Pesquisa. La fiscal Olga Diná Llaverías aseguró que las indagatorias llevarán hasta los responsables del crimen del abogado y profesor de la UASD, Yuniol Ramírez Ferreras.
Santo Domingo.- La fiscal de la provincia Santo Domingo, Olga Diná Llaverías, aseguró que las investigaciones en torno al asesinato del abogado Yuniol Ramírez Ferreras son profundizadas en base a hallazgos aporta- dos gracias a pistas en dominio de las autoridades.
Llaverías dijo ayer al Listín Diario que las pesquisas en marcha darán al traste con el o los responsables del crimen de Ramírez Ferreras, cuyo cuerpo fue encontrado en un arroyo de Manoguayabo, en Santo Domingo Oeste, con dos bloques amarrados sobre el pecho y un disparo en el rostro.
Sostuvo que aunque es extemporáneo dar declaraciones, se está trabajando arduamente en el proceso para recabar las pruebas y establecer responsabilidades.
La fiscal estuvo ayer trabajando durante varias horas junto a los investigadores policiales en el destacamento de Las Caobas, en Herrera.
La investigación policial
El portavoz del organismo uniformado, Frank Durán, reveló ayer el hallazgo de dos recibos de entidades financieras dentro de un bolsillo del pantalón de Ramírez Ferreras. Uno de ellos, según las autoridades, acreditaba un retiro de más de 56 mil pesos.
Familiares de Yuniol Ramírez ascienden por las escalinatas internas del Palacio de la Policía, adonde acudieron para dar información a los investigadores sobre su pariente, cuyo cuerpo fue encontrado flotando, atado a dos blocks y con un disparo en la cabeza, en el arroyo Manoguayabo.
Además, Durán indicó que en la zona donde fue raptado el también profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) no había cámaras de seguridad que pudieran ayudar a esclarecer el crimen.
No obstante, el vocero policial señaló que en la yipeta del abogado se encontraron dos celulares que eran utilizados habitualmente por la víctima.
También informó que se ha entrevistado a diferentes personas de interés, en su mayoría familiares del fallecido, para fines de asistencia a la solución del caso.
Según versiones de sus estudiantes en la UASD, Ramírez Ferreras, en plena docencia, interrumpió las clases que impartía desde las 2:00 de la tarde hasta las 5:00, para contestar una llamada.
Posteriormente, salió del aula 201 del edificio Nueva Unidad (NU) y firmó el libro de asistencia. Sin embargo, después de ahí, nunca se le volvió a ver con vida.
Yuniol Ramírez Ferreras era presidente de la Convergencia Nacional de Abogados (CONA) y era catedrático en Derecho de la UASD.
REVELACIONES SOBRE EL CASO YUNIOL
Una fuente en la Policía adelantó ayer a Listín Diario que de acuerdo a los informes que ha obtenido, Ramírez Ferreras habría sido víctima de sus actividades privadas.
Familiares del occiso permanecieron ayer varias horas en la sala digital de la Policía Nacional, incluidos la esposa e hija de crianza de Ramírez Ferreras, quienes por segundo día consecutivo fueron interrogadas respecto al hecho, a fin de recopilar datos que sean vitales para esclarecer el horrendo crimen.
Uno de los puntos de partida que tienen las autoridades son las últimas llamadas que le hicieron al profesor y que motivaron que saliera del aula en donde estaba impartiendo clases en el edificio del NU, en la UASD.
Velatorio de restos
El cuerpo del abogado y profesor era velado ayer en la funeraria Blandino, en la avenida Abraham Lincoln, donde parientes, amigos y compañeros acudieron a darle el último adiós.
La prensa no tuvo acceso al lugar ya que los familiares no deseaban cámaras en la capilla.
listindiario.com
Santo Domingo.- El juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Raymundo Mejía, decidirá el próximo 15 si envía o no a juicio a los propietarios de la discoteca Jet Set Club, Antonio y Maribel Espaillat, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de 236 personas fallecidas durante el derrumbe del techo del centro de diversión, ocurrido el 8 de abril del 2025.
El magistrado dará el fallo a las 10:00 de la mañana de esa fecha, con el objetivo de ponderar los argumentos del Ministerio Público, de los representantes legales de las víctimas y de la defensa de los imputados.
Esto tras más de un año de ocurrir la tragedia que dejo más de 200 personas fallecidas y más de cien heridos y decena de huérfanos.
Durante la audiencia, familiares de los fallecidos y personas afectadas expusieron ante el juez cómo han cambiado sus vidas tras el trágico suceso. Asimismo, los imputados y su defensa presentaron sus argumentos ante el tribunal.
El Ministerio Público solicitó formalmente el envío a juicio de los propietarios de la discoteca Jet Set Club, al considerar que existen suficientes elementos de prueba que demuestran la responsabilidad de los hermanos Espaillat en los hechos que se les imputan.
A la salida del tribunal, el director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, expresó que espera que el juez adopte una decisión acorde a la ley y ordene el envío a juicio de los acusados.
El 18 de junio, le dictan medida de coerción contra Antonio y Maribel Espaillat, propietario y gerente de la discoteca Jet Set, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de más de 230 personas fallecidas y 189 heridas tras el desplome del techo del centro de diversión. Ellos fueron apresados el 12 de junio por miembros del Ministerio Público tras ser interrogado por el hecho.
Santo Domingo.- República Dominicana ocupa el segundo lugar en América Latina y el Caribe con mayor numero de presos preventivos y ocupación penitenciaria más alta, superada solo por Haití, según la Dirección de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC).
El dato, que es reseñado este domingo por periódico Listín Diario refleja una debilidad estructural del sistema de justicia penal en su capacidad de investigación y procesamiento.
Señala que en República Dominicana hay aproximadamente 25,000 personas privadas de libertad, de las cuales cerca de 16,000, equivalente a mas del 60% son preventivos.
El documento advierte que la elevada proporción de personas privadas de libertad sin sentencia firme en América Latina y el Caribe evidencia esa misma debilidad estructural. Cuando las investigaciones criminales son lentas o de baja calidad y los tribunales enfrentan sobrecarga de casos, la prisión preventiva termina usándose como sustituto de investigaciones eficaces y procesos judiciales oportunos.
Agrega que la dinámica se refuerza por la presión política y social de “mostrar resultados” en materia de seguridad. Esa presión incentiva respuestas punitivas inmediatas, incluso cuando los procesos judiciales no están plenamente desarrollados.
“El resultado es una acumulación de personas detenidas sin condena que traslada las fallas del debido proceso al sistema penitenciario. Esto contribuye al hacinamiento y debilita la capacidad del Estado para mantener un control efectivo sobre las cárceles”, señala Democracias Bajo Presión.
El PNUD explica que desde inicios del siglo XXI la región ha registrado uno de los aumentos más rápidos de población penitenciaria a nivel mundial. El número de personas privadas de libertad pasó de unos 700,000 a comienzos de los años 2000 a cerca de 1.8 millones en 2024. Es un incremento cercano al 150%.
“Este crecimiento contrasta con la relativa estabilidad o el aumento moderado observado en otras regiones y refleja, entre otros factores, la expansión de políticas penales más punitivas y el uso extensivo de la prisión preventiva”, apunta el informe.
Asimismo, establece que la población privada de libertad en América Latina y el Caribe presenta un marcado sesgo socioeconómico. Los estudios revelan que las personas bajo prisión tienen un nivel educativo inferior al promedio de la población general.
“Esta desigualdad se acentúa en la fase de la prisión preventiva, donde el acceso limitado a una defensa legal y las dificultades para acreditar condiciones de arraigo —como domicilio estable, empleo formal o fianzas— incrementan la probabilidad de permanecer detenido durante el proceso judicial”, destaca el estudio.
Ante ese panorama, el PNUD advierte que cuando las cárceles presentan sobrepoblación crónica, déficits de control interno o se convierten en centros de coordinación de actividades ilícitas, la capacidad del Estado para ejecutar sanciones queda comprometida.
Otras causas del problema
El reporte también señala que los cuerpos policiales en América Latina y el Caribe enfrentan fragmentación institucional, bajos niveles de profesionalización, limitaciones en capacidades investigativas y vulnerabilidad a la cooptación local.
Por eso, cuando la probabilidad de sanción es reducida —lo que se refleja en bajas tasas de homicidios esclarecidos— el poder intimidatorio de los actores criminales se amplifica y la autoridad estatal pierde credibilidad.
La medida de coerción efectiva, según el informe, no se mide solo por operativos o despliegues, sino por la capacidad de investigar, procesar y sancionar de manera consistente. “En este sentido, la impunidad constituye un indicador central de debilitamiento coercitivo: sin consecuencias previsibles frente al delito, el monopolio legítimo de la violencia se vuelve nominal más que efectivo”.
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio Público formaliza la imputación contra una estructura criminal desarticulada mediante la Operación Onco14, acusada de orquestar un sofisticado esquema de fraude en perjuicio del Estado dominicano, el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y cientos de pacientes oncológicos de la región del Cibao.
Los imputados son Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo del Patronato y exmiembro de la junta directiva del IORC, Luisa Yasiris Guzmán, actual esposa de Lora Cruceta y presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida.
Según el expediente, los acusados utilizaron empresas fachada, incluyendo Vargas Lora & Asociados (actualmente Vargas Guzmán Accounting Center) y la fundación antes mencionada, para desviar fondos destinados a tratamientos médicos vitales para pacientes del régimen subsidiado.
El Ministerio Público subraya una irregularidad clave en la investigación, aunque los estatutos del IORC estipulaban un mandato de dos años para la presidencia, Héctor Antonio Lora Cruceta se mantuvo en el cargo desde el 9 de octubre de 2018 hasta el 6 de octubre de 2025.
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, destacó que esta es la tercera estructura criminal enfrentada como parte de las investigaciones sobre el fraude al SeNaSa, una labor de depuración iniciada con la Operación Senasa bajo la dirección de la Procuradora General, Yeni Berenice Reynoso.
En los allanamientos, realizados con apoyo de la Policía Nacional y la Unidad de Investigación Criminal (UIC), se ocuparon dinero en efectivo y títulos de propiedad, dispositivos electrónicos (computadoras, celulares, DVR), documentación comprometedora y vehículos.
Según el Ministerio Público el grupo deberá responder por una serie de cargos graves que incluyen asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología (acceso ilícito a sistemas), lavado de activos.
