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Familiares y profesores revelan cómo fue la vida de Yuniol

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Santo Domingo.- Desde niño Yuniol Ramírez, el catedrático universitario y abogado que fue asesinado el miércoles 11 de octubre, mostró inclinación por lo que quería estudiar: abogacía. Siempre fue muy apegado a su familia y atento con ellos, pues trataba de sacar tiempo para juntarse con los 22 hermanos que tenía.

En los últimos años hacía lo imposible por sacar tiempo para su familia, más con sus dos hermanos menores, con quienes no compartió mucho cuando eran pequeños.

“Cuando yo estaba pequeño lo veía a veces, no estábamos tan en contacto. A partir de la adolescencia comenzamos a vernos más, pero ahora nos veíamos casi todos los fines de semana. Compartíamos mucho, porque su intención era recuperar todo el tiempo que perdió con sus hermanos, y más conmigo y el más pequeño”, contó Raúl Ramírez, hermano del fenecido catedrático y abogado.

Expresó que se reunían con frecuencia en el Club de Profesores de Derecho de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), y que algunos fines de semana viajaban en familia al interior del país.

“Yuniol quería recuperar todo el tiempo que no pudimos compartir cuando estábamos más pequeños. Quería como brindarnos todo, que no nos faltara nada”, dijo Raúl Ramírez.

Precisó que su hermano “era muy gente. Siempre vivía pendiente de nosotros y nos preguntaba constantemente cómo nos estaba yendo con nuestras familias”.

Manifestó que Yuniol Ramírez siempre estaba dispuesto a ayudar, porque le preguntaba constantemente si necesitaban algo, y si la respuesta era sí, hacia lo imposible para resolverlo.

“Nosotros nos juntábamos y ahí todo lo que hablábamos era de nosotros. Mi hermano quería recuperar todo con nosotros. Quería conocernos más”, indicó.

Raúl afirmó que nunca hubo ningún problema entre todos los hermanos, quienes eran en total 25, pero el mayor fue asesinado y una de las seis hembras perdió la vida a manos de su pareja.

Su vida universitaria
El profesor José Casado, quien tiene más de 30 años impartiendo docencia en la Escuela de Derecho de la UASD, narró que Yuniol Ramírez primero entró a la universidad estatal como estudiante y después pasó a ser ayudante de profesores, hace aproximadamente diez años.

Expresó que como se destacó siendo ayudante, fue promovido a profesor.

“Cuando sucede eso, se toma el expediente del ayudante y se hace una valoración para determinar si puede ser promovido”, explicó Casado.

Refirió que Yuniol era una persona muy afable y nunca lo vio entrar en una discusión con nadie.

“Yo nunca tuve un entredicho con él, ni supe que lo haya tenido con nadie. Su vida en la universidad fue intachable, no sé cómo era en su vida personal”, dijo Casado.

La última vez que compartió con Yuniol fue el lunes de la semana pasada, dos días antes de ser asesinado, cuando celebraron el cumpleaños de dos profesores de Derecho de la UASD.

“Todos estábamos juntos ese día. Nos tomamos unos vinos y todo estaba bien. Yuniol no mostró ahí ningún tipo de problema ni nada. Después de ahí cada quien se fue a dar sus clases”, agregó Casado.

Precisó que nunca imaginó que Yuniol  moriría de esa forma, “porque era un hombre joven. Con toda su vida por delante. A pesar de que tenía barba se veía que era una persona joven”.

El educador nunca habló con sus compañeros de la UASD sobre sus planes futuros, pero siempre se quejaba de los casos lamentables que suceden en el país.

Sobre la supuesta extorsión de la que acusan a Yuniol, su compañero de docencia expresó que en el tiempo que lo conoció nunca le planteó ni le dejó entender que él andaba por ese mundo.

Dijo que espera que se haga justicia con el caso de Yuniol, porque el asesinato parece una ejecución al estilo de la mafia.

“Eso parece un imitación de esas películas donde matan a los criminales. Queremos que se haga justicia, no solo por él, sino por todos, porque nos sentimos inseguros. Nunca pensé que una persona joven iba a ser sacrificada de esa manera”, añadió.

Asimismo, Rafael Guevara, presidente de la Asociación de Profesores de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UASD, expresó que lo conoció desde hace más de veinte años, y lo consideró siempre como un hijo de la Facultad de Derecho.

“Yuniol siempre estaba dispuesto a colaborar, y lo que me duele de todo esto es ver cómo funcionan los estamentos judiciales del país, porque se debe saber quiénes más ayudaron al director de la OMSA. Yo no diría que esto fue un crimen, sino una catástrofe, porque nos dolió a todos”, dijo Guevara.

Expresó que se mantendrán vigilantes, para que se haga justicia ante ese asesinato.

Recordó que Yuniol fue un ejemplo a seguir y que desde que era ayudante de profesor se destacó, llegando a ser presidente de los ayudantes.

“Siempre tuvo una participación ejemplar en la universidad, y es lamentable que como Yuniol está muerto quieran ensuciar su memoria, pero hay personas como nosotros que estamos dispuestos a defenderlo”, puntualizó.

Aseguró que el abogado siempre fue excelente y que nunca tuvo una mancha en la universidad.

En tanto, el profesor Julio César Pérez Cuevas, quien tiene más de veinte años impartiendo clases de Derecho en la UASD, manifestó que Yuniol era un profesor con criterio y compromiso social, buen amigo y con mucho nivel.

“La intolerancia e irresponsabilidad de quienes lo mataron lo están desvirtuando. Nunca pensé que una fiscal se iba a prestar a decir algo así, de que Yuniol estaba extorsionando, y todo eso es para tapar a los irresponsables”, añadió Pérez.

listindiario.com

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Obispos se reunen con Abinader en la 64ª Asamblea Plenaria del Episcopado

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Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.

Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.

“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.

Abinader se reúne con obispos en la 64ª Asamblea Plenaria del Episcopado

El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.

El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.

Abinader se reúne con obispos en la 64ª Asamblea Plenaria del Episcopado

También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.

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Garantía económica e impedimento de salida a “Onguito Wa”.

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Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.

La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.

Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.

Imponen garantía económica e impedimento de salida a “Onguito Wa” por porte ilegal de arma
Imponen garantía económica e impedimento de salida a “Onguito Wa” por porte ilegal de arma

La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.

Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.

El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.

El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.

De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.

Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.

El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.

«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».

  • En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
  • Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.

El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.

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Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega

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Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público  en las próximas horas la imposición  contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.

El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.

Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.

Instrumentos odontológicos en un consultorio, vinculados al caso de un falso odontólogo acusado de causar lesiones
Instrumentos dentales en un consultorio, en el contexto de la solicitud de prisión preventiva contra un falso odontólogo.

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.

Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.

La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.

La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.

“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.

Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.

  • El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
  • Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.

El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.

El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.

Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.

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