Nacionales
Acuerdo entre Mejía y Abinader no beneficia a la democracia del PRM
SANTO DOMINGO.El acuerdo mediante el cual Hipólito Mejía y Luis Abinader se reparten los dos principales puestos de dirección del Partido Revolucionario Moderno, revela que en esa organización, que surgió con críticas al partidarismo tradicional, subsisten prácticas de espaldas a las bases.
Este tipo de acuerdo, de aposento, de reparto de la dirección partidaria con la designación a través del dedo, apoyado por los dos principales líderes no beneficia la organización, ya que no fomenta una unidad monolítica.
E incluso tal decisión envía una mala señal al sistema de partidos en el país que hoy se encuentra cuestionado al igual que en otras naciones del continente y demanda de fortaleza para sostener el sistema democrático.
La encuesta Cultura Política de la Democracia en la República Dominicana y en América Latina, 2016/2017, divulgada en noviembre del 2017, establece que la confianza de la población en los partidos políticos es de 20,4%, que ha ido disminuyendo desde 2008 cuando era de 26.7%, lo cual nos da una idea de lo erosionadas que están las organizaciones política en el país.
Por lo regular los partidos que practican este tipo de acuerdo lo extiende hacia el Estado en caso de ascender al poder y colocan en las instituciones a familiares amigos y allegados, produciéndose nepotismo.
Los críticos del binomio Paliza–Mejía lo califican como políticos bisoños, por lo que reclaman la fórmula esbozada por José Francisco Peña Gómez de combinar lo mejor de lo viejo con lo mejor de lo nuevo.
El acuerdo en cuestión, del que se conocen pocos detalles, postula al senador por la provincia Puerto Plata, José Ignacio Paliza, a la presidencia, y a Carolina Mejía, secretaria general, para la convención del 18 de febrero próximo, para elegir una nueva dirección a la organización.
El primero es sindicado como simpatizante de la candidatura de Luis Abinader y la segunda es hija de Hipólito Mejía, quien aspira volver a la Presidencia de la República.
Paliza es considerado uno de los más brillantes jóvenes dirigentes del perremeismo con experiencia legislativa, antes de ser senador fue diputado y representa la renovación del viejo liderazgo perremeista cuando amplios sectores reclaman el ascenso a la dirección de sangre nueva.
Carolina Mejía es empresaria, fue candidata a la Vicepresidencia de la República en la boleta del PRM, como compañera de Abinader. No tiene tradición de militante.
Durante la administración de Hipólito Mejía (2000-2004) fue miembro de la Junta Monetaria y entró a la vida partidaria de la mano de su padre.
En caso de ser electa secretaria general del PRM tendría que combinar su condición de empresaria con la vida partidaria que es muy exigente.
Los críticos del binomio Paliza–Mejía lo califican como políticos bisoños, por lo que reclaman la fórmula esbozada por José Francisco Peña Gómez de combinar lo mejor de lo viejo con lo mejor de lo nuevo.
Muchos temen que el acuerdo Hipólito–Abinader se lleve de encuentro a los demás aspirantes a la presidencia de la organización, sobre todo a Jesús Feris Iglesias, cuya candidatura ha logrado simpatía más allá de los muros partidarios que lo consideran un hombre con condiciones éticas para estar al frente de la organización.
Feris Iglesias, reputado médico, es apoyado por amplios sectores del PRM y este domingo proclama su candidatura en un acto público convocado en un hotel de la capital. Por lo que se espera que la lucha por la presidencia sea cerrada, ya que sus seguidores están dispuestos a dar la batalla.
Sin embargo, a pesar de que Mejía y Paliza tienen el apoyo de los principales líderes del PRM deben que salir al ruedo político a conquistar los votos y con un discurso en donde las masas no lo vean como conciliadores con el gobierno, sino de ruptura con este, de línea opositora dura, quien asuma esta vía tendrá ventajas.
El acuerdo no se limita solo a la presidencia y la secretaría general de la organización, sino que es transversal en a todo el país. Se reflejará en los distintos cargos de la estructura partidaria con la conformación de planchas unitarias, con candidatos comunes.
diariolibre.com
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.