Nacionales
Embajada EEUU: “Los beneficios del DR-CAFTA se perciben principalmente en mejoras institucionales”
El jefe de la misión de la embajada en el país, Robert E. Copley, enfatizó la necesidad de la educación en la competitividad del país.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Los beneficios de la implementación del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos de América (DR-CAFTA por sus siglas en inglés) se perciben principalmente en las mejoras institucionales, señaló el encargado de negocios y jefe de la misión de la embajada de Estados Unidos en República Dominicana, Robert E. Copley.
El diplomático hizo las declaraciones en el almuerzo-conferencia mensual de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR por sus siglas en inglés) de noviembre, celebrado con motivo del Día de Acción de Gracias.
En una ponencia titulada “DR-CAFTA: Los próximos 10 años”, Copley, quien fue orador invitado y huésped de honor en el evento, indicó que el tratado conllevó cambios sustanciales en las leyes dominicanas vinculadas a la resolución de conflictos; los derechos laborales; la protección medioambiental; y los procesos de compras gubernamentales, telecomunicaciones, competencia, impuestos y transparencia fiscal. Expresó que con esos cambios legales llegaron los cambios institucionales, incluyendo un mayor fortalecimiento de los derechos de propiedad y de protección laboral.
El presidente de AMCHAMDR, David Fernández, ofreció contexto a las palabras de Copley. “Hace 10 años, en marzo del 2007, la República Dominicana suscribió el DR-CAFTA, en cuyo marco se han realizado importantes reformas para facilitar los negocios entre estas naciones y mejorar la competitividad […] Así, mirando 10 años hacia el pasado, podemos analizar con detenimiento los 10 años hacia el futuro”, dijo.
Copley se refirió a la administración Trump al contextualizar el rol del DR-CAFTA dentro de la economía dominicana.
“La actual administración de los Estados Unidos ha sido coherente en su expresado deseo de crear más empleos en los Estados Unidos y hacer crecer la economía estadounidense. El DR-CAFTA es parte de eso porque, en nuestra perspectiva, el acuerdo ha sido beneficioso para los dos países. Estados Unidos ha sido un socio de buena voluntad en cuanto al cumplimiento de los términos del acuerdo, tal como fueron redactados, y ha invertido cuantiosos recursos para ayudar a los dominicanos a modernizar y mejorar sus prácticas comerciales.
“La gran promesa del DR-CAFTA hacia el futuro es proporcionar el marco legal e institucional que nos permita continuar creciendo juntos, cada uno usando y desarrollando nuestras ventajas comparativas, donde existan. Necesitamos redoblar nuestros esfuerzos porque tenemos que abordar desafíos importantes, muchos de los cuales no tienen soluciones simples, y tenemos que hacer esto frente a una competencia global que es incesante”, indicó.
El diplomático hizo referencia también a la importancia de la educación en materia de competitividad en el país.
“No podemos hablar de competitividad sin hablar de educación. Todos sabemos que una fuerza laboral educada y calificada conduce a la innovación, y la innovación es la vía para ser más competitivo. Se necesitan de grandes inversiones en el sector de educación, especialmente en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (o STEM como se los conoce comúnmente). Una población educada es la base de un país saludable, seguro y próspero.
“Como amigos, compañeros y vecinos, nos preocupa el aumento de la tasa de delincuencia que afecta a los dominicanos. Es esencial que todos los que viven o visiten a República Dominicana puedan disfrutar de una isla segura y próspera. La inseguridad es una acción sistemática de fuerzas mayores que deben y pueden ser en gran medida erradicadas colectivamente como región. En los próximos 10 años, debemos continuar explorando cómo podemos colaborar para mitigar la inseguridad ciudadana del pueblo dominicano.
“Espero que todos podamos mirar atrás en este momento e identificarlo como un punto crucial para la República Dominicana. Que este sea un momento en el que las posibilidades económicas comenzaron a convertirse en realidades para todos los dominicanos y el país se alejó de las garras de la corrupción, el crimen generalizado y los bajos estándares educativos”.
acento.com.do
Nacionales
Abinader tras violación de la Constitución se autocalifica como un presidente del centro y socialdemócrata.
Santo Domingo, R.D.-Tras la promulgación de una ley que viola la Constitución para buscar eliminar las candidaturas independientes, el presidente Luis Abinader aseguró que se ha guiado —y que pretende seguir guiándose— por una visión de “centro” en su gestión, al tiempo que defendió un modelo que combina desarrollo económico, impulso a la inversión privada y políticas sociales orientadas a reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida.
Abinader habló durante un conversatorio de Café Político con estudiantes de la PUCMM, donde fue consultado directamente sobre la “filosofía política” que ha orientado “estos primeros seis años de gobierno” y la que guiaría “los últimos dos años” restantes.
“Es tan difícil ahora catalogarse, o ponerse o colocarse en una línea política, y especialmente en el caso nuestro”, respondió el mandatario, antes de referirse a la manera en que distintos sectores han intentado encasillar a su administración. Según explicó, a su gobierno lo han descrito en distintas ocasiones como “de derecha”, “de centro”, “de izquierda”, e incluso bajo fórmulas intermedias. “A mí me han puesto a veces ‘Gobierno de centro izquierda’, a veces ‘Gobierno de centro’ y a veces ‘Gobierno de centro derecha’. Yo he visto las tres categorías”, afirmó.
Sin embargo, Abinader buscó cerrar el debate con una definición propia: “Nosotros somos un Gobierno de centro”.
Para explicar esa ubicación, el presidente apeló a una referencia internacional: la socialdemocracia europea, particularmente en los países nórdicos y Alemania. En ese marco, sostuvo que se trata de una corriente que “cree en el desarrollo económico”, “cree en la inversión privada” y también entiende que “hay que fortalecer la inversión privada”. A la vez, subrayó que ese crecimiento debe ir acompañado de “una mejoría y una base social” que garantice un camino “hacia la eliminación y la disminución de la pobreza” y hacia la “mejoría de la calidad de vida”.
“Exactamente eso es lo que nosotros hemos conseguido en estos seis años”, dijo, al reivindicar los resultados de su gobierno bajo esa lógica de equilibrio entre dinamismo económico y políticas sociales. No ofreció cifras ni detalles de programas en su respuesta, pero insistió en que la orientación general de la gestión ha sido consistente con ese enfoque.
El mandatario también enmarcó su planteo en un período que describió como particularmente adverso por el contexto internacional. Recordó que llegó al poder “en el medio de la crisis del COVID” y que, cuando el país comenzaba a salir de la pandemia, sobrevino la “crisis de Ucrania”. “Y ahora ya ustedes saben…”, añadió, en alusión a un escenario global que —según su relato— ha continuado sumando presiones.
En un giro coloquial, Abinader resumió la sensación de gobernar en medio de crisis encadenadas con una frase que provocó reacción en el auditorio: “A veces yo digo: ‘Dame, échame algo bendito… A ver si tenemos más suerte’”. Acto seguido, insistió en que esos desafíos han sido parte del terreno que su administración ha tenido que enfrentar.
Santo Domingo, R.D.-Como una forma de cuidarse en salud en virtud de que se le vence su tiempo en el cargo, el presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial destacó los supuestos avances en la justicia dominicana en los últimos años, logros que, afirmó, son «frutos de una obra colectiva» de todos los sectores políticos y sociales.
Durante el acto de apertura de la Conferencia del Poder Judicial 2026, Molina subrayó que estos progresos han sido reconocidos tanto por indicadores nacionales como por estudios internacionales, al tiempo que exhortó a preservar estas conquistas y evitar cualquier retroceso.
Entre los principales logros resaltó una mayor confianza, la eliminación de la mora en la Suprema Corte de Justicia, que incluye una transformación del recurso de casación, que —según explicó— dejó de ser un mecanismo que retrasaba derechos, reduciendo su tiempo de tramitación de 107 a 27 días.
Sostuvo que el acceso digital permite a más de 33 mil abogados y ciudadanos acceder gratuitamente a sus casos sin traslados y sin intermediarios, asistir a audiencias virtuales, en los procesos civiles, y consultar sus expedientes desde cualquier lugar, incluso desde el extranjero.
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En la actividad de inauguración de la conferencia participaron el presidente de la República, Luis Abinader, así como los presidentes de las cámaras legislativas, Alfredo Pacheco y Ricardo de los Santos, junto a representantes del sector empresarial, la judicatura y diversas instituciones nacionales e internacionales vinculadas al ámbito jurídico.
Molina, quien cumplió el periodo de siete años como presidente de la SCJ y será sometido a evaluación próximamente por el Consejo Nacional de la Magistratura, expuso que el Poder Judicial ha procurado moverse al mismo ritmo que lo ha hecho el crecimiento económico en los últimos treinta años y que para lograrlo se crearon tres objetivos concretos.
En ese sentido, aseveró que la conferencia constituye el espacio rector del Plan de Justicia del Futuro 20-34 para revisar los avances y “corregir el rumbo cuando la circunstancia lo aconseja”, as í como renovar compromisos y voluntades.
La conferencia se desarrollará desde este jueves 9 de abril hasta el sábado 11.
El acto inaugural también contó con la participación del expresidente de la República Leonel Fernández; el presidente del Tribunal Constitucional, Napoleón Estévez Lavandier; los legisladores Omar Fernández y Tobías Crespo, y la jueza Nancy Salcedo, integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura.
Asimismo, los expresidentes de la SCJ, Jorge Subero Isa y Mariano Germán.
En la inauguración de la Conferencia de Justicia 2026, el presidente de la Suprema Corte de Justicia y el de la República, Henry Molina y Luis Abinader, entregaron un reconocimiento a la magistrada Olga Herrera Carbuccia por su papel en la creación y consolidación de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de la Provincia de Santo Domingo.
“Constituyó un ejemplo de gestión judicial al convertir una idea en una institución organizada, eficiente y referente en materia penal, aún en contextos desafiantes”, se dijo al momento de hacérsele entrega a la placa con la que se le reconoció su labor.
Santo Domingo, R.D.-En medio de una serie de interrogantes tras la circulación de una resolución que plantea un aumento de hasta un 50 % en las compensaciones de los miembros del pleno de la Cámara de Cuentas, abrió dudas sobre si el órgano se aprobó un incremento salarial en violacion de la Constitución de la República.
Sin embargo, una fuente de la institución negó la veracidad del documento que circula en medios de comunicación bajo el número de resolución ADM-2026-017, y dijo que la realidad es que hubo un aumento de salarios a los empleados que no excluye a los miembros del pleno de la institución.
A pesar de que en la página web de la Cámara de Cuentas están publicadas resoluciones con números posteriores, mas no la señalada.
El documento en cuestión corresponde a la resolución número ADM-2026-017, fechada el 13 de marzo de 2026. En su contenido se establece la modificación del «Manual unificado de políticas de compensación, derechos y beneficios del servidor público de la Cámara de Cuentas«.
El texto en debate indica un aumento de hasta un 50 % en las compensaciones de los miembros del pleno, bajo el argumento de reconocer «dedicación exclusiva y jornadas extraordinarias». También plantea que la medida tendría carácter retroactivo a febrero de 2026.
De aplicarse, el incremento impactaría directamente a los actuales integrantes del órgano. Según los reportes de nómina del primer trimestre de 2026, la presidenta devenga 423,500 pesos mensuales, mientras que el vicepresidente y los miembros reciben 379,097.84 pesos cada uno.
De ser veraz la resolución, la disposición entra en conflicto con el artículo 140 de la Constitución, que regula los aumentos de remuneraciones en el sector público.
El texto establece: «Ninguna institución pública o entidad autónoma que maneje fondos públicos establecerá normas o disposiciones tendentes a incrementar la remuneración o beneficios a sus incumbentes o directivos, sino para un período posterior al que fueron electos o designados».
Al tratarse de un aumento aprobado por los propios miembros para su período vigente, la resolución podría ser objeto de cuestionamientos de constitucionalidad. La Constitución también establece que el incumplimiento de esta disposición será sancionado conforme a la ley.
De acuerdo con los reportes de nómina del primer trimestre de 2026, los miembros del pleno reciben las siguientes remuneraciones:
La presidenta devenga 423,500 pesos mensuales, el vicepresidente y los miembros reciben 379,097.84 pesos cada uno.
Con el nuevo esquema, las compensaciones podrían aumentar en más de 211,000 pesos mensuales en el caso de la presidencia y en alrededor de 189,000 pesos para los demás miembros, dependiendo de la aplicación del tope del 50 %.
La resolución también elimina el bono por antigüedad y suspende el bono vacacional. La medida se sustenta en que estos beneficios no estaban vinculados a criterios de desempeño o productividad institucional.