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La Soga: ¿Cazador cazado o una trama para limpiar su nombre?
Era la primera vez que el agente policial, a quien se le atribuyen decenas de muertes, mostraba temor por su vida. Pero el hombre no fue asesinado ni tampoco permaneció escondido.
SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, República Dominicana.-Tras siete años de su supuesta huida y ocultamiento, el teniente (¿ex?) policial Fernando De los Santos (La Soga) ha reaparecido en los titulares de prensa.
Su apodo de La Soga está ligado a la infamia que rodea la labor de este oficial de policía al que se atribuye dar muerte a decenas de hombres considerados delincuentes, ninguno de los cuales tuvo la oportunidad de defenderse en un tribunal.
Lo extraño es que tanto sus abogados como ciudadanos entrevistados por medios de comunicación han afirmado que La Soga no estaba escondido, sino que llevaba una vida normal en un sector de Gurabo, Santiago. Y no faltó quien elogiara su labor de policía, argumentando que “limpió” las calles de Santiago de muchos delincuentes comunes.
A aparecer esposado, custodiado por sus antiguos compañeros de uniforme, el oficial ha declarado que es inocente. Se muestra seguro de que todo se aclarará. De paso dijo que está en la disposición de servirle por 10 ó 15 años más a la “patria” desde las filas policiales.
En Santiago muy pocos creen que en estos siete años las autoridades habían buscado al presunto prófugo, que desertó de la Policía, en Noviembre del 2011 y quien había explicado en una supuesta carta manuscrita que no se entregaría, porque había una presunta trama para matarlo.
Era la primera vez que el agente policial, a quien se le atribuyen decenas de muertes, mostraba temor por su vida. Pero el hombre no fue asesinado ni tampoco permaneció escondido.
A mediado de octubre del 2011, el entonces jefe de la Policía Nacional, mayor general, José Armando Polanco Gómez y la entonces procuradora fiscal de Santiago, Yeni Berenice Reynoso, declararon prófugo al teniente Fernando de los Santos, conocido como (La Soga). Fernando de los Santos estaba acusado de cobrar RD$ 250, 000.00 para matar a dos personas en Santiago
El tiempo pasó y la Policía necesitó siete años para hallar y apresar a La Soga, pero muy pocos ciudadanos, creen en la captura. De hecho uno de sus abogados niega que el aprehendido tuviera armas en su poder cuando lo contactaron, y alega el ex policía estaba tranquilo y sin sobresalto de que lo fueran a capturar, porque el caso principal por el cual fue acusado habría sido desestimado en los tribunales.
“No está claro si se trata del cazador cazado o si es una trama para llevarlo a la justicia y limpiar su nombre”, comentaron algunos ciudadanos en relación al caso, cuya coerción se conoció en el Palacio de Justicia, el pasado viernes 3 de noviembre del 2017.
Tras conocerse del apresamiento de La Soga, muchos sectores de Santiago, reaccionaron sorprendidos, porque afirman conocer de las presuntas andanzas del ex teniente, quien gusta de las peleas de gallos y otras actividades comunes, a la vista de todos.
La coerción
El ex teniente Fernando de los Santos (La Soga), quien hace una semana figuraba en una lista de los 34 hombres, buscados por la Policía local, por crímenes, fue llevado a la cárcel del Palacio de Justicia de Santiago, el jueves 02 de noviembre del 2017, rodeado por un contingente policial.
En principio el imputado evitó responder a los reporteros que buscaban su reacción respecto a su apresamiento y los crímenes que se le imputan, pero tanto La Soga, como sus abogados están convencidos de que la labor que realizó el agente en las calles de Santiago fue una “limpieza necesaria”.
Francisco Hernández, abogado prominente de Santiago de los Caballeros, cree que no hay pruebas de los casos que se le imputan a La Soga y afirma que lo que procedía era el archivo del caso. Hernández, conocido en los medios, por su gran capacidad discursiva, también maneja la tesis de que no hay interés de llegar al fondo, sino procurar un impacto en la opinión pública, para tapar otras situaciones del Estado, como los escándalos de corrupción.
Durante el conocimiento de la coerción, en la cual se le impuso prisión preventiva de tres meses, los pasillos del Palacio de Justicia, estaban abarrotados. Algunos ciudadanos querían ver a La Soga, el hombre fuerte a quien le atribuyen al menos 35 muertes, cuya actuación se cree inspiró al actor Manny Pérez, para hacer la película “La Soga”.
Vestido de forma impecable, con traje y lentes oscuros, el personaje, que supuestamente dirigía el llamado “Escuadrón de la Muerte” en Santiago, lucía sereno pese a estar esposado y fuertemente custodiado. En los pasillos la gente murmuraba; unos expresando admiración y respeto por La Soga, y otros denostándolo, por considerarlo un asesino frío.
No faltaron parientes y amigos de La Soga, mostrándole apoyo y solidaridad. Las escaleras del Palacio de Justicia servían de gradas a los curiosos que querían perderse el espectáculo. Todos con sus teléfonos inteligentes listos para tomar fotos y vídeos.
Su mensaje
Fernando de los Santos (La Soga), como todo un líder, hizo una pausa para arengar a los suyos:
“A mi familia y a los que me siguen, que no se preocupen, que yo estaré con ellos otra vez”.
La Soga, tras recibir los tres meses de prisión preventiva como medida de coerción, fue enviado a la cárcel del Palacio de Justicia de Santiago, ubicada en el sótano del edificio. Desde allí sería trasladado a cárcel del Operaciones Especiales de la Policía Nacional, en Santo Domingo Oeste.
Cuando La Soga fue declarado prófugo
A mediado de octubre del 2011, el entonces jefe de la Policía Nacional, mayor general, José Armando Polanco Gómez y la entonces procuradora fiscal de Santiago, Yeni Berenice Reynoso, declararon prófugo al teniente Fernando de los Santos, conocido como (La Soga).
Fernando de los Santos estaba acusado de cobrar RD$ 250, 000.00 para matar a dos personas en Santiago. En 2011, Bonel de Jesús Lanfraco Castro habría contratado a La Soga, por encargo de Joan Silverio Ureña, para ejecutar a Elvis Sebastián Valerio y Luis Roberto Torres, en represalia por un supuesto “tumbe” de 100 mil dólares, hecho ocurrido en septiembre 2011, ambos cuerpos fueron hallados en las aguas de la presa de Tavera, próximo a la provincia La Vega.
Todo sobre La Soga
Santo Domingo.- República Dominicana ocupa el segundo lugar en América Latina y el Caribe con mayor numero de presos preventivos y ocupación penitenciaria más alta, superada solo por Haití, según la Dirección de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC).
El dato, que es reseñado este domingo por periódico Listín Diario refleja una debilidad estructural del sistema de justicia penal en su capacidad de investigación y procesamiento.
Señala que en República Dominicana hay aproximadamente 25,000 personas privadas de libertad, de las cuales cerca de 16,000, equivalente a mas del 60% son preventivos.
El documento advierte que la elevada proporción de personas privadas de libertad sin sentencia firme en América Latina y el Caribe evidencia esa misma debilidad estructural. Cuando las investigaciones criminales son lentas o de baja calidad y los tribunales enfrentan sobrecarga de casos, la prisión preventiva termina usándose como sustituto de investigaciones eficaces y procesos judiciales oportunos.
Agrega que la dinámica se refuerza por la presión política y social de “mostrar resultados” en materia de seguridad. Esa presión incentiva respuestas punitivas inmediatas, incluso cuando los procesos judiciales no están plenamente desarrollados.
“El resultado es una acumulación de personas detenidas sin condena que traslada las fallas del debido proceso al sistema penitenciario. Esto contribuye al hacinamiento y debilita la capacidad del Estado para mantener un control efectivo sobre las cárceles”, señala Democracias Bajo Presión.
El PNUD explica que desde inicios del siglo XXI la región ha registrado uno de los aumentos más rápidos de población penitenciaria a nivel mundial. El número de personas privadas de libertad pasó de unos 700,000 a comienzos de los años 2000 a cerca de 1.8 millones en 2024. Es un incremento cercano al 150%.
“Este crecimiento contrasta con la relativa estabilidad o el aumento moderado observado en otras regiones y refleja, entre otros factores, la expansión de políticas penales más punitivas y el uso extensivo de la prisión preventiva”, apunta el informe.
Asimismo, establece que la población privada de libertad en América Latina y el Caribe presenta un marcado sesgo socioeconómico. Los estudios revelan que las personas bajo prisión tienen un nivel educativo inferior al promedio de la población general.
“Esta desigualdad se acentúa en la fase de la prisión preventiva, donde el acceso limitado a una defensa legal y las dificultades para acreditar condiciones de arraigo —como domicilio estable, empleo formal o fianzas— incrementan la probabilidad de permanecer detenido durante el proceso judicial”, destaca el estudio.
Ante ese panorama, el PNUD advierte que cuando las cárceles presentan sobrepoblación crónica, déficits de control interno o se convierten en centros de coordinación de actividades ilícitas, la capacidad del Estado para ejecutar sanciones queda comprometida.
Otras causas del problema
El reporte también señala que los cuerpos policiales en América Latina y el Caribe enfrentan fragmentación institucional, bajos niveles de profesionalización, limitaciones en capacidades investigativas y vulnerabilidad a la cooptación local.
Por eso, cuando la probabilidad de sanción es reducida —lo que se refleja en bajas tasas de homicidios esclarecidos— el poder intimidatorio de los actores criminales se amplifica y la autoridad estatal pierde credibilidad.
La medida de coerción efectiva, según el informe, no se mide solo por operativos o despliegues, sino por la capacidad de investigar, procesar y sancionar de manera consistente. “En este sentido, la impunidad constituye un indicador central de debilitamiento coercitivo: sin consecuencias previsibles frente al delito, el monopolio legítimo de la violencia se vuelve nominal más que efectivo”.
Nacionales
Ministerio Público formaliza cargos contra red del caso «Onco14» por fraude millonario a SeNaSa y pacientes de cáncer
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio Público formaliza la imputación contra una estructura criminal desarticulada mediante la Operación Onco14, acusada de orquestar un sofisticado esquema de fraude en perjuicio del Estado dominicano, el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y cientos de pacientes oncológicos de la región del Cibao.
Los imputados son Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo del Patronato y exmiembro de la junta directiva del IORC, Luisa Yasiris Guzmán, actual esposa de Lora Cruceta y presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida.
Según el expediente, los acusados utilizaron empresas fachada, incluyendo Vargas Lora & Asociados (actualmente Vargas Guzmán Accounting Center) y la fundación antes mencionada, para desviar fondos destinados a tratamientos médicos vitales para pacientes del régimen subsidiado.
Un control prolongado para fines ilícitos
El Ministerio Público subraya una irregularidad clave en la investigación, aunque los estatutos del IORC estipulaban un mandato de dos años para la presidencia, Héctor Antonio Lora Cruceta se mantuvo en el cargo desde el 9 de octubre de 2018 hasta el 6 de octubre de 2025.
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, destacó que esta es la tercera estructura criminal enfrentada como parte de las investigaciones sobre el fraude al SeNaSa, una labor de depuración iniciada con la Operación Senasa bajo la dirección de la Procuradora General, Yeni Berenice Reynoso.
En los allanamientos, realizados con apoyo de la Policía Nacional y la Unidad de Investigación Criminal (UIC), se ocuparon dinero en efectivo y títulos de propiedad, dispositivos electrónicos (computadoras, celulares, DVR), documentación comprometedora y vehículos.
Tipificación penal
Según el Ministerio Público el grupo deberá responder por una serie de cargos graves que incluyen asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología (acceso ilícito a sistemas), lavado de activos.
Santo Domingo, R.D.-Diego Pesqueira, vocero de la Policía Nacional, informó que dos personas fueron encontradas muertas, así como una joven con signos vitales en un apartamento de la Torre Arpel 07, ubicada en el sector Piantini, Distrito Nacional.
Los fallecidos fueron identificados como Raisa Luisa Mendoza, de 50 años, y su hijo Yadhir Nael Cornelio, de 24 años de edad.
Pesqueira explicó que el caso se encuentra en una fase inicial de investigación y que las autoridades trabajan de manera conjunta con el Ministerio Público para esclarecer lo ocurrido.
Indicó que se esperan los resultados de la autopsia y de los análisis toxicológicos que realiza el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), los cuales permitirán determinar de forma precisa la causa de muerte de las víctimas.
“Debemos esperar los resultados de la autopsia que está realizando el Inacif, que establecerán de una manera clara, precisa e inequívoca la causa de muerte”, sostuvo.
El vocero agregó que la joven sobreviviente será entrevistada por los investigadores tan pronto su condición lo permita, como parte de las diligencias que se desarrollan bajo la coordinación del Ministerio Público.
Al ser cuestionado sobre posibles hipótesis, Pesqueira evitó adelantar conclusiones y afirmó que la Policía Nacional solo ofrecerá información sustentada en evidencias.
“Estamos en la fase de levantamiento y de entrevistas. No podemos como autoridades ofrecer versiones sin contar con evidencias que sustenten nuestras declaraciones”, expresó.
Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar qué ocurrió dentro de la vivienda donde fueron halladas las tres personas.