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El deterioro y el desfase atracan en el puerto de Manzanillo
MONTECRISTI. Los moradores del Pepillo Salcedo todavía esperan con ilusión que algún día llegue por el puerto de Manzanillo el progreso de su municipio. Pero sus esperanzas se alejan junto con los barcos que ahora abandonan el muelle con planes de no regresar, y los sueños se carcomen en las mismas gavetas que guardan los fracasados planes de readecuación del puerto, unos cuatro en los últimos 17 años.
Este municipio de la provincia Montecristi, ubicado en la frontera domínico-haitiana y colindante con Dajabón, se baña en las aguas de la bahía de Manzanillo, de donde adquiere su nombre el Puerto Libertador de Manzanillo.
Sus 21 mil habitantes actuales, según los cálculos del alcalde Ignacio Rosa (eran 9,136 cuando el Censo Nacional de Población del 2010), regentean sus ingresos en los puesto de trabajo que permita la actividad portuaria y de la tímida actividad pesquera que tiene poco mercado en un pueblo al que “la gente no pasa, sino que tiene que venir y hay poco que venir a buscar”, comenta un comunitario.
Por eso el alcalde Rosa aboga por más inversión en el puerto para que crezca el intercambio de mercancías y la comunidad puedan ampliar el número de poco más de 100 boyeros que en la actualidad trabajan en la terminal.
La realidad va contraria a los deseos. Hasta el año pasado, el puerto recibía cuatro embarcaciones a la semana y este año apenas dos, informa su gerente Nelson Cruz. La salida de los barcos fue para acortar rutas y no por las condiciones del puerto, aclara. Pero admite que si los servicios que se ofrecen fueran más diversos, habría más navieras interesadas en atracar en el lugar.
El puerto de Manzanillo lo construyeron en 1950, cuando se estableció en el país la Dominican Fruit Company o Grenada Company, empresa norteamericana dedicada al embarque de guineos.El año pasado, por el puerto se exportaron 3,600 contenedores y más del 95% era banano que sale a países como Suecia, Inglaterra, Alemania y España. La carga restante correspondió a frutos menores como mango, aguacate y algunos agregados de construcción.
La importación, que no pasa del 5% de las operaciones, es de carbón mineral, clinker y combustible, conforme datos suministrados por la Autoridad Portuaria Dominicana (Apordom).
Marítima Dominicana fue el agente naviero que movió más carga, con el 88%, seguida de Reefer General con un 11% y Codonave con un 1%.
De enero a septiembre de 2017, en los puertos del país se movieron 20,241,165 toneladas métricas de carga, de las que Manzanillo apenas manejó 307,185. Río Haina, con 8.1 millones y Caucedo, con 6.9 millones, lideran el servicio.
Unas 3,902 embarcaciones se movilizaron por los 14 puertos del país , de las que solo 156 lo hcieron por Manzanillo, menos que las 163 en igual período de 2016.
Requiere inversiónEl espigón de 444 pies de largo y 22 de ancho del puerto de Manzanillo no permite que atraquen a la vez más de dos barcos grandes o cuatro pequeños. Algunos de sus muros lucen destruidos en su estructura de cemento y parte de la verja de metal. El gerente Cruz atribuye el deterioro al efecto de la tormenta Irma que azotó el país en septiembre pasado, pero asegura que ya se hace el levantamiento de costo para repararlo.
Cruz tiene la visión de que Manzanillo sea un puerto binacional por su cercanía (unos 22 kilómetros) con Haití. Pero hacer las transformaciones que requiere conllevaría unos US$100 millones, una inversión que sólo podrá asumirse con una alianza público-privada, estima.
Por lo pronto, aspira a que el presidente Danilo Medina ceda unas 300 tareas que están próximos a la entrada del muelle y donde permanecen los galpones de la antigua Grenada Company, hoy Proyecto la Cruz de Manzanillo, para ofrecer almacenamiento. Los 14 mil metros cuadrados de patio lucen atiborrados de contenedores.
Además de un calado natural de 14 metros que lo hace excepcional en el Caribe, el puerto de Manzanillo es de vital importancia para el empresariado de la zona norte del país que demanda su recuperación.
Una de las ventajas que advierte Sandy Filpo, presidente de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS), es su cercanía con el principal centro de distribución hacia Estados Unidos, la Florida, lo que coloca la carga que sale desde Manzanillo con una economía de tiempo de más de doce horas. “Esto produce un ahorro de tiempo y de dinero”, resalta.
También se ahorra en transporte terrestre que es uno de lo más caros en el Caribe, dice. “Una de las zonas más afectadas por distancia de los puertos es el Cibao, debido a que no existe una puerta de salida en el Norte, obligando a la industria a transportar su carga por Santo Domingo”, comenta. Transportar un contenedor a Santiago cuesta aproximadamente US$750.0, cuando en Centroamérica ronda los US$550.0 por una distancia similar, indica Filpo.
Planes fracasados
En 2001, el Gobierno concesionó el puerto al grupo francés Balguerie y a Trans Dominicana de Desarrollo, que invertiría RD$200 millones en un período de tres años, pero no se ejecutó.
Dos años más tarde, se informó que unos inversionistas de los Emiratos Árabes aumentarían la inversión a US$4,100 millones.
Luego, en julio de 2004, un decreto cedió la administración del puerto a Cementos Cibao, pero también quedó sin efecto.
Para el 2011, se traspasó la concesión a la Corporación Portuaria del Atlántico, compuesta por más de 70 empresarios, pero otro decreto del presidente Medina lo revocó por supuesto incumplimiento, en 2012.
La decisión de Medina generó una litis que se libra en la Cámara de Comercio, como tribunal arbitral, y que se intenta zanjar con un acuerdo donde se reconozca la inversión que hicieron los empresarios y la deuda de estos con el Estado, informó Apordom, sin ofrecer montos.
diariolibre.com
1,000
Dólares es el costo estimado de exportar un contenedor de banano.
1.4
Millones de pesos es la facturación promedio mensual del Puerto de Manzanillo.
La espina dorsal de los productores de banano
Para los representantes del Grupo Banamiel y de la Asociación Dominicana de Bananeros (Adobanano), principales comercializadores de banano de la Línea Noroeste, el puerto debe ser ampliado. Los barcos que dejaron de llegar a Manzanillo son dos de los tres que transportaban el guineo y, según las informaciones que maneja el sector, están completando espacios con la oferta de Colombia y Ecuador.
Para Horacio López, gerente general de Banamiel, Manzanillo se ajusta a los requerimientos del sector, pero tiene desfase frente a la tendencia de barcos cada vez más grandes. Señala que el servicio se ha empobrecido y que del 90% de la mercancía que salía por Manzanillo hasta diciembre pasado, en enero fue el 50%. El restante se fue vía Caucedo.
Julio César Estévez, director operativo de Adobanano, hace gestiones para conseguir nuevas embarcaciones. “Es imprescindible tener a Manzanillo laborando”, dice. “Aquí no hay acumulamiento, pero en Caucedo hay que llegar hasta 48 horas antes para poder supervisar, por los grandes volúmenes”. Adobanano, con sede en Mao y una matrícula de 1,850 miembros, exportó unas 350 mil toneladas el año pasado; mientras Banamiel, en Hatillo Palma, manejó cifras de 3,698.405 cajas de 18.2 kilos.
Santo Domingo.- Raymundo Mejía, juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, decidirá el próximo 15 si envía o no a juicio a los propietarios de la discoteca Jet Set Club, Antonio y Maribel Espaillat, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de 236 personas fallecidas durante el derrumbe del techo del centro de diversión, ocurrido el 8 de abril del 2025.
El magistrado dará el fallo a las 10:00 de la mañana de esa fecha, con el objetivo de ponderar los argumentos del Ministerio Público, de los representantes legales de las víctimas y de la defensa de los imputados.
Esto tras más de un año de ocurrir la tragedia que dejo más de 200 personas fallecidas y más de cien heridos y decena de huérfanos.
Durante la audiencia, familiares de los fallecidos y personas afectadas expusieron ante el juez cómo han cambiado sus vidas tras el trágico suceso. Asimismo, los imputados y su defensa presentaron sus argumentos ante el tribunal.
El Ministerio Público solicitó formalmente el envío a juicio de los propietarios de la discoteca Jet Set Club, al considerar que existen suficientes elementos de prueba que demuestran la responsabilidad de los hermanos Espaillat en los hechos que se les imputan.
A la salida del tribunal, el director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, expresó que espera que el juez adopte una decisión acorde a la ley y ordene el envío a juicio de los acusados.
El 18 de junio, le dictan medida de coerción contra Antonio y Maribel Espaillat, propietario y gerente de la discoteca Jet Set, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de más de 230 personas fallecidas y 189 heridas tras el desplome del techo del centro de diversión. Ellos fueron apresados el 12 de junio por miembros del Ministerio Público tras ser interrogado por el hecho.
Santo Domingo.- Mientras en el pais se pregona que se ha avanzado en el estado de derecho, ocupa el segundo lugar en América Latina y el Caribe con mayor numero de presos preventivos y ocupación penitenciaria más alta, superada solo por Haití, según la Dirección de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC).
El dato, que es reseñado este domingo por periódico Listín Diario refleja una debilidad estructural del sistema de justicia penal en su capacidad de investigación y procesamiento.
Señala que en República Dominicana hay aproximadamente 25,000 personas privadas de libertad, de las cuales cerca de 16,000, equivalente a mas del 60% son preventivos.
El documento advierte que la elevada proporción de personas privadas de libertad sin sentencia firme en América Latina y el Caribe evidencia esa misma debilidad estructural. Cuando las investigaciones criminales son lentas o de baja calidad y los tribunales enfrentan sobrecarga de casos, la prisión preventiva termina usándose como sustituto de investigaciones eficaces y procesos judiciales oportunos.
Agrega que la dinámica se refuerza por la presión política y social de “mostrar resultados” en materia de seguridad. Esa presión incentiva respuestas punitivas inmediatas, incluso cuando los procesos judiciales no están plenamente desarrollados.
“El resultado es una acumulación de personas detenidas sin condena que traslada las fallas del debido proceso al sistema penitenciario. Esto contribuye al hacinamiento y debilita la capacidad del Estado para mantener un control efectivo sobre las cárceles”, señala Democracias Bajo Presión.
El PNUD explica que desde inicios del siglo XXI la región ha registrado uno de los aumentos más rápidos de población penitenciaria a nivel mundial. El número de personas privadas de libertad pasó de unos 700,000 a comienzos de los años 2000 a cerca de 1.8 millones en 2024. Es un incremento cercano al 150%.
“Este crecimiento contrasta con la relativa estabilidad o el aumento moderado observado en otras regiones y refleja, entre otros factores, la expansión de políticas penales más punitivas y el uso extensivo de la prisión preventiva”, apunta el informe.
Asimismo, establece que la población privada de libertad en América Latina y el Caribe presenta un marcado sesgo socioeconómico. Los estudios revelan que las personas bajo prisión tienen un nivel educativo inferior al promedio de la población general.
“Esta desigualdad se acentúa en la fase de la prisión preventiva, donde el acceso limitado a una defensa legal y las dificultades para acreditar condiciones de arraigo —como domicilio estable, empleo formal o fianzas— incrementan la probabilidad de permanecer detenido durante el proceso judicial”, destaca el estudio.
Ante ese panorama, el PNUD advierte que cuando las cárceles presentan sobrepoblación crónica, déficits de control interno o se convierten en centros de coordinación de actividades ilícitas, la capacidad del Estado para ejecutar sanciones queda comprometida.
Otras causas del problema
El reporte también señala que los cuerpos policiales en América Latina y el Caribe enfrentan fragmentación institucional, bajos niveles de profesionalización, limitaciones en capacidades investigativas y vulnerabilidad a la cooptación local.
Por eso, cuando la probabilidad de sanción es reducida —lo que se refleja en bajas tasas de homicidios esclarecidos— el poder intimidatorio de los actores criminales se amplifica y la autoridad estatal pierde credibilidad.
La medida de coerción efectiva, según el informe, no se mide solo por operativos o despliegues, sino por la capacidad de investigar, procesar y sancionar de manera consistente. “En este sentido, la impunidad constituye un indicador central de debilitamiento coercitivo: sin consecuencias previsibles frente al delito, el monopolio legítimo de la violencia se vuelve nominal más que efectivo”.
Santo Domingo, R.D.-Una estructura criminal desarticulada por el Ministerio Público, identificada como Operacion Onco 14, recibió una imputación formal al ser acusada de orquestar un sofisticado esquema de fraude en perjuicio del Estado dominicano, el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y cientos de pacientes oncológicos de la región del Cibao.
Los imputados son Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo del Patronato y exmiembro de la junta directiva del IORC, Luisa Yasiris Guzmán, actual esposa de Lora Cruceta y presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida.
Según el expediente, los acusados utilizaron empresas fachada, incluyendo Vargas Lora & Asociados (actualmente Vargas Guzmán Accounting Center) y la fundación antes mencionada, para desviar fondos destinados a tratamientos médicos vitales para pacientes del régimen subsidiado.
El Ministerio Público subraya una irregularidad clave en la investigación, aunque los estatutos del IORC estipulaban un mandato de dos años para la presidencia, Héctor Antonio Lora Cruceta se mantuvo en el cargo desde el 9 de octubre de 2018 hasta el 6 de octubre de 2025.
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, destacó que esta es la tercera estructura criminal enfrentada como parte de las investigaciones sobre el fraude al SeNaSa, una labor de depuración iniciada con la Operación Senasa bajo la dirección de la Procuradora General, Yeni Berenice Reynoso.
En los allanamientos, realizados con apoyo de la Policía Nacional y la Unidad de Investigación Criminal (UIC), se ocuparon dinero en efectivo y títulos de propiedad, dispositivos electrónicos (computadoras, celulares, DVR), documentación comprometedora y vehículos.
Según el Ministerio Público el grupo deberá responder por una serie de cargos graves que incluyen asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología (acceso ilícito a sistemas), lavado de activos.