Nacionales
El deterioro y el desfase atracan en el puerto de Manzanillo
MONTECRISTI. Los moradores del Pepillo Salcedo todavía esperan con ilusión que algún día llegue por el puerto de Manzanillo el progreso de su municipio. Pero sus esperanzas se alejan junto con los barcos que ahora abandonan el muelle con planes de no regresar, y los sueños se carcomen en las mismas gavetas que guardan los fracasados planes de readecuación del puerto, unos cuatro en los últimos 17 años.
Este municipio de la provincia Montecristi, ubicado en la frontera domínico-haitiana y colindante con Dajabón, se baña en las aguas de la bahía de Manzanillo, de donde adquiere su nombre el Puerto Libertador de Manzanillo.
Sus 21 mil habitantes actuales, según los cálculos del alcalde Ignacio Rosa (eran 9,136 cuando el Censo Nacional de Población del 2010), regentean sus ingresos en los puesto de trabajo que permita la actividad portuaria y de la tímida actividad pesquera que tiene poco mercado en un pueblo al que “la gente no pasa, sino que tiene que venir y hay poco que venir a buscar”, comenta un comunitario.
Por eso el alcalde Rosa aboga por más inversión en el puerto para que crezca el intercambio de mercancías y la comunidad puedan ampliar el número de poco más de 100 boyeros que en la actualidad trabajan en la terminal.
La realidad va contraria a los deseos. Hasta el año pasado, el puerto recibía cuatro embarcaciones a la semana y este año apenas dos, informa su gerente Nelson Cruz. La salida de los barcos fue para acortar rutas y no por las condiciones del puerto, aclara. Pero admite que si los servicios que se ofrecen fueran más diversos, habría más navieras interesadas en atracar en el lugar.
El puerto de Manzanillo lo construyeron en 1950, cuando se estableció en el país la Dominican Fruit Company o Grenada Company, empresa norteamericana dedicada al embarque de guineos.El año pasado, por el puerto se exportaron 3,600 contenedores y más del 95% era banano que sale a países como Suecia, Inglaterra, Alemania y España. La carga restante correspondió a frutos menores como mango, aguacate y algunos agregados de construcción.
La importación, que no pasa del 5% de las operaciones, es de carbón mineral, clinker y combustible, conforme datos suministrados por la Autoridad Portuaria Dominicana (Apordom).
Marítima Dominicana fue el agente naviero que movió más carga, con el 88%, seguida de Reefer General con un 11% y Codonave con un 1%.
De enero a septiembre de 2017, en los puertos del país se movieron 20,241,165 toneladas métricas de carga, de las que Manzanillo apenas manejó 307,185. Río Haina, con 8.1 millones y Caucedo, con 6.9 millones, lideran el servicio.
Unas 3,902 embarcaciones se movilizaron por los 14 puertos del país , de las que solo 156 lo hcieron por Manzanillo, menos que las 163 en igual período de 2016.
Requiere inversiónEl espigón de 444 pies de largo y 22 de ancho del puerto de Manzanillo no permite que atraquen a la vez más de dos barcos grandes o cuatro pequeños. Algunos de sus muros lucen destruidos en su estructura de cemento y parte de la verja de metal. El gerente Cruz atribuye el deterioro al efecto de la tormenta Irma que azotó el país en septiembre pasado, pero asegura que ya se hace el levantamiento de costo para repararlo.
Cruz tiene la visión de que Manzanillo sea un puerto binacional por su cercanía (unos 22 kilómetros) con Haití. Pero hacer las transformaciones que requiere conllevaría unos US$100 millones, una inversión que sólo podrá asumirse con una alianza público-privada, estima.
Por lo pronto, aspira a que el presidente Danilo Medina ceda unas 300 tareas que están próximos a la entrada del muelle y donde permanecen los galpones de la antigua Grenada Company, hoy Proyecto la Cruz de Manzanillo, para ofrecer almacenamiento. Los 14 mil metros cuadrados de patio lucen atiborrados de contenedores.
Además de un calado natural de 14 metros que lo hace excepcional en el Caribe, el puerto de Manzanillo es de vital importancia para el empresariado de la zona norte del país que demanda su recuperación.
Una de las ventajas que advierte Sandy Filpo, presidente de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS), es su cercanía con el principal centro de distribución hacia Estados Unidos, la Florida, lo que coloca la carga que sale desde Manzanillo con una economía de tiempo de más de doce horas. “Esto produce un ahorro de tiempo y de dinero”, resalta.
También se ahorra en transporte terrestre que es uno de lo más caros en el Caribe, dice. “Una de las zonas más afectadas por distancia de los puertos es el Cibao, debido a que no existe una puerta de salida en el Norte, obligando a la industria a transportar su carga por Santo Domingo”, comenta. Transportar un contenedor a Santiago cuesta aproximadamente US$750.0, cuando en Centroamérica ronda los US$550.0 por una distancia similar, indica Filpo.
Planes fracasados
En 2001, el Gobierno concesionó el puerto al grupo francés Balguerie y a Trans Dominicana de Desarrollo, que invertiría RD$200 millones en un período de tres años, pero no se ejecutó.
Dos años más tarde, se informó que unos inversionistas de los Emiratos Árabes aumentarían la inversión a US$4,100 millones.
Luego, en julio de 2004, un decreto cedió la administración del puerto a Cementos Cibao, pero también quedó sin efecto.
Para el 2011, se traspasó la concesión a la Corporación Portuaria del Atlántico, compuesta por más de 70 empresarios, pero otro decreto del presidente Medina lo revocó por supuesto incumplimiento, en 2012.
La decisión de Medina generó una litis que se libra en la Cámara de Comercio, como tribunal arbitral, y que se intenta zanjar con un acuerdo donde se reconozca la inversión que hicieron los empresarios y la deuda de estos con el Estado, informó Apordom, sin ofrecer montos.
diariolibre.com
1,000
Dólares es el costo estimado de exportar un contenedor de banano.
1.4
Millones de pesos es la facturación promedio mensual del Puerto de Manzanillo.
La espina dorsal de los productores de banano
Para los representantes del Grupo Banamiel y de la Asociación Dominicana de Bananeros (Adobanano), principales comercializadores de banano de la Línea Noroeste, el puerto debe ser ampliado. Los barcos que dejaron de llegar a Manzanillo son dos de los tres que transportaban el guineo y, según las informaciones que maneja el sector, están completando espacios con la oferta de Colombia y Ecuador.
Para Horacio López, gerente general de Banamiel, Manzanillo se ajusta a los requerimientos del sector, pero tiene desfase frente a la tendencia de barcos cada vez más grandes. Señala que el servicio se ha empobrecido y que del 90% de la mercancía que salía por Manzanillo hasta diciembre pasado, en enero fue el 50%. El restante se fue vía Caucedo.
Julio César Estévez, director operativo de Adobanano, hace gestiones para conseguir nuevas embarcaciones. “Es imprescindible tener a Manzanillo laborando”, dice. “Aquí no hay acumulamiento, pero en Caucedo hay que llegar hasta 48 horas antes para poder supervisar, por los grandes volúmenes”. Adobanano, con sede en Mao y una matrícula de 1,850 miembros, exportó unas 350 mil toneladas el año pasado; mientras Banamiel, en Hatillo Palma, manejó cifras de 3,698.405 cajas de 18.2 kilos.
Nacionales
Juez evaluará este miércoles solicitud de Pepca para extender investigación del caso Senasa.
Santo Domingo, R.D.-Deiby Peguero, juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, fijó para este miércoles el conocimiento de la solicitud de prórroga de cuatro meses presentada por el Ministerio Público para concluir la investigación y depositar la acusación contra el exdirector del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), Santiago Marcelo Hazim, y los demás implicados en el caso Cobra.
La solicitud de prórroga fue depositada por fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), con el propósito de analizar minuciosamente las evidencias recabadas durante allanamiento. Así lo informó recientemente el procurador adjunto, Wilson Camacho.
Camacho indicó que la institución cuenta con un equipo especializado dedicado al estudio del contenido de 16,800 cajas de documentos ocupadas durante los recientes operativos de intervención como parte de la investigación que realiza del caso.
El exdirector de SeNaSa, Santiago Marcelo Hazim, junto a otros imputados, es señalado de conformar una estructura criminal que habría perpetrado un desfalco superior a RD$15 mil millones en perjuicio del Estado dominicano, a través de la entidad pública de salud.
Además de Hazim, figuran como imputados Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo, Ada Ledesma Ubiera, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, quienes cumplen distintas medidas de coerción impuestas en diciembre de 2025.
Santo Domingo, R.D.-Jhovanny de Jesus Metz Crus, conocido como «Macho», señalado como el principal sospechoso de la muerte del conductor Deivy Carlos Abreu Quezada, quien falleció luego de ser atacado por una turba de motociclistas durante una persecución, fue apresado en Jamaica.
La información fue confirmada a Diario Libre por una fuente de la Procuraduría General de la República (PGR).
De acuerdo con las investigaciones, «Macho» habría sido quien presuntamente propinó varias estocadas a Abreu Quezada durante el ataque ocurrido el pasado 17 de abril en el parqueo del Palacio de Justicia de Santiago, donde la víctima intentó refugiarse tras ser perseguida durante varios kilómetros por un grupo de motociclistas.
En principio, se informó que la persecución se produjo a raíz de un incidente de tránsito.
Posteriormente, trascendió que la agresión habría sido motivada por una presunta deuda económica que el conductor mantenía con sus atacantes.
Visado a JamaicaEn marzo pasado, Jamaica eliminó el requisito de visa para los dominicanos que viajen a ese país por turismo o negocio por un periodo de 180 días.
Mets Cruz también enfrenta un proceso judicial por las heridas de bala ocasionadas en 2023 al sargento de la Policía Nacional Christopher Almánzar García, adscrito a la unidad SWAT.
El imputado no se presentó al juicio de fondo pautado para el miércoles 20 de mayo ante el Cuarto Tribunal Colegiado de Santiago, por lo que la sala ordenó declararlo en rebeldía y activar las consecuencias legales correspondientes.
En ese expediente, Mets Cruz enfrenta acusaciones por intento de homicidio y asociación de malhechores.
El hecho ocurrió el 7 de mayo de 2023 en el sector El Ejido, de Santiago.
Durante el incidente, el sargento Almánzar García sufrió fracturas en el fémur y la rodilla izquierda, mientras que su sobrino, Jeison Willian Almánzar Núñez, resultó herido en la pierna izquierda cuando intentaba auxiliarlo.
Según las informaciones ofrecidas en el tribunal, Mets Cruz cumplía medidas de coerción consistentes en presentación periódica, impedimento de salida del país y orden de alejamiento de las víctimas.
Tras su incomparecencia al juicio, el tribunal dispuso su declaratoria en rebeldía, mientras las autoridades activaron su búsqueda.
Ahora, con su detención en Jamaica, las autoridades dominicanas deberán realizar las gestiones correspondientes para establecer su eventual retorno al país y que responda ante la justicia por los procesos que tiene pendientes.
Formalmente no hay un tratado de extradición entre República Dominicana y Jamaica. El intercambio judicial y la colaboración policial se apoyan en organismos internacionales como Interpol.
Santo Domingo, R.D.-Declaro inadmisible el Tribunal Constitucional (TC) por notoria improcedencia, la acción de amparo interpuesta por el empresario Alexander Montilla Sierra, con la que pretendía suspender un proceso de embargo inmobiliario en su contra y obtener la reposición de los plazos procesales de dicho caso.
La Alta Corte, mediante la sentencia TC/0784/26, tomó la decisión al rechazar la acción presentada por el cuñado del expresidente Danilo Medina contra la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) y la señora Francisca Elizabeth Castillo de los Santos.
La decisión fue aprobada por la mayoría de los jueces del pleno. Por su parte, el magistrado José Alejandro Vargas se inhibió de participar en la deliberación y el fallo, debido a que intervino en el proceso en su anterior condición de juez del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, cuando conoció una medida de coerción vinculada al caso penal.
El caso se remonta a una investigación de la PEPCA dirigida contra Alexander Montilla Sierra y su hermano Maxy Gerardo, junto a otras personas físicas y jurídicas. Las indagatorias se originaron en una de las líneas de investigación de la Operación Antipulpo, por presuntos actos de corrupción y lavado de activos relacionados con contratos públicos y licitaciones irregulares.
En esas pesquisas, la jueza coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero, autorizó entre diciembre de 2020 y enero de 2021 la inmovilización de fondos y la oposición a transferencias de bienes muebles e inmuebles de los investigados.
Según el expediente, estas medidas dejaron a Alexander Montilla Sierra sin capacidad para disponer de su patrimonio, impidiéndole honrar un pagaré notarial por RD$20,000,000.00 suscrito en 2018 con Francisca Elizabeth Castillo de los Santos.
Ante el incumplimiento de pago, Castillo de los Santos inició en 2021 un proceso de embargo inmobiliario sobre dos propiedades de Montilla Sierra: una unidad en el condominio Terrazas del Mirador II y un apartamento en el condominio Karla I.
Tras un acuerdo de colaboración entre Maxy Montilla y la PEPCA, la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción autorizó, mediante auto del 12 de diciembre de 2025, el levantamiento parcial de las oposiciones e inmovilizaciones. La PEPCA tramitó la ejecución de dicha orden ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Superintendencia de Bancos el 30 de diciembre de 2025.
El 6 de febrero de 2026 antes de tener conocimiento formal del levantamiento, notificado por la DGII el 17 de febrero, Alexander Montilla interpuso una acción de amparo en la que solicitó la publicidad registral de las oposiciones, la suspensión del embargo inmobiliario y la reposición de los plazos procesales.
La Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional declaró inadmisible dicha acción el 3 de marzo de 2026 (Sentencia núm. 037-2026-SSEN-00109), al considerar que había perdido su objeto tras el levantamiento parcial de las medidas.
Montilla Sierra recurrió el fallo ante el Tribunal Constitucional alegando vulneraciones al debido proceso, la tutela judicial efectiva, el derecho de propiedad, la igualdad de armas y el principio de inviolabilidad de las nulidades constitucionales, entre otros.
El TC coincidió en que la sentencia de primera instancia era errónea, pero por una razón distinta a la planteada por el recurrente: consideró que el juez de amparo no debió declarar la inadmisibilidad por «falta de objeto», sino por «notoria improcedencia». Esto se apoya en su jurisprudencia reiterada, la cual establece que el amparo no puede utilizarse para suspender, modificar o dejar sin efecto decisiones dictadas por otro tribunal en un proceso judicial ordinario en curso.
En consecuencia, el TC revocó la sentencia recurrida y, actuando directamente sobre el fondo de la acción original, concluyó que las pretensiones de Montilla Sierra excedían el ámbito del amparo. De concederlas, el juez constitucional estaría sustituyendo a la jurisdicción ordinaria en la conducción de un proceso iniciado desde el año 2021.
El tribunal señaló que cualquier objeción sobre la falta de publicidad de las oposiciones administrativas debió plantearse oportunamente ante el propio juez del embargo, mediante los mecanismos procesales correspondientes.
Cabe destacar que el Ministerio Público obtuvo la homologación de un acuerdo bajo el criterio de oportunidad, mediante el cual Maxy Gerardo Montilla Sierra y un grupo de sus empresas aceptaron su responsabilidad penal y autorizaron el decomiso de RD$2,000 millones en efectivo a favor del Estado dominicano.
El acuerdo, homologado por el juez Raymundo Mejía del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, compromete a Montilla a pagar una indemnización de RD$600 millones a las distribuidoras de electricidad EdeEste, EdeSur y EdeNorte, en resarcimiento por los perjuicios ocasionados.
Asimismo, contempla la disolución en un plazo de dos años de las empresas Transformadores Solomon Dominicana, S.A.S., Electrocable Aluconsa, S.A.S., NSD, Importaciones Diversas, SRL, Distribuidora de Materiales Eléctricos FEE, SRL, Distribuidora Eléctrica Henan Jinshui, SRL, Importadora Eaglerise, SRL, TLC Negocios Globales, SRL, Watmax Lighting, SRL, Herrajes Eléctricos RPC, SRL, y MG Solomon Corporation.
También fija el pago de RD$431,816,307.90 a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y el decomiso de un terreno de 200.18 metros cuadrados ubicado en la avenida Roberto Pastoriza núm. 2, Ensanche Naco, valorado en RD$50,901,692.13.
Por el caso Antipulpo, el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina, a siete años de prisión en el centro penitenciario de Najayo.
La decisión fue recurrida y está pendiente de revisión para el próximo 8 de septiembre en la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Otros imputados recibieron penas menores y algunos fueron declarados noculpables, entre ellos Magaly Medina.