Opinión
Judíos y palestinos 70 años después de la resolución de la ONU que aprobó la creación de dos nuevos estados en el Oriente Medio
Por Miguel Guerrero
Esta semana se cumplieron 70 años de la resolución de la ONU que aprobó la creación en Palestina de dos estados, uno hebreo y otro árabe palestino. Los judíos superaron todas las vicisitudes y tienen hoy un país moderno y próspero. Los palestinos luchan todavía para lograrlo.
Muchos creen que Estados Unidos y la Unión Europea han rechazado entrar en tratos con el grupo fundamentalista predominante en la zona de Gaza debido sólo a la negativa de Hamás a reconocer a Israel como nación. Y que esas objeciones son la única amenaza al control de la Autoridad Nacional Palestina por esa facción que obtuvo en el 2007 el control del gobierno en la franja.
La verdad es que ha sido Al Fatah, el negado a formar parte de un gobierno encabezado por Hamás. Tal decisión ha estado basada en la negativa de este grupo a renunciar a las armas y a su propósito de destruir al estado judío. Las elecciones parlamentarias en las que Hamás alcanzó hacen 14 años el control pusieron de relieve las grandes divisiones internas entre los palestinos. La derrota de Al Fatah el grupo que lideró la Autoridad Palestina (ANP) por décadas, fundado por su líder histórico Yassir Arafat, no estuvo fundamentada en el rechazo a las negociaciones con el país hebreo, sino en la corrupción que erosionó por años la administración palestina.
Es injusto atribuir a un supuesto rechazo del Estado palestino, la amenaza de las naciones europeas y Estados Unidos de suspender la ayuda exterior que han ofrecido por años a la ANP. Con toda y la enorme riqueza árabe proveniente del petróleo, la ANP se ha mantenido gracias a los aportes de la ayuda financiera llegada desde la Unión Europea y Estados Unidos. Es conocido, por ejemplo, que la UE pagaba los salarios de los servidores públicos palestinos en la Franja de Gaza y la margen occidental del Río Jordán, estimados en unos 150,000, y que parte de esos gastos se sufragaban también con las recaudaciones de impuestos que en esas zonas hacían los israelíes en ausencia de una eficiente administración tributaria palestina.
La ayuda de Estados Unidos y Europa a la Autoridad Nacional Palestina (ANP) superó siempre las provenientes de las naciones árabes. Los aportes de la Unión Europea a la administración palestina sobrepasaban, hasta hace unos años, los 500 millones de dólares anuales. Al Fatah admitió que el triunfo de Hamás cambiaría esa realidad. En una entrevista con el diario español El País, el lunes 23 de enero del 2003, el entonces viceprimer ministro y ministro de Información de Al Fatah, Nabil Shaat, dijo que esa organización perderá la hegemonía de que gozó en la vida del pueblo palestino durante los últimos cincuenta años. Según el diario, “en las calles palestinas este dirigente (Shaat) y muchos otros altos funcionarios son culpados de haberse enriquecido desde que regresaron del exilio en Túnez en 1994”.
Shaat expresó su alarma por el triunfo de Hamás, señalando que sólo Al Fatah puede garantizarle al pueblo palestino la continuación del proceso de paz “y lograr un acuerdo definitivo con Israel”. Un acuerdo que en su opinión Hamás no lo podrá conseguir nunca por sus posiciones políticas. “La negociación, no el enfrentamiento, es el camino. Si no apuestan por la negociación no gozarán del apoyo internacional”, dijo. “Al Fatah creó la organización para la Liberación de Palestina, la Autoridad Nacional Palestina y el sistema judicial. Y sólo Al Fatah puede conseguir ayuda exterior y reducir el desempleo. Tenemos experiencia, generaciones jóvenes y somos un partido secular”.
En los días siguientes a las elecciones palestinas, los jóvenes milicianos de Al Fatah amenazaron a los líderes de la organización y de la ANP si llegaban a aceptar el ofrecimiento de Hamás de integrar el nuevo gobierno. Debido a su renuencia a negociar con Israel y darle seguimiento a la Hoja de Ruta, que patrocinaban Estados Unidos, Rusia, la Unión Europa y la ONU, las naciones occidentales han condicionado el mantenimiento de la ayuda a la nueva autoridad palestina surgida en el 2003.la obstinada negativa de los grupos radicales palestinos de negociar un tratado de respeto mutuo con Israel es hoy en día la fuente principal de inestabilidad en esa región.
El hecho de que Tel Aviv negociara con la ANP un acuerdo es una prueba contundente de su reconocimiento a la formación de un estado palestino. Pero es obvio que eso sólo podrá sostenerse si los líderes de la Mukata reconocen a su vez el derecho de los judíos a existir como nación. La mayor parte de los países árabes así ya lo reconocen e incluso dos de ellos, Jordania y Egipto, tienen relaciones diplomáticas plenas y formales con el estado hebreo. El dirigente palestino dijo al diario español El País:”Este movimiento se encuentra donde estábamos nosotros hace 35 años”. Y recalcó que “ahora no es posible un acuerdo con Hamás si no abandona la violencia, se suma al proceso de paz y promueve un estado secular. Podemos alcanzar la paz con ellos, pero no integrarnos en una coalición”.
El problema radica en la imposibilidad de los moderados de desmantelar las milicias de Hamás y la Yihad Islámica. Shaat refirió que para lograrlo se requerían de tres factores: “Primero tenemos que reconstruir las fuerzas de seguridad, disponer de más armas y munición y planificar un mejor entrenamiento de la policía y el ejército. Esto llevará tiempo. En segundo lugar, tenemos que desarrollar la economía palestina y reducir el paro, que alcanza el 65%, para que la gente no se sume a Hamás y Yihad Islámica. Con empleos, se unirían menos a la resistencia. Y el tercer factor es que esos grupos no desean sumarse al proceso de paz. Se necesitaría mucho tiempo para que estos tres requisitos se cumplan”.
En las siete décadas transcurridas desde la aprobación en noviembre de 1947 por la Asamblea General de Naciones Unidas de la partición de Palestina tras la salida del mandato británico, iniciado con la caída del imperio otomano al final de la Primera Guerra Mundial, los israelíes han podido vencer la hostilidad de sus vecinos y construido el sueño de la vuelta a Sión, que pudo fin a la dispersión del pueblo judío tras la destrucción del Segundo Templo por los romanos. En todo ese tiempo, los palestinos pudieron hacer lo mismo y hoy fueran también una nación próspera coexistiendo en jun clima de paz y colaboración con sus vecinos. Ojalá no tengan que esperar otros 70 años para alcanzar su sueño.
(I)
Por Oscar López Reyes
Desde 1950, tres años a posteriori de su creación -1947- la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos comenzó a instrumentalizar a periodistas para manipular y moldear a la opinión pública mundial, en una abominable labor de zapa, en el cenit geopolítico de la Guerra Fría entre dos superpotencias imperiales. Su proyecto primigenio, y el más escalofriante, ha sido la encubierta Operación Mockingbird, mediante la cual se ocultaron y tergiversaron informaciones para influir a favor de los designios norteamericanos, y desde 2019 ejecuta a gran escala una campaña de reclutamiento para difundir noticias y entretenimiento en redes sociales y plataformas streaming.
En estos 78 años, la CIA ha invertido miles de millones de dólares en el enlistamiento de periodistas anti-éticos y anti-democráticos y en infiltración en medios de comunicación para divulgar programas propagandísticos, engendrando el descrédito y la desconfianza ciudadana, así como la animadversión de adversarios en guerras.
La operación Mockingbird, que inicialmente consistió en escuchas telefónicas periodísticas sin orden judicial, fue llevada a cabo por la CIA para identificar fuentes de filtraciones de datos de alta inteligencia. Principió grabando conversaciones privadas de Hanson Baldwin, reportero de seguridad nacional del New York Times, entre el 12 de marzo y el 15 de junio de 1963, desde el Despacho Oval de la Casa Blanca.
Las grabaciones fueron por iniciativa del presidente de Estados Unidos, Jhon F. Kennedy, luego que se incomodara por un reportaje de primera plana publicado por Baldwin (ganador del Premio Pulitzer en 1943 por su cobertura de la Segunda Guerra Mundial) en la edición del 26 de julio de 1962 del New York Times en el que, amparado en una información clasificada, revelaba el número de misiles nucleares en el arsenal estadounidense. A su vez, comparaba esos depósitos atómicos de Estados Unidos con los de la Unión Soviética, y el afán de esta última superpotencia por resguardar sus emplazamientos de misiles balísticos intercontinentales.
A seguidas, la CIA también intervino los teléfonos residenciales de los columnistas Robert S. Allen y Paul Scott (The Allen-Scott Report, publicada en unos 300 periódicos), tras estos dar a conocer secretos clasificados de Estados Unidos. Más adelante, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) se incorporó a las averiguaciones y vigilancia para detectar quienes desde los organismos de inteligencia estaban infiltrando informaciones a la prensa. También produjo la intercepción telefónica a la periodista de Newsweek, Lloyd Nornam, y el secretario de Estado Dean Rusk presionó para que CBS News no difundiera un reportaje del periodista Daniel Schorr sobre el espectacular escape de ciudadanos de Alemania Oriental a través de un túnel bajo el Muro de Berlín.
Por intermedio del proyecto Mockingbird -según variadas fuentes- para divulgar propaganda proestadounidense y truquear a la opinión pública contra la influencia comunista, aceptaron ser asalariados de la CIA cientos de periodistas de The New York Times, The Washington Post, Newsweek, ABC, CBS, NBC, la revista Time, Louisville Courier Jounal, Copley News Service, la agencia internacional Reuters y otros medios de América Latina, Europa y otras regiones.
Los objetivos bien definidos de la contratación a sueldo de la red de periodistas, publicaciones, televisoras y emisoras tengo que segmentarlos en siete:
1.- Difundir relatos preescritos por la CIA, para tratar de cambiar la percepción global sobre situaciones y personas, siempre favorables a Estados Unidos.
2.- Controlar la política editorial de medios comunicativos, a través de altos ejecutivos y editores, en una novedosa interacción subrepticia gobierno-prensa.
3.- Ocultar informaciones perjudiciales o desfavorables a Estados Unidos, en una intromisión estatal sin precedentes.
4.- Inclinar la balanza para conveniencia estratégica de Estados Unidos en coberturas informativas, artículos de opinión, editoriales y otros géneros periodísticos.
5.- Contrarrestar la propaganda e influencia de la Unión Soviética, con mecanismos sofisticados de persuasión pública.
6.- Suministrar datos de inteligencia, en una típica tarea de espionaje.
7.- Detectar a agentes o empleados de organismos de inteligencia que confidencialmente suministraban informaciones a periodistas.
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El autor: Redactor principal del Código de Ética del Periodista Dominicano y autor exclusivo del libro “La Ética en el Periodismo. Los cinco factores que interactúan en la deontología profesional”.
Por Isaías Ramos
En el artículo anterior, “Cuando trabajar no alcanza”, mostramos lo esencial: en nuestro país hay trabajadores a tiempo completo que, aun cumpliendo con todo, no alcanzan el costo de la canasta básica. Hoy toca cerrar el círculo con una pregunta inevitable: si el Estado asegura que no tiene margen para indexar el ISR ni para acercar los salarios a la canasta, ¿cómo sí lo tiene para blindar exenciones y subsidios que ya rondan el medio billón de pesos al año?
La comparación es contundente: alrededor de RD$19 mil millones para cumplir la indexación —lo mínimo para que la inflación no se coma el salario por la vía del impuesto— frente a más de RD$500 mil millones en gasto tributario y subsidios no focalizados. Esa diferencia no es técnica; es moral. Es un impuesto silencioso al trabajo para sostener privilegios que casi nunca rinden cuentas.
No hablamos de milagros, sino de coherencia constitucional.
Primero derechos; después privilegios.
La indexación es justicia básica; que el salario cubra la canasta es dignidad mínima. Cuando eso no ocurre, todo lo demás se convierte en una transferencia regresiva: recursos públicos arriba y salarios de subsistencia abajo.
Lo vemos en historias como la de Marta, cajera en una tienda que abre seis días a la semana. Gana el salario mínimo del tramo superior y aun así no le alcanza para transporte, alimentos y educación básica de sus hijos. Todos conocemos una Marta. Su caso no es la excepción; es el reflejo de un modelo.
Reconocemos, sin ambigüedades, que ciertos sectores han traído inversión y empleo. Pero en un Estado Social y Democrático de Derecho, la prioridad no se discute: derechos primero, incentivos después. Si un sector recibe exenciones millonarias durante décadas, la contrapartida mínima es un salario mediano por encima de la canasta y una reducción verificable de la informalidad. Y si los beneficios se justifican por su aporte, ese aporte debe comprobarse con datos públicos.
Las preguntas son simples, y las respuestas deberían serlo también:
- ¿Cuál es su salario mediano y qué parte de la canasta cubre?
- ¿Cuál es su aporte fiscal neto, descontadas exenciones y transferencias?
- ¿Qué metas salariales y de formalización han cumplido —auditadas y con plazos—?
Si esas respuestas no existen, la falla no está en quien critica, sino en un modelo que evita mirarse al espejo.
Cuando miramos la región, el panorama se vuelve más claro y más crudo. Llevamos décadas creciendo alrededor de 5 % anual, más del doble del promedio latinoamericano. Sin embargo, datos del Banco Mundial muestran que menos de 2 % de los dominicanos ascendió de grupo de ingreso en una década, frente a un 41 % regional. Es una de las movilidades más bajas de América Latina: un motor económico de alta potencia montado sobre una carrocería social demasiado frágil.
A eso se suma un mercado laboral con alrededor de 55 % de informalidad, superando un promedio regional que ya bordea la mitad. Millones de personas trabajan sin contrato, sin protección y sin capacidad de negociación. Mientras tanto, el salario mínimo formal del sector privado no sectorizado —según el tamaño de la empresa— oscila hoy entre unos RD$16,000 en las microempresas y cerca de RD$28,000 en las grandes, y ni siquiera en su tramo superior alcanza el costo de la canasta familiar nacional, que ronda los RD$47,500, ni la canasta del quintil 1, situada en torno a RD$28,400. La mayoría de los trabajadores informales ni siquiera se acerca a esos montos.
Ahí está el nudo del modelo: un PIB que corre por delante del promedio regional, con salarios más bajos, más informalidad y menor movilidad que casi todos. Ahí es donde la retórica del “milagro” deja de coincidir con lo que millones viven cada día: jornadas largas, ingresos insuficientes y un crecimiento que no se traduce en dignidad.
Y, mientras tanto, la indexación —que solo evita que el impuesto castigue el salario— se presenta como inalcanzable. No lo es. Lo inalcanzable es pretender estabilidad congelando la protección del trabajador mientras se blindan privilegios que nadie revisa con lupa desde hace décadas. Eso no es estabilidad; es un subsidio a la precariedad.
La discusión no es “si hay dinero”, sino de dónde es justo que salga.
¿De quienes ya no pueden más, o de exenciones que llevan medio siglo sin evaluación seria?
¿De la nómina de la clase trabajadora, o de regímenes especiales convertidos en vacas sagradas?
En el Frente Cívico y Social entendemos que la guía es simple y está escrita en la Constitución. El artículo 62 establece, entre otras cosas, que es finalidad esencial del Estado fomentar el empleo digno y remunerado y, en su numeral 9, consagra el derecho a un salario justo y suficiente para vivir con dignidad. No es poesía; es mandato. Si el salario mediano de un sector no cubre la canasta, ese sector no cumple con la dignidad mínima. Y si además recibe exenciones, la obligación de rendir cuentas es aún mayor.
Y porque no hay dignidad sin desarrollo, no olvidemos lo esencial: salario digno es demanda interna, productividad futura y estabilidad social. Con sueldos de miseria no se construye un mercado interno robusto, no se fortalece el capital humano, no hay escalera de movilidad. Lo que se “ahorra” hoy en salarios bajos se paga mañana en menor crecimiento y mayor conflictividad.
En una frase: un país que se respeta no pone el privilegio por encima del salario, ni el incentivo por encima de la dignidad. Cuando la política honra esa jerarquía, la estadística deja de ser consuelo y se convierte en vida vivible.
Despierta RD
Por Rommel Santos Díaz
A diferencia de la Corte Penal Internacional, cuyo estatuto es el resultado de varios años de debates y de la Conferencia de Plenipotenciarios, los tribunales Ad –Hoc para la Ex Yugoslavia y Ruanda son la expresión de una respuesta a dos situaciones específicas caracterizadas por la comisión de atrocidades en el territorio de estos países.
Fue precisamente la gravedad de las circunstancias lo que obligó al Consejo de Seguridad a ejercer las atribuciones que le confiere el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas para crear las jurisdicciones penales Ad – Hoc para la Ex Yugoslavia ( Resolución 827 de 1993) y para Ruanda (Resolución 955 de 1994)
En estos casos, ambos tribunales tienen virtualmente estatutos idénticos y también compartieron algunas instituciones comunes, como por ejemplo el Fiscal, dado que a partir del 15 de septiembre del 2003, el Consejo de Seguridad designo a Hassan Bubacar Jallow como Fiscal del Tribunal Penal Internacional para Ruanda.
La Fiscal Carla Del Ponte ejerce su competencia exclusivamente en relación al Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia. Las características comunes entre ambos tribunales han tenido como consecuencia, al menos en el ámbito teórico, la economía y uniformidad en el ámbito fiscal hasta el año 2003 así como en el desarrollo de una línea jurisprudencial sólida y constante en el análisis de sus respectivos casos.
De esta forma la creación de dichos tribunales Ad-Hoc constituye un desarrollo sin precedentes a favor de la implementación de las normas sobre derechos humanos que a su vez ha favorecido una dinámica positiva en el proceso de creación de un sistema de justicia penal internacional que se concreta casi una década después con el inicio de las funciones de la Corte Penal Internacional.
Por su lado el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda fueron creados por resoluciones del Consejo de Seguridad en virtud de las cuales son considerados como órganos judiciales subsidiarios del mismo.
Se ha establecido que aun cuando fueron creados por el Consejo de Seguridad, el cual no es un órgano judicial, esto no afecta la validez del acto jurídico de creación puesto que ambos son el reflejo del ejercicio del mandato del principal órgano de las Naciones Unidas para mantener la seguridad y la paz internacional.
Esta línea de razonamiento concuerda con la establecida por la Corte Internacional de Justicia en su Opinión Consultiva sobre los efectos de las compensaciones concedidas por el tribunal administrativo de las Naciones Unidas de 1954.
Por tanto, mientras la Corte Penal Internacional es un tribunal internacional independiente, el Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda son órganos judiciales subsidiarios del Consejo de Seguridad Conforme al Artículo 2 del Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional mantiene relaciones de cooperación con el sistema de de las Naciones Unidas, pero ello no afecta su independencia con respecto a dicha organización internacional.