Análisis Noticiosos
Danilo necesita su rehabilitación para disputarle el poder a Leonel.
Por Juan Bolívar Díaz
Todas las encuestas publicadas en los últimos años han indicado que sin Danilo Medina en la competencia electoral del 2020, el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) sería Leonel Fernández, por sus tres períodos de gobierno, su indiscutible carisma y por la gratitud de cientos de miles de beneficiarios directos de sus gestiones.
Aunque no tenga mucha viabilidad inmediata, la sola propuesta de reforma constitucional para rehabilitar una candidatura presidencial de Medina a partir del 2024, amortigua la derrota sufrida por el continuismo danilista y le otorga más protagonismo en la difícil promoción de una opción alternativa, que de ser impuesta abusando del Estado elevaría el riesgo de dividir el PLD.
Fortalecido el leonelismo
Leonel Fernández y sus seguidores fueron subestimados hasta por analistas y observadores políticos, y sobre todo por la maquinaria del danilismo continuista que jugó hasta el final a una política de tierra arrasada, cuya mayor torpeza fue la prolongada militarización hasta de los pasillos y el techo del Congreso Nacional.
Desde hace justo dos años, en agosto del 2017, el leonelismo se lanzó al medio de las calles y carreteras para impedir el desconocimiento del pacto del 2015, llevado a la Constitución de la República, que permitiría el segundo gobierno de Medina, pero dejaba constancia en su artículo 124 y en el vigésimo transitorio que tras sus dos gobiernos, el mandatario no podría volver a ser candidato presidencial nunca más.
Todas las encuestas, publicadas o no, han indicado que sin Danilo en la competencia para el 2020, Leonel “iba de robo”. Las dos últimas Gallup-HOY, la más acreditada del mercado, marcaron la fortaleza del expresidente. En la publicada en octubre del 2018 fue el único que avanzó en preferencias en relación a la anterior, incluso superó a Medina 22 a 19% en el universo y 39 a 22% entre quienes se declararon simpatizantes del PLD. En la publicada en mayo pasado, Danilo lo superó 47 a 36%, ventaja que se reducía, 43 a 38% en la Mark Penn un mes antes. Pero en un escenario sin el presidente, Leonel alcanzaba 50% entre simpatizantes y 53% entre miembros del partido, en la Gallup-HOY. Su esposa Margarita Cedeño lograba 6 y 5%, y Reinaldo Pared 4%. Los demás aspirantes menos de 2%.
Pero más allá de las encuestas, era indiscutible que las movilizaciones de Leonel Fernández por todo el país eran masivas, como también que dispone de recursos infinitos acumulados por sus más cercanos colaboradores y derivados de las contribuciones de empresarios y contratistas del Estado a los que benefició durante 12 años de gobierno.
La acumulación originaria
Es obvio que el poder presidencial otorga grandes ventajas, pero sin Danilo en la competencia hay que remitirse a la acumulación originaria de Fernández. Fue él quien permitió que decenas de peledeístas y asociados se hicieran multimillonarios al amparo del Estado, que cientos se hicieran millonarios y muchos miles ricos, entre ellos quienes constituyeron miles de pequeñas y medianas empresas para suplir y contratar con el Estado.
El agudo dirigente político Felucho Jiménez, advirtiendo los riesgos de una división, dijo hace un mes que entre 300 y 400 mil peledeístas perderían sus empleos. La mayoría de ellos los consiguieron por el ejercicio gubernamental de Fernández y la continuación de Medina, quien probablemente no hubiese ganado las elecciones del 2012, (51 a 47 %) sin las desmesura del déficit fiscal de Leonel por más de 150 mil millones de pesos en la campaña electoral. Por igual fue éste quien multiplicó a cientos de miles las tarjetas de programas sociales iniciados en el gobierno de Hipólito Mejía, que siguió incrementando el actual gobierno, constituyendo una base clientelar fundamental del dominio político del PLD.
No se ven razones objetivas para que la mayoría de esos peledeistas se la jueguen contra Leonel Fernández, ni tampoco para que quieran la división del PLD, por más rencillas y hasta odios que hayan acumulado los dos líderes que se lo disputan. Hasta prueba en contrario, muchos empresarios parecen sentirse más confortables con el actual mandatario, pero también recibieron amplios beneficios del antecesor, y no le regatearán contribuciones, sino por amor, por temor de que pudiera volver y ver reducidos sus negocios con el Estado.
Difícil sucesión de Danilo
Con Danilo fuera de la carrera presidencial para siempre, el leonelismo tenderá a fortalecerse más, y el danilismo a extinguirse, de ahí el proyecto de reforma constitucional para restablecerle la posibilidad de volver al poder, aunque sea a partir del 2024. Su sólo enunciado ayuda a contener las escapadas, que pudieran incluir por lo bajo hasta a connotados danilistas, unos por mantener canonjías y otros por temor a que les cobren. Y los leonelistas saben de eso, porque al primero de ellos que Danilo neutralizó en el 2015 fue al íntimo Félix Bautista, a quien de inmediato los jueces le dictaminaron un no ha lugar al enorme expediente de corrupción que le había instrumentado la Procuraduría General, que “casualmente” no apeló el descargo.
Las esperanzas de cerrarle el paso a Leonel están cifradas en que uno de los siete “danilistas” que le disputan la candidatura pueda descollar en menos de dos meses para ser ungido y con el poder del Estado imponerse en las primarias del 6 de octubre. El plazo para inscribir precandidaturas vence en tres semanas, el 22 de agosto, por lo que tendrían que inscribirlos a todos y, según se anuncia, en septiembre mediante encuestas definirían quién prevalecerá, y el resto tendría que retirarse para concentrar sus votos.
Como casi todos parten de preferencias menores al 3 por ciento, pudieran ocurrir virtuales empates o que no haya un claro ungido, lo que complicaría la escogencia del delfín. Pero en el mejor de los casos tendría sólo tres o cuatro semanas para exhibir garras frente al “león” de la selva. Pareciera que el presidente Medina esperó demasiado para abrirse una opción alternativa, recordando lo que ocurrió a los promotores de la reelección de Antonio Guzmán para 1982, que contando con que el poder del Estado vencería el credo anti reeleccionista del líder Peña Gómez esperaron muy tarde para apoyar la precandidatura de su vicepresidente Jacobo Majluta, cuando ya Salvador Jorge Blanco se había afianzado como alternativa.
Se puede correr la rosca
Con siete precandidatos amigos, Danilo tendría muchas dificultades de inclinar el Estado en favor de uno, sin generar fuertes tensiones y posibles rompimientos que en nada le ayudarían. El último en lanzarse, el ministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo, llega con tantos recursos como los otros seis juntos, si se mide por la propaganda pagada y por las conexiones y beneficios del cargo que ostentó por 7 años, lo que también puede generarle resistencias en peledeístas más arraigados como el co-fundador del partido Temístocles Montás, el secretario general Reinaldo Pared Pérez, en antiguos dirigentes como Radhamés Segura y Carlos Amarante Baret, con meses de campaña. También en los dos que más parecen la “sangre nueva” augurada por Danilo, y que gozan de buena imagen más allá del PLD, Francisco Domínguez Brito y Andrés Navarro.
SANTO DOMINGO,RD, Reunio del Comite Central del Partido de la Liveracion Dominicana en el hotel Melia hoy Domingo 10 de abril 2011 para elegir los precandidatos a la presidencia a la republica
Foto:Cesar de la Cruz
Como el candidato presidencial del PLD será electo con el padrón universal, el abuso del poder del Estado pudiera agregarle competitividad al ungido. Por ejemplo “incentivando” con dinero a decenas de miles de ciudadanos sin vela en ese entierro para que voten. Pero como eso no se improvisa y a los leonelistas no le faltarán recursos, las primarias del PLD pudieran derivar en un mercado persa que mancharía indeleblemente el concurso. Si aprietan demasiado la rosca puede correrse y hasta detonar la división definitiva del partido.
Si Danilo pudiera logra la reforma de la Constitución, que le libraría de “la jubilación”, pudiera sacar ventaja competitiva, pero luce bien difícil que consiga pronto esos votos, con persistente rechazo general, y cuando los legisladores estarán buscándose candidaturas para el 6 de octubre. No será definitivamente con los leonelistas, y sólo una locura política los arrojaría desde la mayor opción de la oposición, el Partido Revolucionario Moderno, cuyo papel sería dejar que Leonel y Danilo sigan peleándose hasta la división, sin ayudar a ninguno y menos al que ostente todo el poder del Estado que después se volvería contra ellos.
La real hora de los hornos
El 2 de febrero último “El tema de hoy” se tituló “El PLD en la hora de los hornos; DM y LF se entienden o se dividen”. Citábamos una dramática oración de Felucho Jiménez en entrevista el 31 de enero en Uno+Uno, cuando a pesar de manifestarse en favor del presidente y bien crítico de Fernández, dijo que “eso de la reelección está difícil, y ninguno de esos otros le va a ganar a Leonel, pero Leonel no gana sin el apoyo de Danilo, por lo que están obligados a entenderse o es pa´fuera que vamos”.
El martes en el mismo telediario, cuando le recordamos su vaticinio, Jiménez consideró que ya es tarde para salvar la unidad del PLD, y que perderán las elecciones, porque en la práctica ya son dos partidos en uno. No admitió que haya posibilidad de un pacto, aunque le recordamos la cita de lo que perderían los peledeistas si salen del poder.
Es obvio que el PLD, como ha ocurrido a todos los partidos dominantes, puede dividirse en el poder, por los intereses en juego. Pero los peledeístas han dado muestras de su temor a romper el consenso grupal y probablemente desde las dos facciones enfrentadas surgirán intentos de acercamiento. Pero se jura que de ninguna manera Danilo permitirá que Leonel gane la candidatura y menos después la presidencia. Se duda que con Danilo vetado puedan impedir que la precandidatura de Leonel alcance el tercio para ser avalada en el Comité Central, lo que se definirá justamente el próximo sábado 10.
Se sabe que hay varios partidos listos para postular a Leonel Fernández, y que arrastraría votos suficiente por lo menos para hacer difícil que un PLD puramente danilista salga adelante en las elecciones generales. Otra vez puede que el poder del Estado resulte insuficiente.-
Por José Cabral
Un total de 450 jueces y juezas de los 737 que hay en todo el país, así como sus 6,516 empleados fijos del Poder Judicial han paralizado sus laborares en demanda de aumento e indexación salarial, contratación de más personal en los tribunales y por mejores condiciones de trabajo.
Estos reclamos no pueden ser soslayados porque el sistema está lleno de deficiencias y debilidades de las que no se puede excluir a nadie, ya que todo obedece a las grandes distorsiones que sufre el Estado.
Entiendo que es un grave problema de institucionalidad, lo cual afecta a todos los actores del sistema, desde los jueces, fiscales y personal administrativo.
Tengo este criterio porque nadie puede discutir que las distorsiones que caracterizan al Estado no sólo se pueden ver en el sistema de justicia, sino también en el Poder Legislativo y el Ejecutivo.
Entonces, en el marco de estas debilidades y deficiencias que ponen en tela de juicio la democracia, se encuentran los bajos salarios de los jueces y todo el personal de la judicatura nacional.
Esta realidad lleva a todo el que tiene dos dedos de frente a entender que las demandas de los jueces y juezas son justas desde cualquier perspectiva que se vea y a cuyo problema debe buscársele una salida saludable, sin soslayar los demás asuntos que impactan negativamente al sistema de justicia.
El Consejo del Poder Judicial no sólo debe procurar darle salida a esa deficiencia y a sus problemas financieros, sino que al propio tiempo debe crear los mecanismos necesarios para que los tribunales del país tengan otro desempeño.
De manera, que la solución debe ser integral, no sólo a nivel de los salarios y las mejores condiciones laborales de los jueces, ya que las deficiencias tienen implicaciones que también tienen que ver con la arbitrariedad con que se manejan los casos en los tribunales, lo que muchas veces implican la violación de los derechos de los que buscan hacer justicia sobre la base de los derechos fundamentales.
Es decir, que, si bien los bajos salarios de los jueces es un problema grave en el marco del Estado dominicano, también debe decirse que hay otros de igual o peor magnitud que no tienen la mejor de las salidas.
Lo que pretendo establecer es que el problema no sólo tiene que ver con los salarios, el cúmulo de trabajo y el poco personal, sino también del manejo jurídico de los casos, porque es bueno que se entienda que muchos jueces y juezas violan hasta el derecho de recurrir de muchos justiciables y naturalmente los que incurren en esas inconductas no es que deben tener un mal salario, sino que deben ser expulsados del sistema de justicia para bien de la sociedad y la democracia.
Es oportuna la ocasión para que los que dirigen el Estado dominicano no sólo se aboquen a mejorar los salarios y las condiciones de trabajo de los jueces y juezas, lo cual me parece de justicia, sino también a fiscalizar mejor su desempeño porque hay que buscar la forma de mejorar el sistema justicia para bien de todas y cada de las personas, porque no hay derechos sin deberes.
Por José Cabral
Este miércoles participé de una conciliación en la fiscalía del juzgado de paz de Santiago sobre una pensión alimenticia y el magistrado que condujo la misma expresó tantos contrasentidos jurídicos que cualquiera siente vergüenza ajena.
Entre los disparates jurídicos de este fiscalizador está que antes de que se iniciara la vista de conciliación, que se hizo a solicitud de un padre que propone el pago de un monto especifico y concreto de pensión alimenticia, el funcionario incitó a la madre citada a que presentada una denuncia en contra de éste en violación de los procedimientos establecidos al respecto.
Pero peor fue todo lo que dijo este señor, como por ejemplo sostener que cualquier poder de una de las partes que llegue a sus manos de antemano es cuestionado porque alega que allí se llevan muchos títulos auténticos de este tipo falsificados, lo cual me llevó a llamar a la atención a este funcionario porque las leyes establecen los procedimientos al respecto.
Los contrasentidos del magistrado no pararon e incluso llegó a decir que en términos de pensión o manutención los hermanos y otros familiares del padre son también responsables de suplir de alimentos al niño víctima de una situación de irresponsabilidad paternal, pese a que no era el caso de la especie, lo que también me llevó a recordarle que lo que decía era una violación al principio constitucional de que nadie es responsable por los hechos que cometen otros sin importar los vínculos de familiaridad, a menos de que se trate de un menor no emancipado.
Este fiscal llegó al colmo de violar la Constitución de la República cuando mandó a retirarse a todos aquellos abogados que él considera que tienen una edad que a su juicio deben darles paso a otros profesionales del derecho más jóvenes, lo que también representa una vulneración del artículo 39 la carta magna cuando dice que nadie debe ser discriminado por sexo, color, edad y preferencia sexual, entre otras cosas.
Este comportamiento del Ministerio Público no es de ahora, ya que se trata de una debilidad que arrastra desde hace décadas, porque la verdad es que nadie sabe de dónde saca el órgano a este tipo de personaje, quien además decía y reiteraba con la anuencia de algunos abogados presentes que un poder no tenía validez en la jurisdicción de niñas, niños y adolescentes por tratarse de una ley especial.
Yo he sido uno de los que se han quejado por la tolerancia con que el sistema trata la emisión de actos auténticos que no cumplen con las formalidades de ley y que representan una falsedad, no sólo material, sino también intelectual, pero el problema consiste en que es letra muerta lo que dispone la Ley 140-15 y el propio Código Civil Dominicano al respecto.
Regularmente los jueces no estatuyen sobre este tipo de delito, pero ello de ninguna manera justifica que un fiscal o fiscalizador ignore los procedimientos a seguir cuando sospeche que un título autentico es falso, porque no puede hacer como el personaje de este miércoles que actúa como si tuviera la competencia para emitir sentencias o desempañar funciones jurisdiccionales.
Y no se trata sólo de un abuso de poder, sino de una gran ignorancia que daña y lesiona gravemente la credibilidad de todo el sistema de justicia.
No obstante, no es mucho lo que se puede pedir al respecto, porque es un problema integral que sólo una transformación total del Estado podrá resolver.
Por José Cabral
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) mantiene una campaña para crear la percepción de que la mora judicial ha sido reducida a su más mínima expresión.
Sin embargo, cuando cualquier ciudadano se aboca a un análisis de fondo del problema, descubre que se trata de un truco para vender una percepción que no tiene nada que ver con la realidad.
La disminución de la mora judicial ha sido concebida sobre la base de la negación de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa, porque el arma usada para este fin es la figura de la inadmisibilidad.
Ello se puede observar con el llamado interés casacional, el cual se sustenta en un criterio subjetivo del derecho, pero que la figura puede ser utilizada para descongestionar el sistema de justicia sobre la base de decisiones que se apoyan en la inadmisiblidad.
Este mecanismo jurídico permite que se proyecte una eficiencia que no existe y que tampoco representa una solución a un problema que en vez de disminuir se complica.
Por lo que se ve, la SCJ utiliza un arma que no es válida para acabar un problema que desde cualquier perspectiva que se analice representa denegación de justicia.
Justicia tardía es, sin lugar a dudas, denegación de justicia, pero peor aún recurrir a una interpretación como el interés casacional para declarar inadmisibles una gran cantidad de casos y buscar descongestionar el sistema y en esas condiciones en el país no se puede hablar de una mejoría del Estado Social Democrático de Derecho.
Lo que se sí ocurre ahora con el recurso extraordinario de casación es un aumento preocupante de la figura de la inadmisibilidad, a los fines de proyectar lo que en la realidad no se produce, aunque ciertamente genera un descongestionamiento sobre una base ficticia y negadora de derechos.
En este aspecto sostengo que se reasume una percepción que ha hecho tanto daño a la democracia dominicana, cuya credibilidad ya parece irrecuperable.
La mora judicial es un fenómeno que abarca todo el sistema de justicia, desde los juzgados de paz hasta los tribunales de primera instancia y las cortes de apelación, pero naturalmente en el nivel que causa mucha mayor preocupación es en casación, cuya Ley 2-23 se ha convertido en un instrumento para ahora apoyarse en la inadmisibilidad para la denegación de justicia.