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Trama de desaparición de “Quirinito” es dolor de cabeza para Ministerio Público
Oncólogo Ángel Garabot dice que la persona que atendió, dos veces, era más delgada y poco colaborador
SANTO DOMINGO. La trama que envuelve el diagnóstico de cáncer y posterior desaparición de Pedro Alejandro Castillo Paniagua, “Quirinito”, es tan compleja, que resolverlo tomaría más tiempo de lo esperado.
Para los involucrados en la investigación, esta “es una trama bien compleja y hay que trabajar bastante para probar la mala fe, ya que la misma es una cadena que comienza con un médico que jura y jura que tiene cáncer”.
Lo complejo radica, no sólo en capturar al condenado a 20 años de prisión, sino también en determinar a quiénes engañaron y quiénes sabían lo que se estaba armando por lo que los arrestos, según el Ministerio Público, ocurrirán cuando se tengan las evidencias de dolo.
Ayer, el doctor Ángel Garabot Polanco aclaró que no diagnosticó, ni confirmó el cáncer de Paniagua, sino que lo trató y emitió un informe, por primera vez el 22 de mayo del 2017, en base a la orden judicial sustentado con un diagnóstico de un patólogo de la Unión Médica de Santiago, para que recibiera quimioterapia.
Explicó que el 5 de junio hizo un segundo informe, sólo para agregar que el condenado debía recibir tratamiento de radioterapia, ya que el oncólogo César Augusto Núñez le había certificado que le había dado dos sesiones de quimioterapia.
“Ese informe se emitió el día 5 de junio, pero se emite el informe con fines de agregar la radioterapia al manejo que ya se había propuesto”, dijo al destacar que la persona que atendió en su consultorio del Instituto Oncológico de San Francisco, es más delgada que la que la mostrada en la foto por las autoridades.
“A quien yo atendí es una persona delgada, de pómulos prominentes, no una persona robusta, como se ha estado divulgando en la redes. Yo no atendí una persona ‘papiá’, fornida. Yo atendí a una persona que eventualmente sí se veía enferma. Una persona que en la foto tiene cabello y el que yo vi, no”, expresó Garabot Polanco.
“Fue un paciente muy poco cooperador, un paciente que si acaso habló dos veces, que quien más hablaba era su pareja (Jennifer Esthefani Domínguez de Castillo), un paciente que mantuvo una toalla en la cabeza que se la quitó en dos ocasiones, una porque se lo pidió una doctora que estaba ahí conmigo y otro momento que fue cuando se secó la sialorrea porque era un paciente que estaba salivando mucho”, agregó.
Garabot Núñez, quien fue interrogado por la Inspectoría del Ministerio Público, informó que dimitió del Oncológico por varias razones, una de ellas ha sido “por unos malos tratos que ha recibido de sus superiores inmediatos a raíz de esa situación que ha venido atravesando”.
Este martes fue interrogada la abogada Ivanna Rodríguez Hernández, quien había estado en la defensa de “Quirinito”, y se tenía previsto entrevistar otra vez al doctor Núñez,así como a Ysmael Paniagua, coordinador del Nuevo Modelo Penitenciario.
El Departamento Nacional de Investigaciones (DNI), tiene agentes desplegados dentro y fuera del país, con el fin de dar con el paradero de Pedro Alejandro Castillo Paniagua (Quirinito), personaje que se ha convertido en el más buscado por las autoridades dominicanas.
La información la ofreció el director del organismo de inteligencia almirante ® Sigfrido Pared Pérez quien alegó que esa entidad actúa de acuerdo a los requerimientos que en ese sentido hace la Procuraduría General de la República. Subrayó que tiene agentes fuera de país integrados a la búsqueda, sin embargo, no especificó la cantidad alegando asuntos de seguridad y agregó que el número es importante y que el DNI tiene agentes que viven en naciones donde el país tiene relaciones diplomáticas que también trabajan en la búsqueda. Entrevistado en el Palacio Nacional, tras salir de la acostumbrada reunión con el presidente Danilo Medina, Pared Pérez explicó que este es un caso judicial que tiene que ver con el Sistema Penitenciario.
diariolibre.com
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Juez decidirá este lunes enviar o no a juicio a Antonio y Maribel Espaillat en caso Jet Set
Santo Domingo.- El juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Raymundo Mejía, decidirá el próximo 15 si envía o no a juicio a los propietarios de la discoteca Jet Set Club, Antonio y Maribel Espaillat, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de 236 personas fallecidas durante el derrumbe del techo del centro de diversión, ocurrido el 8 de abril del 2025.
El magistrado dará el fallo a las 10:00 de la mañana de esa fecha, con el objetivo de ponderar los argumentos del Ministerio Público, de los representantes legales de las víctimas y de la defensa de los imputados.
Esto tras más de un año de ocurrir la tragedia que dejo más de 200 personas fallecidas y más de cien heridos y decena de huérfanos.
Onco14: Solicitarán prisión contra 3 acusados de desviar fondos de pacientes oncológicos
Durante la audiencia, familiares de los fallecidos y personas afectadas expusieron ante el juez cómo han cambiado sus vidas tras el trágico suceso. Asimismo, los imputados y su defensa presentaron sus argumentos ante el tribunal.
El Ministerio Público solicitó formalmente el envío a juicio de los propietarios de la discoteca Jet Set Club, al considerar que existen suficientes elementos de prueba que demuestran la responsabilidad de los hermanos Espaillat en los hechos que se les imputan.
A la salida del tribunal, el director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, expresó que espera que el juez adopte una decisión acorde a la ley y ordene el envío a juicio de los acusados.
El 18 de junio, le dictan medida de coerción contra Antonio y Maribel Espaillat, propietario y gerente de la discoteca Jet Set, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de más de 230 personas fallecidas y 189 heridas tras el desplome del techo del centro de diversión. Ellos fueron apresados el 12 de junio por miembros del Ministerio Público tras ser interrogado por el hecho.
Santo Domingo.- República Dominicana ocupa el segundo lugar en América Latina y el Caribe con mayor numero de presos preventivos y ocupación penitenciaria más alta, superada solo por Haití, según la Dirección de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC).
El dato, que es reseñado este domingo por periódico Listín Diario refleja una debilidad estructural del sistema de justicia penal en su capacidad de investigación y procesamiento.
Señala que en República Dominicana hay aproximadamente 25,000 personas privadas de libertad, de las cuales cerca de 16,000, equivalente a mas del 60% son preventivos.
El documento advierte que la elevada proporción de personas privadas de libertad sin sentencia firme en América Latina y el Caribe evidencia esa misma debilidad estructural. Cuando las investigaciones criminales son lentas o de baja calidad y los tribunales enfrentan sobrecarga de casos, la prisión preventiva termina usándose como sustituto de investigaciones eficaces y procesos judiciales oportunos.
Agrega que la dinámica se refuerza por la presión política y social de “mostrar resultados” en materia de seguridad. Esa presión incentiva respuestas punitivas inmediatas, incluso cuando los procesos judiciales no están plenamente desarrollados.
“El resultado es una acumulación de personas detenidas sin condena que traslada las fallas del debido proceso al sistema penitenciario. Esto contribuye al hacinamiento y debilita la capacidad del Estado para mantener un control efectivo sobre las cárceles”, señala Democracias Bajo Presión.
El PNUD explica que desde inicios del siglo XXI la región ha registrado uno de los aumentos más rápidos de población penitenciaria a nivel mundial. El número de personas privadas de libertad pasó de unos 700,000 a comienzos de los años 2000 a cerca de 1.8 millones en 2024. Es un incremento cercano al 150%.
“Este crecimiento contrasta con la relativa estabilidad o el aumento moderado observado en otras regiones y refleja, entre otros factores, la expansión de políticas penales más punitivas y el uso extensivo de la prisión preventiva”, apunta el informe.
Asimismo, establece que la población privada de libertad en América Latina y el Caribe presenta un marcado sesgo socioeconómico. Los estudios revelan que las personas bajo prisión tienen un nivel educativo inferior al promedio de la población general.
“Esta desigualdad se acentúa en la fase de la prisión preventiva, donde el acceso limitado a una defensa legal y las dificultades para acreditar condiciones de arraigo —como domicilio estable, empleo formal o fianzas— incrementan la probabilidad de permanecer detenido durante el proceso judicial”, destaca el estudio.
Ante ese panorama, el PNUD advierte que cuando las cárceles presentan sobrepoblación crónica, déficits de control interno o se convierten en centros de coordinación de actividades ilícitas, la capacidad del Estado para ejecutar sanciones queda comprometida.
Otras causas del problema
El reporte también señala que los cuerpos policiales en América Latina y el Caribe enfrentan fragmentación institucional, bajos niveles de profesionalización, limitaciones en capacidades investigativas y vulnerabilidad a la cooptación local.
Por eso, cuando la probabilidad de sanción es reducida —lo que se refleja en bajas tasas de homicidios esclarecidos— el poder intimidatorio de los actores criminales se amplifica y la autoridad estatal pierde credibilidad.
La medida de coerción efectiva, según el informe, no se mide solo por operativos o despliegues, sino por la capacidad de investigar, procesar y sancionar de manera consistente. “En este sentido, la impunidad constituye un indicador central de debilitamiento coercitivo: sin consecuencias previsibles frente al delito, el monopolio legítimo de la violencia se vuelve nominal más que efectivo”.
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Ministerio Público formaliza cargos contra red del caso «Onco14» por fraude millonario a SeNaSa y pacientes de cáncer
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio Público formaliza la imputación contra una estructura criminal desarticulada mediante la Operación Onco14, acusada de orquestar un sofisticado esquema de fraude en perjuicio del Estado dominicano, el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y cientos de pacientes oncológicos de la región del Cibao.
Los imputados son Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo del Patronato y exmiembro de la junta directiva del IORC, Luisa Yasiris Guzmán, actual esposa de Lora Cruceta y presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida.
Según el expediente, los acusados utilizaron empresas fachada, incluyendo Vargas Lora & Asociados (actualmente Vargas Guzmán Accounting Center) y la fundación antes mencionada, para desviar fondos destinados a tratamientos médicos vitales para pacientes del régimen subsidiado.
Un control prolongado para fines ilícitos
El Ministerio Público subraya una irregularidad clave en la investigación, aunque los estatutos del IORC estipulaban un mandato de dos años para la presidencia, Héctor Antonio Lora Cruceta se mantuvo en el cargo desde el 9 de octubre de 2018 hasta el 6 de octubre de 2025.
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, destacó que esta es la tercera estructura criminal enfrentada como parte de las investigaciones sobre el fraude al SeNaSa, una labor de depuración iniciada con la Operación Senasa bajo la dirección de la Procuradora General, Yeni Berenice Reynoso.
En los allanamientos, realizados con apoyo de la Policía Nacional y la Unidad de Investigación Criminal (UIC), se ocuparon dinero en efectivo y títulos de propiedad, dispositivos electrónicos (computadoras, celulares, DVR), documentación comprometedora y vehículos.
Tipificación penal
Según el Ministerio Público el grupo deberá responder por una serie de cargos graves que incluyen asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología (acceso ilícito a sistemas), lavado de activos.