Nacionales
Franjul cita ante la SIP casos de Alvarito y “La Tora” entre atropellos a la prensa
Además, denunció que gobierno y partidos violan ley de libre acceso
UTAH. El representante de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en República Dominicana, Miguel Franjul, presentó durante la 73a Asamblea General un informe sobre la situación de la prensa en el país.
Entre los puntos expuestos figura la denuncia de la organización no gubernamental “Participación Ciudadana” de que instituciones del Gobierno y los partidos políticos están imponiendo trabas al cumplimiento de la ley general de libre acceso a la información pública.
En otro orden, Franjul denunció que periodistas y camarógrafos siguen siendo afectados por atropellos físicos, irrespetos y amenazas de muerte por parte de autoridades y civiles.
“En el periodo que abarca este informe, unos 30 periodistas y camarógrafos han sido víctimas de tales desmanes, mientras a una comunicadora televisiva y a un comentarista radial una agencia del gobierno les prohibió hablar durante varios días en sus respectivos programas, bajo el alegato de haber usado un lenguaje soez y vulgar y difamar a la figura del Padre de la Patria, Juan Pablo Duarte”, dice el informe.
También se hizo constar la preocupación de la Sociedad de Diarios Dominicanos sobre la actitud de los funcionarios frente a la prensa.
A continuación el informe íntegro:
A pesar de que la República Dominicana disfruta de un clima de libertad de prensa y expresión sin restricciones lesivas, los principales diarios del país han planteado su preocupación por la tendencia que se generaliza entre los más altos funcionarios de la nación a informar solamente mediante notas de prensa sin dar respuestas de manera directa frente a los periodistas que cubren las fuentes informativas.
En un comunicado conjunto publicado esta misma semana, los principales ocho diarios dominicanos denunciaron que se han dado casos de maltratos a periodistas cuando tratan de acercarse al Presidente de la República y que en otras ocasiones la seguridad del Jefe de Estado mantiene a los periodistas lejos del mandatario y sin permitirles moverse a otros lugares.
Los diarios reclamaron que se respete el derecho a la pregunta, un principio sagrado que suele observarse con rigor en las sociedades ya que permite al periodista trasmitir a los funcionarios, en un intercambio libre y directo, las inquietudes y las palpitaciones que recoge de los ciudadanos y hacer efectivo el diálogo entre gobernantes y gobernados.
La Sociedad Dominicana de Diarios, que agrupa a sus miembros, todos afiliados a la Sociedad Interamericana de Prensa, exhortó a los funcionarios a ser más abiertos y comunicativos sobre las responsabilidades que tienen a su cargo ante los medios de comunicación y sus periodistas en ruedas de prensa y entrevistas, principalmente, como una manera de rendir cuentas, de orientar y de ejercer lo que en ciencias políticas se ha llamado “la pedagogía del poder”.
En respuesta a las quejas de los diarios, la dirección de comunicaciones de la Presidencia emitió otro en el que asegura que el gobierno es “plenamente consciente de su obligación de informar a la sociedad dominicana y, en consecuencia, ha respondido siempre de forma oportuna y serena a los temas de interés nacional, a través de la prensa y de todos los medios de difusión a nuestro alcance”.
Al mismo tiempo, publicó un listado de 950 entrevistas dadas por funcionarios gubernamentales en lo que va de año en programas o paneles de radio y televisión, en medios impresos y en situaciones ocasionales.
En el contexto de este ambiente de preocupaciones sobre la libertad de prensa gravitan también dos iniciativas que pretenden introducir por vía legislativa algunas cláusulas que limitarían el ejercicio del periodismo y regularían el uso de las redes sociales en campañas electorales.
Un paquete de leyes está bajo estudio de una comisión bicameral del Congreso sobre la definición de lo que son medios de comunicación, los alcances de la libertad de expresión y el derecho a la intimidad, el honor y el buen nombre, con penalidades que todavía se mantienen vigentes en el Código Penal dominicano.
De igual modo, diferentes partidos políticos agrupados en el llamado Foro Permanente de Partidos Políticos presentó una solicitud ante la Junta Central Electoral, máximo tribunal de elecciones del país, para que regule el uso de cuentas falsas en las redes sociales para las elecciones generales del 2020. La idea es que esta propuesta sea incluida en la nueva ley electoral y ley de partidos, actualmente bajo estudio.
La Sociedad Dominicana de Diarios se pronunció contra el intento de imponer limitaciones a la libertad de prensa y expresión y designó una comisión de juristas para discutir, con los miembros de la comisión bicameral del Congreso, los aspectos que objeta en los referidos anteproyectos de leyes.
Respecto al escenario en que desarrollan su oficio los reporteros de diarios, canales de radio y televisión, este sigue siendo afectado por los episodios de atropellos físicos, irrespetos y amenazas de muerte por parte de autoridades y civiles.
En el periodo que abarca este informe, unos 30 periodistas y camarógrafos han sido víctimas de tales desmanes, mientras a una comunicadora televisiva y a un comentarista radial una agencia del gobierno les prohibió hablar durante varios días en sus respectivos programas, bajo el alegato de haber usado un lenguaje soez y vulgar y difamar a la figura del Padre de la Patria, Juan Pablo Duarte.
La productora Claudia Perez Ramirez, apodada La Tora, fue acusada por la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía, una agencia del gobierno, de proferir palabras y expresiones groseras, vulgares, obscenas y discriminatorias contra el presidente de la República y el Procurador General en su programa “Eficiencia social” del canal 45 Teleradio América.
Al mismo tiempo, la entidad emplazó a todos los propietarios, directores, conductores, encargados o afines de los diferentes canales y programas televisivos a regularizar la transmisión de contenidos.
Pocos días después también prohibió hablar durante 20 días en la radio al comentarista Álvaro Arvelo Hijo, del popular programa “El gobierno de la Mañana” de la estación Z-101, por expresiones que se consideraron injuriosas e irrespetuosas contra uno de los fundadores de la nación dominicana.
El Instituto Duartiano, que custodia la memoria del patricio, sometió formalmente a la justicia al periodista Arvelo, bajo los cargos de violar el artículo 6 de la ley 127-01 y los reglamentos de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía.
Por otra parte y como signos de un retroceso y un obstáculo al derecho de la información, la organización no gubernamental “Participación Ciudadana” denunció que se están imponiendo trabas al cumplimiento de la ley general de libre acceso a la información pública, que lleva ya 13 años de vigencia.
Según Participación Ciudadana, ningún partido político cumple con el mandato de dicha ley, un número importante de instituciones no publican la nómina oficial en formato claro, actualizado y con datos confiables y entendibles, en tanto los presupuestos y su ejecución se publican en formatos cerrados, no reutilizables.
Igualmente, PC se quejó de que las instituciones públicas limitan la información sobre los procesos de compras y contrataciones y propuso la creación de un órgano autónomo, independiente y con facultades y competencias especiales para que ejerza la función de control, socialización y difusión del derecho de acceso a la información pública.
diariolibre.com
Nacionales
Abinader tras violación de la Constitución se autocalifica como un presidente del centro y socialdemócrata.
Santo Domingo, R.D.-Tras la promulgación de una ley que viola la Constitución para buscar eliminar las candidaturas independientes, el presidente Luis Abinader aseguró que se ha guiado —y que pretende seguir guiándose— por una visión de “centro” en su gestión, al tiempo que defendió un modelo que combina desarrollo económico, impulso a la inversión privada y políticas sociales orientadas a reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida.
Abinader habló durante un conversatorio de Café Político con estudiantes de la PUCMM, donde fue consultado directamente sobre la “filosofía política” que ha orientado “estos primeros seis años de gobierno” y la que guiaría “los últimos dos años” restantes.
“Es tan difícil ahora catalogarse, o ponerse o colocarse en una línea política, y especialmente en el caso nuestro”, respondió el mandatario, antes de referirse a la manera en que distintos sectores han intentado encasillar a su administración. Según explicó, a su gobierno lo han descrito en distintas ocasiones como “de derecha”, “de centro”, “de izquierda”, e incluso bajo fórmulas intermedias. “A mí me han puesto a veces ‘Gobierno de centro izquierda’, a veces ‘Gobierno de centro’ y a veces ‘Gobierno de centro derecha’. Yo he visto las tres categorías”, afirmó.
Sin embargo, Abinader buscó cerrar el debate con una definición propia: “Nosotros somos un Gobierno de centro”.
Para explicar esa ubicación, el presidente apeló a una referencia internacional: la socialdemocracia europea, particularmente en los países nórdicos y Alemania. En ese marco, sostuvo que se trata de una corriente que “cree en el desarrollo económico”, “cree en la inversión privada” y también entiende que “hay que fortalecer la inversión privada”. A la vez, subrayó que ese crecimiento debe ir acompañado de “una mejoría y una base social” que garantice un camino “hacia la eliminación y la disminución de la pobreza” y hacia la “mejoría de la calidad de vida”.
“Exactamente eso es lo que nosotros hemos conseguido en estos seis años”, dijo, al reivindicar los resultados de su gobierno bajo esa lógica de equilibrio entre dinamismo económico y políticas sociales. No ofreció cifras ni detalles de programas en su respuesta, pero insistió en que la orientación general de la gestión ha sido consistente con ese enfoque.
El mandatario también enmarcó su planteo en un período que describió como particularmente adverso por el contexto internacional. Recordó que llegó al poder “en el medio de la crisis del COVID” y que, cuando el país comenzaba a salir de la pandemia, sobrevino la “crisis de Ucrania”. “Y ahora ya ustedes saben…”, añadió, en alusión a un escenario global que —según su relato— ha continuado sumando presiones.
En un giro coloquial, Abinader resumió la sensación de gobernar en medio de crisis encadenadas con una frase que provocó reacción en el auditorio: “A veces yo digo: ‘Dame, échame algo bendito… A ver si tenemos más suerte’”. Acto seguido, insistió en que esos desafíos han sido parte del terreno que su administración ha tenido que enfrentar.
Santo Domingo, R.D.-Como una forma de cuidarse en salud en virtud de que se le vence su tiempo en el cargo, el presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial destacó los supuestos avances en la justicia dominicana en los últimos años, logros que, afirmó, son «frutos de una obra colectiva» de todos los sectores políticos y sociales.
Durante el acto de apertura de la Conferencia del Poder Judicial 2026, Molina subrayó que estos progresos han sido reconocidos tanto por indicadores nacionales como por estudios internacionales, al tiempo que exhortó a preservar estas conquistas y evitar cualquier retroceso.
Entre los principales logros resaltó una mayor confianza, la eliminación de la mora en la Suprema Corte de Justicia, que incluye una transformación del recurso de casación, que —según explicó— dejó de ser un mecanismo que retrasaba derechos, reduciendo su tiempo de tramitación de 107 a 27 días.
Sostuvo que el acceso digital permite a más de 33 mil abogados y ciudadanos acceder gratuitamente a sus casos sin traslados y sin intermediarios, asistir a audiencias virtuales, en los procesos civiles, y consultar sus expedientes desde cualquier lugar, incluso desde el extranjero.
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En la actividad de inauguración de la conferencia participaron el presidente de la República, Luis Abinader, así como los presidentes de las cámaras legislativas, Alfredo Pacheco y Ricardo de los Santos, junto a representantes del sector empresarial, la judicatura y diversas instituciones nacionales e internacionales vinculadas al ámbito jurídico.
Molina, quien cumplió el periodo de siete años como presidente de la SCJ y será sometido a evaluación próximamente por el Consejo Nacional de la Magistratura, expuso que el Poder Judicial ha procurado moverse al mismo ritmo que lo ha hecho el crecimiento económico en los últimos treinta años y que para lograrlo se crearon tres objetivos concretos.
En ese sentido, aseveró que la conferencia constituye el espacio rector del Plan de Justicia del Futuro 20-34 para revisar los avances y “corregir el rumbo cuando la circunstancia lo aconseja”, as í como renovar compromisos y voluntades.
La conferencia se desarrollará desde este jueves 9 de abril hasta el sábado 11.
El acto inaugural también contó con la participación del expresidente de la República Leonel Fernández; el presidente del Tribunal Constitucional, Napoleón Estévez Lavandier; los legisladores Omar Fernández y Tobías Crespo, y la jueza Nancy Salcedo, integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura.
Asimismo, los expresidentes de la SCJ, Jorge Subero Isa y Mariano Germán.
En la inauguración de la Conferencia de Justicia 2026, el presidente de la Suprema Corte de Justicia y el de la República, Henry Molina y Luis Abinader, entregaron un reconocimiento a la magistrada Olga Herrera Carbuccia por su papel en la creación y consolidación de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de la Provincia de Santo Domingo.
“Constituyó un ejemplo de gestión judicial al convertir una idea en una institución organizada, eficiente y referente en materia penal, aún en contextos desafiantes”, se dijo al momento de hacérsele entrega a la placa con la que se le reconoció su labor.
Santo Domingo, R.D.-En medio de una serie de interrogantes tras la circulación de una resolución que plantea un aumento de hasta un 50 % en las compensaciones de los miembros del pleno de la Cámara de Cuentas, abrió dudas sobre si el órgano se aprobó un incremento salarial en violacion de la Constitución de la República.
Sin embargo, una fuente de la institución negó la veracidad del documento que circula en medios de comunicación bajo el número de resolución ADM-2026-017, y dijo que la realidad es que hubo un aumento de salarios a los empleados que no excluye a los miembros del pleno de la institución.
A pesar de que en la página web de la Cámara de Cuentas están publicadas resoluciones con números posteriores, mas no la señalada.
El documento en cuestión corresponde a la resolución número ADM-2026-017, fechada el 13 de marzo de 2026. En su contenido se establece la modificación del «Manual unificado de políticas de compensación, derechos y beneficios del servidor público de la Cámara de Cuentas«.
El texto en debate indica un aumento de hasta un 50 % en las compensaciones de los miembros del pleno, bajo el argumento de reconocer «dedicación exclusiva y jornadas extraordinarias». También plantea que la medida tendría carácter retroactivo a febrero de 2026.
De aplicarse, el incremento impactaría directamente a los actuales integrantes del órgano. Según los reportes de nómina del primer trimestre de 2026, la presidenta devenga 423,500 pesos mensuales, mientras que el vicepresidente y los miembros reciben 379,097.84 pesos cada uno.
De ser veraz la resolución, la disposición entra en conflicto con el artículo 140 de la Constitución, que regula los aumentos de remuneraciones en el sector público.
El texto establece: «Ninguna institución pública o entidad autónoma que maneje fondos públicos establecerá normas o disposiciones tendentes a incrementar la remuneración o beneficios a sus incumbentes o directivos, sino para un período posterior al que fueron electos o designados».
Al tratarse de un aumento aprobado por los propios miembros para su período vigente, la resolución podría ser objeto de cuestionamientos de constitucionalidad. La Constitución también establece que el incumplimiento de esta disposición será sancionado conforme a la ley.
De acuerdo con los reportes de nómina del primer trimestre de 2026, los miembros del pleno reciben las siguientes remuneraciones:
La presidenta devenga 423,500 pesos mensuales, el vicepresidente y los miembros reciben 379,097.84 pesos cada uno.
Con el nuevo esquema, las compensaciones podrían aumentar en más de 211,000 pesos mensuales en el caso de la presidencia y en alrededor de 189,000 pesos para los demás miembros, dependiendo de la aplicación del tope del 50 %.
La resolución también elimina el bono por antigüedad y suspende el bono vacacional. La medida se sustenta en que estos beneficios no estaban vinculados a criterios de desempeño o productividad institucional.