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Parqueos inteligentes: Una alternativa para recuperar espacio
Santo Domingo.- La situación del transporte en el Gran Santo Domingo no necesita explicación. Tanto en la opinión de la gente como en las referencias escritas la realidad se describe como caótica y uno de los principales problemas es la falta de estacionamientos.
El parque vehicular del país se mantiene en constante crecimiento, sin embargo, el espacio para transitar y estacionar los vehículos se hace cada vez más insuficiente.
Ante esta realidad surge la necesidad de disponer de una mayor infraestructura pensada para el automóvil y de implementar medidas específicas de estacionamiento, según refiere un estudio sobre el tema del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), pues la situación no es exclusiva de República Dominicana, sino de varios países de América Latina.
Tecnología
En aras de atender la situación han surgido los parqueos inteligentes, una iniciativa que surge como una alternativa a la falta de espacio para estacionarse en las zonas metropolitanas, explica el gerente general de la empresa Smart Parking, Manuel Valerio.
“Aquí uno va a las plazas o a cualquier otro lugar y no encuentra parqueos. Es normal que un restaurante con capacidad para 50 personas solo tenga tres parqueos”, afirma el ingeniero.
Valerio explica que es común que las plazas comerciales tengan más capacidad de visitantes que estacionamientos y asegura que con esta tecnología pueden hasta duplicarla.
Ventajas
La principal ventaja de estos parqueos es que se pueden estacionar varios vehículos en un espacio reducido, lo cual contribuye a mejorar el tránsito porque los vehículos no están estacionados en las calles, ocupando el espacio público, destaca Valerio.
Otro beneficio es que se pueden cambiar de lugar.
Francisco Javier, administrador de uno de estos parqueos ubicado detrás del Centro Médico Otorrino, explicó que donde antes se podían parquear solo seis vehículos, ahora se puede estacionar 32. Indicó que otra gran ventaja es la seguridad.
“En un parqueo tradicional si llega un chofer que no es muy práctico te puede rayar el vehículo y aquí no te le pasa nada”, aseguró.
Estacionarse en el parqueo que Javier administra cuesta RD$100 la primera hora y las demás a partir de ahí RD$85. Aunque algunos usuarios lo consideran costoso, otros entienden que por las ventajas vale la pena.
En algunos lugares, según Valerio, deciden no cobrar el estacionamiento porque solo con tener estos parqueos obtienen mayores beneficios porque tienen la capacidad de recibir más clientes.
Opinión de experto
El experto en ordenamiento territorial, Erick Dorrejo, considera que estos parqueos son muy beneficiosos y pueden contribuir a solucionar la congestión vehicular en el país, pero no representan una alternativa definitiva al problema porque es una tecnología muy costosa.
“Nosotros sí necesitamos los parqueos, pero estos deben venir acompañados de otras medidas de carácter estructural. Esto tiene que estar acompañado de una mejora sustancial del sistema de transporte colectivo”, opina Dorrejo.
El experto enfatizó que las vías no pueden seguir siendo el espacio para parquearse.
Para evitarlo recomienda comenzar a prohibir el estacionamiento en las calles de mayor tráfico y habilitar para esto los solares que estén vacíos.
“Estos solamente son paliativos, porque aquí tenemos un problema estructural que debe ser solucionado mediante la mejora sustancial del transporte colectivo y la implementación de sistemas menos contaminantes, eficientes y que representen una alternativa real para que la gente decida no utilizar su vehículo privado”, explicó Dorrejo.
Algunas recomendaciones del BID
En su guía práctica sobre el estacionamiento y políticas de reducción de congestión en América Latina, el BID hace las siguientes recomendaciones:
1. Reducir el estacionamiento cerca de las estaciones de transporte público.
2. Cobrar por el estacionamiento en las vías.
3. Retomar el espacio de calle utilizado para automóviles para cedérselo a las bicicletas, hacer carriles exclusivos para lo autobuses, aceras más anchas y otras.
4. Incorporar políticas de estacionamiento en los planes de transporte metropolitano.
5. Incluir una gestión innovadora del parqueo dentro de las iniciativas gubernamentales de habitabilidad, gestión del tránsito, acciones en contra del cambio climático, entre otras.
listindiario.com
Santo Domingo.- Raymundo Mejía, juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, decidirá el próximo 15 si envía o no a juicio a los propietarios de la discoteca Jet Set Club, Antonio y Maribel Espaillat, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de 236 personas fallecidas durante el derrumbe del techo del centro de diversión, ocurrido el 8 de abril del 2025.
El magistrado dará el fallo a las 10:00 de la mañana de esa fecha, con el objetivo de ponderar los argumentos del Ministerio Público, de los representantes legales de las víctimas y de la defensa de los imputados.
Esto tras más de un año de ocurrir la tragedia que dejo más de 200 personas fallecidas y más de cien heridos y decena de huérfanos.
Durante la audiencia, familiares de los fallecidos y personas afectadas expusieron ante el juez cómo han cambiado sus vidas tras el trágico suceso. Asimismo, los imputados y su defensa presentaron sus argumentos ante el tribunal.
El Ministerio Público solicitó formalmente el envío a juicio de los propietarios de la discoteca Jet Set Club, al considerar que existen suficientes elementos de prueba que demuestran la responsabilidad de los hermanos Espaillat en los hechos que se les imputan.
A la salida del tribunal, el director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, expresó que espera que el juez adopte una decisión acorde a la ley y ordene el envío a juicio de los acusados.
El 18 de junio, le dictan medida de coerción contra Antonio y Maribel Espaillat, propietario y gerente de la discoteca Jet Set, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de más de 230 personas fallecidas y 189 heridas tras el desplome del techo del centro de diversión. Ellos fueron apresados el 12 de junio por miembros del Ministerio Público tras ser interrogado por el hecho.
Santo Domingo.- Mientras en el pais se pregona que se ha avanzado en el estado de derecho, ocupa el segundo lugar en América Latina y el Caribe con mayor numero de presos preventivos y ocupación penitenciaria más alta, superada solo por Haití, según la Dirección de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC).
El dato, que es reseñado este domingo por periódico Listín Diario refleja una debilidad estructural del sistema de justicia penal en su capacidad de investigación y procesamiento.
Señala que en República Dominicana hay aproximadamente 25,000 personas privadas de libertad, de las cuales cerca de 16,000, equivalente a mas del 60% son preventivos.
El documento advierte que la elevada proporción de personas privadas de libertad sin sentencia firme en América Latina y el Caribe evidencia esa misma debilidad estructural. Cuando las investigaciones criminales son lentas o de baja calidad y los tribunales enfrentan sobrecarga de casos, la prisión preventiva termina usándose como sustituto de investigaciones eficaces y procesos judiciales oportunos.
Agrega que la dinámica se refuerza por la presión política y social de “mostrar resultados” en materia de seguridad. Esa presión incentiva respuestas punitivas inmediatas, incluso cuando los procesos judiciales no están plenamente desarrollados.
“El resultado es una acumulación de personas detenidas sin condena que traslada las fallas del debido proceso al sistema penitenciario. Esto contribuye al hacinamiento y debilita la capacidad del Estado para mantener un control efectivo sobre las cárceles”, señala Democracias Bajo Presión.
El PNUD explica que desde inicios del siglo XXI la región ha registrado uno de los aumentos más rápidos de población penitenciaria a nivel mundial. El número de personas privadas de libertad pasó de unos 700,000 a comienzos de los años 2000 a cerca de 1.8 millones en 2024. Es un incremento cercano al 150%.
“Este crecimiento contrasta con la relativa estabilidad o el aumento moderado observado en otras regiones y refleja, entre otros factores, la expansión de políticas penales más punitivas y el uso extensivo de la prisión preventiva”, apunta el informe.
Asimismo, establece que la población privada de libertad en América Latina y el Caribe presenta un marcado sesgo socioeconómico. Los estudios revelan que las personas bajo prisión tienen un nivel educativo inferior al promedio de la población general.
“Esta desigualdad se acentúa en la fase de la prisión preventiva, donde el acceso limitado a una defensa legal y las dificultades para acreditar condiciones de arraigo —como domicilio estable, empleo formal o fianzas— incrementan la probabilidad de permanecer detenido durante el proceso judicial”, destaca el estudio.
Ante ese panorama, el PNUD advierte que cuando las cárceles presentan sobrepoblación crónica, déficits de control interno o se convierten en centros de coordinación de actividades ilícitas, la capacidad del Estado para ejecutar sanciones queda comprometida.
Otras causas del problema
El reporte también señala que los cuerpos policiales en América Latina y el Caribe enfrentan fragmentación institucional, bajos niveles de profesionalización, limitaciones en capacidades investigativas y vulnerabilidad a la cooptación local.
Por eso, cuando la probabilidad de sanción es reducida —lo que se refleja en bajas tasas de homicidios esclarecidos— el poder intimidatorio de los actores criminales se amplifica y la autoridad estatal pierde credibilidad.
La medida de coerción efectiva, según el informe, no se mide solo por operativos o despliegues, sino por la capacidad de investigar, procesar y sancionar de manera consistente. “En este sentido, la impunidad constituye un indicador central de debilitamiento coercitivo: sin consecuencias previsibles frente al delito, el monopolio legítimo de la violencia se vuelve nominal más que efectivo”.
Santo Domingo, R.D.-Una estructura criminal desarticulada por el Ministerio Público, identificada como Operacion Onco 14, recibió una imputación formal al ser acusada de orquestar un sofisticado esquema de fraude en perjuicio del Estado dominicano, el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y cientos de pacientes oncológicos de la región del Cibao.
La investigación, dirigida por la Dirección General de Persecución, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Fiscalía de Santiago, señala como cabecillas a tres exdirectivos del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, entidad que administra el Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC).
Los imputados son Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo del Patronato y exmiembro de la junta directiva del IORC, Luisa Yasiris Guzmán, actual esposa de Lora Cruceta y presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida.
También Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exesposa de Lora Cruceta, quien fungió simultáneamente como vicepresidenta y auditora interna y externa del patronato durante la gestión del imputado.
Según el expediente, los acusados utilizaron empresas fachada, incluyendo Vargas Lora & Asociados (actualmente Vargas Guzmán Accounting Center) y la fundación antes mencionada, para desviar fondos destinados a tratamientos médicos vitales para pacientes del régimen subsidiado.
El Ministerio Público subraya una irregularidad clave en la investigación, aunque los estatutos del IORC estipulaban un mandato de dos años para la presidencia, Héctor Antonio Lora Cruceta se mantuvo en el cargo desde el 9 de octubre de 2018 hasta el 6 de octubre de 2025.
Para los fiscales, esta permanencia prolongada evidencia un interés deliberado por mantener el control absoluto sobre los recursos económicos de la institución y las aportaciones estatales.
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, destacó que esta es la tercera estructura criminal enfrentada como parte de las investigaciones sobre el fraude al SeNaSa, una labor de depuración iniciada con la Operación Senasa bajo la dirección de la Procuradora General, Yeni Berenice Reynoso.
En los allanamientos, realizados con apoyo de la Policía Nacional y la Unidad de Investigación Criminal (UIC), se ocuparon dinero en efectivo y títulos de propiedad, dispositivos electrónicos (computadoras, celulares, DVR), documentación comprometedora y vehículos.
Según el Ministerio Público el grupo deberá responder por una serie de cargos graves que incluyen asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología (acceso ilícito a sistemas), lavado de activos.