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Acuerdo entre Mejía y Abinader no beneficia a la democracia del PRM
SANTO DOMINGO.El acuerdo mediante el cual Hipólito Mejía y Luis Abinader se reparten los dos principales puestos de dirección del Partido Revolucionario Moderno, revela que en esa organización, que surgió con críticas al partidarismo tradicional, subsisten prácticas de espaldas a las bases.
Este tipo de acuerdo, de aposento, de reparto de la dirección partidaria con la designación a través del dedo, apoyado por los dos principales líderes no beneficia la organización, ya que no fomenta una unidad monolítica.
E incluso tal decisión envía una mala señal al sistema de partidos en el país que hoy se encuentra cuestionado al igual que en otras naciones del continente y demanda de fortaleza para sostener el sistema democrático.
La encuesta Cultura Política de la Democracia en la República Dominicana y en América Latina, 2016/2017, divulgada en noviembre del 2017, establece que la confianza de la población en los partidos políticos es de 20,4%, que ha ido disminuyendo desde 2008 cuando era de 26.7%, lo cual nos da una idea de lo erosionadas que están las organizaciones política en el país.
Por lo regular los partidos que practican este tipo de acuerdo lo extiende hacia el Estado en caso de ascender al poder y colocan en las instituciones a familiares amigos y allegados, produciéndose nepotismo.
Los críticos del binomio Paliza–Mejía lo califican como políticos bisoños, por lo que reclaman la fórmula esbozada por José Francisco Peña Gómez de combinar lo mejor de lo viejo con lo mejor de lo nuevo.
El acuerdo en cuestión, del que se conocen pocos detalles, postula al senador por la provincia Puerto Plata, José Ignacio Paliza, a la presidencia, y a Carolina Mejía, secretaria general, para la convención del 18 de febrero próximo, para elegir una nueva dirección a la organización.
El primero es sindicado como simpatizante de la candidatura de Luis Abinader y la segunda es hija de Hipólito Mejía, quien aspira volver a la Presidencia de la República.
Paliza es considerado uno de los más brillantes jóvenes dirigentes del perremeismo con experiencia legislativa, antes de ser senador fue diputado y representa la renovación del viejo liderazgo perremeista cuando amplios sectores reclaman el ascenso a la dirección de sangre nueva.
Carolina Mejía es empresaria, fue candidata a la Vicepresidencia de la República en la boleta del PRM, como compañera de Abinader. No tiene tradición de militante.
Durante la administración de Hipólito Mejía (2000-2004) fue miembro de la Junta Monetaria y entró a la vida partidaria de la mano de su padre.
En caso de ser electa secretaria general del PRM tendría que combinar su condición de empresaria con la vida partidaria que es muy exigente.
Los críticos del binomio Paliza–Mejía lo califican como políticos bisoños, por lo que reclaman la fórmula esbozada por José Francisco Peña Gómez de combinar lo mejor de lo viejo con lo mejor de lo nuevo.
Muchos temen que el acuerdo Hipólito–Abinader se lleve de encuentro a los demás aspirantes a la presidencia de la organización, sobre todo a Jesús Feris Iglesias, cuya candidatura ha logrado simpatía más allá de los muros partidarios que lo consideran un hombre con condiciones éticas para estar al frente de la organización.
Feris Iglesias, reputado médico, es apoyado por amplios sectores del PRM y este domingo proclama su candidatura en un acto público convocado en un hotel de la capital. Por lo que se espera que la lucha por la presidencia sea cerrada, ya que sus seguidores están dispuestos a dar la batalla.
Sin embargo, a pesar de que Mejía y Paliza tienen el apoyo de los principales líderes del PRM deben que salir al ruedo político a conquistar los votos y con un discurso en donde las masas no lo vean como conciliadores con el gobierno, sino de ruptura con este, de línea opositora dura, quien asuma esta vía tendrá ventajas.
El acuerdo no se limita solo a la presidencia y la secretaría general de la organización, sino que es transversal en a todo el país. Se reflejará en los distintos cargos de la estructura partidaria con la conformación de planchas unitarias, con candidatos comunes.
diariolibre.com
Santo Domingo.- Raymundo Mejía, juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, decidirá el próximo 15 si envía o no a juicio a los propietarios de la discoteca Jet Set Club, Antonio y Maribel Espaillat, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de 236 personas fallecidas durante el derrumbe del techo del centro de diversión, ocurrido el 8 de abril del 2025.
El magistrado dará el fallo a las 10:00 de la mañana de esa fecha, con el objetivo de ponderar los argumentos del Ministerio Público, de los representantes legales de las víctimas y de la defensa de los imputados.
Esto tras más de un año de ocurrir la tragedia que dejo más de 200 personas fallecidas y más de cien heridos y decena de huérfanos.
Durante la audiencia, familiares de los fallecidos y personas afectadas expusieron ante el juez cómo han cambiado sus vidas tras el trágico suceso. Asimismo, los imputados y su defensa presentaron sus argumentos ante el tribunal.
El Ministerio Público solicitó formalmente el envío a juicio de los propietarios de la discoteca Jet Set Club, al considerar que existen suficientes elementos de prueba que demuestran la responsabilidad de los hermanos Espaillat en los hechos que se les imputan.
A la salida del tribunal, el director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, expresó que espera que el juez adopte una decisión acorde a la ley y ordene el envío a juicio de los acusados.
El 18 de junio, le dictan medida de coerción contra Antonio y Maribel Espaillat, propietario y gerente de la discoteca Jet Set, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de más de 230 personas fallecidas y 189 heridas tras el desplome del techo del centro de diversión. Ellos fueron apresados el 12 de junio por miembros del Ministerio Público tras ser interrogado por el hecho.
Santo Domingo.- Mientras en el pais se pregona que se ha avanzado en el estado de derecho, ocupa el segundo lugar en América Latina y el Caribe con mayor numero de presos preventivos y ocupación penitenciaria más alta, superada solo por Haití, según la Dirección de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC).
El dato, que es reseñado este domingo por periódico Listín Diario refleja una debilidad estructural del sistema de justicia penal en su capacidad de investigación y procesamiento.
Señala que en República Dominicana hay aproximadamente 25,000 personas privadas de libertad, de las cuales cerca de 16,000, equivalente a mas del 60% son preventivos.
El documento advierte que la elevada proporción de personas privadas de libertad sin sentencia firme en América Latina y el Caribe evidencia esa misma debilidad estructural. Cuando las investigaciones criminales son lentas o de baja calidad y los tribunales enfrentan sobrecarga de casos, la prisión preventiva termina usándose como sustituto de investigaciones eficaces y procesos judiciales oportunos.
Agrega que la dinámica se refuerza por la presión política y social de “mostrar resultados” en materia de seguridad. Esa presión incentiva respuestas punitivas inmediatas, incluso cuando los procesos judiciales no están plenamente desarrollados.
“El resultado es una acumulación de personas detenidas sin condena que traslada las fallas del debido proceso al sistema penitenciario. Esto contribuye al hacinamiento y debilita la capacidad del Estado para mantener un control efectivo sobre las cárceles”, señala Democracias Bajo Presión.
El PNUD explica que desde inicios del siglo XXI la región ha registrado uno de los aumentos más rápidos de población penitenciaria a nivel mundial. El número de personas privadas de libertad pasó de unos 700,000 a comienzos de los años 2000 a cerca de 1.8 millones en 2024. Es un incremento cercano al 150%.
“Este crecimiento contrasta con la relativa estabilidad o el aumento moderado observado en otras regiones y refleja, entre otros factores, la expansión de políticas penales más punitivas y el uso extensivo de la prisión preventiva”, apunta el informe.
Asimismo, establece que la población privada de libertad en América Latina y el Caribe presenta un marcado sesgo socioeconómico. Los estudios revelan que las personas bajo prisión tienen un nivel educativo inferior al promedio de la población general.
“Esta desigualdad se acentúa en la fase de la prisión preventiva, donde el acceso limitado a una defensa legal y las dificultades para acreditar condiciones de arraigo —como domicilio estable, empleo formal o fianzas— incrementan la probabilidad de permanecer detenido durante el proceso judicial”, destaca el estudio.
Ante ese panorama, el PNUD advierte que cuando las cárceles presentan sobrepoblación crónica, déficits de control interno o se convierten en centros de coordinación de actividades ilícitas, la capacidad del Estado para ejecutar sanciones queda comprometida.
Otras causas del problema
El reporte también señala que los cuerpos policiales en América Latina y el Caribe enfrentan fragmentación institucional, bajos niveles de profesionalización, limitaciones en capacidades investigativas y vulnerabilidad a la cooptación local.
Por eso, cuando la probabilidad de sanción es reducida —lo que se refleja en bajas tasas de homicidios esclarecidos— el poder intimidatorio de los actores criminales se amplifica y la autoridad estatal pierde credibilidad.
La medida de coerción efectiva, según el informe, no se mide solo por operativos o despliegues, sino por la capacidad de investigar, procesar y sancionar de manera consistente. “En este sentido, la impunidad constituye un indicador central de debilitamiento coercitivo: sin consecuencias previsibles frente al delito, el monopolio legítimo de la violencia se vuelve nominal más que efectivo”.
Santo Domingo, R.D.-Una estructura criminal desarticulada por el Ministerio Público, identificada como Operacion Onco 14, recibió una imputación formal al ser acusada de orquestar un sofisticado esquema de fraude en perjuicio del Estado dominicano, el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y cientos de pacientes oncológicos de la región del Cibao.
Los imputados son Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo del Patronato y exmiembro de la junta directiva del IORC, Luisa Yasiris Guzmán, actual esposa de Lora Cruceta y presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida.
Según el expediente, los acusados utilizaron empresas fachada, incluyendo Vargas Lora & Asociados (actualmente Vargas Guzmán Accounting Center) y la fundación antes mencionada, para desviar fondos destinados a tratamientos médicos vitales para pacientes del régimen subsidiado.
El Ministerio Público subraya una irregularidad clave en la investigación, aunque los estatutos del IORC estipulaban un mandato de dos años para la presidencia, Héctor Antonio Lora Cruceta se mantuvo en el cargo desde el 9 de octubre de 2018 hasta el 6 de octubre de 2025.
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, destacó que esta es la tercera estructura criminal enfrentada como parte de las investigaciones sobre el fraude al SeNaSa, una labor de depuración iniciada con la Operación Senasa bajo la dirección de la Procuradora General, Yeni Berenice Reynoso.
En los allanamientos, realizados con apoyo de la Policía Nacional y la Unidad de Investigación Criminal (UIC), se ocuparon dinero en efectivo y títulos de propiedad, dispositivos electrónicos (computadoras, celulares, DVR), documentación comprometedora y vehículos.
Según el Ministerio Público el grupo deberá responder por una serie de cargos graves que incluyen asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología (acceso ilícito a sistemas), lavado de activos.