Santo Domingo.- Desde niño Yuniol Ramírez, el catedrático universitario y abogado que fue asesinado el miércoles 11 de octubre, mostró inclinación por lo que quería estudiar: abogacía. Siempre fue muy apegado a su familia y atento con ellos, pues trataba de sacar tiempo para juntarse con los 22 hermanos que tenía.Nacionales
Familiares y profesores revelan cómo fue la vida de Yuniol
Santo Domingo.- Desde niño Yuniol Ramírez, el catedrático universitario y abogado que fue asesinado el miércoles 11 de octubre, mostró inclinación por lo que quería estudiar: abogacía. Siempre fue muy apegado a su familia y atento con ellos, pues trataba de sacar tiempo para juntarse con los 22 hermanos que tenía.En los últimos años hacía lo imposible por sacar tiempo para su familia, más con sus dos hermanos menores, con quienes no compartió mucho cuando eran pequeños.
“Cuando yo estaba pequeño lo veía a veces, no estábamos tan en contacto. A partir de la adolescencia comenzamos a vernos más, pero ahora nos veíamos casi todos los fines de semana. Compartíamos mucho, porque su intención era recuperar todo el tiempo que perdió con sus hermanos, y más conmigo y el más pequeño”, contó Raúl Ramírez, hermano del fenecido catedrático y abogado.
Expresó que se reunían con frecuencia en el Club de Profesores de Derecho de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), y que algunos fines de semana viajaban en familia al interior del país.
“Yuniol quería recuperar todo el tiempo que no pudimos compartir cuando estábamos más pequeños. Quería como brindarnos todo, que no nos faltara nada”, dijo Raúl Ramírez.
Precisó que su hermano “era muy gente. Siempre vivía pendiente de nosotros y nos preguntaba constantemente cómo nos estaba yendo con nuestras familias”.
Manifestó que Yuniol Ramírez siempre estaba dispuesto a ayudar, porque le preguntaba constantemente si necesitaban algo, y si la respuesta era sí, hacia lo imposible para resolverlo.
“Nosotros nos juntábamos y ahí todo lo que hablábamos era de nosotros. Mi hermano quería recuperar todo con nosotros. Quería conocernos más”, indicó.
Raúl afirmó que nunca hubo ningún problema entre todos los hermanos, quienes eran en total 25, pero el mayor fue asesinado y una de las seis hembras perdió la vida a manos de su pareja.
Su vida universitaria
El profesor José Casado, quien tiene más de 30 años impartiendo docencia en la Escuela de Derecho de la UASD, narró que Yuniol Ramírez primero entró a la universidad estatal como estudiante y después pasó a ser ayudante de profesores, hace aproximadamente diez años.
Expresó que como se destacó siendo ayudante, fue promovido a profesor.
“Cuando sucede eso, se toma el expediente del ayudante y se hace una valoración para determinar si puede ser promovido”, explicó Casado.
Refirió que Yuniol era una persona muy afable y nunca lo vio entrar en una discusión con nadie.
“Yo nunca tuve un entredicho con él, ni supe que lo haya tenido con nadie. Su vida en la universidad fue intachable, no sé cómo era en su vida personal”, dijo Casado.
La última vez que compartió con Yuniol fue el lunes de la semana pasada, dos días antes de ser asesinado, cuando celebraron el cumpleaños de dos profesores de Derecho de la UASD.
“Todos estábamos juntos ese día. Nos tomamos unos vinos y todo estaba bien. Yuniol no mostró ahí ningún tipo de problema ni nada. Después de ahí cada quien se fue a dar sus clases”, agregó Casado.
Precisó que nunca imaginó que Yuniol moriría de esa forma, “porque era un hombre joven. Con toda su vida por delante. A pesar de que tenía barba se veía que era una persona joven”.
El educador nunca habló con sus compañeros de la UASD sobre sus planes futuros, pero siempre se quejaba de los casos lamentables que suceden en el país.
Sobre la supuesta extorsión de la que acusan a Yuniol, su compañero de docencia expresó que en el tiempo que lo conoció nunca le planteó ni le dejó entender que él andaba por ese mundo.
Dijo que espera que se haga justicia con el caso de Yuniol, porque el asesinato parece una ejecución al estilo de la mafia.
“Eso parece un imitación de esas películas donde matan a los criminales. Queremos que se haga justicia, no solo por él, sino por todos, porque nos sentimos inseguros. Nunca pensé que una persona joven iba a ser sacrificada de esa manera”, añadió.
Asimismo, Rafael Guevara, presidente de la Asociación de Profesores de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UASD, expresó que lo conoció desde hace más de veinte años, y lo consideró siempre como un hijo de la Facultad de Derecho.
“Yuniol siempre estaba dispuesto a colaborar, y lo que me duele de todo esto es ver cómo funcionan los estamentos judiciales del país, porque se debe saber quiénes más ayudaron al director de la OMSA. Yo no diría que esto fue un crimen, sino una catástrofe, porque nos dolió a todos”, dijo Guevara.
Expresó que se mantendrán vigilantes, para que se haga justicia ante ese asesinato.
Recordó que Yuniol fue un ejemplo a seguir y que desde que era ayudante de profesor se destacó, llegando a ser presidente de los ayudantes.
“Siempre tuvo una participación ejemplar en la universidad, y es lamentable que como Yuniol está muerto quieran ensuciar su memoria, pero hay personas como nosotros que estamos dispuestos a defenderlo”, puntualizó.
Aseguró que el abogado siempre fue excelente y que nunca tuvo una mancha en la universidad.
En tanto, el profesor Julio César Pérez Cuevas, quien tiene más de veinte años impartiendo clases de Derecho en la UASD, manifestó que Yuniol era un profesor con criterio y compromiso social, buen amigo y con mucho nivel.
“La intolerancia e irresponsabilidad de quienes lo mataron lo están desvirtuando. Nunca pensé que una fiscal se iba a prestar a decir algo así, de que Yuniol estaba extorsionando, y todo eso es para tapar a los irresponsables”, añadió Pérez.
listindiario.com
Nacionales
Juez decidirá este lunes enviar o no a juicio a Antonio y Maribel Espaillat en caso Jet Set
Santo Domingo.- El juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Raymundo Mejía, decidirá el próximo 15 si envía o no a juicio a los propietarios de la discoteca Jet Set Club, Antonio y Maribel Espaillat, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de 236 personas fallecidas durante el derrumbe del techo del centro de diversión, ocurrido el 8 de abril del 2025.
El magistrado dará el fallo a las 10:00 de la mañana de esa fecha, con el objetivo de ponderar los argumentos del Ministerio Público, de los representantes legales de las víctimas y de la defensa de los imputados.
Esto tras más de un año de ocurrir la tragedia que dejo más de 200 personas fallecidas y más de cien heridos y decena de huérfanos.
Onco14: Solicitarán prisión contra 3 acusados de desviar fondos de pacientes oncológicos
Durante la audiencia, familiares de los fallecidos y personas afectadas expusieron ante el juez cómo han cambiado sus vidas tras el trágico suceso. Asimismo, los imputados y su defensa presentaron sus argumentos ante el tribunal.
El Ministerio Público solicitó formalmente el envío a juicio de los propietarios de la discoteca Jet Set Club, al considerar que existen suficientes elementos de prueba que demuestran la responsabilidad de los hermanos Espaillat en los hechos que se les imputan.
A la salida del tribunal, el director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, expresó que espera que el juez adopte una decisión acorde a la ley y ordene el envío a juicio de los acusados.
El 18 de junio, le dictan medida de coerción contra Antonio y Maribel Espaillat, propietario y gerente de la discoteca Jet Set, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de más de 230 personas fallecidas y 189 heridas tras el desplome del techo del centro de diversión. Ellos fueron apresados el 12 de junio por miembros del Ministerio Público tras ser interrogado por el hecho.
Santo Domingo.- República Dominicana ocupa el segundo lugar en América Latina y el Caribe con mayor numero de presos preventivos y ocupación penitenciaria más alta, superada solo por Haití, según la Dirección de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC).
El dato, que es reseñado este domingo por periódico Listín Diario refleja una debilidad estructural del sistema de justicia penal en su capacidad de investigación y procesamiento.
Señala que en República Dominicana hay aproximadamente 25,000 personas privadas de libertad, de las cuales cerca de 16,000, equivalente a mas del 60% son preventivos.
El documento advierte que la elevada proporción de personas privadas de libertad sin sentencia firme en América Latina y el Caribe evidencia esa misma debilidad estructural. Cuando las investigaciones criminales son lentas o de baja calidad y los tribunales enfrentan sobrecarga de casos, la prisión preventiva termina usándose como sustituto de investigaciones eficaces y procesos judiciales oportunos.
Agrega que la dinámica se refuerza por la presión política y social de “mostrar resultados” en materia de seguridad. Esa presión incentiva respuestas punitivas inmediatas, incluso cuando los procesos judiciales no están plenamente desarrollados.
“El resultado es una acumulación de personas detenidas sin condena que traslada las fallas del debido proceso al sistema penitenciario. Esto contribuye al hacinamiento y debilita la capacidad del Estado para mantener un control efectivo sobre las cárceles”, señala Democracias Bajo Presión.
El PNUD explica que desde inicios del siglo XXI la región ha registrado uno de los aumentos más rápidos de población penitenciaria a nivel mundial. El número de personas privadas de libertad pasó de unos 700,000 a comienzos de los años 2000 a cerca de 1.8 millones en 2024. Es un incremento cercano al 150%.
“Este crecimiento contrasta con la relativa estabilidad o el aumento moderado observado en otras regiones y refleja, entre otros factores, la expansión de políticas penales más punitivas y el uso extensivo de la prisión preventiva”, apunta el informe.
Asimismo, establece que la población privada de libertad en América Latina y el Caribe presenta un marcado sesgo socioeconómico. Los estudios revelan que las personas bajo prisión tienen un nivel educativo inferior al promedio de la población general.
“Esta desigualdad se acentúa en la fase de la prisión preventiva, donde el acceso limitado a una defensa legal y las dificultades para acreditar condiciones de arraigo —como domicilio estable, empleo formal o fianzas— incrementan la probabilidad de permanecer detenido durante el proceso judicial”, destaca el estudio.
Ante ese panorama, el PNUD advierte que cuando las cárceles presentan sobrepoblación crónica, déficits de control interno o se convierten en centros de coordinación de actividades ilícitas, la capacidad del Estado para ejecutar sanciones queda comprometida.
Otras causas del problema
El reporte también señala que los cuerpos policiales en América Latina y el Caribe enfrentan fragmentación institucional, bajos niveles de profesionalización, limitaciones en capacidades investigativas y vulnerabilidad a la cooptación local.
Por eso, cuando la probabilidad de sanción es reducida —lo que se refleja en bajas tasas de homicidios esclarecidos— el poder intimidatorio de los actores criminales se amplifica y la autoridad estatal pierde credibilidad.
La medida de coerción efectiva, según el informe, no se mide solo por operativos o despliegues, sino por la capacidad de investigar, procesar y sancionar de manera consistente. “En este sentido, la impunidad constituye un indicador central de debilitamiento coercitivo: sin consecuencias previsibles frente al delito, el monopolio legítimo de la violencia se vuelve nominal más que efectivo”.
Nacionales
Ministerio Público formaliza cargos contra red del caso «Onco14» por fraude millonario a SeNaSa y pacientes de cáncer
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio Público formaliza la imputación contra una estructura criminal desarticulada mediante la Operación Onco14, acusada de orquestar un sofisticado esquema de fraude en perjuicio del Estado dominicano, el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y cientos de pacientes oncológicos de la región del Cibao.
La investigación, dirigida por la Dirección General de Persecución, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Fiscalía de Santiago, señala como cabecillas a tres exdirectivos del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, entidad que administra el Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC).
Los imputados son Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo del Patronato y exmiembro de la junta directiva del IORC, Luisa Yasiris Guzmán, actual esposa de Lora Cruceta y presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida.
También Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exesposa de Lora Cruceta, quien fungió simultáneamente como vicepresidenta y auditora interna y externa del patronato durante la gestión del imputado.
Según el expediente, los acusados utilizaron empresas fachada, incluyendo Vargas Lora & Asociados (actualmente Vargas Guzmán Accounting Center) y la fundación antes mencionada, para desviar fondos destinados a tratamientos médicos vitales para pacientes del régimen subsidiado.
Un control prolongado para fines ilícitos
El Ministerio Público subraya una irregularidad clave en la investigación, aunque los estatutos del IORC estipulaban un mandato de dos años para la presidencia, Héctor Antonio Lora Cruceta se mantuvo en el cargo desde el 9 de octubre de 2018 hasta el 6 de octubre de 2025.
Para los fiscales, esta permanencia prolongada evidencia un interés deliberado por mantener el control absoluto sobre los recursos económicos de la institución y las aportaciones estatales.
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, destacó que esta es la tercera estructura criminal enfrentada como parte de las investigaciones sobre el fraude al SeNaSa, una labor de depuración iniciada con la Operación Senasa bajo la dirección de la Procuradora General, Yeni Berenice Reynoso.
En los allanamientos, realizados con apoyo de la Policía Nacional y la Unidad de Investigación Criminal (UIC), se ocuparon dinero en efectivo y títulos de propiedad, dispositivos electrónicos (computadoras, celulares, DVR), documentación comprometedora y vehículos.
Tipificación penal
Según el Ministerio Público el grupo deberá responder por una serie de cargos graves que incluyen asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología (acceso ilícito a sistemas), lavado de activos.