Santo Domingo.- En la solicitud de medida de coerción, el ministerio público acusa al empresario Eddy Santana Zorrilla de asociación de malhechores para cometer estafa y corrupción administrativa en contra del Estado dominicano, a través de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), cuya actuaciones ilícitas fueron las que provocaron el asesinato del abogado Yuniol Ramírez Ferreras, el 11 de octubre.Nacionales
Eddy Santana está acusado de asociación de malhechores, estafa y corrupción administrativa
Santo Domingo.- En la solicitud de medida de coerción, el ministerio público acusa al empresario Eddy Santana Zorrilla de asociación de malhechores para cometer estafa y corrupción administrativa en contra del Estado dominicano, a través de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), cuya actuaciones ilícitas fueron las que provocaron el asesinato del abogado Yuniol Ramírez Ferreras, el 11 de octubre.Los delitos por los cuales se solicita un año de prisión preventiva contra el empresario, están sancionados en los artículos 265, 266, 405, del Código Penal, y el artículo 3 de la Ley 448 de Soborno en el Comercio y la Inversión, en perjuicio del Estado dominicano.
Este sábado, la jueza Ariela Cedano, del Tribunal de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste pospuso para el próximo martes, 24 de octubre, el conocimiento de la medida de coerción, a fin de que la defensa de las partes conozcan y estudien el expediente.
En la instancia de medida de coerción, el Ministerio Público precisa que el imputado Eddy Santiago Santana Zorrilla es suplidor de la OMSA desde el año 2012, en el inicio de la gestión del ingeniero Manuel Rivas.
El ex director de la OMSA fue enviado a prisión preventiva por un año, como medida de coerción, por el asesinato del abogado Yuniol Ramírez Ferreras, junto con otros dos implicados, José Antonio Mercado (El Grande) y el coronel de la Policía y financiero de la OMSA, Faustino Rosario Díaz, mientras que está prófugo Argenis Contreras.
Los hechos
En la instancia de medida de coerción, el Ministerio Público narra que a final de septiembre del 2017, el empresario Santana Zorrilla se reunió con el entonces director de la OMSA, Manuel Rivas, en el despacho del funcionario, con el fin de plantearle que el abogado Yuniol Ramírez Ferreras había interpuesto un recurso de amparo en contra de la institución y de su director, exigiendo que le sean entregadas documentaciones relativas a licitaciones y compras de distintas empresas de mantenimiento, reparación y ventas de equipos, en base a la ley 200-04 sobre Libre Acceso a la Información Pública.
Indica que dentro de las informaciones que solicitaba el abogado a la OMSA y que fueron negadas por dicha institución, estaba la documentación sobre las licitaciones de las empresas suplidoras del Estado Tech Solution E.K.R, y Grupo Martisdom SRL, propiedad de Eddy Santana Zorrilla y Rosary Hernández Santana, esta última sobrina del empresario. En el documento, el Ministerio Público dice que ambas empresas responden al imputado, en atención a sus niveles de inversión en las mismas.
Relata que en la reunión, Rivas y Santana Zorrilla acordaron que el último buscaría la forma de reunirse con el abogado Ramírez Ferreras, para convencerlo, haciendo las diligencias que fueran necesarias a los fines de que retirara la instancia de amparo depositada por ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA). Puntualiza que el empresario quedó en contacto con el coronel Faustino Rosario Díaz, gerente financiero de la OMSA (preso por el caso) para poder coordinar todo lo relacionado con el pago, debido a que el entonces director saldría del país unos días después.
Puntualiza que como consecuencia de esa tarea asignada, Santana Zorrilla se puso en contacto con Leonardo Adames, a fin de saber si conocía a Yuniol, manifestándole que necesitaba conocerle. Agrega que esa gestión resultó positiva, por lo que Leonardo coordinó una reunión con los tres para el 2 de octubre del 2017, en el lobby del Hotel El Embajador. A partir de esa fecha, dice la solicitud de medida de coerción, inician los contactos, reuniones y conversaciones telefónicas entre Eddy y Yuniol.
“En fecha 4 de octubre del 2017, Yuniol Ramírez Ferrreras le externó al señor Eddy Rafael Santana Zorrilla, en una reunión que sostuvieron en el restaurant Cienfuegos, del Hotel Jardines del Embajador, a eso de las 3:00., aproximadamente, que retiraría la demanda si le entregaba la suma de cuatro millones de pesos(…)” , dicen los fiscales en el documento. Según la instancia, dos millones de pesos eran para la supuestas personas que le mandaron a introducir la demanda y dos millones para él y su equipo, y que acordaron hacer de esa manera y fijando fecha del pago para el 6 de octubre del 2017, después de una negociación que inició con el requerimiento de dos millones de pesos y 100,000 dólares.
Conforme a la solicitud de coerción, el 6 de octubre del 2017, Eddy llegó a la estación de combustible Texaco de la avenida Rómulo Betancourt, esquina Caonabo, del Distrito Nacional, seguido de Argenis Contreras González (prófugo), para reunirse con Yuniol, quien llegó minutos más tarde, a quien, según la instancia, le entregaron un millón de pesos y que acordaron darle los tres restantes tres millones luego de que desistiera de la demanda.
“Todo esto fue observado por Argenis Contreras González, desde su vehículo, nunca enterándose el occiso (Yuniol) de que Argenis se encontraba presente en esa reunión, a quien conocía, puesto que Argenis y Yuniol habían sostenido varios encuentros desde mediados de agosto del año 2017, en las instalaciones del club de profesores de la UASD “, señala el documento.
Pruebas
En la solicitud, depositada el viernes 20 de octubre en el Tribunal de Atención Permanente del municipio Santo Domingo Oeste, el Ministerio Público presenta como elementos de prueba 42 documentos, 16 testimonios tanto de funcionarios y empleados de la OMSA, como de representantes de las empresas del imputado, un dvd que contiene el video de seguridad, y tres vehículos.
En la solicitud de medida de coerción no interviene la fiscal titular de la provincia Santo Domingo, Olga Diná, que ha dirigido el caso de los involucrados en el asesinato del abogado Yuniol Ramírez. Está firmada por los fiscales Paula Margarín, Pedro Medina, César Augusto Veloz, Felbelys Rosario, Miguel Collado, Jonathan Pérez , Melbin Romero y Arolin Lemos.
listindiario.com
Nacionales
Abinader tras violación de la Constitución se autocalifica como un presidente del centro y socialdemócrata.
Santo Domingo, R.D.-Tras la promulgación de una ley que viola la Constitución para buscar eliminar las candidaturas independientes, el presidente Luis Abinader aseguró que se ha guiado —y que pretende seguir guiándose— por una visión de “centro” en su gestión, al tiempo que defendió un modelo que combina desarrollo económico, impulso a la inversión privada y políticas sociales orientadas a reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida.
Abinader habló durante un conversatorio de Café Político con estudiantes de la PUCMM, donde fue consultado directamente sobre la “filosofía política” que ha orientado “estos primeros seis años de gobierno” y la que guiaría “los últimos dos años” restantes.
“Es tan difícil ahora catalogarse, o ponerse o colocarse en una línea política, y especialmente en el caso nuestro”, respondió el mandatario, antes de referirse a la manera en que distintos sectores han intentado encasillar a su administración. Según explicó, a su gobierno lo han descrito en distintas ocasiones como “de derecha”, “de centro”, “de izquierda”, e incluso bajo fórmulas intermedias. “A mí me han puesto a veces ‘Gobierno de centro izquierda’, a veces ‘Gobierno de centro’ y a veces ‘Gobierno de centro derecha’. Yo he visto las tres categorías”, afirmó.
Sin embargo, Abinader buscó cerrar el debate con una definición propia: “Nosotros somos un Gobierno de centro”.
Para explicar esa ubicación, el presidente apeló a una referencia internacional: la socialdemocracia europea, particularmente en los países nórdicos y Alemania. En ese marco, sostuvo que se trata de una corriente que “cree en el desarrollo económico”, “cree en la inversión privada” y también entiende que “hay que fortalecer la inversión privada”. A la vez, subrayó que ese crecimiento debe ir acompañado de “una mejoría y una base social” que garantice un camino “hacia la eliminación y la disminución de la pobreza” y hacia la “mejoría de la calidad de vida”.
“Exactamente eso es lo que nosotros hemos conseguido en estos seis años”, dijo, al reivindicar los resultados de su gobierno bajo esa lógica de equilibrio entre dinamismo económico y políticas sociales. No ofreció cifras ni detalles de programas en su respuesta, pero insistió en que la orientación general de la gestión ha sido consistente con ese enfoque.
El mandatario también enmarcó su planteo en un período que describió como particularmente adverso por el contexto internacional. Recordó que llegó al poder “en el medio de la crisis del COVID” y que, cuando el país comenzaba a salir de la pandemia, sobrevino la “crisis de Ucrania”. “Y ahora ya ustedes saben…”, añadió, en alusión a un escenario global que —según su relato— ha continuado sumando presiones.
En un giro coloquial, Abinader resumió la sensación de gobernar en medio de crisis encadenadas con una frase que provocó reacción en el auditorio: “A veces yo digo: ‘Dame, échame algo bendito… A ver si tenemos más suerte’”. Acto seguido, insistió en que esos desafíos han sido parte del terreno que su administración ha tenido que enfrentar.
Santo Domingo, R.D.-Como una forma de cuidarse en salud en virtud de que se le vence su tiempo en el cargo, el presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial destacó los supuestos avances en la justicia dominicana en los últimos años, logros que, afirmó, son «frutos de una obra colectiva» de todos los sectores políticos y sociales.
Durante el acto de apertura de la Conferencia del Poder Judicial 2026, Molina subrayó que estos progresos han sido reconocidos tanto por indicadores nacionales como por estudios internacionales, al tiempo que exhortó a preservar estas conquistas y evitar cualquier retroceso.
Entre los principales logros resaltó una mayor confianza, la eliminación de la mora en la Suprema Corte de Justicia, que incluye una transformación del recurso de casación, que —según explicó— dejó de ser un mecanismo que retrasaba derechos, reduciendo su tiempo de tramitación de 107 a 27 días.
Asimismo, enfatizó la implementación total de la firma digital y la gestión de expedientes electrónicos con trazabilidad completa, lo que, afirmó, garantiza mayor transparencia y control de los procesos judiciales.
«Así que ahora nadie puede decirme que un expediente se pierde o se queda en una gaveta»Presidente de la SCJ y del Consejo del Poder Judicial
Sostuvo que el acceso digital permite a más de 33 mil abogados y ciudadanos acceder gratuitamente a sus casos sin traslados y sin intermediarios, asistir a audiencias virtuales, en los procesos civiles, y consultar sus expedientes desde cualquier lugar, incluso desde el extranjero.
«La confianza se gana, se construye con resultados, se sostiene con coherencia y se pierde cuando se detiene la transformación. ¿Y ustedes saben por qué? Porque lo que está en juego es el desempeño del sistema y con ello la confianza de la gente»Presidente de la SCJ
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En la actividad de inauguración de la conferencia participaron el presidente de la República, Luis Abinader, así como los presidentes de las cámaras legislativas, Alfredo Pacheco y Ricardo de los Santos, junto a representantes del sector empresarial, la judicatura y diversas instituciones nacionales e internacionales vinculadas al ámbito jurídico.
Molina, quien cumplió el periodo de siete años como presidente de la SCJ y será sometido a evaluación próximamente por el Consejo Nacional de la Magistratura, expuso que el Poder Judicial ha procurado moverse al mismo ritmo que lo ha hecho el crecimiento económico en los últimos treinta años y que para lograrlo se crearon tres objetivos concretos.
El primero de ellos fue digitalizar la justicia, segundo, agilizarla para disminuir el tiempo en dar respuesta; y tercero, hacerla transparente para que la confianza no sea un acto de fe, sino una consecuencia.
En ese sentido, aseveró que la conferencia constituye el espacio rector del Plan de Justicia del Futuro 20-34 para revisar los avances y “corregir el rumbo cuando la circunstancia lo aconseja”, as í como renovar compromisos y voluntades.
La conferencia se desarrollará desde este jueves 9 de abril hasta el sábado 11.
El acto inaugural también contó con la participación del expresidente de la República Leonel Fernández; el presidente del Tribunal Constitucional, Napoleón Estévez Lavandier; los legisladores Omar Fernández y Tobías Crespo, y la jueza Nancy Salcedo, integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura.
Asimismo, los expresidentes de la SCJ, Jorge Subero Isa y Mariano Germán.
En la inauguración de la Conferencia de Justicia 2026, el presidente de la Suprema Corte de Justicia y el de la República, Henry Molina y Luis Abinader, entregaron un reconocimiento a la magistrada Olga Herrera Carbuccia por su papel en la creación y consolidación de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de la Provincia de Santo Domingo.
“Constituyó un ejemplo de gestión judicial al convertir una idea en una institución organizada, eficiente y referente en materia penal, aún en contextos desafiantes”, se dijo al momento de hacérsele entrega a la placa con la que se le reconoció su labor.
Santo Domingo, R.D.-En medio de una serie de interrogantes tras la circulación de una resolución que plantea un aumento de hasta un 50 % en las compensaciones de los miembros del pleno de la Cámara de Cuentas, abrió dudas sobre si el órgano se aprobó un incremento salarial en violacion de la Constitución de la República.
Sin embargo, una fuente de la institución negó la veracidad del documento que circula en medios de comunicación bajo el número de resolución ADM-2026-017, y dijo que la realidad es que hubo un aumento de salarios a los empleados que no excluye a los miembros del pleno de la institución.
A pesar de que en la página web de la Cámara de Cuentas están publicadas resoluciones con números posteriores, mas no la señalada.
El documento en cuestión corresponde a la resolución número ADM-2026-017, fechada el 13 de marzo de 2026. En su contenido se establece la modificación del «Manual unificado de políticas de compensación, derechos y beneficios del servidor público de la Cámara de Cuentas«.
El texto en debate indica un aumento de hasta un 50 % en las compensaciones de los miembros del pleno, bajo el argumento de reconocer «dedicación exclusiva y jornadas extraordinarias». También plantea que la medida tendría carácter retroactivo a febrero de 2026.
De aplicarse, el incremento impactaría directamente a los actuales integrantes del órgano. Según los reportes de nómina del primer trimestre de 2026, la presidenta devenga 423,500 pesos mensuales, mientras que el vicepresidente y los miembros reciben 379,097.84 pesos cada uno.
De ser veraz la resolución, la disposición entra en conflicto con el artículo 140 de la Constitución, que regula los aumentos de remuneraciones en el sector público.
El texto establece: «Ninguna institución pública o entidad autónoma que maneje fondos públicos establecerá normas o disposiciones tendentes a incrementar la remuneración o beneficios a sus incumbentes o directivos, sino para un período posterior al que fueron electos o designados».
Al tratarse de un aumento aprobado por los propios miembros para su período vigente, la resolución podría ser objeto de cuestionamientos de constitucionalidad. La Constitución también establece que el incumplimiento de esta disposición será sancionado conforme a la ley.
De acuerdo con los reportes de nómina del primer trimestre de 2026, los miembros del pleno reciben las siguientes remuneraciones:
La presidenta devenga 423,500 pesos mensuales, el vicepresidente y los miembros reciben 379,097.84 pesos cada uno.
Con el nuevo esquema, las compensaciones podrían aumentar en más de 211,000 pesos mensuales en el caso de la presidencia y en alrededor de 189,000 pesos para los demás miembros, dependiendo de la aplicación del tope del 50 %.
La resolución también elimina el bono por antigüedad y suspende el bono vacacional. La medida se sustenta en que estos beneficios no estaban vinculados a criterios de desempeño o productividad institucional.