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Abogados de Hipólito Mejía critican SCJ por ‘‘tinte peledeísta’’ en demanda de 5 años contra Wilton Guerrero
‘‘La forma en que este proceso ha sido conducido por la Suprema Corte de Justicia es un reflejo del manejo partidista del mismo, para tratar de salvar al dirigente del PLD, Wilton Guerrero, de una condena inevitable’’, expresó Eddy Olivares, vocero de Mejía
/Edgar Hernández/Eddy Olivares junto a los abogados de Hipólito Mejía: Julio Cury y Jesús Féliz .
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Los abogados de Hipólito Mejía criticaron este jueves a los jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) por suspender el rol de audiencia de ayer miércoles, ‘‘sin ofrecer ninguna explicación’’, donde el expresidente conocería la demanda por difamación e injuria contra del senador Wilton Guerrero.
El expresidente Hipólito Mejía introdujo una demanda por difamación e injuria en contra el senador por la provincia Peravia, Wilton Guerrero, por considerarse injuriado durante el proceso electoral del 2012.
‘‘La forma en que este proceso ha sido conducido por la Suprema Corte de Justicia es un reflejo del manejo partidista del mismo, para tratar de salvar al dirigente del PLD, Wilton Guerrero, de una condena inevitable’’, expresó Eddy Olivares, vocero de Mejía.
En una rueda de prensa en la que Olivares estuvo acompañado de los dos abogados del exmandatario que siguen el proceso: Julio Cury y Jesús Féliz, se arremetió contra jueces que deberían inhibirse de participar en este proceso.
‘‘Estimamos que este caso se suma a otros, igualmente lamentables, que vienen descalificando a la Suprema Corte de Justicia ante la sociedad y, particularmente, ante los demás jueces del orden judicial para exigirles el cumplimiento de los principios previstos por el Código de Ética del Poder Judicial’’.
El jurista Jesús Féliz señaló de manera directa al juez Frank Soto Sánchez quien, a su juicio, es del ‘‘escuadrón del Partido de la Liberación Dominicana (PLD)’’.
‘‘La innegable relación política que ha unido al senador Wilton Guerrero con varios de los jueces que integran la Suprema Corte de Justicia, debió ser un motivo más que suficiente para que se inhibieran, en lugar de obstaculizar la justicia, para intentar impedir la condena del demandado’’, dijo Olivares en nombre de Mejía.
Reclamaron que la SCJ ha desconocido abusivamente los derechos a la tutela judicial, que el artículo 69 de la Carta Sustantiva le reconoce a toda persona en el ejercicio de sus derechos e intereses y, en particular, a una justicia oportuna y a ser oído dentro de un plazo razonable.
La bancada judicial de Mejía recordó que este proceso judicial fue incoado en 2012 con el presidente de la SCJ, Mariano Germán, quien en 2013 declaró inconstitucional el artículo 46 de la Ley 6132 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento, que señala como pasibles de ser autores principales de las penas que constituyen la represión de los crímenes y delitos por vía de la prensa, a los directores y editores de publicaciones.
Ese mismo año Mejía impugnó la decisión de Mariano Germán y se sometió un recurso de casación. ‘‘Es la primera vez que el pleno de la Suprema Corte casa una sentencia de su presiente’’, subrayó Cury. Sin embargo, los jueces le han dado largas a un asunto que debió resolverse en no más de un año, según entienden los juristas.
‘‘A pesar de haber sido apoderada el 26 de abril de 2013 de un recurso de casación interpuesto por el exmandatario contra el Auto No. 18-2013, del 17 de abril de 2013, dictado por su presiente, Dr. Mariano Germán Mejía, la Suprema Corte de Justicia n ovino a fallar el 25 de octubre del 2017, es decir, 4 años y 6 meses después, en violación del artículo 427 del Código Procesal Penal, que le impone un plazo de ‘‘hasta treinta días’’ al alto tribunal para decidir los recursos de casación que en materia penal le son sometidos’’, es el argumento legal que utilizan los defensores de Hipólito Mejía para contextualizar su crítica contra ‘‘la injusticia’’ que, dicen, se está cometiendo en este caso.
acento.com.do
Santo Domingo.- Raymundo Mejía, juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, decidirá el próximo 15 si envía o no a juicio a los propietarios de la discoteca Jet Set Club, Antonio y Maribel Espaillat, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de 236 personas fallecidas durante el derrumbe del techo del centro de diversión, ocurrido el 8 de abril del 2025.
El magistrado dará el fallo a las 10:00 de la mañana de esa fecha, con el objetivo de ponderar los argumentos del Ministerio Público, de los representantes legales de las víctimas y de la defensa de los imputados.
Esto tras más de un año de ocurrir la tragedia que dejo más de 200 personas fallecidas y más de cien heridos y decena de huérfanos.
Durante la audiencia, familiares de los fallecidos y personas afectadas expusieron ante el juez cómo han cambiado sus vidas tras el trágico suceso. Asimismo, los imputados y su defensa presentaron sus argumentos ante el tribunal.
El Ministerio Público solicitó formalmente el envío a juicio de los propietarios de la discoteca Jet Set Club, al considerar que existen suficientes elementos de prueba que demuestran la responsabilidad de los hermanos Espaillat en los hechos que se les imputan.
A la salida del tribunal, el director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, expresó que espera que el juez adopte una decisión acorde a la ley y ordene el envío a juicio de los acusados.
El 18 de junio, le dictan medida de coerción contra Antonio y Maribel Espaillat, propietario y gerente de la discoteca Jet Set, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de más de 230 personas fallecidas y 189 heridas tras el desplome del techo del centro de diversión. Ellos fueron apresados el 12 de junio por miembros del Ministerio Público tras ser interrogado por el hecho.
Santo Domingo.- Mientras en el pais se pregona que se ha avanzado en el estado de derecho, ocupa el segundo lugar en América Latina y el Caribe con mayor numero de presos preventivos y ocupación penitenciaria más alta, superada solo por Haití, según la Dirección de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC).
El dato, que es reseñado este domingo por periódico Listín Diario refleja una debilidad estructural del sistema de justicia penal en su capacidad de investigación y procesamiento.
Señala que en República Dominicana hay aproximadamente 25,000 personas privadas de libertad, de las cuales cerca de 16,000, equivalente a mas del 60% son preventivos.
El documento advierte que la elevada proporción de personas privadas de libertad sin sentencia firme en América Latina y el Caribe evidencia esa misma debilidad estructural. Cuando las investigaciones criminales son lentas o de baja calidad y los tribunales enfrentan sobrecarga de casos, la prisión preventiva termina usándose como sustituto de investigaciones eficaces y procesos judiciales oportunos.
Agrega que la dinámica se refuerza por la presión política y social de “mostrar resultados” en materia de seguridad. Esa presión incentiva respuestas punitivas inmediatas, incluso cuando los procesos judiciales no están plenamente desarrollados.
“El resultado es una acumulación de personas detenidas sin condena que traslada las fallas del debido proceso al sistema penitenciario. Esto contribuye al hacinamiento y debilita la capacidad del Estado para mantener un control efectivo sobre las cárceles”, señala Democracias Bajo Presión.
El PNUD explica que desde inicios del siglo XXI la región ha registrado uno de los aumentos más rápidos de población penitenciaria a nivel mundial. El número de personas privadas de libertad pasó de unos 700,000 a comienzos de los años 2000 a cerca de 1.8 millones en 2024. Es un incremento cercano al 150%.
“Este crecimiento contrasta con la relativa estabilidad o el aumento moderado observado en otras regiones y refleja, entre otros factores, la expansión de políticas penales más punitivas y el uso extensivo de la prisión preventiva”, apunta el informe.
Asimismo, establece que la población privada de libertad en América Latina y el Caribe presenta un marcado sesgo socioeconómico. Los estudios revelan que las personas bajo prisión tienen un nivel educativo inferior al promedio de la población general.
“Esta desigualdad se acentúa en la fase de la prisión preventiva, donde el acceso limitado a una defensa legal y las dificultades para acreditar condiciones de arraigo —como domicilio estable, empleo formal o fianzas— incrementan la probabilidad de permanecer detenido durante el proceso judicial”, destaca el estudio.
Ante ese panorama, el PNUD advierte que cuando las cárceles presentan sobrepoblación crónica, déficits de control interno o se convierten en centros de coordinación de actividades ilícitas, la capacidad del Estado para ejecutar sanciones queda comprometida.
Otras causas del problema
El reporte también señala que los cuerpos policiales en América Latina y el Caribe enfrentan fragmentación institucional, bajos niveles de profesionalización, limitaciones en capacidades investigativas y vulnerabilidad a la cooptación local.
Por eso, cuando la probabilidad de sanción es reducida —lo que se refleja en bajas tasas de homicidios esclarecidos— el poder intimidatorio de los actores criminales se amplifica y la autoridad estatal pierde credibilidad.
La medida de coerción efectiva, según el informe, no se mide solo por operativos o despliegues, sino por la capacidad de investigar, procesar y sancionar de manera consistente. “En este sentido, la impunidad constituye un indicador central de debilitamiento coercitivo: sin consecuencias previsibles frente al delito, el monopolio legítimo de la violencia se vuelve nominal más que efectivo”.
Santo Domingo, R.D.-Una estructura criminal desarticulada por el Ministerio Público, identificada como Operacion Onco 14, recibió una imputación formal al ser acusada de orquestar un sofisticado esquema de fraude en perjuicio del Estado dominicano, el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y cientos de pacientes oncológicos de la región del Cibao.
Los imputados son Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo del Patronato y exmiembro de la junta directiva del IORC, Luisa Yasiris Guzmán, actual esposa de Lora Cruceta y presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida.
Según el expediente, los acusados utilizaron empresas fachada, incluyendo Vargas Lora & Asociados (actualmente Vargas Guzmán Accounting Center) y la fundación antes mencionada, para desviar fondos destinados a tratamientos médicos vitales para pacientes del régimen subsidiado.
El Ministerio Público subraya una irregularidad clave en la investigación, aunque los estatutos del IORC estipulaban un mandato de dos años para la presidencia, Héctor Antonio Lora Cruceta se mantuvo en el cargo desde el 9 de octubre de 2018 hasta el 6 de octubre de 2025.
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, destacó que esta es la tercera estructura criminal enfrentada como parte de las investigaciones sobre el fraude al SeNaSa, una labor de depuración iniciada con la Operación Senasa bajo la dirección de la Procuradora General, Yeni Berenice Reynoso.
En los allanamientos, realizados con apoyo de la Policía Nacional y la Unidad de Investigación Criminal (UIC), se ocuparon dinero en efectivo y títulos de propiedad, dispositivos electrónicos (computadoras, celulares, DVR), documentación comprometedora y vehículos.
Según el Ministerio Público el grupo deberá responder por una serie de cargos graves que incluyen asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología (acceso ilícito a sistemas), lavado de activos.