LA INICIATIVA BUSCA DISMINUIR CANTIDAD DE PRESOS PREVENTIVOS EN ESOS RECINTOS
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Procurador trabaja en descongestión cárceles
Santo Domingo.- El procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, reveló ayer que conjuntamente con el Poder Judicial, el ministerio público desarrolla una serie de iniciativas para reducir gradualmente el congestionamiento de las cárceles del país, entre ellas un programa piloto que consiste en que fiscales y jueces visitan a los reclusos y efectúan audiencias preliminares en los mismos recintos carcelarios, para de esta forma definir el estatus legal de cada uno con el propósito de acelerar los procesos.En una conversación con el director del Listín Diario, Miguel Franjul, durante una visita al matutino en la mañana de ayer, el procurador Rodríguez dijo, asimismo, que se evalúa la posibilidad de levantar nuevas infraestructuras, así como la adecuación y modernización de las existentes, para lo cual, incluso, ya se han elaborado diseños sobre los mismos.
También mencionó el uso de nuevas tecnologías, incluyendo la aplicación de grilletes electrónicos y otros mecanismos de vanguardia para mantener un monitoreo permanente y la vigilancia de reclusos en condiciones de salud especiales, así como de aquellos reclusos que representen un menor riesgo de fuga.
Visita. El procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, conversa con el director de Listín Diario, Miguel Franjul.
Rodríguez hizo una breve síntesis del proceso de transformación interna que lleva a cabo en la Procuraduría General de la República, el cual implica desde la conformación de una estructura organizacional más adecuada a las características de la institución, actualización de los sistemas tecnológicos, mayor capacidad de respuesta a los requerimientos de servicios, la instauración de una nueva cultura que responda a las expectativas de la población especialmente aquellas que demandan mayor efectividad de la acción pública en asuntos de transparencia y aplicación de un sistema de consecuencias que contribuya a disuadir los comportamientos que vulneran la adecuada administración de recursos públicos.
El Listín Diario ha publicado una serie de reportajes relativos al hacinamiento y los serios problemas que viven millares de presos en las principales cárceles del país, debido a la gran concentración de reclusos y las precariedades de las estructuras de los recintos.
Dos nuevos centros
“La Procuraduría General de la República reconoce la gravedad de la situación y la consideramos una prioridad urgente. Estamos altamente preocupados por la excesiva población de los recintos carcelarios, así como el hacinamiento que afecta alguna de esas instalaciones. Es por ello que la solución de ese problema es una de las prioridades de nuestra gestión, desde que llegamos al cargo, hace poco más de un año, siempre consciente de que una situación de 40 años de atraso no es probable resolverla en corto plazo, debido a muchos factores, entre ellos el impacto económico que representa la construcción de nuevas infraestructuras”, dijo el Procurador Rodríguez. Indicó que esas reformas abarcan tanto a recintos que pertenecen al Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, como también a casi la totalidad de los que todavía permanecen bajo el viejo sistema carcelario a cargo de la Dirección General de Prisiones.
Señaló que para descongestionar el sistema penitenciario realiza diligencias por ante el Poder Ejecutivo, a fin de obtener los fondos que permitan iniciar cuanto antes la construcción de dos nuevos centros penitenciarios que sustituirán la Penitenciaría Nacional de La Victoria, construida en el año 1952 para mil personas y que actualmente aloja a más de nueve mil reclusos, siendo el recinto que experimenta mayor sobrepoblación.
REFORMA Y LA CONSTRUCCIÓN DE DOS NUEVOS CENTROS
El Procurador manifestó que estos dos nuevos Centros de Corrección y Rehabilitación contarán con cuatro módulos cada uno, con capacidad para 1,200 personas, por lo que ambos tendrán en conjunto una capacitad de alojamiento para 9,600 internos y además estarán bajo la rectoría del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria. Con su puesta en funcionamiento, el 37% de los internos del sistema migrará hacia un nuevo régimen que, además de garantizarles condiciones dignas de reclusión, permitirá incorporarlos a una rehabilitación efectiva.
Reveló además que como parte de este esfuerzo para dignificar las condiciones de los privados de libertad, una vez se encuentren construidos y funcionando esos dos nuevos recintos, se contempla convertir la Penitenciaría Nacional de La Victoria en otro Centro de Corrección y Rehabilitación con capacidad máxima estimada para 1,200 internos, también bajo la jurisdicción del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria.
Anunció que luego de que esté disponible ese desahogo, poco a poco adecuarán los demás recintos del viejo sistema, para irlos traspasando gradualmente al Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, institución a la cual se continuará aumentando el apoyo para su fortalecimiento y expansión.
El procurador Rodríguez manifestó que durante este año dispuso aplicar una nueva escala salarial en el Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, medida que estuvo acompañada de un importante reajuste de sueldos para todo su personal y la incorporación de unos 250 nuevos agentes para la vigilancia penitenciaria.
listindiario.com
Santo Domingo.- Raymundo Mejía, juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, decidirá el próximo 15 si envía o no a juicio a los propietarios de la discoteca Jet Set Club, Antonio y Maribel Espaillat, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de 236 personas fallecidas durante el derrumbe del techo del centro de diversión, ocurrido el 8 de abril del 2025.
El magistrado dará el fallo a las 10:00 de la mañana de esa fecha, con el objetivo de ponderar los argumentos del Ministerio Público, de los representantes legales de las víctimas y de la defensa de los imputados.
Esto tras más de un año de ocurrir la tragedia que dejo más de 200 personas fallecidas y más de cien heridos y decena de huérfanos.
Durante la audiencia, familiares de los fallecidos y personas afectadas expusieron ante el juez cómo han cambiado sus vidas tras el trágico suceso. Asimismo, los imputados y su defensa presentaron sus argumentos ante el tribunal.
El Ministerio Público solicitó formalmente el envío a juicio de los propietarios de la discoteca Jet Set Club, al considerar que existen suficientes elementos de prueba que demuestran la responsabilidad de los hermanos Espaillat en los hechos que se les imputan.
A la salida del tribunal, el director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, expresó que espera que el juez adopte una decisión acorde a la ley y ordene el envío a juicio de los acusados.
El 18 de junio, le dictan medida de coerción contra Antonio y Maribel Espaillat, propietario y gerente de la discoteca Jet Set, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de más de 230 personas fallecidas y 189 heridas tras el desplome del techo del centro de diversión. Ellos fueron apresados el 12 de junio por miembros del Ministerio Público tras ser interrogado por el hecho.
Santo Domingo.- Mientras en el pais se pregona que se ha avanzado en el estado de derecho, ocupa el segundo lugar en América Latina y el Caribe con mayor numero de presos preventivos y ocupación penitenciaria más alta, superada solo por Haití, según la Dirección de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC).
El dato, que es reseñado este domingo por periódico Listín Diario refleja una debilidad estructural del sistema de justicia penal en su capacidad de investigación y procesamiento.
Señala que en República Dominicana hay aproximadamente 25,000 personas privadas de libertad, de las cuales cerca de 16,000, equivalente a mas del 60% son preventivos.
El documento advierte que la elevada proporción de personas privadas de libertad sin sentencia firme en América Latina y el Caribe evidencia esa misma debilidad estructural. Cuando las investigaciones criminales son lentas o de baja calidad y los tribunales enfrentan sobrecarga de casos, la prisión preventiva termina usándose como sustituto de investigaciones eficaces y procesos judiciales oportunos.
Agrega que la dinámica se refuerza por la presión política y social de “mostrar resultados” en materia de seguridad. Esa presión incentiva respuestas punitivas inmediatas, incluso cuando los procesos judiciales no están plenamente desarrollados.
“El resultado es una acumulación de personas detenidas sin condena que traslada las fallas del debido proceso al sistema penitenciario. Esto contribuye al hacinamiento y debilita la capacidad del Estado para mantener un control efectivo sobre las cárceles”, señala Democracias Bajo Presión.
El PNUD explica que desde inicios del siglo XXI la región ha registrado uno de los aumentos más rápidos de población penitenciaria a nivel mundial. El número de personas privadas de libertad pasó de unos 700,000 a comienzos de los años 2000 a cerca de 1.8 millones en 2024. Es un incremento cercano al 150%.
“Este crecimiento contrasta con la relativa estabilidad o el aumento moderado observado en otras regiones y refleja, entre otros factores, la expansión de políticas penales más punitivas y el uso extensivo de la prisión preventiva”, apunta el informe.
Asimismo, establece que la población privada de libertad en América Latina y el Caribe presenta un marcado sesgo socioeconómico. Los estudios revelan que las personas bajo prisión tienen un nivel educativo inferior al promedio de la población general.
“Esta desigualdad se acentúa en la fase de la prisión preventiva, donde el acceso limitado a una defensa legal y las dificultades para acreditar condiciones de arraigo —como domicilio estable, empleo formal o fianzas— incrementan la probabilidad de permanecer detenido durante el proceso judicial”, destaca el estudio.
Ante ese panorama, el PNUD advierte que cuando las cárceles presentan sobrepoblación crónica, déficits de control interno o se convierten en centros de coordinación de actividades ilícitas, la capacidad del Estado para ejecutar sanciones queda comprometida.
Otras causas del problema
El reporte también señala que los cuerpos policiales en América Latina y el Caribe enfrentan fragmentación institucional, bajos niveles de profesionalización, limitaciones en capacidades investigativas y vulnerabilidad a la cooptación local.
Por eso, cuando la probabilidad de sanción es reducida —lo que se refleja en bajas tasas de homicidios esclarecidos— el poder intimidatorio de los actores criminales se amplifica y la autoridad estatal pierde credibilidad.
La medida de coerción efectiva, según el informe, no se mide solo por operativos o despliegues, sino por la capacidad de investigar, procesar y sancionar de manera consistente. “En este sentido, la impunidad constituye un indicador central de debilitamiento coercitivo: sin consecuencias previsibles frente al delito, el monopolio legítimo de la violencia se vuelve nominal más que efectivo”.
Santo Domingo, R.D.-Una estructura criminal desarticulada por el Ministerio Público, identificada como Operacion Onco 14, recibió una imputación formal al ser acusada de orquestar un sofisticado esquema de fraude en perjuicio del Estado dominicano, el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y cientos de pacientes oncológicos de la región del Cibao.
La investigación, dirigida por la Dirección General de Persecución, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Fiscalía de Santiago, señala como cabecillas a tres exdirectivos del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, entidad que administra el Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC).
Los imputados son Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo del Patronato y exmiembro de la junta directiva del IORC, Luisa Yasiris Guzmán, actual esposa de Lora Cruceta y presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida.
También Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exesposa de Lora Cruceta, quien fungió simultáneamente como vicepresidenta y auditora interna y externa del patronato durante la gestión del imputado.
Según el expediente, los acusados utilizaron empresas fachada, incluyendo Vargas Lora & Asociados (actualmente Vargas Guzmán Accounting Center) y la fundación antes mencionada, para desviar fondos destinados a tratamientos médicos vitales para pacientes del régimen subsidiado.
El Ministerio Público subraya una irregularidad clave en la investigación, aunque los estatutos del IORC estipulaban un mandato de dos años para la presidencia, Héctor Antonio Lora Cruceta se mantuvo en el cargo desde el 9 de octubre de 2018 hasta el 6 de octubre de 2025.
Para los fiscales, esta permanencia prolongada evidencia un interés deliberado por mantener el control absoluto sobre los recursos económicos de la institución y las aportaciones estatales.
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, destacó que esta es la tercera estructura criminal enfrentada como parte de las investigaciones sobre el fraude al SeNaSa, una labor de depuración iniciada con la Operación Senasa bajo la dirección de la Procuradora General, Yeni Berenice Reynoso.
En los allanamientos, realizados con apoyo de la Policía Nacional y la Unidad de Investigación Criminal (UIC), se ocuparon dinero en efectivo y títulos de propiedad, dispositivos electrónicos (computadoras, celulares, DVR), documentación comprometedora y vehículos.
Según el Ministerio Público el grupo deberá responder por una serie de cargos graves que incluyen asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología (acceso ilícito a sistemas), lavado de activos.