Análisis Noticiosos
Gran oportunidad para el PRM
Por: Juan Bolívar Díaz
Desde su fundación hace tres años sobre las ruinas del edificio político que durante décadas fuera el Partido Revolucionario Dominicano, se ha estado esperando que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) se constituya en un nueva esperanza que impulse el rescate del partidarismo y la actividad política democrática en el país y represente una nueva opción de poder.
En las encuestas de los últimos años Los partidos políticos y el Congreso Nacional aparecen sistemáticamente como las instituciones de menor credibilidad, con 23 y 15 por ciento en el Latinobarómetro de este año, y en el Indice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial la confianza de los dominicanos en la política ocupa el escalón 136 entre 137 países del mundo, sólo peor en Brasil.
Lo más relevante es que nuestros partidos y dirigentes políticos siguen tratando de ignorar las señales que le viene dando la ciudadanía, sin dar los pasos precisos para contener el deterioro, como ha quedado mostrado durante casi un cuarto de siglo que se discute la necesidad de una profunda reforma electoral que revitalice el partidarismo y rescate la actividad política. En el debate sobre la ley de partidos ha quedado de manifiesto que el liderazgo político ni siquiera confía que tenga capacidad para presentar padrones de militantes, por lo que algunos quieren imponer a toda costa la votación universal de los ciudadanos en la elección de candidatos a todos los niveles.
El PRM figura entre las organizaciones que propugna porque sean los miembros de cada partido los que elijan sus candidatos en votaciones primarias democráticas y está culminando un proceso de empadronamiento para de inmediato renovar su dirección nacional el 26 del mes en curso. Después volverían a abrirlo para ampliar la membrecía antes de escoger candidaturas para los comicios del 2020.
Cuando corrían rumores sobre supuestos intentos por frenar el proceso, la dirección ejecutiva de ese partido reafirmó el cierre del plazo de inscripción en el país el 31 de octubre y en el exterior el 6 de noviembre. Ahora enfrentan el desafío de elegir democráticamente sus dirigentes, lo que no ocurre en los grandes partidos desde hace casi dos décadas.
Los perremeistas están obligados a dar ejemplo de responsabilidad, organización y democracia interna, si quieren realmente constituirse en una alternativa para amplios segmentos de una ciudadanía que ha perdido la fe en sus organizaciones políticas. Ellos constituyen la principal alternativa al desgastado partido gobernante, y el año pasado lograron un 35 por ciento de los votos presidenciales, cuando apenas se habían constituido y en desventajas competitivas descomunales.
Hay quienes critican que más de un dirigente aspire y luche por la candidatura presidencial, lo que debería ser visto como expresión de democracia, pero se constituye en un elemento de desconfianza por el canibalismo y la falta de respeto a los procedimientos democráticos que ha caracterizado la política nacional de las últimas dos décadas.
´Sería un paso trascendente que el PRM tenga éxito en sus propósitos de empadronamiento y elección de dirigentes. Pero es preciso mucho más, por ejemplo, que ese partido y sus legisladores demuestren fehacientemente que quieren cambiar el salvajismo político. Ahora mismo tienen otra oportunidad si respaldan el establecimiento de un límite de 100 mil dólares para los automóviles que exoneran a los congresistas.
No es sólo el privilegio de la exoneración de impuestos, sino el negocio ilegal, corrupción, de vender las exoneraciones, de defender el derecho a lucrarse a costa del fisco, para que otros puedan importar Lamborghini Huracán de 206 mil dólares, casi 10 millones de pesos; Ford GT de 250 mil dólares; Porche de 599 mil dólares; o hasta un Ferrari Enzo de 3.2 millones de dólares, o 152 millones de pesos.
El partido que empiece a predicar con el ejemplo, comenzará el rescate de la política y se convertirá en una institución respetable. A ver si se animan los perremeístas.-
Por José Cabral
Un total de 450 jueces y juezas de los 737 que hay en todo el país, así como sus 6,516 empleados fijos del Poder Judicial han paralizado sus laborares en demanda de aumento e indexación salarial, contratación de más personal en los tribunales y por mejores condiciones de trabajo.
Estos reclamos no pueden ser soslayados porque el sistema está lleno de deficiencias y debilidades de las que no se puede excluir a nadie, ya que todo obedece a las grandes distorsiones que sufre el Estado.
Entiendo que es un grave problema de institucionalidad, lo cual afecta a todos los actores del sistema, desde los jueces, fiscales y personal administrativo.
Tengo este criterio porque nadie puede discutir que las distorsiones que caracterizan al Estado no sólo se pueden ver en el sistema de justicia, sino también en el Poder Legislativo y el Ejecutivo.
Entonces, en el marco de estas debilidades y deficiencias que ponen en tela de juicio la democracia, se encuentran los bajos salarios de los jueces y todo el personal de la judicatura nacional.
Esta realidad lleva a todo el que tiene dos dedos de frente a entender que las demandas de los jueces y juezas son justas desde cualquier perspectiva que se vea y a cuyo problema debe buscársele una salida saludable, sin soslayar los demás asuntos que impactan negativamente al sistema de justicia.
El Consejo del Poder Judicial no sólo debe procurar darle salida a esa deficiencia y a sus problemas financieros, sino que al propio tiempo debe crear los mecanismos necesarios para que los tribunales del país tengan otro desempeño.
De manera, que la solución debe ser integral, no sólo a nivel de los salarios y las mejores condiciones laborales de los jueces, ya que las deficiencias tienen implicaciones que también tienen que ver con la arbitrariedad con que se manejan los casos en los tribunales, lo que muchas veces implican la violación de los derechos de los que buscan hacer justicia sobre la base de los derechos fundamentales.
Es decir, que, si bien los bajos salarios de los jueces es un problema grave en el marco del Estado dominicano, también debe decirse que hay otros de igual o peor magnitud que no tienen la mejor de las salidas.
Lo que pretendo establecer es que el problema no sólo tiene que ver con los salarios, el cúmulo de trabajo y el poco personal, sino también del manejo jurídico de los casos, porque es bueno que se entienda que muchos jueces y juezas violan hasta el derecho de recurrir de muchos justiciables y naturalmente los que incurren en esas inconductas no es que deben tener un mal salario, sino que deben ser expulsados del sistema de justicia para bien de la sociedad y la democracia.
Es oportuna la ocasión para que los que dirigen el Estado dominicano no sólo se aboquen a mejorar los salarios y las condiciones de trabajo de los jueces y juezas, lo cual me parece de justicia, sino también a fiscalizar mejor su desempeño porque hay que buscar la forma de mejorar el sistema justicia para bien de todas y cada de las personas, porque no hay derechos sin deberes.
Por José Cabral
Este miércoles participé de una conciliación en la fiscalía del juzgado de paz de Santiago sobre una pensión alimenticia y el magistrado que condujo la misma expresó tantos contrasentidos jurídicos que cualquiera siente vergüenza ajena.
Entre los disparates jurídicos de este fiscalizador está que antes de que se iniciara la vista de conciliación, que se hizo a solicitud de un padre que propone el pago de un monto especifico y concreto de pensión alimenticia, el funcionario incitó a la madre citada a que presentada una denuncia en contra de éste en violación de los procedimientos establecidos al respecto.
Pero peor fue todo lo que dijo este señor, como por ejemplo sostener que cualquier poder de una de las partes que llegue a sus manos de antemano es cuestionado porque alega que allí se llevan muchos títulos auténticos de este tipo falsificados, lo cual me llevó a llamar a la atención a este funcionario porque las leyes establecen los procedimientos al respecto.
Los contrasentidos del magistrado no pararon e incluso llegó a decir que en términos de pensión o manutención los hermanos y otros familiares del padre son también responsables de suplir de alimentos al niño víctima de una situación de irresponsabilidad paternal, pese a que no era el caso de la especie, lo que también me llevó a recordarle que lo que decía era una violación al principio constitucional de que nadie es responsable por los hechos que cometen otros sin importar los vínculos de familiaridad, a menos de que se trate de un menor no emancipado.
Este fiscal llegó al colmo de violar la Constitución de la República cuando mandó a retirarse a todos aquellos abogados que él considera que tienen una edad que a su juicio deben darles paso a otros profesionales del derecho más jóvenes, lo que también representa una vulneración del artículo 39 la carta magna cuando dice que nadie debe ser discriminado por sexo, color, edad y preferencia sexual, entre otras cosas.
Este comportamiento del Ministerio Público no es de ahora, ya que se trata de una debilidad que arrastra desde hace décadas, porque la verdad es que nadie sabe de dónde saca el órgano a este tipo de personaje, quien además decía y reiteraba con la anuencia de algunos abogados presentes que un poder no tenía validez en la jurisdicción de niñas, niños y adolescentes por tratarse de una ley especial.
Yo he sido uno de los que se han quejado por la tolerancia con que el sistema trata la emisión de actos auténticos que no cumplen con las formalidades de ley y que representan una falsedad, no sólo material, sino también intelectual, pero el problema consiste en que es letra muerta lo que dispone la Ley 140-15 y el propio Código Civil Dominicano al respecto.
Regularmente los jueces no estatuyen sobre este tipo de delito, pero ello de ninguna manera justifica que un fiscal o fiscalizador ignore los procedimientos a seguir cuando sospeche que un título autentico es falso, porque no puede hacer como el personaje de este miércoles que actúa como si tuviera la competencia para emitir sentencias o desempañar funciones jurisdiccionales.
Y no se trata sólo de un abuso de poder, sino de una gran ignorancia que daña y lesiona gravemente la credibilidad de todo el sistema de justicia.
No obstante, no es mucho lo que se puede pedir al respecto, porque es un problema integral que sólo una transformación total del Estado podrá resolver.
Por José Cabral
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) mantiene una campaña para crear la percepción de que la mora judicial ha sido reducida a su más mínima expresión.
Sin embargo, cuando cualquier ciudadano se aboca a un análisis de fondo del problema, descubre que se trata de un truco para vender una percepción que no tiene nada que ver con la realidad.
La disminución de la mora judicial ha sido concebida sobre la base de la negación de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa, porque el arma usada para este fin es la figura de la inadmisibilidad.
Ello se puede observar con el llamado interés casacional, el cual se sustenta en un criterio subjetivo del derecho, pero que la figura puede ser utilizada para descongestionar el sistema de justicia sobre la base de decisiones que se apoyan en la inadmisiblidad.
Este mecanismo jurídico permite que se proyecte una eficiencia que no existe y que tampoco representa una solución a un problema que en vez de disminuir se complica.
Por lo que se ve, la SCJ utiliza un arma que no es válida para acabar un problema que desde cualquier perspectiva que se analice representa denegación de justicia.
Justicia tardía es, sin lugar a dudas, denegación de justicia, pero peor aún recurrir a una interpretación como el interés casacional para declarar inadmisibles una gran cantidad de casos y buscar descongestionar el sistema y en esas condiciones en el país no se puede hablar de una mejoría del Estado Social Democrático de Derecho.
Lo que se sí ocurre ahora con el recurso extraordinario de casación es un aumento preocupante de la figura de la inadmisibilidad, a los fines de proyectar lo que en la realidad no se produce, aunque ciertamente genera un descongestionamiento sobre una base ficticia y negadora de derechos.
En este aspecto sostengo que se reasume una percepción que ha hecho tanto daño a la democracia dominicana, cuya credibilidad ya parece irrecuperable.
La mora judicial es un fenómeno que abarca todo el sistema de justicia, desde los juzgados de paz hasta los tribunales de primera instancia y las cortes de apelación, pero naturalmente en el nivel que causa mucha mayor preocupación es en casación, cuya Ley 2-23 se ha convertido en un instrumento para ahora apoyarse en la inadmisibilidad para la denegación de justicia.