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La Lucha Interna en el PLD No Es Tan Simple Como Creen Algunos
Por Elba García
Luego de la reunión del día de ayer sábado en la que fueron escogidos todos los pre-candidatos presidenciales a través de una propuesta del presidente Danilo Medina, la prensa interpreta que ello podría significar que la unidad se asoma en el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) .
La decisión tomada por el Comité Central a unanimidad no puede servir para colegir que se aproxima la unidad interna del partido de Gobierno.
Antes de la reunión del Comité Central hubo quien se atrevió a sospechar que el grupo de Danilo le cerraría el paso a Leonel Fernández para que busque un nuevo período presidencial, lo cual hubiera sido un contrasentido porque no había como justificar una acción como esa.
Parece que el presidente ante la denuncia pública de la descabellada pretensiones de su grupo, decide despejar dudas y es él personalmente quien propone que los pre-candidatos sean aprobados en conjunto y no de forma individual como había sugerido Ramón Ventura Camejo. La propuesta del presidente incluía a Leonal Fernández, convirtiéndose la misma en una especie de negación de lo que había circulado de que se rechazaría la candidatura presidencial del presidente del PLD mediante la utilización de la mayoría mecánica del danilismo en el Comité Central.
Naturalmente la propuesta del presidente tiene una doble interpretación.
La primera podría decirse que lleva a pensar que el sector danilista ha decidido buscar la unidad interna para las elecciones del 2020, pero también habría que buscar la razón de la propuesta del mandatario a lo que se conoce en el país como un pie forzado.
El peso que tuvo la versión de que se utilizaría la mayoría mecánica del sector oficialista dentro de los organismos peledeístas se vio como una jugada ilegitima y poco inteligente, pero además anti-democrática.
Las dudas las despeja el propio presidente Medina, pero eso, de ninguna manera, implica que las aguas volvieron a su lugar en el partido oficial.
La confrontación sigue tan viva como siempre, porque se trata de un gran cúmulo de resentimientos y odios que no son fáciles de disolver.
Además, ya el grupo de Danilo y el de Leonel tienen profundas diferencias como corporaciones económicas que ambas son, cuyas fuentes de enriquecimiento ha sido el Estado, pero además con una incuestionable responsabilidad con la impunidad promovida durante los gobiernos del partido morado.
La salida del poder del danilismo empodera a los que se mueven en los alrededores de Leonel, los cuales acumularon fortunas a la sombra de una impunidad que ha dañado mucho al país.
Otra cosa que debe destacarse es que las diferencias personales entre ambos es porque Leonel entiende que ha sido traicionado por Danilo, pero el presidente piensa lo mismo ex-jefe de Estado.
Ambos grupos son despiadados y coinciden en que poco les importa lo que piense la gente, porque han logrado vender la corrupción administrativa como un mecanismo legítimo y hasta legal de hacer fortunas a través del Estado, cuya afirmación se desprende de las decisiones tomadas, sobre todo por la Suprema Corte de Justicia, cuando se ha tratado de juzgar a leonelistas y danilistas por apropiarse de lo que no es suyo.
Danilistas y leonelistas han demostrado que muy poco les importa la tranquilidad del país.
El segundo episodio de esta guerra de intereses, inquina y odio comienza luego de la reunión del Comité Central del PLD.
La división podría no tener mayor impacto evidente si el grupo oficialista cambia de estrategia a la luz de las derrotas sufridas frente a los leonelistas.
Ese cambio podría consistir en que Danilo decida trabajar por su propio futuro y buscar que sea habilitado para el 2024 con la ayuda de los leonelistas, lo cual advertiría que para ese período vendría otra situación difícil para el PLD y el país.
De cualquier modo no parece que aunque se produzca una negociación de ese tipo, Danilo volcaría los recursos públicos en favor de una posible candidatura presidencial de Leonel, total en el PLD los acuerdos importan muy poco.
No es descabellado pensar que el presidente propicie un apoyo encubierto a la oposición para evitar el retorno al poder de Leonel Fernández, fórmula que incluso contempló el ex-mandatario en el 2012 en contra de Danilo.
En realidad no es descartable un apoyo simulado a Leonel para buscar la llegada al poder de la oposición, sobre todo si se toma en cuenta que los aspirantes del danilismo no tienen pegada y su perfil parece ser más que nada para ser funcionarios aunque sea de primera categoría.
Además Danilo también entiende perfectamente que desde que surge un nuevo candidato presidencial o presidente peledeísta ahí mismo nace otro grupo que entra también a sumarse a esa lucha por el poder, por lo que si alguno de los aspirantes tuviera éxito la figura de Danilo pasaría a un segundo plano. Es decir que probablemente en el futuro podría estarse hablando ya no sólo de danilistas y leonelístas, sino también de gonzalistas o de cualquier otro que tenga éxito de los que buscan el poder en los actuales momentos.
Un buen espejo de esa realidad es lo que ha pasado en Colombia con el ex-presidente Álvaro Uribe, quien ha llevado al poder a varios de sus seguidores y luego se han convertido en sus enemigos políticos, pero en el país habría que agregarle, naturalmente, a esa posibilidad no sólo los intereses de grupos, sino también la herencia histórico cultural propia de nuestra nación que se fundamenta en el caudillismo, el machismo, el jefísmo, entre otros anti-valores. En la República Dominicana sobran los ejemplos a este respecto.
Todavía faltan muchos capítulos para conocer el final de esta película de intereses, odios, inquinas y deslealtades de los peledeístas, pero que sus consecuencias las recibe crudamente el pueblo dominicano.
«Todavía es muy temprano para ablandar habichuelas», dice una conocida expresión popular
Nacionales
Juez evaluará este miércoles solicitud de Pepca para extender investigación del caso Senasa.
Santo Domingo, R.D.-Deiby Peguero, juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, fijó para este miércoles el conocimiento de la solicitud de prórroga de cuatro meses presentada por el Ministerio Público para concluir la investigación y depositar la acusación contra el exdirector del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), Santiago Marcelo Hazim, y los demás implicados en el caso Cobra.
La solicitud de prórroga fue depositada por fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), con el propósito de analizar minuciosamente las evidencias recabadas durante allanamiento. Así lo informó recientemente el procurador adjunto, Wilson Camacho.
Camacho indicó que la institución cuenta con un equipo especializado dedicado al estudio del contenido de 16,800 cajas de documentos ocupadas durante los recientes operativos de intervención como parte de la investigación que realiza del caso.
El exdirector de SeNaSa, Santiago Marcelo Hazim, junto a otros imputados, es señalado de conformar una estructura criminal que habría perpetrado un desfalco superior a RD$15 mil millones en perjuicio del Estado dominicano, a través de la entidad pública de salud.
Además de Hazim, figuran como imputados Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo, Ada Ledesma Ubiera, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, quienes cumplen distintas medidas de coerción impuestas en diciembre de 2025.
Santo Domingo, R.D.-Jhovanny de Jesus Metz Crus, conocido como «Macho», señalado como el principal sospechoso de la muerte del conductor Deivy Carlos Abreu Quezada, quien falleció luego de ser atacado por una turba de motociclistas durante una persecución, fue apresado en Jamaica.
La información fue confirmada a Diario Libre por una fuente de la Procuraduría General de la República (PGR).
De acuerdo con las investigaciones, «Macho» habría sido quien presuntamente propinó varias estocadas a Abreu Quezada durante el ataque ocurrido el pasado 17 de abril en el parqueo del Palacio de Justicia de Santiago, donde la víctima intentó refugiarse tras ser perseguida durante varios kilómetros por un grupo de motociclistas.
En principio, se informó que la persecución se produjo a raíz de un incidente de tránsito.
Posteriormente, trascendió que la agresión habría sido motivada por una presunta deuda económica que el conductor mantenía con sus atacantes.
Visado a JamaicaEn marzo pasado, Jamaica eliminó el requisito de visa para los dominicanos que viajen a ese país por turismo o negocio por un periodo de 180 días.
Mets Cruz también enfrenta un proceso judicial por las heridas de bala ocasionadas en 2023 al sargento de la Policía Nacional Christopher Almánzar García, adscrito a la unidad SWAT.
El imputado no se presentó al juicio de fondo pautado para el miércoles 20 de mayo ante el Cuarto Tribunal Colegiado de Santiago, por lo que la sala ordenó declararlo en rebeldía y activar las consecuencias legales correspondientes.
En ese expediente, Mets Cruz enfrenta acusaciones por intento de homicidio y asociación de malhechores.
El hecho ocurrió el 7 de mayo de 2023 en el sector El Ejido, de Santiago.
Durante el incidente, el sargento Almánzar García sufrió fracturas en el fémur y la rodilla izquierda, mientras que su sobrino, Jeison Willian Almánzar Núñez, resultó herido en la pierna izquierda cuando intentaba auxiliarlo.
Según las informaciones ofrecidas en el tribunal, Mets Cruz cumplía medidas de coerción consistentes en presentación periódica, impedimento de salida del país y orden de alejamiento de las víctimas.
Tras su incomparecencia al juicio, el tribunal dispuso su declaratoria en rebeldía, mientras las autoridades activaron su búsqueda.
Ahora, con su detención en Jamaica, las autoridades dominicanas deberán realizar las gestiones correspondientes para establecer su eventual retorno al país y que responda ante la justicia por los procesos que tiene pendientes.
Formalmente no hay un tratado de extradición entre República Dominicana y Jamaica. El intercambio judicial y la colaboración policial se apoyan en organismos internacionales como Interpol.
Santo Domingo, R.D.-Declaro inadmisible el Tribunal Constitucional (TC) por notoria improcedencia, la acción de amparo interpuesta por el empresario Alexander Montilla Sierra, con la que pretendía suspender un proceso de embargo inmobiliario en su contra y obtener la reposición de los plazos procesales de dicho caso.
La Alta Corte, mediante la sentencia TC/0784/26, tomó la decisión al rechazar la acción presentada por el cuñado del expresidente Danilo Medina contra la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) y la señora Francisca Elizabeth Castillo de los Santos.
La decisión fue aprobada por la mayoría de los jueces del pleno. Por su parte, el magistrado José Alejandro Vargas se inhibió de participar en la deliberación y el fallo, debido a que intervino en el proceso en su anterior condición de juez del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, cuando conoció una medida de coerción vinculada al caso penal.
El caso se remonta a una investigación de la PEPCA dirigida contra Alexander Montilla Sierra y su hermano Maxy Gerardo, junto a otras personas físicas y jurídicas. Las indagatorias se originaron en una de las líneas de investigación de la Operación Antipulpo, por presuntos actos de corrupción y lavado de activos relacionados con contratos públicos y licitaciones irregulares.
En esas pesquisas, la jueza coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero, autorizó entre diciembre de 2020 y enero de 2021 la inmovilización de fondos y la oposición a transferencias de bienes muebles e inmuebles de los investigados.
Según el expediente, estas medidas dejaron a Alexander Montilla Sierra sin capacidad para disponer de su patrimonio, impidiéndole honrar un pagaré notarial por RD$20,000,000.00 suscrito en 2018 con Francisca Elizabeth Castillo de los Santos.
Ante el incumplimiento de pago, Castillo de los Santos inició en 2021 un proceso de embargo inmobiliario sobre dos propiedades de Montilla Sierra: una unidad en el condominio Terrazas del Mirador II y un apartamento en el condominio Karla I.
Tras un acuerdo de colaboración entre Maxy Montilla y la PEPCA, la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción autorizó, mediante auto del 12 de diciembre de 2025, el levantamiento parcial de las oposiciones e inmovilizaciones. La PEPCA tramitó la ejecución de dicha orden ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Superintendencia de Bancos el 30 de diciembre de 2025.
El 6 de febrero de 2026 antes de tener conocimiento formal del levantamiento, notificado por la DGII el 17 de febrero, Alexander Montilla interpuso una acción de amparo en la que solicitó la publicidad registral de las oposiciones, la suspensión del embargo inmobiliario y la reposición de los plazos procesales.
La Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional declaró inadmisible dicha acción el 3 de marzo de 2026 (Sentencia núm. 037-2026-SSEN-00109), al considerar que había perdido su objeto tras el levantamiento parcial de las medidas.
Montilla Sierra recurrió el fallo ante el Tribunal Constitucional alegando vulneraciones al debido proceso, la tutela judicial efectiva, el derecho de propiedad, la igualdad de armas y el principio de inviolabilidad de las nulidades constitucionales, entre otros.
El TC coincidió en que la sentencia de primera instancia era errónea, pero por una razón distinta a la planteada por el recurrente: consideró que el juez de amparo no debió declarar la inadmisibilidad por «falta de objeto», sino por «notoria improcedencia». Esto se apoya en su jurisprudencia reiterada, la cual establece que el amparo no puede utilizarse para suspender, modificar o dejar sin efecto decisiones dictadas por otro tribunal en un proceso judicial ordinario en curso.
En consecuencia, el TC revocó la sentencia recurrida y, actuando directamente sobre el fondo de la acción original, concluyó que las pretensiones de Montilla Sierra excedían el ámbito del amparo. De concederlas, el juez constitucional estaría sustituyendo a la jurisdicción ordinaria en la conducción de un proceso iniciado desde el año 2021.
El tribunal señaló que cualquier objeción sobre la falta de publicidad de las oposiciones administrativas debió plantearse oportunamente ante el propio juez del embargo, mediante los mecanismos procesales correspondientes.
Cabe destacar que el Ministerio Público obtuvo la homologación de un acuerdo bajo el criterio de oportunidad, mediante el cual Maxy Gerardo Montilla Sierra y un grupo de sus empresas aceptaron su responsabilidad penal y autorizaron el decomiso de RD$2,000 millones en efectivo a favor del Estado dominicano.
El acuerdo, homologado por el juez Raymundo Mejía del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, compromete a Montilla a pagar una indemnización de RD$600 millones a las distribuidoras de electricidad EdeEste, EdeSur y EdeNorte, en resarcimiento por los perjuicios ocasionados.
Asimismo, contempla la disolución en un plazo de dos años de las empresas Transformadores Solomon Dominicana, S.A.S., Electrocable Aluconsa, S.A.S., NSD, Importaciones Diversas, SRL, Distribuidora de Materiales Eléctricos FEE, SRL, Distribuidora Eléctrica Henan Jinshui, SRL, Importadora Eaglerise, SRL, TLC Negocios Globales, SRL, Watmax Lighting, SRL, Herrajes Eléctricos RPC, SRL, y MG Solomon Corporation.
También fija el pago de RD$431,816,307.90 a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y el decomiso de un terreno de 200.18 metros cuadrados ubicado en la avenida Roberto Pastoriza núm. 2, Ensanche Naco, valorado en RD$50,901,692.13.
Por el caso Antipulpo, el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina, a siete años de prisión en el centro penitenciario de Najayo.
La decisión fue recurrida y está pendiente de revisión para el próximo 8 de septiembre en la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Otros imputados recibieron penas menores y algunos fueron declarados noculpables, entre ellos Magaly Medina.