Nacionales
La Lucha Interna en el PLD No Es Tan Simple Como Creen Algunos
Por Elba García
Luego de la reunión del día de ayer sábado en la que fueron escogidos todos los pre-candidatos presidenciales a través de una propuesta del presidente Danilo Medina, la prensa interpreta que ello podría significar que la unidad se asoma en el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) .
La decisión tomada por el Comité Central a unanimidad no puede servir para colegir que se aproxima la unidad interna del partido de Gobierno.
Antes de la reunión del Comité Central hubo quien se atrevió a sospechar que el grupo de Danilo le cerraría el paso a Leonel Fernández para que busque un nuevo período presidencial, lo cual hubiera sido un contrasentido porque no había como justificar una acción como esa.
Parece que el presidente ante la denuncia pública de la descabellada pretensiones de su grupo, decide despejar dudas y es él personalmente quien propone que los pre-candidatos sean aprobados en conjunto y no de forma individual como había sugerido Ramón Ventura Camejo. La propuesta del presidente incluía a Leonal Fernández, convirtiéndose la misma en una especie de negación de lo que había circulado de que se rechazaría la candidatura presidencial del presidente del PLD mediante la utilización de la mayoría mecánica del danilismo en el Comité Central.
Naturalmente la propuesta del presidente tiene una doble interpretación.
La primera podría decirse que lleva a pensar que el sector danilista ha decidido buscar la unidad interna para las elecciones del 2020, pero también habría que buscar la razón de la propuesta del mandatario a lo que se conoce en el país como un pie forzado.
El peso que tuvo la versión de que se utilizaría la mayoría mecánica del sector oficialista dentro de los organismos peledeístas se vio como una jugada ilegitima y poco inteligente, pero además anti-democrática.
Las dudas las despeja el propio presidente Medina, pero eso, de ninguna manera, implica que las aguas volvieron a su lugar en el partido oficial.
La confrontación sigue tan viva como siempre, porque se trata de un gran cúmulo de resentimientos y odios que no son fáciles de disolver.
Además, ya el grupo de Danilo y el de Leonel tienen profundas diferencias como corporaciones económicas que ambas son, cuyas fuentes de enriquecimiento ha sido el Estado, pero además con una incuestionable responsabilidad con la impunidad promovida durante los gobiernos del partido morado.
La salida del poder del danilismo empodera a los que se mueven en los alrededores de Leonel, los cuales acumularon fortunas a la sombra de una impunidad que ha dañado mucho al país.
Otra cosa que debe destacarse es que las diferencias personales entre ambos es porque Leonel entiende que ha sido traicionado por Danilo, pero el presidente piensa lo mismo ex-jefe de Estado.
Ambos grupos son despiadados y coinciden en que poco les importa lo que piense la gente, porque han logrado vender la corrupción administrativa como un mecanismo legítimo y hasta legal de hacer fortunas a través del Estado, cuya afirmación se desprende de las decisiones tomadas, sobre todo por la Suprema Corte de Justicia, cuando se ha tratado de juzgar a leonelistas y danilistas por apropiarse de lo que no es suyo.
Danilistas y leonelistas han demostrado que muy poco les importa la tranquilidad del país.
El segundo episodio de esta guerra de intereses, inquina y odio comienza luego de la reunión del Comité Central del PLD.
La división podría no tener mayor impacto evidente si el grupo oficialista cambia de estrategia a la luz de las derrotas sufridas frente a los leonelistas.
Ese cambio podría consistir en que Danilo decida trabajar por su propio futuro y buscar que sea habilitado para el 2024 con la ayuda de los leonelistas, lo cual advertiría que para ese período vendría otra situación difícil para el PLD y el país.
De cualquier modo no parece que aunque se produzca una negociación de ese tipo, Danilo volcaría los recursos públicos en favor de una posible candidatura presidencial de Leonel, total en el PLD los acuerdos importan muy poco.
No es descabellado pensar que el presidente propicie un apoyo encubierto a la oposición para evitar el retorno al poder de Leonel Fernández, fórmula que incluso contempló el ex-mandatario en el 2012 en contra de Danilo.
En realidad no es descartable un apoyo simulado a Leonel para buscar la llegada al poder de la oposición, sobre todo si se toma en cuenta que los aspirantes del danilismo no tienen pegada y su perfil parece ser más que nada para ser funcionarios aunque sea de primera categoría.
Además Danilo también entiende perfectamente que desde que surge un nuevo candidato presidencial o presidente peledeísta ahí mismo nace otro grupo que entra también a sumarse a esa lucha por el poder, por lo que si alguno de los aspirantes tuviera éxito la figura de Danilo pasaría a un segundo plano. Es decir que probablemente en el futuro podría estarse hablando ya no sólo de danilistas y leonelístas, sino también de gonzalistas o de cualquier otro que tenga éxito de los que buscan el poder en los actuales momentos.
Un buen espejo de esa realidad es lo que ha pasado en Colombia con el ex-presidente Álvaro Uribe, quien ha llevado al poder a varios de sus seguidores y luego se han convertido en sus enemigos políticos, pero en el país habría que agregarle, naturalmente, a esa posibilidad no sólo los intereses de grupos, sino también la herencia histórico cultural propia de nuestra nación que se fundamenta en el caudillismo, el machismo, el jefísmo, entre otros anti-valores. En la República Dominicana sobran los ejemplos a este respecto.
Todavía faltan muchos capítulos para conocer el final de esta película de intereses, odios, inquinas y deslealtades de los peledeístas, pero que sus consecuencias las recibe crudamente el pueblo dominicano.
«Todavía es muy temprano para ablandar habichuelas», dice una conocida expresión popular
Santo Domingo.- Raymundo Mejía, juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, decidirá el próximo 15 si envía o no a juicio a los propietarios de la discoteca Jet Set Club, Antonio y Maribel Espaillat, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de 236 personas fallecidas durante el derrumbe del techo del centro de diversión, ocurrido el 8 de abril del 2025.
El magistrado dará el fallo a las 10:00 de la mañana de esa fecha, con el objetivo de ponderar los argumentos del Ministerio Público, de los representantes legales de las víctimas y de la defensa de los imputados.
Esto tras más de un año de ocurrir la tragedia que dejo más de 200 personas fallecidas y más de cien heridos y decena de huérfanos.
Durante la audiencia, familiares de los fallecidos y personas afectadas expusieron ante el juez cómo han cambiado sus vidas tras el trágico suceso. Asimismo, los imputados y su defensa presentaron sus argumentos ante el tribunal.
El Ministerio Público solicitó formalmente el envío a juicio de los propietarios de la discoteca Jet Set Club, al considerar que existen suficientes elementos de prueba que demuestran la responsabilidad de los hermanos Espaillat en los hechos que se les imputan.
A la salida del tribunal, el director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, expresó que espera que el juez adopte una decisión acorde a la ley y ordene el envío a juicio de los acusados.
El 18 de junio, le dictan medida de coerción contra Antonio y Maribel Espaillat, propietario y gerente de la discoteca Jet Set, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de más de 230 personas fallecidas y 189 heridas tras el desplome del techo del centro de diversión. Ellos fueron apresados el 12 de junio por miembros del Ministerio Público tras ser interrogado por el hecho.
Santo Domingo.- Mientras en el pais se pregona que se ha avanzado en el estado de derecho, ocupa el segundo lugar en América Latina y el Caribe con mayor numero de presos preventivos y ocupación penitenciaria más alta, superada solo por Haití, según la Dirección de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC).
El dato, que es reseñado este domingo por periódico Listín Diario refleja una debilidad estructural del sistema de justicia penal en su capacidad de investigación y procesamiento.
Señala que en República Dominicana hay aproximadamente 25,000 personas privadas de libertad, de las cuales cerca de 16,000, equivalente a mas del 60% son preventivos.
El documento advierte que la elevada proporción de personas privadas de libertad sin sentencia firme en América Latina y el Caribe evidencia esa misma debilidad estructural. Cuando las investigaciones criminales son lentas o de baja calidad y los tribunales enfrentan sobrecarga de casos, la prisión preventiva termina usándose como sustituto de investigaciones eficaces y procesos judiciales oportunos.
Agrega que la dinámica se refuerza por la presión política y social de “mostrar resultados” en materia de seguridad. Esa presión incentiva respuestas punitivas inmediatas, incluso cuando los procesos judiciales no están plenamente desarrollados.
“El resultado es una acumulación de personas detenidas sin condena que traslada las fallas del debido proceso al sistema penitenciario. Esto contribuye al hacinamiento y debilita la capacidad del Estado para mantener un control efectivo sobre las cárceles”, señala Democracias Bajo Presión.
El PNUD explica que desde inicios del siglo XXI la región ha registrado uno de los aumentos más rápidos de población penitenciaria a nivel mundial. El número de personas privadas de libertad pasó de unos 700,000 a comienzos de los años 2000 a cerca de 1.8 millones en 2024. Es un incremento cercano al 150%.
“Este crecimiento contrasta con la relativa estabilidad o el aumento moderado observado en otras regiones y refleja, entre otros factores, la expansión de políticas penales más punitivas y el uso extensivo de la prisión preventiva”, apunta el informe.
Asimismo, establece que la población privada de libertad en América Latina y el Caribe presenta un marcado sesgo socioeconómico. Los estudios revelan que las personas bajo prisión tienen un nivel educativo inferior al promedio de la población general.
“Esta desigualdad se acentúa en la fase de la prisión preventiva, donde el acceso limitado a una defensa legal y las dificultades para acreditar condiciones de arraigo —como domicilio estable, empleo formal o fianzas— incrementan la probabilidad de permanecer detenido durante el proceso judicial”, destaca el estudio.
Ante ese panorama, el PNUD advierte que cuando las cárceles presentan sobrepoblación crónica, déficits de control interno o se convierten en centros de coordinación de actividades ilícitas, la capacidad del Estado para ejecutar sanciones queda comprometida.
Otras causas del problema
El reporte también señala que los cuerpos policiales en América Latina y el Caribe enfrentan fragmentación institucional, bajos niveles de profesionalización, limitaciones en capacidades investigativas y vulnerabilidad a la cooptación local.
Por eso, cuando la probabilidad de sanción es reducida —lo que se refleja en bajas tasas de homicidios esclarecidos— el poder intimidatorio de los actores criminales se amplifica y la autoridad estatal pierde credibilidad.
La medida de coerción efectiva, según el informe, no se mide solo por operativos o despliegues, sino por la capacidad de investigar, procesar y sancionar de manera consistente. “En este sentido, la impunidad constituye un indicador central de debilitamiento coercitivo: sin consecuencias previsibles frente al delito, el monopolio legítimo de la violencia se vuelve nominal más que efectivo”.
Santo Domingo, R.D.-Una estructura criminal desarticulada por el Ministerio Público, identificada como Operacion Onco 14, recibió una imputación formal al ser acusada de orquestar un sofisticado esquema de fraude en perjuicio del Estado dominicano, el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y cientos de pacientes oncológicos de la región del Cibao.
Los imputados son Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo del Patronato y exmiembro de la junta directiva del IORC, Luisa Yasiris Guzmán, actual esposa de Lora Cruceta y presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida.
Según el expediente, los acusados utilizaron empresas fachada, incluyendo Vargas Lora & Asociados (actualmente Vargas Guzmán Accounting Center) y la fundación antes mencionada, para desviar fondos destinados a tratamientos médicos vitales para pacientes del régimen subsidiado.
El Ministerio Público subraya una irregularidad clave en la investigación, aunque los estatutos del IORC estipulaban un mandato de dos años para la presidencia, Héctor Antonio Lora Cruceta se mantuvo en el cargo desde el 9 de octubre de 2018 hasta el 6 de octubre de 2025.
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, destacó que esta es la tercera estructura criminal enfrentada como parte de las investigaciones sobre el fraude al SeNaSa, una labor de depuración iniciada con la Operación Senasa bajo la dirección de la Procuradora General, Yeni Berenice Reynoso.
En los allanamientos, realizados con apoyo de la Policía Nacional y la Unidad de Investigación Criminal (UIC), se ocuparon dinero en efectivo y títulos de propiedad, dispositivos electrónicos (computadoras, celulares, DVR), documentación comprometedora y vehículos.
Según el Ministerio Público el grupo deberá responder por una serie de cargos graves que incluyen asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología (acceso ilícito a sistemas), lavado de activos.