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Cómo ser un detective digital en tiempos de informaciones falsas
Periodistas especializados compartieron consejos y herramientas durante la 10ma. Conferencia Global de Periodismo de Investigación celebrada del 16 al 19 de noviembre en Johannesburgo
JOHANNESBURGO, SUDÁFRICA. “Si no estás seguro, no lo compartas”, sentenció el periodista sudafricano Raymond Joseph ante un grupo de colegas que lo escuchaba atento.
El especialista en verificación y redes sociales tenía la intención de enseñarles a los periodistas que participaban en la décima Conferencia Global de Periodismo de Investigación (GIJC, por sus siglas en inglés) cómo ser un detective digital ante la gran cantidad de informaciones falsas que circulan y que muchos dan por verdaderas.
Les recalcaba que los periodistas tienen una gran responsabilidad y no deben ser parte del problema, y lleva años construir una reputación para echarla a perder “con un tonto tuit o publicación incorrecta”.
Pero no solo un periodista debe darse cuenta cuándo una noticia es falsa. Muchas de esas informaciones son distribuidas por usuarios de la internet, en especial de las redes sociales, que al creerlas las comparten, contribuyendo a la desinformación.
En una declaración conjunta sobre la libertad de expresión, centrada en las llamadas noticias falsas, desinformación y propaganda, las Naciones Unidas, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, la Organización de Estados Americanos y la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, expresaron su preocupación por el hecho de que “la desinformación y la propaganda suelen diseñarse e implementarse para inducir a error a una población, así como para interferir con el derecho del público a saber”.
Indicaron que “algunas formas de desinformación y propaganda pueden dañar la reputación individual y la privacidad, o incitar a la violencia, la discriminación o la hostilidad contra grupos identificables”.
“Los medios de comunicación deben considerar incluir cobertura crítica de desinformación y propaganda como parte de sus servicios de noticias en línea con su papel de perro guardián en la sociedad, particularmente durante las elecciones y en debates sobre asuntos de interés público”, expresaron las entidades en la declaración adoptada el 3 de marzo del presente año.
Joseph explicó que se pueden generar siete modelos de informaciones con falsedades. Se apoyó en la siguiente clasificación elaborada por First Draft News, una coalición creada en 2015 para concienciar y abordar desafíos sobre la confianza y la verdad en la era digital:
Joseph ha sido testigo de muchos cambios en el periodismo e hizo la transición a la narración multimedia y el manejo de datos.
Él considera que Twitter y las demás redes sociales son herramientas muy útiles para el periodismo, y también la verificación de contenido en línea.
En la conferencia, organizada por la Global Investigative Journalism Network (Red Global de Periodismo de Investigación), y también –en esta edición– por la Universidad del Witwatersrand, el especialista compartió una serie de consejos dados por la Federación Internacional de Asociaciones e Instituciones Bibliotecarias, para verificar si una información es falsa:
• Prefiera tener razón en vez de arriesgarse a equivocarse en la carrera por ser el primero.
• Revise tres veces antes de publicar en la redes sociales.
• La verificación de los hechos no es algo que a veces se hace; es parte del día a día en el flujo de trabajo como periodista.
• Nunca comparta información no verificada.
• Una vez que está afuera, no se puede recuperar.
• Si obtiene una información incorrecta, corríjala de inmediato, por ejemplo, como un comentario a la publicación incorrecta para que la corrección esté vinculada al error.
• Google Reverse Image Search, RevEye y TinEye son herramientas útiles para verificar contenido. Con una de estas herramientas mostró cómo se comprobó que era falsa una fotografía en la que se veía al presidente de Sudáfrica bailando con una joven en una forma poco diplomática.
A tener en cuenta
Además de lo anterior, Joseph compartió con los periodistas otras herramientas digitales y formas para verificar la procedencia de informaciones que circulan por la internet para hacer el denominado “Fact checking” (comprobación de hechos).
Sin embargo, le recordó a su público lo siguiente: “Las herramientas solo hacen el trabajo pesado, todavía tienes que hacer el periodismo”.
Santo Domingo.- Raymundo Mejía, juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, decidirá el próximo 15 si envía o no a juicio a los propietarios de la discoteca Jet Set Club, Antonio y Maribel Espaillat, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de 236 personas fallecidas durante el derrumbe del techo del centro de diversión, ocurrido el 8 de abril del 2025.
El magistrado dará el fallo a las 10:00 de la mañana de esa fecha, con el objetivo de ponderar los argumentos del Ministerio Público, de los representantes legales de las víctimas y de la defensa de los imputados.
Esto tras más de un año de ocurrir la tragedia que dejo más de 200 personas fallecidas y más de cien heridos y decena de huérfanos.
Durante la audiencia, familiares de los fallecidos y personas afectadas expusieron ante el juez cómo han cambiado sus vidas tras el trágico suceso. Asimismo, los imputados y su defensa presentaron sus argumentos ante el tribunal.
El Ministerio Público solicitó formalmente el envío a juicio de los propietarios de la discoteca Jet Set Club, al considerar que existen suficientes elementos de prueba que demuestran la responsabilidad de los hermanos Espaillat en los hechos que se les imputan.
A la salida del tribunal, el director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, expresó que espera que el juez adopte una decisión acorde a la ley y ordene el envío a juicio de los acusados.
El 18 de junio, le dictan medida de coerción contra Antonio y Maribel Espaillat, propietario y gerente de la discoteca Jet Set, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de más de 230 personas fallecidas y 189 heridas tras el desplome del techo del centro de diversión. Ellos fueron apresados el 12 de junio por miembros del Ministerio Público tras ser interrogado por el hecho.
Santo Domingo.- Mientras en el pais se pregona que se ha avanzado en el estado de derecho, ocupa el segundo lugar en América Latina y el Caribe con mayor numero de presos preventivos y ocupación penitenciaria más alta, superada solo por Haití, según la Dirección de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC).
El dato, que es reseñado este domingo por periódico Listín Diario refleja una debilidad estructural del sistema de justicia penal en su capacidad de investigación y procesamiento.
Señala que en República Dominicana hay aproximadamente 25,000 personas privadas de libertad, de las cuales cerca de 16,000, equivalente a mas del 60% son preventivos.
El documento advierte que la elevada proporción de personas privadas de libertad sin sentencia firme en América Latina y el Caribe evidencia esa misma debilidad estructural. Cuando las investigaciones criminales son lentas o de baja calidad y los tribunales enfrentan sobrecarga de casos, la prisión preventiva termina usándose como sustituto de investigaciones eficaces y procesos judiciales oportunos.
Agrega que la dinámica se refuerza por la presión política y social de “mostrar resultados” en materia de seguridad. Esa presión incentiva respuestas punitivas inmediatas, incluso cuando los procesos judiciales no están plenamente desarrollados.
“El resultado es una acumulación de personas detenidas sin condena que traslada las fallas del debido proceso al sistema penitenciario. Esto contribuye al hacinamiento y debilita la capacidad del Estado para mantener un control efectivo sobre las cárceles”, señala Democracias Bajo Presión.
El PNUD explica que desde inicios del siglo XXI la región ha registrado uno de los aumentos más rápidos de población penitenciaria a nivel mundial. El número de personas privadas de libertad pasó de unos 700,000 a comienzos de los años 2000 a cerca de 1.8 millones en 2024. Es un incremento cercano al 150%.
“Este crecimiento contrasta con la relativa estabilidad o el aumento moderado observado en otras regiones y refleja, entre otros factores, la expansión de políticas penales más punitivas y el uso extensivo de la prisión preventiva”, apunta el informe.
Asimismo, establece que la población privada de libertad en América Latina y el Caribe presenta un marcado sesgo socioeconómico. Los estudios revelan que las personas bajo prisión tienen un nivel educativo inferior al promedio de la población general.
“Esta desigualdad se acentúa en la fase de la prisión preventiva, donde el acceso limitado a una defensa legal y las dificultades para acreditar condiciones de arraigo —como domicilio estable, empleo formal o fianzas— incrementan la probabilidad de permanecer detenido durante el proceso judicial”, destaca el estudio.
Ante ese panorama, el PNUD advierte que cuando las cárceles presentan sobrepoblación crónica, déficits de control interno o se convierten en centros de coordinación de actividades ilícitas, la capacidad del Estado para ejecutar sanciones queda comprometida.
Otras causas del problema
El reporte también señala que los cuerpos policiales en América Latina y el Caribe enfrentan fragmentación institucional, bajos niveles de profesionalización, limitaciones en capacidades investigativas y vulnerabilidad a la cooptación local.
Por eso, cuando la probabilidad de sanción es reducida —lo que se refleja en bajas tasas de homicidios esclarecidos— el poder intimidatorio de los actores criminales se amplifica y la autoridad estatal pierde credibilidad.
La medida de coerción efectiva, según el informe, no se mide solo por operativos o despliegues, sino por la capacidad de investigar, procesar y sancionar de manera consistente. “En este sentido, la impunidad constituye un indicador central de debilitamiento coercitivo: sin consecuencias previsibles frente al delito, el monopolio legítimo de la violencia se vuelve nominal más que efectivo”.
Santo Domingo, R.D.-Una estructura criminal desarticulada por el Ministerio Público, identificada como Operacion Onco 14, recibió una imputación formal al ser acusada de orquestar un sofisticado esquema de fraude en perjuicio del Estado dominicano, el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y cientos de pacientes oncológicos de la región del Cibao.
Los imputados son Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo del Patronato y exmiembro de la junta directiva del IORC, Luisa Yasiris Guzmán, actual esposa de Lora Cruceta y presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida.
Según el expediente, los acusados utilizaron empresas fachada, incluyendo Vargas Lora & Asociados (actualmente Vargas Guzmán Accounting Center) y la fundación antes mencionada, para desviar fondos destinados a tratamientos médicos vitales para pacientes del régimen subsidiado.
El Ministerio Público subraya una irregularidad clave en la investigación, aunque los estatutos del IORC estipulaban un mandato de dos años para la presidencia, Héctor Antonio Lora Cruceta se mantuvo en el cargo desde el 9 de octubre de 2018 hasta el 6 de octubre de 2025.
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, destacó que esta es la tercera estructura criminal enfrentada como parte de las investigaciones sobre el fraude al SeNaSa, una labor de depuración iniciada con la Operación Senasa bajo la dirección de la Procuradora General, Yeni Berenice Reynoso.
En los allanamientos, realizados con apoyo de la Policía Nacional y la Unidad de Investigación Criminal (UIC), se ocuparon dinero en efectivo y títulos de propiedad, dispositivos electrónicos (computadoras, celulares, DVR), documentación comprometedora y vehículos.
Según el Ministerio Público el grupo deberá responder por una serie de cargos graves que incluyen asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología (acceso ilícito a sistemas), lavado de activos.