Nacionales
Juez que ordenó prisión domiciliaria a Quirinito dispuso la misma medida a sicaria de hijo de exsenador
La acusada de matar al hijo de un exsenador, quien supuestamente estaba paralítica, tres años después fue arrestada durante un allanamiento antinarcóticos a una finca.
SANTO DOMINGO. Willys de Jesús Núñez Mejía, juez de la Ejecución de la Pena de San Cristóbal suspendido por la desaparición de Pedro Castillo Paniagua “Quirinito”, fue el mismo que en 2013 otorgó prisión domiciliaria a la reclusa Priscila Díaz Infante, quien posteriormente violó la condena.
Díaz Infante estaba sentenciada a 30 años de prisión por el secuestro y posterior asesinato de Víctor Augusto Féliz Matos, en septiembre de 2002, por encargo del “fallecido” Rolando Florián Féliz, quien cumplía condena por narcotráfico.
Los informes de prensa recuerdan que el juez Willy de Jesús Núñez Mejía dispuso que la interna siguiera cumpliendo su condena en su residencia del sector El Almirante, del municipio de Santo Domingo Este, a fin de que pudiera ser tratada adecuadamente de sus problemas de salud, ya que según dijo, estaba paralítica en silla de ruedas, y que anualmente le fuera remitido un informe médico con relación a su evolución.
La víctima era hijo del exsenador reformista por Barahona, Víctor Augusto Féliz Matos.
El magistrado Willy de Jesús dijo que tomó la decisión tras acoger una solicitud de cumplimiento especial de la pena, incoada por la reclusa, a través de su abogada Hilaria Fernández, por entender que obligar a la interna a continuar cumpliendo con su condena en la cárcel sería un acto de desconocimiento de los verdaderos lineamientos y principios del juez de la ejecución de la pena.
Posteriormente, en 2016, fue arrestada durante un allanamiento a una finca del sector Los Capacitos, municipio de Jarabacoa, provincia La Vega, donde fueron ocupadas cerca de 110 plantas que se presumía correspondía a marihuana.
La historia se repite con el caso Quirinito quien en 2010 fue condenado a 30 años de prisión tras ser hallado culpable de asesinar al español Adolfo Justo Cervantes Arellano (Waikiki), en el 2008.
En 2013 el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de Peravia rebajó de 30 a 20 años de reclusión la condena contra el sobrino del excapitán Quirino Ernesto Paulino Castillo.
Aunque inicialmente Quirinito cumplía su condena en la cárcel de Najayo, habría sido transferido a prisión domiciliaria en San Francisco de Macorís, supuestamente por un carcinoma que le habrían detectado.
En la actualidad, las autoridades desconocen su paradero, luego que un médico legista certificara su fallecimiento, mientras cumplía prisión domiciliaria.
A partir de estos hallazgos, la Procuraduría activó su búsqueda y solicitó a los organismos de inteligencia del país, así como a la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), una orden de captura nacional e internacional, respectivamente, contra Castillo Paniagua.
Suspendió al médico legista Orlando Herrera Robles, quien el pasado 5 de julio emitió el certificado ficticio en base al cual se expidió el acta de defunción No. 00239, Folio 0039, con fecha de registro del 6 de julio del presente año, que declara la defunción del hoy prófugo por la causa de fallo cardíaco debido a infarto agudo al miocardio por carcinoma epidermoide en la base de la lengua, resaltando que “con esta medida no se descarta que el galeno actuante sea procesado judicialmente al concluir la investigación”.
Mientras el juez Willy de Jesús, quien habría ordenado la prisión domiciliaria a Qurinito, fueron suspendidos sin disfrute de salarios.
El juez salió del país a realizar un curso, informaron las autoridades, por lo que tampoco asistió el pasado viernes a la Inspectoría del Poder Judicial donde sería interrogado respecto al caso “Quirinito”.
diariolibre.com
Santo Domingo.- República Dominicana ocupa el segundo lugar en América Latina y el Caribe con mayor numero de presos preventivos y ocupación penitenciaria más alta, superada solo por Haití, según la Dirección de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC).
El dato, que es reseñado este domingo por periódico Listín Diario refleja una debilidad estructural del sistema de justicia penal en su capacidad de investigación y procesamiento.
Señala que en República Dominicana hay aproximadamente 25,000 personas privadas de libertad, de las cuales cerca de 16,000, equivalente a mas del 60% son preventivos.
El documento advierte que la elevada proporción de personas privadas de libertad sin sentencia firme en América Latina y el Caribe evidencia esa misma debilidad estructural. Cuando las investigaciones criminales son lentas o de baja calidad y los tribunales enfrentan sobrecarga de casos, la prisión preventiva termina usándose como sustituto de investigaciones eficaces y procesos judiciales oportunos.
Agrega que la dinámica se refuerza por la presión política y social de “mostrar resultados” en materia de seguridad. Esa presión incentiva respuestas punitivas inmediatas, incluso cuando los procesos judiciales no están plenamente desarrollados.
“El resultado es una acumulación de personas detenidas sin condena que traslada las fallas del debido proceso al sistema penitenciario. Esto contribuye al hacinamiento y debilita la capacidad del Estado para mantener un control efectivo sobre las cárceles”, señala Democracias Bajo Presión.
El PNUD explica que desde inicios del siglo XXI la región ha registrado uno de los aumentos más rápidos de población penitenciaria a nivel mundial. El número de personas privadas de libertad pasó de unos 700,000 a comienzos de los años 2000 a cerca de 1.8 millones en 2024. Es un incremento cercano al 150%.
“Este crecimiento contrasta con la relativa estabilidad o el aumento moderado observado en otras regiones y refleja, entre otros factores, la expansión de políticas penales más punitivas y el uso extensivo de la prisión preventiva”, apunta el informe.
Asimismo, establece que la población privada de libertad en América Latina y el Caribe presenta un marcado sesgo socioeconómico. Los estudios revelan que las personas bajo prisión tienen un nivel educativo inferior al promedio de la población general.
“Esta desigualdad se acentúa en la fase de la prisión preventiva, donde el acceso limitado a una defensa legal y las dificultades para acreditar condiciones de arraigo —como domicilio estable, empleo formal o fianzas— incrementan la probabilidad de permanecer detenido durante el proceso judicial”, destaca el estudio.
Ante ese panorama, el PNUD advierte que cuando las cárceles presentan sobrepoblación crónica, déficits de control interno o se convierten en centros de coordinación de actividades ilícitas, la capacidad del Estado para ejecutar sanciones queda comprometida.
Otras causas del problema
El reporte también señala que los cuerpos policiales en América Latina y el Caribe enfrentan fragmentación institucional, bajos niveles de profesionalización, limitaciones en capacidades investigativas y vulnerabilidad a la cooptación local.
Por eso, cuando la probabilidad de sanción es reducida —lo que se refleja en bajas tasas de homicidios esclarecidos— el poder intimidatorio de los actores criminales se amplifica y la autoridad estatal pierde credibilidad.
La medida de coerción efectiva, según el informe, no se mide solo por operativos o despliegues, sino por la capacidad de investigar, procesar y sancionar de manera consistente. “En este sentido, la impunidad constituye un indicador central de debilitamiento coercitivo: sin consecuencias previsibles frente al delito, el monopolio legítimo de la violencia se vuelve nominal más que efectivo”.
Nacionales
Ministerio Público formaliza cargos contra red del caso «Onco14» por fraude millonario a SeNaSa y pacientes de cáncer
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio Público formaliza la imputación contra una estructura criminal desarticulada mediante la Operación Onco14, acusada de orquestar un sofisticado esquema de fraude en perjuicio del Estado dominicano, el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y cientos de pacientes oncológicos de la región del Cibao.
Los imputados son Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo del Patronato y exmiembro de la junta directiva del IORC, Luisa Yasiris Guzmán, actual esposa de Lora Cruceta y presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida.
Según el expediente, los acusados utilizaron empresas fachada, incluyendo Vargas Lora & Asociados (actualmente Vargas Guzmán Accounting Center) y la fundación antes mencionada, para desviar fondos destinados a tratamientos médicos vitales para pacientes del régimen subsidiado.
Un control prolongado para fines ilícitos
El Ministerio Público subraya una irregularidad clave en la investigación, aunque los estatutos del IORC estipulaban un mandato de dos años para la presidencia, Héctor Antonio Lora Cruceta se mantuvo en el cargo desde el 9 de octubre de 2018 hasta el 6 de octubre de 2025.
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, destacó que esta es la tercera estructura criminal enfrentada como parte de las investigaciones sobre el fraude al SeNaSa, una labor de depuración iniciada con la Operación Senasa bajo la dirección de la Procuradora General, Yeni Berenice Reynoso.
En los allanamientos, realizados con apoyo de la Policía Nacional y la Unidad de Investigación Criminal (UIC), se ocuparon dinero en efectivo y títulos de propiedad, dispositivos electrónicos (computadoras, celulares, DVR), documentación comprometedora y vehículos.
Tipificación penal
Según el Ministerio Público el grupo deberá responder por una serie de cargos graves que incluyen asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología (acceso ilícito a sistemas), lavado de activos.
Santo Domingo, R.D.-Diego Pesqueira, vocero de la Policía Nacional, informó que dos personas fueron encontradas muertas, así como una joven con signos vitales en un apartamento de la Torre Arpel 07, ubicada en el sector Piantini, Distrito Nacional.
Los fallecidos fueron identificados como Raisa Luisa Mendoza, de 50 años, y su hijo Yadhir Nael Cornelio, de 24 años de edad.
Pesqueira explicó que el caso se encuentra en una fase inicial de investigación y que las autoridades trabajan de manera conjunta con el Ministerio Público para esclarecer lo ocurrido.
Indicó que se esperan los resultados de la autopsia y de los análisis toxicológicos que realiza el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), los cuales permitirán determinar de forma precisa la causa de muerte de las víctimas.
“Debemos esperar los resultados de la autopsia que está realizando el Inacif, que establecerán de una manera clara, precisa e inequívoca la causa de muerte”, sostuvo.
El vocero agregó que la joven sobreviviente será entrevistada por los investigadores tan pronto su condición lo permita, como parte de las diligencias que se desarrollan bajo la coordinación del Ministerio Público.
Al ser cuestionado sobre posibles hipótesis, Pesqueira evitó adelantar conclusiones y afirmó que la Policía Nacional solo ofrecerá información sustentada en evidencias.
“Estamos en la fase de levantamiento y de entrevistas. No podemos como autoridades ofrecer versiones sin contar con evidencias que sustenten nuestras declaraciones”, expresó.
Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar qué ocurrió dentro de la vivienda donde fueron halladas las tres personas.