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El procurador pide a tres países informes sobre imputados en caso Odebrecht
La mayoría son familiares de Ángel Rondón y Conrado Pittaluga
SANTO DOMINGO. El procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, solicitó a Argentina, Panamá y España informes sobre productos financieros de los catorce imputados en el caso Odebrecht así como de hijos, yerno, esposas, hermanos, parientes o allegados a ellos .
Las solicitudes incluyen a 34 personas y 51 empresas vinculadas a los procesados por los US$92 millones que admitió haber pagado la constructora entre el 2001 y el 2014.
En las cartas rogatorias para subvencionar pedidos de cooperación jurídica internacional en materia penal números 05600, 05601 y 05602 en las cuales Jean Alain Rodríguez pide a las autoridades de los referidos países manejar el contenido de los informes de manera confidencial, se solicitan informaciones de los hijos, esposa y otras parientes de Ángel Rondón Rijo.
Igualmente de los hijos, esposa, hermanos, y otros parientes de Conrado Pittaluga Arzeno, también de Leonardo Guzmán Font-Bernard, yerno de Víctor Díaz Rúa, de un hermano de Andrés Bautista, un hijo de Temístocles Montás, entre otras personas.
Alain Rodríguez, pidió indicarle si los referidos en los oficios tienen productos financieros en el sistema financiero de Argentina, Panamá y España. “De ser positiva la respuesta, requerimos nos envíen toda la información que figure registrada con relación a los mismos, entre estas, los montos que mantienen dichos productos a la fecha, copias fotostáticas de los formularios de cualquier transferencia bancaria (swift) que exista, los movimientos o registros que existan con relación a dichos productos financieros desde enero del 2001 hasta el 31 de diciembre del año 2014, incluyendo copia certificada íntegra del expediente del cliente que preserve la institución financiera”, indicó.
“El presente oficio tiene el carácter de confidencialidad, por lo que agradecemos que las autoridades que tengan conocimiento o participen de la ejecución del mismo, mantener la confidencialidad sobre el contenido de la misma y los documentos que resulten de esta”, dijo Jean Rodríguez.
De igual forma, pidió informarle si existe participación de alguna persona física en calidad de titulares de participación, socios, directores o gestores de alguna razón social registrada en esos países.
De existir, “informarnos con relación a dichas razones sociales los productos financieros que se registren en el sistema financiero a nombres de las mismas, tales como productos bancarios, cambiarios y de valores”, detalla en la solicitud.
Detalla en los oficios que en sus diligencias investigativas, el Ministerio Público determinó que la Odebrecht fue contratada para la ejecución de obras por más de cinco mil millones de dólares en el país, las cuales fueron adjudicadas mediante sobornos realizados a través de su intermediario comercial, Rondón Rijo, a funcionarios públicos utilizando una estructura corporativa de empresas offshore.
Las cartas fueron enviadas a la procurador de Argentina, Alejandra Gils Carbó; Kenia I. Porcell, de Panamá; y a Jualián Sánchez Melgar, fiscal general España.
Documentos auténticosEl Procurador pidió que los documentos sean auténticos para que puedan ser admitidos como prueba en un juicio. “El presente oficio tiene el carácter de confidencialidad, por lo que agradecemos que las autoridades que tengan conocimiento o participen de la ejecución del mismo, mantener la confidencialidad sobre el contenido de la misma y los documentos que resulten de esta”, dijo Jean Rodríguez.
Jean Alain Rodríguez, pidió los productos financieros que también pudieran tener Rondón Rijo, Pittaluga, Díaz Rúa, Montás, Bautista, Radhamés Segura, Ruddy González, Máximo D´Oleo, César Sánchez, Bernardo Castellanos de Moya, Roberto Rodríguez Hernández, Julio César Valentín y Tommy Alberto Galán y Alfredo Pacheco Osoria.
diariolibre.com
Santo Domingo.- Raymundo Mejía, juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, decidirá el próximo 15 si envía o no a juicio a los propietarios de la discoteca Jet Set Club, Antonio y Maribel Espaillat, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de 236 personas fallecidas durante el derrumbe del techo del centro de diversión, ocurrido el 8 de abril del 2025.
El magistrado dará el fallo a las 10:00 de la mañana de esa fecha, con el objetivo de ponderar los argumentos del Ministerio Público, de los representantes legales de las víctimas y de la defensa de los imputados.
Esto tras más de un año de ocurrir la tragedia que dejo más de 200 personas fallecidas y más de cien heridos y decena de huérfanos.
Durante la audiencia, familiares de los fallecidos y personas afectadas expusieron ante el juez cómo han cambiado sus vidas tras el trágico suceso. Asimismo, los imputados y su defensa presentaron sus argumentos ante el tribunal.
El Ministerio Público solicitó formalmente el envío a juicio de los propietarios de la discoteca Jet Set Club, al considerar que existen suficientes elementos de prueba que demuestran la responsabilidad de los hermanos Espaillat en los hechos que se les imputan.
A la salida del tribunal, el director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, expresó que espera que el juez adopte una decisión acorde a la ley y ordene el envío a juicio de los acusados.
El 18 de junio, le dictan medida de coerción contra Antonio y Maribel Espaillat, propietario y gerente de la discoteca Jet Set, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de más de 230 personas fallecidas y 189 heridas tras el desplome del techo del centro de diversión. Ellos fueron apresados el 12 de junio por miembros del Ministerio Público tras ser interrogado por el hecho.
Santo Domingo.- Mientras en el pais se pregona que se ha avanzado en el estado de derecho, ocupa el segundo lugar en América Latina y el Caribe con mayor numero de presos preventivos y ocupación penitenciaria más alta, superada solo por Haití, según la Dirección de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC).
El dato, que es reseñado este domingo por periódico Listín Diario refleja una debilidad estructural del sistema de justicia penal en su capacidad de investigación y procesamiento.
Señala que en República Dominicana hay aproximadamente 25,000 personas privadas de libertad, de las cuales cerca de 16,000, equivalente a mas del 60% son preventivos.
El documento advierte que la elevada proporción de personas privadas de libertad sin sentencia firme en América Latina y el Caribe evidencia esa misma debilidad estructural. Cuando las investigaciones criminales son lentas o de baja calidad y los tribunales enfrentan sobrecarga de casos, la prisión preventiva termina usándose como sustituto de investigaciones eficaces y procesos judiciales oportunos.
Agrega que la dinámica se refuerza por la presión política y social de “mostrar resultados” en materia de seguridad. Esa presión incentiva respuestas punitivas inmediatas, incluso cuando los procesos judiciales no están plenamente desarrollados.
“El resultado es una acumulación de personas detenidas sin condena que traslada las fallas del debido proceso al sistema penitenciario. Esto contribuye al hacinamiento y debilita la capacidad del Estado para mantener un control efectivo sobre las cárceles”, señala Democracias Bajo Presión.
El PNUD explica que desde inicios del siglo XXI la región ha registrado uno de los aumentos más rápidos de población penitenciaria a nivel mundial. El número de personas privadas de libertad pasó de unos 700,000 a comienzos de los años 2000 a cerca de 1.8 millones en 2024. Es un incremento cercano al 150%.
“Este crecimiento contrasta con la relativa estabilidad o el aumento moderado observado en otras regiones y refleja, entre otros factores, la expansión de políticas penales más punitivas y el uso extensivo de la prisión preventiva”, apunta el informe.
Asimismo, establece que la población privada de libertad en América Latina y el Caribe presenta un marcado sesgo socioeconómico. Los estudios revelan que las personas bajo prisión tienen un nivel educativo inferior al promedio de la población general.
“Esta desigualdad se acentúa en la fase de la prisión preventiva, donde el acceso limitado a una defensa legal y las dificultades para acreditar condiciones de arraigo —como domicilio estable, empleo formal o fianzas— incrementan la probabilidad de permanecer detenido durante el proceso judicial”, destaca el estudio.
Ante ese panorama, el PNUD advierte que cuando las cárceles presentan sobrepoblación crónica, déficits de control interno o se convierten en centros de coordinación de actividades ilícitas, la capacidad del Estado para ejecutar sanciones queda comprometida.
Otras causas del problema
El reporte también señala que los cuerpos policiales en América Latina y el Caribe enfrentan fragmentación institucional, bajos niveles de profesionalización, limitaciones en capacidades investigativas y vulnerabilidad a la cooptación local.
Por eso, cuando la probabilidad de sanción es reducida —lo que se refleja en bajas tasas de homicidios esclarecidos— el poder intimidatorio de los actores criminales se amplifica y la autoridad estatal pierde credibilidad.
La medida de coerción efectiva, según el informe, no se mide solo por operativos o despliegues, sino por la capacidad de investigar, procesar y sancionar de manera consistente. “En este sentido, la impunidad constituye un indicador central de debilitamiento coercitivo: sin consecuencias previsibles frente al delito, el monopolio legítimo de la violencia se vuelve nominal más que efectivo”.
Santo Domingo, R.D.-Una estructura criminal desarticulada por el Ministerio Público, identificada como Operacion Onco 14, recibió una imputación formal al ser acusada de orquestar un sofisticado esquema de fraude en perjuicio del Estado dominicano, el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y cientos de pacientes oncológicos de la región del Cibao.
Los imputados son Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo del Patronato y exmiembro de la junta directiva del IORC, Luisa Yasiris Guzmán, actual esposa de Lora Cruceta y presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida.
Según el expediente, los acusados utilizaron empresas fachada, incluyendo Vargas Lora & Asociados (actualmente Vargas Guzmán Accounting Center) y la fundación antes mencionada, para desviar fondos destinados a tratamientos médicos vitales para pacientes del régimen subsidiado.
El Ministerio Público subraya una irregularidad clave en la investigación, aunque los estatutos del IORC estipulaban un mandato de dos años para la presidencia, Héctor Antonio Lora Cruceta se mantuvo en el cargo desde el 9 de octubre de 2018 hasta el 6 de octubre de 2025.
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, destacó que esta es la tercera estructura criminal enfrentada como parte de las investigaciones sobre el fraude al SeNaSa, una labor de depuración iniciada con la Operación Senasa bajo la dirección de la Procuradora General, Yeni Berenice Reynoso.
En los allanamientos, realizados con apoyo de la Policía Nacional y la Unidad de Investigación Criminal (UIC), se ocuparon dinero en efectivo y títulos de propiedad, dispositivos electrónicos (computadoras, celulares, DVR), documentación comprometedora y vehículos.
Según el Ministerio Público el grupo deberá responder por una serie de cargos graves que incluyen asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología (acceso ilícito a sistemas), lavado de activos.