanco Bautista, los cuales habían confesado que ayudaron a los imputados a ubicar al español.
23 junio 2009
El testigo Polanco Bautista fue presentado ante la jueza que conocía un anticipo de pruebas en el caso.
29 agosto 2009
El caso “Quirinito” fue enviado a juicio de fondo por la jueza de instrucción de San Cristóbal, Berenice Aquino.
1ro diciembre 2009
Inició audiencia de juicio de fondo en el Tribunal colegiado de San Cristóbal.
12 enero 2010
El Tribunal Colegiado dictó prisión preventiva a Pedro Castillo, variando la presentación periódica que tenía por el caso.
17 enero 2010
El juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, acogió un habeas corpus de “Quirinito”, y ordenó su puesta en libertad.
4 febrero 2010
Fue reapresado luego de que la corte declaró inadmisible un recurso en contra del habeas corpus por considerar que la decisión es nula, porque el juez actuó fuera de su jurisdicción.
13 abril 2010
El tribunal Colegiado condenó a Pedro Castillo Paniagua a 30 años de prisión.
20 de junio 2011
La Corte de Apelación de San Cristóbal anuló la condena, y ordenó la celebración de un nuevo juicio, porque el tribunal de primera instancia no valoró correctamente las pruebas.
10 Octubre 2013
Fue condenado a 20 años de prisión por el Tribunal de San Cristóbal.
23 julio 2014
La Corte de Apelación ratifica la condena de 20 años.
05 mayo 2015
La Segunda Sala Penal de la SCJ rechaza el recurso de casación contra la sentencia, adquiriendo autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada.
29 agosto 2016
El abogado Dawerkys Medrano Martínez solicita traslado del condenado.
29 septiembre 2016
El juez de Ejecución de la Pena de San Cristóbal ordena su traslado de la cárcel Najayo a Vista del Valle en San Francisco.
21 abril 2017
El abogado Dawerkys Medrano Martínez solicita variar cumplimiento de la pena.
26 mayo 2017
La jueza de Ejecución de San Francisco varía la reclusión por prisión domiciliaria por enfermedad terminal.
5 julio 2017
Médico legista certificó que Pedro Castillo Paniagua murió.
diariolibre.com
Santo Domingo.- República Dominicana ocupa el segundo lugar en América Latina y el Caribe con mayor numero de presos preventivos y ocupación penitenciaria más alta, superada solo por Haití, según la Dirección de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC).
El dato, que es reseñado este domingo por periódico Listín Diario refleja una debilidad estructural del sistema de justicia penal en su capacidad de investigación y procesamiento.
Señala que en República Dominicana hay aproximadamente 25,000 personas privadas de libertad, de las cuales cerca de 16,000, equivalente a mas del 60% son preventivos.
El documento advierte que la elevada proporción de personas privadas de libertad sin sentencia firme en América Latina y el Caribe evidencia esa misma debilidad estructural. Cuando las investigaciones criminales son lentas o de baja calidad y los tribunales enfrentan sobrecarga de casos, la prisión preventiva termina usándose como sustituto de investigaciones eficaces y procesos judiciales oportunos.
Agrega que la dinámica se refuerza por la presión política y social de “mostrar resultados” en materia de seguridad. Esa presión incentiva respuestas punitivas inmediatas, incluso cuando los procesos judiciales no están plenamente desarrollados.
“El resultado es una acumulación de personas detenidas sin condena que traslada las fallas del debido proceso al sistema penitenciario. Esto contribuye al hacinamiento y debilita la capacidad del Estado para mantener un control efectivo sobre las cárceles”, señala Democracias Bajo Presión.
El PNUD explica que desde inicios del siglo XXI la región ha registrado uno de los aumentos más rápidos de población penitenciaria a nivel mundial. El número de personas privadas de libertad pasó de unos 700,000 a comienzos de los años 2000 a cerca de 1.8 millones en 2024. Es un incremento cercano al 150%.
“Este crecimiento contrasta con la relativa estabilidad o el aumento moderado observado en otras regiones y refleja, entre otros factores, la expansión de políticas penales más punitivas y el uso extensivo de la prisión preventiva”, apunta el informe.
Asimismo, establece que la población privada de libertad en América Latina y el Caribe presenta un marcado sesgo socioeconómico. Los estudios revelan que las personas bajo prisión tienen un nivel educativo inferior al promedio de la población general.
“Esta desigualdad se acentúa en la fase de la prisión preventiva, donde el acceso limitado a una defensa legal y las dificultades para acreditar condiciones de arraigo —como domicilio estable, empleo formal o fianzas— incrementan la probabilidad de permanecer detenido durante el proceso judicial”, destaca el estudio.
Ante ese panorama, el PNUD advierte que cuando las cárceles presentan sobrepoblación crónica, déficits de control interno o se convierten en centros de coordinación de actividades ilícitas, la capacidad del Estado para ejecutar sanciones queda comprometida.
Otras causas del problema
El reporte también señala que los cuerpos policiales en América Latina y el Caribe enfrentan fragmentación institucional, bajos niveles de profesionalización, limitaciones en capacidades investigativas y vulnerabilidad a la cooptación local.
Por eso, cuando la probabilidad de sanción es reducida —lo que se refleja en bajas tasas de homicidios esclarecidos— el poder intimidatorio de los actores criminales se amplifica y la autoridad estatal pierde credibilidad.
La medida de coerción efectiva, según el informe, no se mide solo por operativos o despliegues, sino por la capacidad de investigar, procesar y sancionar de manera consistente. “En este sentido, la impunidad constituye un indicador central de debilitamiento coercitivo: sin consecuencias previsibles frente al delito, el monopolio legítimo de la violencia se vuelve nominal más que efectivo”.
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Ministerio Público formaliza cargos contra red del caso «Onco14» por fraude millonario a SeNaSa y pacientes de cáncer
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio Público formaliza la imputación contra una estructura criminal desarticulada mediante la Operación Onco14, acusada de orquestar un sofisticado esquema de fraude en perjuicio del Estado dominicano, el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y cientos de pacientes oncológicos de la región del Cibao.
Los imputados son Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo del Patronato y exmiembro de la junta directiva del IORC, Luisa Yasiris Guzmán, actual esposa de Lora Cruceta y presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida.
Según el expediente, los acusados utilizaron empresas fachada, incluyendo Vargas Lora & Asociados (actualmente Vargas Guzmán Accounting Center) y la fundación antes mencionada, para desviar fondos destinados a tratamientos médicos vitales para pacientes del régimen subsidiado.
Un control prolongado para fines ilícitos
El Ministerio Público subraya una irregularidad clave en la investigación, aunque los estatutos del IORC estipulaban un mandato de dos años para la presidencia, Héctor Antonio Lora Cruceta se mantuvo en el cargo desde el 9 de octubre de 2018 hasta el 6 de octubre de 2025.
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, destacó que esta es la tercera estructura criminal enfrentada como parte de las investigaciones sobre el fraude al SeNaSa, una labor de depuración iniciada con la Operación Senasa bajo la dirección de la Procuradora General, Yeni Berenice Reynoso.
En los allanamientos, realizados con apoyo de la Policía Nacional y la Unidad de Investigación Criminal (UIC), se ocuparon dinero en efectivo y títulos de propiedad, dispositivos electrónicos (computadoras, celulares, DVR), documentación comprometedora y vehículos.
Tipificación penal
Según el Ministerio Público el grupo deberá responder por una serie de cargos graves que incluyen asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología (acceso ilícito a sistemas), lavado de activos.
Santo Domingo, R.D.-Diego Pesqueira, vocero de la Policía Nacional, informó que dos personas fueron encontradas muertas, así como una joven con signos vitales en un apartamento de la Torre Arpel 07, ubicada en el sector Piantini, Distrito Nacional.
Los fallecidos fueron identificados como Raisa Luisa Mendoza, de 50 años, y su hijo Yadhir Nael Cornelio, de 24 años de edad.
Pesqueira explicó que el caso se encuentra en una fase inicial de investigación y que las autoridades trabajan de manera conjunta con el Ministerio Público para esclarecer lo ocurrido.
Indicó que se esperan los resultados de la autopsia y de los análisis toxicológicos que realiza el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), los cuales permitirán determinar de forma precisa la causa de muerte de las víctimas.
“Debemos esperar los resultados de la autopsia que está realizando el Inacif, que establecerán de una manera clara, precisa e inequívoca la causa de muerte”, sostuvo.
El vocero agregó que la joven sobreviviente será entrevistada por los investigadores tan pronto su condición lo permita, como parte de las diligencias que se desarrollan bajo la coordinación del Ministerio Público.
Al ser cuestionado sobre posibles hipótesis, Pesqueira evitó adelantar conclusiones y afirmó que la Policía Nacional solo ofrecerá información sustentada en evidencias.
“Estamos en la fase de levantamiento y de entrevistas. No podemos como autoridades ofrecer versiones sin contar con evidencias que sustenten nuestras declaraciones”, expresó.
Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar qué ocurrió dentro de la vivienda donde fueron halladas las tres personas.