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Embajada EEUU: “Los beneficios del DR-CAFTA se perciben principalmente en mejoras institucionales”
El jefe de la misión de la embajada en el país, Robert E. Copley, enfatizó la necesidad de la educación en la competitividad del país.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Los beneficios de la implementación del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos de América (DR-CAFTA por sus siglas en inglés) se perciben principalmente en las mejoras institucionales, señaló el encargado de negocios y jefe de la misión de la embajada de Estados Unidos en República Dominicana, Robert E. Copley.
El diplomático hizo las declaraciones en el almuerzo-conferencia mensual de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR por sus siglas en inglés) de noviembre, celebrado con motivo del Día de Acción de Gracias.
En una ponencia titulada “DR-CAFTA: Los próximos 10 años”, Copley, quien fue orador invitado y huésped de honor en el evento, indicó que el tratado conllevó cambios sustanciales en las leyes dominicanas vinculadas a la resolución de conflictos; los derechos laborales; la protección medioambiental; y los procesos de compras gubernamentales, telecomunicaciones, competencia, impuestos y transparencia fiscal. Expresó que con esos cambios legales llegaron los cambios institucionales, incluyendo un mayor fortalecimiento de los derechos de propiedad y de protección laboral.
El presidente de AMCHAMDR, David Fernández, ofreció contexto a las palabras de Copley. “Hace 10 años, en marzo del 2007, la República Dominicana suscribió el DR-CAFTA, en cuyo marco se han realizado importantes reformas para facilitar los negocios entre estas naciones y mejorar la competitividad […] Así, mirando 10 años hacia el pasado, podemos analizar con detenimiento los 10 años hacia el futuro”, dijo.
Copley se refirió a la administración Trump al contextualizar el rol del DR-CAFTA dentro de la economía dominicana.
“La actual administración de los Estados Unidos ha sido coherente en su expresado deseo de crear más empleos en los Estados Unidos y hacer crecer la economía estadounidense. El DR-CAFTA es parte de eso porque, en nuestra perspectiva, el acuerdo ha sido beneficioso para los dos países. Estados Unidos ha sido un socio de buena voluntad en cuanto al cumplimiento de los términos del acuerdo, tal como fueron redactados, y ha invertido cuantiosos recursos para ayudar a los dominicanos a modernizar y mejorar sus prácticas comerciales.
“La gran promesa del DR-CAFTA hacia el futuro es proporcionar el marco legal e institucional que nos permita continuar creciendo juntos, cada uno usando y desarrollando nuestras ventajas comparativas, donde existan. Necesitamos redoblar nuestros esfuerzos porque tenemos que abordar desafíos importantes, muchos de los cuales no tienen soluciones simples, y tenemos que hacer esto frente a una competencia global que es incesante”, indicó.
El diplomático hizo referencia también a la importancia de la educación en materia de competitividad en el país.
“No podemos hablar de competitividad sin hablar de educación. Todos sabemos que una fuerza laboral educada y calificada conduce a la innovación, y la innovación es la vía para ser más competitivo. Se necesitan de grandes inversiones en el sector de educación, especialmente en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (o STEM como se los conoce comúnmente). Una población educada es la base de un país saludable, seguro y próspero.
“Como amigos, compañeros y vecinos, nos preocupa el aumento de la tasa de delincuencia que afecta a los dominicanos. Es esencial que todos los que viven o visiten a República Dominicana puedan disfrutar de una isla segura y próspera. La inseguridad es una acción sistemática de fuerzas mayores que deben y pueden ser en gran medida erradicadas colectivamente como región. En los próximos 10 años, debemos continuar explorando cómo podemos colaborar para mitigar la inseguridad ciudadana del pueblo dominicano.
“Espero que todos podamos mirar atrás en este momento e identificarlo como un punto crucial para la República Dominicana. Que este sea un momento en el que las posibilidades económicas comenzaron a convertirse en realidades para todos los dominicanos y el país se alejó de las garras de la corrupción, el crimen generalizado y los bajos estándares educativos”.
acento.com.do
Santo Domingo.- Raymundo Mejía, juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, decidirá el próximo 15 si envía o no a juicio a los propietarios de la discoteca Jet Set Club, Antonio y Maribel Espaillat, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de 236 personas fallecidas durante el derrumbe del techo del centro de diversión, ocurrido el 8 de abril del 2025.
El magistrado dará el fallo a las 10:00 de la mañana de esa fecha, con el objetivo de ponderar los argumentos del Ministerio Público, de los representantes legales de las víctimas y de la defensa de los imputados.
Esto tras más de un año de ocurrir la tragedia que dejo más de 200 personas fallecidas y más de cien heridos y decena de huérfanos.
Durante la audiencia, familiares de los fallecidos y personas afectadas expusieron ante el juez cómo han cambiado sus vidas tras el trágico suceso. Asimismo, los imputados y su defensa presentaron sus argumentos ante el tribunal.
El Ministerio Público solicitó formalmente el envío a juicio de los propietarios de la discoteca Jet Set Club, al considerar que existen suficientes elementos de prueba que demuestran la responsabilidad de los hermanos Espaillat en los hechos que se les imputan.
A la salida del tribunal, el director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, expresó que espera que el juez adopte una decisión acorde a la ley y ordene el envío a juicio de los acusados.
El 18 de junio, le dictan medida de coerción contra Antonio y Maribel Espaillat, propietario y gerente de la discoteca Jet Set, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de más de 230 personas fallecidas y 189 heridas tras el desplome del techo del centro de diversión. Ellos fueron apresados el 12 de junio por miembros del Ministerio Público tras ser interrogado por el hecho.
Santo Domingo.- Mientras en el pais se pregona que se ha avanzado en el estado de derecho, ocupa el segundo lugar en América Latina y el Caribe con mayor numero de presos preventivos y ocupación penitenciaria más alta, superada solo por Haití, según la Dirección de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC).
El dato, que es reseñado este domingo por periódico Listín Diario refleja una debilidad estructural del sistema de justicia penal en su capacidad de investigación y procesamiento.
Señala que en República Dominicana hay aproximadamente 25,000 personas privadas de libertad, de las cuales cerca de 16,000, equivalente a mas del 60% son preventivos.
El documento advierte que la elevada proporción de personas privadas de libertad sin sentencia firme en América Latina y el Caribe evidencia esa misma debilidad estructural. Cuando las investigaciones criminales son lentas o de baja calidad y los tribunales enfrentan sobrecarga de casos, la prisión preventiva termina usándose como sustituto de investigaciones eficaces y procesos judiciales oportunos.
Agrega que la dinámica se refuerza por la presión política y social de “mostrar resultados” en materia de seguridad. Esa presión incentiva respuestas punitivas inmediatas, incluso cuando los procesos judiciales no están plenamente desarrollados.
“El resultado es una acumulación de personas detenidas sin condena que traslada las fallas del debido proceso al sistema penitenciario. Esto contribuye al hacinamiento y debilita la capacidad del Estado para mantener un control efectivo sobre las cárceles”, señala Democracias Bajo Presión.
El PNUD explica que desde inicios del siglo XXI la región ha registrado uno de los aumentos más rápidos de población penitenciaria a nivel mundial. El número de personas privadas de libertad pasó de unos 700,000 a comienzos de los años 2000 a cerca de 1.8 millones en 2024. Es un incremento cercano al 150%.
“Este crecimiento contrasta con la relativa estabilidad o el aumento moderado observado en otras regiones y refleja, entre otros factores, la expansión de políticas penales más punitivas y el uso extensivo de la prisión preventiva”, apunta el informe.
Asimismo, establece que la población privada de libertad en América Latina y el Caribe presenta un marcado sesgo socioeconómico. Los estudios revelan que las personas bajo prisión tienen un nivel educativo inferior al promedio de la población general.
“Esta desigualdad se acentúa en la fase de la prisión preventiva, donde el acceso limitado a una defensa legal y las dificultades para acreditar condiciones de arraigo —como domicilio estable, empleo formal o fianzas— incrementan la probabilidad de permanecer detenido durante el proceso judicial”, destaca el estudio.
Ante ese panorama, el PNUD advierte que cuando las cárceles presentan sobrepoblación crónica, déficits de control interno o se convierten en centros de coordinación de actividades ilícitas, la capacidad del Estado para ejecutar sanciones queda comprometida.
Otras causas del problema
El reporte también señala que los cuerpos policiales en América Latina y el Caribe enfrentan fragmentación institucional, bajos niveles de profesionalización, limitaciones en capacidades investigativas y vulnerabilidad a la cooptación local.
Por eso, cuando la probabilidad de sanción es reducida —lo que se refleja en bajas tasas de homicidios esclarecidos— el poder intimidatorio de los actores criminales se amplifica y la autoridad estatal pierde credibilidad.
La medida de coerción efectiva, según el informe, no se mide solo por operativos o despliegues, sino por la capacidad de investigar, procesar y sancionar de manera consistente. “En este sentido, la impunidad constituye un indicador central de debilitamiento coercitivo: sin consecuencias previsibles frente al delito, el monopolio legítimo de la violencia se vuelve nominal más que efectivo”.
Santo Domingo, R.D.-Una estructura criminal desarticulada por el Ministerio Público, identificada como Operacion Onco 14, recibió una imputación formal al ser acusada de orquestar un sofisticado esquema de fraude en perjuicio del Estado dominicano, el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y cientos de pacientes oncológicos de la región del Cibao.
Los imputados son Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo del Patronato y exmiembro de la junta directiva del IORC, Luisa Yasiris Guzmán, actual esposa de Lora Cruceta y presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida.
Según el expediente, los acusados utilizaron empresas fachada, incluyendo Vargas Lora & Asociados (actualmente Vargas Guzmán Accounting Center) y la fundación antes mencionada, para desviar fondos destinados a tratamientos médicos vitales para pacientes del régimen subsidiado.
El Ministerio Público subraya una irregularidad clave en la investigación, aunque los estatutos del IORC estipulaban un mandato de dos años para la presidencia, Héctor Antonio Lora Cruceta se mantuvo en el cargo desde el 9 de octubre de 2018 hasta el 6 de octubre de 2025.
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, destacó que esta es la tercera estructura criminal enfrentada como parte de las investigaciones sobre el fraude al SeNaSa, una labor de depuración iniciada con la Operación Senasa bajo la dirección de la Procuradora General, Yeni Berenice Reynoso.
En los allanamientos, realizados con apoyo de la Policía Nacional y la Unidad de Investigación Criminal (UIC), se ocuparon dinero en efectivo y títulos de propiedad, dispositivos electrónicos (computadoras, celulares, DVR), documentación comprometedora y vehículos.
Según el Ministerio Público el grupo deberá responder por una serie de cargos graves que incluyen asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología (acceso ilícito a sistemas), lavado de activos.