Santo Domingo.- Desde niño Yuniol Ramírez, el catedrático universitario y abogado que fue asesinado el miércoles 11 de octubre, mostró inclinación por lo que quería estudiar: abogacía. Siempre fue muy apegado a su familia y atento con ellos, pues trataba de sacar tiempo para juntarse con los 22 hermanos que tenía.Nacionales
Familiares y profesores revelan cómo fue la vida de Yuniol
Santo Domingo.- Desde niño Yuniol Ramírez, el catedrático universitario y abogado que fue asesinado el miércoles 11 de octubre, mostró inclinación por lo que quería estudiar: abogacía. Siempre fue muy apegado a su familia y atento con ellos, pues trataba de sacar tiempo para juntarse con los 22 hermanos que tenía.En los últimos años hacía lo imposible por sacar tiempo para su familia, más con sus dos hermanos menores, con quienes no compartió mucho cuando eran pequeños.
“Cuando yo estaba pequeño lo veía a veces, no estábamos tan en contacto. A partir de la adolescencia comenzamos a vernos más, pero ahora nos veíamos casi todos los fines de semana. Compartíamos mucho, porque su intención era recuperar todo el tiempo que perdió con sus hermanos, y más conmigo y el más pequeño”, contó Raúl Ramírez, hermano del fenecido catedrático y abogado.
Expresó que se reunían con frecuencia en el Club de Profesores de Derecho de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), y que algunos fines de semana viajaban en familia al interior del país.
“Yuniol quería recuperar todo el tiempo que no pudimos compartir cuando estábamos más pequeños. Quería como brindarnos todo, que no nos faltara nada”, dijo Raúl Ramírez.
Precisó que su hermano “era muy gente. Siempre vivía pendiente de nosotros y nos preguntaba constantemente cómo nos estaba yendo con nuestras familias”.
Manifestó que Yuniol Ramírez siempre estaba dispuesto a ayudar, porque le preguntaba constantemente si necesitaban algo, y si la respuesta era sí, hacia lo imposible para resolverlo.
“Nosotros nos juntábamos y ahí todo lo que hablábamos era de nosotros. Mi hermano quería recuperar todo con nosotros. Quería conocernos más”, indicó.
Raúl afirmó que nunca hubo ningún problema entre todos los hermanos, quienes eran en total 25, pero el mayor fue asesinado y una de las seis hembras perdió la vida a manos de su pareja.
Su vida universitaria
El profesor José Casado, quien tiene más de 30 años impartiendo docencia en la Escuela de Derecho de la UASD, narró que Yuniol Ramírez primero entró a la universidad estatal como estudiante y después pasó a ser ayudante de profesores, hace aproximadamente diez años.
Expresó que como se destacó siendo ayudante, fue promovido a profesor.
“Cuando sucede eso, se toma el expediente del ayudante y se hace una valoración para determinar si puede ser promovido”, explicó Casado.
Refirió que Yuniol era una persona muy afable y nunca lo vio entrar en una discusión con nadie.
“Yo nunca tuve un entredicho con él, ni supe que lo haya tenido con nadie. Su vida en la universidad fue intachable, no sé cómo era en su vida personal”, dijo Casado.
La última vez que compartió con Yuniol fue el lunes de la semana pasada, dos días antes de ser asesinado, cuando celebraron el cumpleaños de dos profesores de Derecho de la UASD.
“Todos estábamos juntos ese día. Nos tomamos unos vinos y todo estaba bien. Yuniol no mostró ahí ningún tipo de problema ni nada. Después de ahí cada quien se fue a dar sus clases”, agregó Casado.
Precisó que nunca imaginó que Yuniol moriría de esa forma, “porque era un hombre joven. Con toda su vida por delante. A pesar de que tenía barba se veía que era una persona joven”.
El educador nunca habló con sus compañeros de la UASD sobre sus planes futuros, pero siempre se quejaba de los casos lamentables que suceden en el país.
Sobre la supuesta extorsión de la que acusan a Yuniol, su compañero de docencia expresó que en el tiempo que lo conoció nunca le planteó ni le dejó entender que él andaba por ese mundo.
Dijo que espera que se haga justicia con el caso de Yuniol, porque el asesinato parece una ejecución al estilo de la mafia.
“Eso parece un imitación de esas películas donde matan a los criminales. Queremos que se haga justicia, no solo por él, sino por todos, porque nos sentimos inseguros. Nunca pensé que una persona joven iba a ser sacrificada de esa manera”, añadió.
Asimismo, Rafael Guevara, presidente de la Asociación de Profesores de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UASD, expresó que lo conoció desde hace más de veinte años, y lo consideró siempre como un hijo de la Facultad de Derecho.
“Yuniol siempre estaba dispuesto a colaborar, y lo que me duele de todo esto es ver cómo funcionan los estamentos judiciales del país, porque se debe saber quiénes más ayudaron al director de la OMSA. Yo no diría que esto fue un crimen, sino una catástrofe, porque nos dolió a todos”, dijo Guevara.
Expresó que se mantendrán vigilantes, para que se haga justicia ante ese asesinato.
Recordó que Yuniol fue un ejemplo a seguir y que desde que era ayudante de profesor se destacó, llegando a ser presidente de los ayudantes.
“Siempre tuvo una participación ejemplar en la universidad, y es lamentable que como Yuniol está muerto quieran ensuciar su memoria, pero hay personas como nosotros que estamos dispuestos a defenderlo”, puntualizó.
Aseguró que el abogado siempre fue excelente y que nunca tuvo una mancha en la universidad.
En tanto, el profesor Julio César Pérez Cuevas, quien tiene más de veinte años impartiendo clases de Derecho en la UASD, manifestó que Yuniol era un profesor con criterio y compromiso social, buen amigo y con mucho nivel.
“La intolerancia e irresponsabilidad de quienes lo mataron lo están desvirtuando. Nunca pensé que una fiscal se iba a prestar a decir algo así, de que Yuniol estaba extorsionando, y todo eso es para tapar a los irresponsables”, añadió Pérez.
listindiario.com
Nacionales
Juez evaluará este miércoles solicitud de Pepca para extender investigación del caso Senasa.
Santo Domingo, R.D.-Deiby Peguero, juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, fijó para este miércoles el conocimiento de la solicitud de prórroga de cuatro meses presentada por el Ministerio Público para concluir la investigación y depositar la acusación contra el exdirector del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), Santiago Marcelo Hazim, y los demás implicados en el caso Cobra.
La solicitud de prórroga fue depositada por fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), con el propósito de analizar minuciosamente las evidencias recabadas durante allanamiento. Así lo informó recientemente el procurador adjunto, Wilson Camacho.
Camacho indicó que la institución cuenta con un equipo especializado dedicado al estudio del contenido de 16,800 cajas de documentos ocupadas durante los recientes operativos de intervención como parte de la investigación que realiza del caso.
El exdirector de SeNaSa, Santiago Marcelo Hazim, junto a otros imputados, es señalado de conformar una estructura criminal que habría perpetrado un desfalco superior a RD$15 mil millones en perjuicio del Estado dominicano, a través de la entidad pública de salud.
Además de Hazim, figuran como imputados Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo, Ada Ledesma Ubiera, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, quienes cumplen distintas medidas de coerción impuestas en diciembre de 2025.
Santo Domingo, R.D.-Jhovanny de Jesus Metz Crus, conocido como «Macho», señalado como el principal sospechoso de la muerte del conductor Deivy Carlos Abreu Quezada, quien falleció luego de ser atacado por una turba de motociclistas durante una persecución, fue apresado en Jamaica.
La información fue confirmada a Diario Libre por una fuente de la Procuraduría General de la República (PGR).
De acuerdo con las investigaciones, «Macho» habría sido quien presuntamente propinó varias estocadas a Abreu Quezada durante el ataque ocurrido el pasado 17 de abril en el parqueo del Palacio de Justicia de Santiago, donde la víctima intentó refugiarse tras ser perseguida durante varios kilómetros por un grupo de motociclistas.
En principio, se informó que la persecución se produjo a raíz de un incidente de tránsito.
Posteriormente, trascendió que la agresión habría sido motivada por una presunta deuda económica que el conductor mantenía con sus atacantes.
Visado a JamaicaEn marzo pasado, Jamaica eliminó el requisito de visa para los dominicanos que viajen a ese país por turismo o negocio por un periodo de 180 días.
Mets Cruz también enfrenta un proceso judicial por las heridas de bala ocasionadas en 2023 al sargento de la Policía Nacional Christopher Almánzar García, adscrito a la unidad SWAT.
El imputado no se presentó al juicio de fondo pautado para el miércoles 20 de mayo ante el Cuarto Tribunal Colegiado de Santiago, por lo que la sala ordenó declararlo en rebeldía y activar las consecuencias legales correspondientes.
En ese expediente, Mets Cruz enfrenta acusaciones por intento de homicidio y asociación de malhechores.
El hecho ocurrió el 7 de mayo de 2023 en el sector El Ejido, de Santiago.
Durante el incidente, el sargento Almánzar García sufrió fracturas en el fémur y la rodilla izquierda, mientras que su sobrino, Jeison Willian Almánzar Núñez, resultó herido en la pierna izquierda cuando intentaba auxiliarlo.
Según las informaciones ofrecidas en el tribunal, Mets Cruz cumplía medidas de coerción consistentes en presentación periódica, impedimento de salida del país y orden de alejamiento de las víctimas.
Tras su incomparecencia al juicio, el tribunal dispuso su declaratoria en rebeldía, mientras las autoridades activaron su búsqueda.
Ahora, con su detención en Jamaica, las autoridades dominicanas deberán realizar las gestiones correspondientes para establecer su eventual retorno al país y que responda ante la justicia por los procesos que tiene pendientes.
Formalmente no hay un tratado de extradición entre República Dominicana y Jamaica. El intercambio judicial y la colaboración policial se apoyan en organismos internacionales como Interpol.
Santo Domingo, R.D.-Declaro inadmisible el Tribunal Constitucional (TC) por notoria improcedencia, la acción de amparo interpuesta por el empresario Alexander Montilla Sierra, con la que pretendía suspender un proceso de embargo inmobiliario en su contra y obtener la reposición de los plazos procesales de dicho caso.
La Alta Corte, mediante la sentencia TC/0784/26, tomó la decisión al rechazar la acción presentada por el cuñado del expresidente Danilo Medina contra la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) y la señora Francisca Elizabeth Castillo de los Santos.
La decisión fue aprobada por la mayoría de los jueces del pleno. Por su parte, el magistrado José Alejandro Vargas se inhibió de participar en la deliberación y el fallo, debido a que intervino en el proceso en su anterior condición de juez del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, cuando conoció una medida de coerción vinculada al caso penal.
El caso se remonta a una investigación de la PEPCA dirigida contra Alexander Montilla Sierra y su hermano Maxy Gerardo, junto a otras personas físicas y jurídicas. Las indagatorias se originaron en una de las líneas de investigación de la Operación Antipulpo, por presuntos actos de corrupción y lavado de activos relacionados con contratos públicos y licitaciones irregulares.
En esas pesquisas, la jueza coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero, autorizó entre diciembre de 2020 y enero de 2021 la inmovilización de fondos y la oposición a transferencias de bienes muebles e inmuebles de los investigados.
Según el expediente, estas medidas dejaron a Alexander Montilla Sierra sin capacidad para disponer de su patrimonio, impidiéndole honrar un pagaré notarial por RD$20,000,000.00 suscrito en 2018 con Francisca Elizabeth Castillo de los Santos.
Ante el incumplimiento de pago, Castillo de los Santos inició en 2021 un proceso de embargo inmobiliario sobre dos propiedades de Montilla Sierra: una unidad en el condominio Terrazas del Mirador II y un apartamento en el condominio Karla I.
Tras un acuerdo de colaboración entre Maxy Montilla y la PEPCA, la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción autorizó, mediante auto del 12 de diciembre de 2025, el levantamiento parcial de las oposiciones e inmovilizaciones. La PEPCA tramitó la ejecución de dicha orden ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Superintendencia de Bancos el 30 de diciembre de 2025.
El 6 de febrero de 2026 antes de tener conocimiento formal del levantamiento, notificado por la DGII el 17 de febrero, Alexander Montilla interpuso una acción de amparo en la que solicitó la publicidad registral de las oposiciones, la suspensión del embargo inmobiliario y la reposición de los plazos procesales.
La Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional declaró inadmisible dicha acción el 3 de marzo de 2026 (Sentencia núm. 037-2026-SSEN-00109), al considerar que había perdido su objeto tras el levantamiento parcial de las medidas.
Montilla Sierra recurrió el fallo ante el Tribunal Constitucional alegando vulneraciones al debido proceso, la tutela judicial efectiva, el derecho de propiedad, la igualdad de armas y el principio de inviolabilidad de las nulidades constitucionales, entre otros.
El TC coincidió en que la sentencia de primera instancia era errónea, pero por una razón distinta a la planteada por el recurrente: consideró que el juez de amparo no debió declarar la inadmisibilidad por «falta de objeto», sino por «notoria improcedencia». Esto se apoya en su jurisprudencia reiterada, la cual establece que el amparo no puede utilizarse para suspender, modificar o dejar sin efecto decisiones dictadas por otro tribunal en un proceso judicial ordinario en curso.
En consecuencia, el TC revocó la sentencia recurrida y, actuando directamente sobre el fondo de la acción original, concluyó que las pretensiones de Montilla Sierra excedían el ámbito del amparo. De concederlas, el juez constitucional estaría sustituyendo a la jurisdicción ordinaria en la conducción de un proceso iniciado desde el año 2021.
El tribunal señaló que cualquier objeción sobre la falta de publicidad de las oposiciones administrativas debió plantearse oportunamente ante el propio juez del embargo, mediante los mecanismos procesales correspondientes.
Cabe destacar que el Ministerio Público obtuvo la homologación de un acuerdo bajo el criterio de oportunidad, mediante el cual Maxy Gerardo Montilla Sierra y un grupo de sus empresas aceptaron su responsabilidad penal y autorizaron el decomiso de RD$2,000 millones en efectivo a favor del Estado dominicano.
El acuerdo, homologado por el juez Raymundo Mejía del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, compromete a Montilla a pagar una indemnización de RD$600 millones a las distribuidoras de electricidad EdeEste, EdeSur y EdeNorte, en resarcimiento por los perjuicios ocasionados.
Asimismo, contempla la disolución en un plazo de dos años de las empresas Transformadores Solomon Dominicana, S.A.S., Electrocable Aluconsa, S.A.S., NSD, Importaciones Diversas, SRL, Distribuidora de Materiales Eléctricos FEE, SRL, Distribuidora Eléctrica Henan Jinshui, SRL, Importadora Eaglerise, SRL, TLC Negocios Globales, SRL, Watmax Lighting, SRL, Herrajes Eléctricos RPC, SRL, y MG Solomon Corporation.
También fija el pago de RD$431,816,307.90 a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y el decomiso de un terreno de 200.18 metros cuadrados ubicado en la avenida Roberto Pastoriza núm. 2, Ensanche Naco, valorado en RD$50,901,692.13.
Por el caso Antipulpo, el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina, a siete años de prisión en el centro penitenciario de Najayo.
La decisión fue recurrida y está pendiente de revisión para el próximo 8 de septiembre en la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Otros imputados recibieron penas menores y algunos fueron declarados noculpables, entre ellos Magaly Medina.