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Dominicanos pierden confianza en la institucionalidad, según encuesta Barómetro
Destacó que la participación cívica, sin embargo, se ha mantenido relativamente estable a través del tiempo y se ubica entre las más altas de la región
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Encuesta Barómetro de las Américas “Cultura Política de la Democracia en la República Dominicana y en las Américas, 2016/17” sitúa en 20.4% la confianza en los partidos políticos, consolidando la tendencia a la baja desde el año 2008.
El estudio elaborado por el Latin American Public Opinion Proyect (LAPOP) de la Universidad de Vanderbilt con apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), indicó que, para las últimas elecciones presidenciales, los entrevistados reportaron una participación electoral de 81.2%.
Señaló, además, que “la democracia en América Latina y el Caribe está enfrentando retos importantes que van desde el bajo nivel de confianza en las elecciones, partidos, y liderazgo político hasta las deficiencias en la oferta de libertades públicas, el cumplimento de la ley, seguridad ciudadana, y una buena provisión de servicios”.
En ese sentido, el informe precisó que las simpatías partidarias en el país también disminuyen. “Desde el 2012 al 2016 se produjo un declive en esta variable de 63.4 a 42.4% aunque entre todos los países de la región, la República Dominicana ocupa el segundo lugar entre los que tienen mayor simpatía partidaria”.
Destacó que la participación cívica, sin embargo, se ha mantenido relativamente estable a través del tiempo y se ubica entre las más altas de la región.
Consulte el estudio completo en: http://www.latinobarometro.org/latNewsShow.jsp
“En los últimos 10 años, el nivel de participación cívica, que se entiende como la participación en reuniones de asociaciones religiosas de padres de la escuela y de mejoras comunitarias, se ha mantenido en torno a los 35 puntos promedio”, añadió.
Delincuencia, corrupción y justicia
En la comparación regional, la República Dominicana se colocó en la segunda posición con mayor promedio de percepción de inseguridad, solo superado por Venezuela.
Asimismo para el 45.8% de la población encuestada, el problema más grave del país se refiere a asuntos relacionados con la delincuencia y el crimen. “Ese porcentaje es mucho mayor que el 29% que señaló que el problema más grave se refiere a asuntos relacionados con la economía”.
Dijo que los promedios en la percepción de inseguridad en el barrio donde viven los encuestados han aumentado de 56.3 puntos en 2014 a 59.0 en 2016, los más altos de toda la década.
Además, la victimización por delincuencia aumentó en la República Dominicana casi 10 puntos porcentuales de 2010 (16.6%) a 2016 (26.2%).
“Las personas más propensas a reportar ser víctimas de la delincuencia son: las que viven en las zonas más urbanas, las de mayor nivel educativo, las más jóvenes y los hombres”, agregó.
Mientras que en la comparación regional, de los 29 países encuestados, la República Dominicana se coloca en la sexta posición de mayor porcentaje de victimización por delincuencia.
Los dominicanos perciben la corrupción política como un problema muy extendido en su país. “Para el 83.9% de los encuestados, por lo menos la mitad de los políticos de la República Dominicana están involucrados en la corrupción y en la victimización por corrupción, los policías y los militares encabezan la lista de funcionarios que piden sobornos”.
Adicionalmente, señaló que la confianza depositada en las instituciones centrales para el combate a la delincuencia y corrupción ha caído ya que desde el año 2008 se ha producido un declive estadísticamente significativo en la confianza de la ciudadanía en la justicia dominicana.
Igualmente, la tendencia de un bajo nivel de confianza en la Policía Nacional se mantuvo en el año 2016 con una confianza promedio de solo 35.6 puntos; y en la comparación regional, la República Dominicana ocupa el lugar 27 de menor promedio de confianza entre los 29 países encuestados.
acento.com.do
Santo Domingo.- Raymundo Mejía, juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, decidirá el próximo 15 si envía o no a juicio a los propietarios de la discoteca Jet Set Club, Antonio y Maribel Espaillat, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de 236 personas fallecidas durante el derrumbe del techo del centro de diversión, ocurrido el 8 de abril del 2025.
El magistrado dará el fallo a las 10:00 de la mañana de esa fecha, con el objetivo de ponderar los argumentos del Ministerio Público, de los representantes legales de las víctimas y de la defensa de los imputados.
Esto tras más de un año de ocurrir la tragedia que dejo más de 200 personas fallecidas y más de cien heridos y decena de huérfanos.
Durante la audiencia, familiares de los fallecidos y personas afectadas expusieron ante el juez cómo han cambiado sus vidas tras el trágico suceso. Asimismo, los imputados y su defensa presentaron sus argumentos ante el tribunal.
El Ministerio Público solicitó formalmente el envío a juicio de los propietarios de la discoteca Jet Set Club, al considerar que existen suficientes elementos de prueba que demuestran la responsabilidad de los hermanos Espaillat en los hechos que se les imputan.
A la salida del tribunal, el director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, expresó que espera que el juez adopte una decisión acorde a la ley y ordene el envío a juicio de los acusados.
El 18 de junio, le dictan medida de coerción contra Antonio y Maribel Espaillat, propietario y gerente de la discoteca Jet Set, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de más de 230 personas fallecidas y 189 heridas tras el desplome del techo del centro de diversión. Ellos fueron apresados el 12 de junio por miembros del Ministerio Público tras ser interrogado por el hecho.
Santo Domingo.- Mientras en el pais se pregona que se ha avanzado en el estado de derecho, ocupa el segundo lugar en América Latina y el Caribe con mayor numero de presos preventivos y ocupación penitenciaria más alta, superada solo por Haití, según la Dirección de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC).
El dato, que es reseñado este domingo por periódico Listín Diario refleja una debilidad estructural del sistema de justicia penal en su capacidad de investigación y procesamiento.
Señala que en República Dominicana hay aproximadamente 25,000 personas privadas de libertad, de las cuales cerca de 16,000, equivalente a mas del 60% son preventivos.
El documento advierte que la elevada proporción de personas privadas de libertad sin sentencia firme en América Latina y el Caribe evidencia esa misma debilidad estructural. Cuando las investigaciones criminales son lentas o de baja calidad y los tribunales enfrentan sobrecarga de casos, la prisión preventiva termina usándose como sustituto de investigaciones eficaces y procesos judiciales oportunos.
Agrega que la dinámica se refuerza por la presión política y social de “mostrar resultados” en materia de seguridad. Esa presión incentiva respuestas punitivas inmediatas, incluso cuando los procesos judiciales no están plenamente desarrollados.
“El resultado es una acumulación de personas detenidas sin condena que traslada las fallas del debido proceso al sistema penitenciario. Esto contribuye al hacinamiento y debilita la capacidad del Estado para mantener un control efectivo sobre las cárceles”, señala Democracias Bajo Presión.
El PNUD explica que desde inicios del siglo XXI la región ha registrado uno de los aumentos más rápidos de población penitenciaria a nivel mundial. El número de personas privadas de libertad pasó de unos 700,000 a comienzos de los años 2000 a cerca de 1.8 millones en 2024. Es un incremento cercano al 150%.
“Este crecimiento contrasta con la relativa estabilidad o el aumento moderado observado en otras regiones y refleja, entre otros factores, la expansión de políticas penales más punitivas y el uso extensivo de la prisión preventiva”, apunta el informe.
Asimismo, establece que la población privada de libertad en América Latina y el Caribe presenta un marcado sesgo socioeconómico. Los estudios revelan que las personas bajo prisión tienen un nivel educativo inferior al promedio de la población general.
“Esta desigualdad se acentúa en la fase de la prisión preventiva, donde el acceso limitado a una defensa legal y las dificultades para acreditar condiciones de arraigo —como domicilio estable, empleo formal o fianzas— incrementan la probabilidad de permanecer detenido durante el proceso judicial”, destaca el estudio.
Ante ese panorama, el PNUD advierte que cuando las cárceles presentan sobrepoblación crónica, déficits de control interno o se convierten en centros de coordinación de actividades ilícitas, la capacidad del Estado para ejecutar sanciones queda comprometida.
Otras causas del problema
El reporte también señala que los cuerpos policiales en América Latina y el Caribe enfrentan fragmentación institucional, bajos niveles de profesionalización, limitaciones en capacidades investigativas y vulnerabilidad a la cooptación local.
Por eso, cuando la probabilidad de sanción es reducida —lo que se refleja en bajas tasas de homicidios esclarecidos— el poder intimidatorio de los actores criminales se amplifica y la autoridad estatal pierde credibilidad.
La medida de coerción efectiva, según el informe, no se mide solo por operativos o despliegues, sino por la capacidad de investigar, procesar y sancionar de manera consistente. “En este sentido, la impunidad constituye un indicador central de debilitamiento coercitivo: sin consecuencias previsibles frente al delito, el monopolio legítimo de la violencia se vuelve nominal más que efectivo”.
Santo Domingo, R.D.-Una estructura criminal desarticulada por el Ministerio Público, identificada como Operacion Onco 14, recibió una imputación formal al ser acusada de orquestar un sofisticado esquema de fraude en perjuicio del Estado dominicano, el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y cientos de pacientes oncológicos de la región del Cibao.
Los imputados son Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo del Patronato y exmiembro de la junta directiva del IORC, Luisa Yasiris Guzmán, actual esposa de Lora Cruceta y presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida.
Según el expediente, los acusados utilizaron empresas fachada, incluyendo Vargas Lora & Asociados (actualmente Vargas Guzmán Accounting Center) y la fundación antes mencionada, para desviar fondos destinados a tratamientos médicos vitales para pacientes del régimen subsidiado.
El Ministerio Público subraya una irregularidad clave en la investigación, aunque los estatutos del IORC estipulaban un mandato de dos años para la presidencia, Héctor Antonio Lora Cruceta se mantuvo en el cargo desde el 9 de octubre de 2018 hasta el 6 de octubre de 2025.
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, destacó que esta es la tercera estructura criminal enfrentada como parte de las investigaciones sobre el fraude al SeNaSa, una labor de depuración iniciada con la Operación Senasa bajo la dirección de la Procuradora General, Yeni Berenice Reynoso.
En los allanamientos, realizados con apoyo de la Policía Nacional y la Unidad de Investigación Criminal (UIC), se ocuparon dinero en efectivo y títulos de propiedad, dispositivos electrónicos (computadoras, celulares, DVR), documentación comprometedora y vehículos.
Según el Ministerio Público el grupo deberá responder por una serie de cargos graves que incluyen asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología (acceso ilícito a sistemas), lavado de activos.