Nacionales
Danilo encabeza su primer Consejo de Gobierno; siguen nombramientos
Santo Domingo. El presidente Danilo Medina encabezará hoy su primer Consejo de Gobierno ampliado, mientras que el Poder Ejecutivo continuó ayer nombrando nuevos funcionarios y ratificando a otros en sus posiciones.
La reunión está pautada para las 10 de la mañana en el Salón de Consejo, ubicado en la segunda plana de la casa de gobierno, encuentro para el cual, ya fueron convocados los funcionarios. Las informaciones al respecto fueron ofrecidas por el vocero del Presidente, Roberto Rodríguez Marchena.
Según una fuente, entre otros temas, el Consejo de Gobierno discutirá las partidas presupuestarias de todas las instituciones públicas para el próximo año.
La Constitución de la República establece que el Presupuesto General del Estado debe ser sometido al Congreso Nacional para su aprobación antes de finalizar octubre.
Cancelaciones
Rodríguez Marchena sostuvo que podrían producirse cancelaciones de empleados públicos, pero rechazó la versión de que se producirían despidos masivos en la administración pública. «Hay un nuevo gobierno, y es natural que se den estas tensiones. Nosotros lo que tenemos que garantizar es la buena marcha de la administración. Pero es lógico que se produzcan pequeñas sustituciones. Bueno yo llego aquí, y quiero estar acompañado de mi secretaria, por ejemplo, y si tengo un periodista que es de confianza, pues me gustaría que fuera mi jefe de comunicaciones», expuso.
Marchena señaló que el mandato del gobernante y el espíritu del todo el gobierno, es proceder con humanidad e inspirado en el principio de eficiencia.
«Este es un tren en marcha y nosotros lo que queremos es que marche mejor. Queremos ofrecer la más absoluta tranquilidad a los empleados; nadie tiene que temer absolutamente nada, porque aquí lo primero que hicimos fue felicitar el personal que labora aquí, porque ha hecho una extraordinaria labor», manifestó.
Sobre las declaraciones del ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, de que habría cancelaciones masivas, el jefe de Prensa del Palacio Nacional, entiende que sus palabras fueron sacadas fuera de contexto.
Nerviosismo
A pesar de las declaraciones de Rodríguez Marchena, los empleados de la casa de gobierno se mantienen en tensión constante, ya que desconocen su suerte, luego de juramentarse las nuevas autoridades gubernamentales.
Los empleados del Palacio constantemente se acercan a los periodistas, para tratar de percatarse de su situación laboral.
Decretos
El Poder Ejecutivo siguió nombrando funcionarios en tren gubernamental. Margarita Cedeño de Fernández quedó designada, mediante el decreto 474-12 como coordinadora del Gabinete de Política Social, en adición a sus funciones de vicepresidenta de la República.
En tanto, la señora Altagracia Suriel Sánchez fue nombrada directora general del Programa «Progresando con Solidaridad», del Gabinete de Políticas Sociales. Esta decisión está contenida en el decreto 475-12.
En el 477-12, el presidente Danilo Medina nombró a Dannys Manzanillo, como subdirector de la Dirección General de Impuestos Internos.
Omar Caamaño fue colocado como director general de Contabilidad Gubernamental, mientras que Héctor Manuel Asencio, será el subdirector.
Aliados
De igual modo, el mandatario emitió otros decretos con los que favorece y confirma en cargos a miembros de los partidos aliados que apoyaron al Partido de la Liberación Dominicana en las pasadas elecciones presidenciales.
Asimismo, Ramón Rivas, a través del decreto 485-12, fue confirmado como director de Autoridad Portuaria Dominicana, cargo en el que lleva varios años.
Tras empleos
Las visitas al Palacio Nacional detrás de empleos no se detienen, y ayer no fue la excepción. En los pasillos, en especial en el que lleva a la oficina de Danilo Medina, decenas de personas se aglomeraron para tratar de ver al gobernante. Esta cantidad de personas en la casa de gobierno está provocando dificultad en los medios que tienen asignaciones de parqueos, pues estos visitantes se están parqueando en los lugares para la prensa.
Diario Libre
Santiago. -Este jueves el Ministerio Público depositó la solicitud de medida de coerción ante el Tribunal de Atención Permanente de Santiago contra los apresados en la Operación XL526, quienes alegadamente integran una presunta red dedicada a estafas, extorsiones y lavado de activos con víctimas en Estados Unidos de América.
El jurista Kilvio González, quien representa a Danny Rafael Laguar Ferreira, asegura que su defendido es un ingeniero civil dedicado a la construcción de viviendas en el distrito municipal de San Francisco de Jacagua, y no.parte de una estructura criminal.
El también abogado José Reynoso García asegura que se han cometido violaciones al debido proceso de los apresados.
Criticó que fueran trasladados a distintos centros de reclusión, incluyendo el Palacio de Justicia, el centro de la fortaleza Fernando Valerio y posteriormente Rafey, dificultando que pudieran verlos.
La Operación XL526 fue ejecutada el.pasado martes con operativos en Santiago y Puerto Plata, donde fueron arrestadas 20 personas señaladas de integrar una estructura criminal. En el.caso de Santiago, la estructura funcionaba desde Los Cocos de Jacagua y utilizaba amenazas, simulación de carteles de drogas y herramientas tecnológicas para extorsionar a víctimas en Estados Unidos.
Santiago, R.D.-El Ministerio Público ha realizado en los últimos tres años, el Ministerio Público cerca de 50 allanamientos vinculados a delitos cibernéticos en la provincia de Santiago, concentrando gran parte de sus operaciones en sectores como Los Cocos de Jacagua, Los Ciruelitos y el municipio de Villa González.
Del mismo modo, otros operativos se realizaron durante 2025 en sectores como Villa González, Jacagua, Camboya, entre otros. En estas ocasiones, los procedimientos correspondían al mismo tipo de delitos, mientras que otros estuvieron relacionados con el tráfico de sustancias ilícitas.
Durante un operativo realizado la madrugada de este martes, las autoridades arrestaron a 20 personas investigadas por presuntas violaciones a la Ley sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
Esta red criminal desmantelada por el Ministerio Público supuestamente utilizaba amenazas y extorsiones para obtener dinero de sus víctimas en Estados Unidos. Además, ocultaban y movilizaban los fondos obtenidos ilícitamente a través de transferencias electrónicas.
La defensa de varios de los detenidos, quienes tienen entre 18 y 25 años, denunció presuntas irregularidades durante el proceso de arresto, al asegurar que tanto familiares como abogados han sido impedidos de comunicarse con los imputados desde el momento de los allanamientos.
“Desde el momento del allanamiento, a las 4:00 de la mañana, no han permitido el acceso a familiares ni abogados para ver a los detenidos”, afirmó.
El jurista sostuvo que, al intentar acceder a las instalaciones donde permanecen recluidos los arrestados, recibió negativas por parte de las autoridades responsables de la custodia.
Ante esta situación, los representantes legales de los imputados anunciaron la interposición de una acción constitucional de hábeas corpus, al considerar que se han vulnerado derechos fundamentales relacionados con la defensa técnica y el debido proceso.
“La forma en que se está ejecutando este arresto es arbitraria y vulnera el artículo 96 en lo relativo al contacto con el representado, la verificación de su estado y la posibilidad de brindarle asesoría legal”, concluyó.
Santo Domingo.- Yanibel Rivas, jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, decidirá este viernes si envía o no a juicio de fondo al exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, a José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez) y a los demás implicados del denominado caso Camaleón, acusados de adjudicar de manera fraudulenta un contrato millonario para la modernización de la red semafórica del Gran Santo Domingo.
La magistrada adoptará su decisión luego de ponderar la acusación presentada por el Ministerio Público, las pruebas aportadas por el órgano persecutor y los escritos de la defensa.
Además de Beras y Gómez, figuran como acusados Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología del Intrant; Frank Rafael Atilano Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras; y Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del Intrant. También están encartados Carlos José Peguero Vargas, Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso.
De acuerdo con la acusación instrumentada por las autoridades, se determinó que mediante contratos y convenios irregulares se otorgó acceso privilegiado a diversas empresas privadas, las cuales habrían sido utilizadas para desviar fondos públicos y ejecutar operaciones de lavado de activos, vulnerando los principios de transparencia y seguridad nacional.
Según el expediente, el eje central del esquema es José Ángel Gómez Canaán, quien mantiene vínculos societarios, financieros y operativos con las principales compañías señaladas.
En la distribución de responsabilidades, Jochi Gómez es señalado como el principal beneficiario de los contratos fraudulentos y se le atribuye el control ilícito de los sistemas semafóricos, de videovigilancia y espionaje. Por su parte, Hugo Beras habría facilitado adjudicaciones a empresas sin capacidad técnica comprobada, participando en la manipulación del sistema.
Otros exfuncionarios jugaron roles clave: Frank Díaz Warden es acusado de manipular licitaciones; Samuel Baquero Sepúlveda habría facilitado el control técnico de la red y falsificado certificaciones; y Juan Francisco Álvarez Carbuccia es señalado por emitir certificaciones falsas de disponibilidad presupuestaria. Los demás implicados habrían operado como testaferros, intermediarios financieros en el lavado de activos y ejecutores del sabotaje a los semáforos.
El entramado societario involucra a varias personas jurídicas. La acusación establece que Transcore Latam S.R.L. fue utilizada para ejecutar los contratos fraudulentos y controlar la red semafórica. Paralelamente, PagoRD Xchange S.R.L. habría servido para la apropiación de ingresos públicos y la adquisición de bienes de lujo, mientras que Industria Soltex Dominicana S.R.L. se vincula directamente al contrabando y lavado de dinero.
El órgano persecutor detalla además que Dekolor S.R.L. sirvió para encubrir y manipular licencias, y Aurix S.A.S. habría sido destinada al espionaje. Finalmente, Inprosol S.R.L. funcionó presuntamente como vehículo financiero y OML Inversiones S.R.L. fue utilizada para adquirir bienes inmuebles con fondos ilícitos.
Debido a la magnitud del caso, los acusados enfrentan un extenso y severo catálogo de cargos que incluyen coalición de funcionarios, asociación de malhechores, lavado de activos, desfalco y estafa contra el Estado.
Sumado a esto, se les imputan delitos contra la seguridad nacional como sabotaje, robo de identidad, crímenes y delitos contra la nación, delitos de alta tecnología y actos de terrorismo, según lo contemplado en la legislación dominicana.