Santo Domingo, RD.- La Suprema Corte de Justicia inicia hoy la audiencia para conocer del reclamo de extradición formulado por la justicia de Estados Unidos contra cuatro dominicanos acusados del delito de narcotráfico, Nacionales
Cúpula del «Cartel del Abusador» a un paso de la extradición a EEUU
Santo Domingo, RD.- La Suprema Corte de Justicia inicia hoy la audiencia para conocer del reclamo de extradición formulado por la justicia de Estados Unidos contra cuatro dominicanos acusados del delito de narcotráfico, El proceso de condena que se inicia con el pedido de una medida de coerción para luego entrar en la aportación de pruebas y la demostración por parte del Ministerio Público de que ciertamente existen serios elementos de pruebas en contra de los imputados para posteriormente continuar su camino hacia la cárcel.
La primera responsabilidad recae en la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, la cual tiene la cual conocerá hoy, viernes, a las 10 de la mañana, la solicitud de extradición hecha por los Estados Unidos contra cuatro del grupo implicado en la red de narcotráfico de César Peralta “el Abusador”.
Los imputados en el expediente proveniente de los Estados Unidos son Baltazar Mena, José Jesús Tapia Pérez, Sergio Gómez Díaz y Jeifry del Rosario Gautier, este último ahora bajo encierro por otros cargos.
El grupo, que alegadamente pertenece a una estructura criminal que utilizaba a la República Dominicana como puente para el tránsito e ingreso ilícito de drogas a los Estados Unidos, provenientes de América del Sur, se encuentra detenido en la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), por asuntos de seguridad.
El juez del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, aplazó para el próximo lunes el conocimiento de la solicitud de medida de coerción contra cuatro imputados del caso recluidos en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
Por el momento figuran como detenidos, por sus presuntos vínculos con la red criminal, el expelotero Octavio Dotel Díaz, José Bernabé Quiterio, Obispo Manuel Feliz, Roberto José Cáceres (Mameluco) y Pedro Luis Cordero.
Estos imputados están acusados de asociación ilícita para cometer tráfico de heroína y supuestamente haber utilizado bienes, a pesar de saber que eran producto de un delito de tráfico de drogas; porte y tenencia de arma ilegal, y porte de armas ilegal de las Fuerzas Armadas, y la Policía Nacional y de pertenecer a una organización criminal que se dedicaba al tráfico de drogas desde Sudamérica, utilizando a República Dominicana como punto de distribución, Estrados Unidos, Puerto Rico y Europa.
El ministerio público está solicitando, como medida de coerción, 18 meses de prisión y 20 años de cárcel, ya que los “hechos por los cuales se les imputa están revestidos de una gravedad indudable”.
Están prófugos César Emilio Peralta; Yeimi Verónica Núñez Rodríguez, Nathanael Castro Cordero, Edward Patricio Montero Cabral, Rodolfo Cedeño Ureña, Alan Gilberto Bueno Alcequiez, Rafael Reyes, Pablo Antonio Polanco Mateo, Yadhel Rafael Jáquez Araujo, Heriberto de la Cruz Pérez, Lidio Peña Mota, Ana Gregoria Pérez Then y Manuel Sánchez Pérez.
El Ministerio Público asegura, en el grueso de un expediente acusatorio, haber identificado a Obispo Feliz Lorenzo (Manuel) como el encargado de dirigir y administrar la parte financiera de los miembros de la red de narcotráfico que presuntamente encabeza César Peralta (César el Abusador).
En la solicitud de medida de coerción depositada contra Feliz, el Ministerio Público manifiesta que este hombre, empleando sus conocimientos en contabilidad, contribuyó en el mantenimiento de los registros contables, al tiempo que, según las autoridades, maquilló los estados financieron de las empresas, a fin de impedir que se descubriera el esquema de lavado de activos.
Santo Domingo.- Raymundo Mejía, juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, decidirá el próximo 15 si envía o no a juicio a los propietarios de la discoteca Jet Set Club, Antonio y Maribel Espaillat, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de 236 personas fallecidas durante el derrumbe del techo del centro de diversión, ocurrido el 8 de abril del 2025.
El magistrado dará el fallo a las 10:00 de la mañana de esa fecha, con el objetivo de ponderar los argumentos del Ministerio Público, de los representantes legales de las víctimas y de la defensa de los imputados.
Esto tras más de un año de ocurrir la tragedia que dejo más de 200 personas fallecidas y más de cien heridos y decena de huérfanos.
Durante la audiencia, familiares de los fallecidos y personas afectadas expusieron ante el juez cómo han cambiado sus vidas tras el trágico suceso. Asimismo, los imputados y su defensa presentaron sus argumentos ante el tribunal.
El Ministerio Público solicitó formalmente el envío a juicio de los propietarios de la discoteca Jet Set Club, al considerar que existen suficientes elementos de prueba que demuestran la responsabilidad de los hermanos Espaillat en los hechos que se les imputan.
A la salida del tribunal, el director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, expresó que espera que el juez adopte una decisión acorde a la ley y ordene el envío a juicio de los acusados.
El 18 de junio, le dictan medida de coerción contra Antonio y Maribel Espaillat, propietario y gerente de la discoteca Jet Set, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de más de 230 personas fallecidas y 189 heridas tras el desplome del techo del centro de diversión. Ellos fueron apresados el 12 de junio por miembros del Ministerio Público tras ser interrogado por el hecho.
Santo Domingo.- Mientras en el pais se pregona que se ha avanzado en el estado de derecho, ocupa el segundo lugar en América Latina y el Caribe con mayor numero de presos preventivos y ocupación penitenciaria más alta, superada solo por Haití, según la Dirección de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC).
El dato, que es reseñado este domingo por periódico Listín Diario refleja una debilidad estructural del sistema de justicia penal en su capacidad de investigación y procesamiento.
Señala que en República Dominicana hay aproximadamente 25,000 personas privadas de libertad, de las cuales cerca de 16,000, equivalente a mas del 60% son preventivos.
El documento advierte que la elevada proporción de personas privadas de libertad sin sentencia firme en América Latina y el Caribe evidencia esa misma debilidad estructural. Cuando las investigaciones criminales son lentas o de baja calidad y los tribunales enfrentan sobrecarga de casos, la prisión preventiva termina usándose como sustituto de investigaciones eficaces y procesos judiciales oportunos.
Agrega que la dinámica se refuerza por la presión política y social de “mostrar resultados” en materia de seguridad. Esa presión incentiva respuestas punitivas inmediatas, incluso cuando los procesos judiciales no están plenamente desarrollados.
“El resultado es una acumulación de personas detenidas sin condena que traslada las fallas del debido proceso al sistema penitenciario. Esto contribuye al hacinamiento y debilita la capacidad del Estado para mantener un control efectivo sobre las cárceles”, señala Democracias Bajo Presión.
El PNUD explica que desde inicios del siglo XXI la región ha registrado uno de los aumentos más rápidos de población penitenciaria a nivel mundial. El número de personas privadas de libertad pasó de unos 700,000 a comienzos de los años 2000 a cerca de 1.8 millones en 2024. Es un incremento cercano al 150%.
“Este crecimiento contrasta con la relativa estabilidad o el aumento moderado observado en otras regiones y refleja, entre otros factores, la expansión de políticas penales más punitivas y el uso extensivo de la prisión preventiva”, apunta el informe.
Asimismo, establece que la población privada de libertad en América Latina y el Caribe presenta un marcado sesgo socioeconómico. Los estudios revelan que las personas bajo prisión tienen un nivel educativo inferior al promedio de la población general.
“Esta desigualdad se acentúa en la fase de la prisión preventiva, donde el acceso limitado a una defensa legal y las dificultades para acreditar condiciones de arraigo —como domicilio estable, empleo formal o fianzas— incrementan la probabilidad de permanecer detenido durante el proceso judicial”, destaca el estudio.
Ante ese panorama, el PNUD advierte que cuando las cárceles presentan sobrepoblación crónica, déficits de control interno o se convierten en centros de coordinación de actividades ilícitas, la capacidad del Estado para ejecutar sanciones queda comprometida.
Otras causas del problema
El reporte también señala que los cuerpos policiales en América Latina y el Caribe enfrentan fragmentación institucional, bajos niveles de profesionalización, limitaciones en capacidades investigativas y vulnerabilidad a la cooptación local.
Por eso, cuando la probabilidad de sanción es reducida —lo que se refleja en bajas tasas de homicidios esclarecidos— el poder intimidatorio de los actores criminales se amplifica y la autoridad estatal pierde credibilidad.
La medida de coerción efectiva, según el informe, no se mide solo por operativos o despliegues, sino por la capacidad de investigar, procesar y sancionar de manera consistente. “En este sentido, la impunidad constituye un indicador central de debilitamiento coercitivo: sin consecuencias previsibles frente al delito, el monopolio legítimo de la violencia se vuelve nominal más que efectivo”.
Santo Domingo, R.D.-Una estructura criminal desarticulada por el Ministerio Público, identificada como Operacion Onco 14, recibió una imputación formal al ser acusada de orquestar un sofisticado esquema de fraude en perjuicio del Estado dominicano, el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y cientos de pacientes oncológicos de la región del Cibao.
La investigación, dirigida por la Dirección General de Persecución, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Fiscalía de Santiago, señala como cabecillas a tres exdirectivos del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, entidad que administra el Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC).
Los imputados son Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo del Patronato y exmiembro de la junta directiva del IORC, Luisa Yasiris Guzmán, actual esposa de Lora Cruceta y presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida.
También Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exesposa de Lora Cruceta, quien fungió simultáneamente como vicepresidenta y auditora interna y externa del patronato durante la gestión del imputado.
Según el expediente, los acusados utilizaron empresas fachada, incluyendo Vargas Lora & Asociados (actualmente Vargas Guzmán Accounting Center) y la fundación antes mencionada, para desviar fondos destinados a tratamientos médicos vitales para pacientes del régimen subsidiado.
El Ministerio Público subraya una irregularidad clave en la investigación, aunque los estatutos del IORC estipulaban un mandato de dos años para la presidencia, Héctor Antonio Lora Cruceta se mantuvo en el cargo desde el 9 de octubre de 2018 hasta el 6 de octubre de 2025.
Para los fiscales, esta permanencia prolongada evidencia un interés deliberado por mantener el control absoluto sobre los recursos económicos de la institución y las aportaciones estatales.
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, destacó que esta es la tercera estructura criminal enfrentada como parte de las investigaciones sobre el fraude al SeNaSa, una labor de depuración iniciada con la Operación Senasa bajo la dirección de la Procuradora General, Yeni Berenice Reynoso.
En los allanamientos, realizados con apoyo de la Policía Nacional y la Unidad de Investigación Criminal (UIC), se ocuparon dinero en efectivo y títulos de propiedad, dispositivos electrónicos (computadoras, celulares, DVR), documentación comprometedora y vehículos.
Según el Ministerio Público el grupo deberá responder por una serie de cargos graves que incluyen asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología (acceso ilícito a sistemas), lavado de activos.