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Dominicanos no deberían ir a elecciones en 2020 sin Ley de Partidos y Electoral
SANTO DOMINGO. Tras asegurar que llegó el momento de que la clase política asuma su responsabilidad, el director regional para América Latina y el Caribe de Idea Internacional, advirtió que la República Dominicana no debería ir a unas próximas elecciones sin las leyes de partidos políticos y de régimen electoral.
Daniel Zovatto consideró que los órganos electorales deben ser dotados de los instrumentos jurídicos, y no se les pida a la Junta Central Electoral llenar los vacíos legislativos con reglamentaciones administrativas.
A su juicio, ese es un juego muy peligroso que expone institucionalmente al país al riesgo de una crisis.
“Sobre todo en materia del financiamiento, condiciones de equidad, de la competencia electoral, fiscalización, regulación del financiamiento privado y acceso equitativo a los medios de comunicación “
Sostuvo que la República Dominicana se está quedando atrasada de la tendencia regional de ir actualizando sus legislaciones, en temas tan fundamentales como los mecanismos internos de elección, la paridad y el financiamiento.
Indicó que no vino al país a decirle a los partidos políticos lo que deben hacer, sino a contarle los que otras organizaciones están haciendo.
“Le llegó la hora de la reforma, no pueden seguir pateando la pelota para delante, la han pateado hacia delante hace 15 años, se está convirtiendo en un acto de irresponsabilidad, lo digo con mucho respeto, pero lo quiero decir muy claro”
¿Primarias abiertas o cerradas?
Aunque dice que tiene un componente jurídico muy importante, Zovatto entiende que el tema de las primarias es político.
Ello, según explica porque la Suprema Corte de Justicia (SCJ) determinó mediante sentencia el 16 de marzo del 2005, que las primarias abiertas no eran procedentes, pero que ahora se habla de la posibilidad de revisar la decisión.
“Creo que lo que está obstaculizando avanzar en este tema, no es ni lo jurídico ni financiero sino lo político y lo político fundamentalmente, dentro de un partido político y yo creo que hay que entrar en ese tema y dilucidarlo, no es un tema fácil y tampoco hay una respuesta única”, enfatizó.
Destacó que en América Latina hay modalidades para todos los gustos, pues no hay un modelo único.
Dijo que habrá que preguntarse las consecuencias a tener sobre las celebraciones de primarias abiertas donde participen personas ajenas al partido que podrían imponerse.
“Esa es la pregunta de fondo, después buscamos si es constitucional, si no es constitucional, si se puede revisar o no se puede, si es cara o no, o si hay recursos”, apuntó.
La reelección
Hipólito Mejía tiene el récord latinoamericano de ser el presidente que reformó la Constitución para ganar un segundo período consecutivo y no lo logró.
Manifestó que en el país costó una crisis interna y una división partidaria.
“República Dominicana tiene también el récord de ser el país que de 1978 a la fecha más veces reformó la Constitución, fundamentalmente por el tema de la reelección”, refirió.
Eso, indicó, revela que el sistema político partidista debe encontrar una manera más institucional de resolver el problema de sucesión de liderazgo.
El financiamiento
Si hay una debilidad manifiesta que tiene el sistema político dominicano y su marco jurídico, es en materia de financiamiento, afirma Zovatto.
“República Dominicana en todos los indicadores The Economist, Transparencia Internacional, etc., presenta una zona de riesgo muy peligrosa en materia de corrupción y su vinculación con el tema de financiamiento político”, apuntó.
Sostuvo que hay que prevenir el dinero del narcotráfico y del crimen organizado, pues el país cada vez está más expuesto.
Asimismo, el director regional de Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral (Idea Internacional), advirtió que si no se controla el uso abusivo de los recursos del Estado es muy difícil ganarle al oficialismo. Afirmó que, en los países donde el Presidente cambia la Constitución, gana, salvo el caso de Hipólito Mejía.
El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Julio César Castaños Guzmán, considera que “si no se tiene la ley en 150 días de la legislatura, el tiempo se habría ido, porque los calendarios no permitirían aplicar esa ley”.
El empresario Celso Marranzini expresó: “Usted me va a regular a mí, cuando usted no es capaz de autoregularse, no, eso no es posible, es un contrasentido del sistema”.El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Julio César Castaños Guzmán, consideró que el debate de las primarias no es jurídico sino por conveniencia.
“Lo que hemos debido es identificar los intereses comunes y sobre eso hacer el acuerdo, pero mientras sea por la personalidad eso no va para ninguna parte, eso lo sabe todo el mundo”, aseveró al tiempo de señalar que en el caso se necesita un poco de humildad.
Mientras el empresario Celso Marranzini, precisó que las discusiones de las primarias han perdido la objetividad en un tema tan importante como ese.
Criticó que se regule a la clase empresarial y se les aplique impuestos, cuando los políticos impiden su regulación.
“Hay que limitar la cantidad de recursos porque es una vergüenza que en un país como este, con tantas necesidades se invierta tanto en política”, enfatizó.
diariolibre.com
Santo Domingo.- Raymundo Mejía, juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, decidirá el próximo 15 si envía o no a juicio a los propietarios de la discoteca Jet Set Club, Antonio y Maribel Espaillat, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de 236 personas fallecidas durante el derrumbe del techo del centro de diversión, ocurrido el 8 de abril del 2025.
El magistrado dará el fallo a las 10:00 de la mañana de esa fecha, con el objetivo de ponderar los argumentos del Ministerio Público, de los representantes legales de las víctimas y de la defensa de los imputados.
Esto tras más de un año de ocurrir la tragedia que dejo más de 200 personas fallecidas y más de cien heridos y decena de huérfanos.
Durante la audiencia, familiares de los fallecidos y personas afectadas expusieron ante el juez cómo han cambiado sus vidas tras el trágico suceso. Asimismo, los imputados y su defensa presentaron sus argumentos ante el tribunal.
El Ministerio Público solicitó formalmente el envío a juicio de los propietarios de la discoteca Jet Set Club, al considerar que existen suficientes elementos de prueba que demuestran la responsabilidad de los hermanos Espaillat en los hechos que se les imputan.
A la salida del tribunal, el director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, expresó que espera que el juez adopte una decisión acorde a la ley y ordene el envío a juicio de los acusados.
El 18 de junio, le dictan medida de coerción contra Antonio y Maribel Espaillat, propietario y gerente de la discoteca Jet Set, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de más de 230 personas fallecidas y 189 heridas tras el desplome del techo del centro de diversión. Ellos fueron apresados el 12 de junio por miembros del Ministerio Público tras ser interrogado por el hecho.
Santo Domingo.- Mientras en el pais se pregona que se ha avanzado en el estado de derecho, ocupa el segundo lugar en América Latina y el Caribe con mayor numero de presos preventivos y ocupación penitenciaria más alta, superada solo por Haití, según la Dirección de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC).
El dato, que es reseñado este domingo por periódico Listín Diario refleja una debilidad estructural del sistema de justicia penal en su capacidad de investigación y procesamiento.
Señala que en República Dominicana hay aproximadamente 25,000 personas privadas de libertad, de las cuales cerca de 16,000, equivalente a mas del 60% son preventivos.
El documento advierte que la elevada proporción de personas privadas de libertad sin sentencia firme en América Latina y el Caribe evidencia esa misma debilidad estructural. Cuando las investigaciones criminales son lentas o de baja calidad y los tribunales enfrentan sobrecarga de casos, la prisión preventiva termina usándose como sustituto de investigaciones eficaces y procesos judiciales oportunos.
Agrega que la dinámica se refuerza por la presión política y social de “mostrar resultados” en materia de seguridad. Esa presión incentiva respuestas punitivas inmediatas, incluso cuando los procesos judiciales no están plenamente desarrollados.
“El resultado es una acumulación de personas detenidas sin condena que traslada las fallas del debido proceso al sistema penitenciario. Esto contribuye al hacinamiento y debilita la capacidad del Estado para mantener un control efectivo sobre las cárceles”, señala Democracias Bajo Presión.
El PNUD explica que desde inicios del siglo XXI la región ha registrado uno de los aumentos más rápidos de población penitenciaria a nivel mundial. El número de personas privadas de libertad pasó de unos 700,000 a comienzos de los años 2000 a cerca de 1.8 millones en 2024. Es un incremento cercano al 150%.
“Este crecimiento contrasta con la relativa estabilidad o el aumento moderado observado en otras regiones y refleja, entre otros factores, la expansión de políticas penales más punitivas y el uso extensivo de la prisión preventiva”, apunta el informe.
Asimismo, establece que la población privada de libertad en América Latina y el Caribe presenta un marcado sesgo socioeconómico. Los estudios revelan que las personas bajo prisión tienen un nivel educativo inferior al promedio de la población general.
“Esta desigualdad se acentúa en la fase de la prisión preventiva, donde el acceso limitado a una defensa legal y las dificultades para acreditar condiciones de arraigo —como domicilio estable, empleo formal o fianzas— incrementan la probabilidad de permanecer detenido durante el proceso judicial”, destaca el estudio.
Ante ese panorama, el PNUD advierte que cuando las cárceles presentan sobrepoblación crónica, déficits de control interno o se convierten en centros de coordinación de actividades ilícitas, la capacidad del Estado para ejecutar sanciones queda comprometida.
Otras causas del problema
El reporte también señala que los cuerpos policiales en América Latina y el Caribe enfrentan fragmentación institucional, bajos niveles de profesionalización, limitaciones en capacidades investigativas y vulnerabilidad a la cooptación local.
Por eso, cuando la probabilidad de sanción es reducida —lo que se refleja en bajas tasas de homicidios esclarecidos— el poder intimidatorio de los actores criminales se amplifica y la autoridad estatal pierde credibilidad.
La medida de coerción efectiva, según el informe, no se mide solo por operativos o despliegues, sino por la capacidad de investigar, procesar y sancionar de manera consistente. “En este sentido, la impunidad constituye un indicador central de debilitamiento coercitivo: sin consecuencias previsibles frente al delito, el monopolio legítimo de la violencia se vuelve nominal más que efectivo”.
Santo Domingo, R.D.-Una estructura criminal desarticulada por el Ministerio Público, identificada como Operacion Onco 14, recibió una imputación formal al ser acusada de orquestar un sofisticado esquema de fraude en perjuicio del Estado dominicano, el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y cientos de pacientes oncológicos de la región del Cibao.
Los imputados son Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo del Patronato y exmiembro de la junta directiva del IORC, Luisa Yasiris Guzmán, actual esposa de Lora Cruceta y presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida.
Según el expediente, los acusados utilizaron empresas fachada, incluyendo Vargas Lora & Asociados (actualmente Vargas Guzmán Accounting Center) y la fundación antes mencionada, para desviar fondos destinados a tratamientos médicos vitales para pacientes del régimen subsidiado.
El Ministerio Público subraya una irregularidad clave en la investigación, aunque los estatutos del IORC estipulaban un mandato de dos años para la presidencia, Héctor Antonio Lora Cruceta se mantuvo en el cargo desde el 9 de octubre de 2018 hasta el 6 de octubre de 2025.
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, destacó que esta es la tercera estructura criminal enfrentada como parte de las investigaciones sobre el fraude al SeNaSa, una labor de depuración iniciada con la Operación Senasa bajo la dirección de la Procuradora General, Yeni Berenice Reynoso.
En los allanamientos, realizados con apoyo de la Policía Nacional y la Unidad de Investigación Criminal (UIC), se ocuparon dinero en efectivo y títulos de propiedad, dispositivos electrónicos (computadoras, celulares, DVR), documentación comprometedora y vehículos.
Según el Ministerio Público el grupo deberá responder por una serie de cargos graves que incluyen asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología (acceso ilícito a sistemas), lavado de activos.