Nacionales
Dos supuestos miembros de la red de narcotráfico a favor de extradición.
Dos de los extraditables están dispuestos a ser llevados a Estados Unidos. Autoridades arrestaron a otro implicado
Dos de los solicitados en extradición, que supuestamente pertenecen al grupo de Cesar el Abusador, mostraron su disposición de acogerse a la petición de las autoridades de Estados Unidos de ser juzgados en tribunales de esa nación por estar vinculados a una red que alegadamente trafica drogas hacia territorio norteamericano.
Baltazar Mesa (El Maestro) y José Tapia Pérez (Bola Negra) están decididos a que sean extraditados para responder de los cargos que pesan en su contra, quienes negaron además conocer a Cesar el Abusador, presunto cabecilla de la red de narcotráfico.
Cuando ambos fueron abordados en la sala donde se conoce la solicitud de extradición, los imputados dineron que están dispuestos a ir donde sea y como ellos quieran.
José Tapia Pérez, quien se identificó como comerciante, expresó que le sorprendió cuando fue arrestado y que no conoce la razón por la cual lo tienen detenido. “No sé, tengo cuatro días sin ver a nadie, no he visto periódico ni siquiera porque estoy aquí, vamos a esperar que dicen, no sé de qué estoy acusado”, dijo a los periodistas.
Por su parte Mesa dijo desconocer quién es el presunto narcotraficante líder de la red, que de acuerdo a las autoridades es uno de los más influyentes en el Caribe, Estados Unidos y República Dominicana. “Yo no sé ni quien es César ni quien es nadie”, aseguró. Añadió que está dispuesto a ser extraditado hacia los Estados Unidos para demostrar que es inocente. “Yo voy donde tenga que ir, no tengo miedo, yo voy donde sea a demostrar que soy inocente”, dijo.
En cambio, Sergio Gómez Díaz, otro alegado cabecilla de la red desmantelada el pasado martes, no dijo si está dispuesto o no a ser extraditado, a pesar de que se le preguntó al respecto. Afirmó que nunca en su vida ha visto al presunto capo “César El Abusador”. “Nunca lo he visto, ni lo conozco… Nunca en mi vida lo he visto”, sostuvo.
La la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia aplazó el conocimiento de la solicitud de extradición para el próximo martes 27 a las 9 de la mañana. Los jueces Francisco Jerez Mena, presidente del tribunal, Vanessa Acosta Peralta, Fran Soto Sánchez y Francisco Ortega Polanco reenviaron la audiencia debido a que Tapia Pérez no tiene abogado y los defensores de Mesa y Gómez no tenían conocimiento de la solicitud de extradición y por lo tanto no podían representarlos.
El abogado de Baltazar Mesa dijo ayer que su defendido y otros dos implicados no están vinculados con éste y que se les acusa por otra cosa.
El jurista Pedro José Pérez indicó que la solicitud de extradición hecha por los Estados Unidos no se implica a su cliente con la red de “César El Abusador”, sino por otros cargos de tráfico de estupefacientes en Miami, Estados Unidos. “A esos imputados los están ligando a un caso que no tiene nada que ver, a un caso de César El Abusador”, sostuvo. “Estos imputados no tienen nada que ver, nosotros estamos solicitando una copia del expediente y este caso no tiene nada que ver con César El Abusador”, agregó Pérez.
Asimismo, indicó que “nada de lo que tiene que ver con César se habla de eso, no tiene que ver con el caso de César”. Explicó que su defendido tiene un caso pendiente en el país norteamericano y que en República Dominicana no tiene ninguno.
La esposa de Sergio Gómez Díaz, uno de los presuntos cabecillas de la red, denunció que se le han violado todos los derechos y que espera que las autoridades les muestren “de qué se le acusa a su esposo” y que a sus abogados le den la oportunidad de estudiar el caso. La dama, que solo se identificó como Stacy a la salida de la audiencia donde se tenía previsto conocer la solicitud de extradición hecha por Estados Unidos, sostuvo que con este caso a Gómez Díaz se le ha hecho un daño moral. “El gobierno dominicano no tiene con qué pagarnos el daño moral que se nos ha hecho como familia, y el trauma que se le ha causado a mis hijos; ni el Presidente, ni nadie aquí tiene precio para pagar el daño que nos han hecho nosotros sicológicamente”, expresó la dama de manera enérgica.
Se quejó porque supuestamente las autoridades realizaron el allanamiento a su vivienda en frente de su hija, lo que a su juicio le ha causado un trauma. “Si a mi esposo se le está dando el lugar que ellos dicen tener, no estuviéramos en la situación que estamos”, adujo.
Stacy dijo que en el país “no hay justicia” y que para hacer noticias y “tapar otras cosas escogen a los más pendejos y a los pejes grandes los dejan sueltos”.
Ayer en la tarde, miembros del Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) apresaron a Manuel Sánchez Pérez, alias Papilo por su supuesto implicación en la red de narcotráfico que presuntamente lideraba “El Abusador”. La información la ofreció la Procuraduría General de la República, que además indicó que Papilo fue apresado durante un allanamiento en el sector Vista Hermosa, Santo Domingo Este.
4 años
Proceso. Desde hace cuatro años las autoridades daban seguimiento a “César El Abusador”, dijo el director del DNI
elcaribe.com.do
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Juez evaluará este miércoles solicitud de Pepca para extender investigación del caso Senasa.
Santo Domingo, R.D.-Deiby Peguero, juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, fijó para este miércoles el conocimiento de la solicitud de prórroga de cuatro meses presentada por el Ministerio Público para concluir la investigación y depositar la acusación contra el exdirector del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), Santiago Marcelo Hazim, y los demás implicados en el caso Cobra.
La solicitud de prórroga fue depositada por fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), con el propósito de analizar minuciosamente las evidencias recabadas durante allanamiento. Así lo informó recientemente el procurador adjunto, Wilson Camacho.
Camacho indicó que la institución cuenta con un equipo especializado dedicado al estudio del contenido de 16,800 cajas de documentos ocupadas durante los recientes operativos de intervención como parte de la investigación que realiza del caso.
El exdirector de SeNaSa, Santiago Marcelo Hazim, junto a otros imputados, es señalado de conformar una estructura criminal que habría perpetrado un desfalco superior a RD$15 mil millones en perjuicio del Estado dominicano, a través de la entidad pública de salud.
Además de Hazim, figuran como imputados Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo, Ada Ledesma Ubiera, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, quienes cumplen distintas medidas de coerción impuestas en diciembre de 2025.
Santo Domingo, R.D.-Jhovanny de Jesus Metz Crus, conocido como «Macho», señalado como el principal sospechoso de la muerte del conductor Deivy Carlos Abreu Quezada, quien falleció luego de ser atacado por una turba de motociclistas durante una persecución, fue apresado en Jamaica.
La información fue confirmada a Diario Libre por una fuente de la Procuraduría General de la República (PGR).
De acuerdo con las investigaciones, «Macho» habría sido quien presuntamente propinó varias estocadas a Abreu Quezada durante el ataque ocurrido el pasado 17 de abril en el parqueo del Palacio de Justicia de Santiago, donde la víctima intentó refugiarse tras ser perseguida durante varios kilómetros por un grupo de motociclistas.
En principio, se informó que la persecución se produjo a raíz de un incidente de tránsito.
Posteriormente, trascendió que la agresión habría sido motivada por una presunta deuda económica que el conductor mantenía con sus atacantes.
Visado a JamaicaEn marzo pasado, Jamaica eliminó el requisito de visa para los dominicanos que viajen a ese país por turismo o negocio por un periodo de 180 días.
Mets Cruz también enfrenta un proceso judicial por las heridas de bala ocasionadas en 2023 al sargento de la Policía Nacional Christopher Almánzar García, adscrito a la unidad SWAT.
El imputado no se presentó al juicio de fondo pautado para el miércoles 20 de mayo ante el Cuarto Tribunal Colegiado de Santiago, por lo que la sala ordenó declararlo en rebeldía y activar las consecuencias legales correspondientes.
En ese expediente, Mets Cruz enfrenta acusaciones por intento de homicidio y asociación de malhechores.
El hecho ocurrió el 7 de mayo de 2023 en el sector El Ejido, de Santiago.
Durante el incidente, el sargento Almánzar García sufrió fracturas en el fémur y la rodilla izquierda, mientras que su sobrino, Jeison Willian Almánzar Núñez, resultó herido en la pierna izquierda cuando intentaba auxiliarlo.
Según las informaciones ofrecidas en el tribunal, Mets Cruz cumplía medidas de coerción consistentes en presentación periódica, impedimento de salida del país y orden de alejamiento de las víctimas.
Tras su incomparecencia al juicio, el tribunal dispuso su declaratoria en rebeldía, mientras las autoridades activaron su búsqueda.
Ahora, con su detención en Jamaica, las autoridades dominicanas deberán realizar las gestiones correspondientes para establecer su eventual retorno al país y que responda ante la justicia por los procesos que tiene pendientes.
Formalmente no hay un tratado de extradición entre República Dominicana y Jamaica. El intercambio judicial y la colaboración policial se apoyan en organismos internacionales como Interpol.
Santo Domingo, R.D.-Declaro inadmisible el Tribunal Constitucional (TC) por notoria improcedencia, la acción de amparo interpuesta por el empresario Alexander Montilla Sierra, con la que pretendía suspender un proceso de embargo inmobiliario en su contra y obtener la reposición de los plazos procesales de dicho caso.
La Alta Corte, mediante la sentencia TC/0784/26, tomó la decisión al rechazar la acción presentada por el cuñado del expresidente Danilo Medina contra la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) y la señora Francisca Elizabeth Castillo de los Santos.
La decisión fue aprobada por la mayoría de los jueces del pleno. Por su parte, el magistrado José Alejandro Vargas se inhibió de participar en la deliberación y el fallo, debido a que intervino en el proceso en su anterior condición de juez del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, cuando conoció una medida de coerción vinculada al caso penal.
El caso se remonta a una investigación de la PEPCA dirigida contra Alexander Montilla Sierra y su hermano Maxy Gerardo, junto a otras personas físicas y jurídicas. Las indagatorias se originaron en una de las líneas de investigación de la Operación Antipulpo, por presuntos actos de corrupción y lavado de activos relacionados con contratos públicos y licitaciones irregulares.
En esas pesquisas, la jueza coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero, autorizó entre diciembre de 2020 y enero de 2021 la inmovilización de fondos y la oposición a transferencias de bienes muebles e inmuebles de los investigados.
Según el expediente, estas medidas dejaron a Alexander Montilla Sierra sin capacidad para disponer de su patrimonio, impidiéndole honrar un pagaré notarial por RD$20,000,000.00 suscrito en 2018 con Francisca Elizabeth Castillo de los Santos.
Ante el incumplimiento de pago, Castillo de los Santos inició en 2021 un proceso de embargo inmobiliario sobre dos propiedades de Montilla Sierra: una unidad en el condominio Terrazas del Mirador II y un apartamento en el condominio Karla I.
Tras un acuerdo de colaboración entre Maxy Montilla y la PEPCA, la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción autorizó, mediante auto del 12 de diciembre de 2025, el levantamiento parcial de las oposiciones e inmovilizaciones. La PEPCA tramitó la ejecución de dicha orden ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Superintendencia de Bancos el 30 de diciembre de 2025.
El 6 de febrero de 2026 antes de tener conocimiento formal del levantamiento, notificado por la DGII el 17 de febrero, Alexander Montilla interpuso una acción de amparo en la que solicitó la publicidad registral de las oposiciones, la suspensión del embargo inmobiliario y la reposición de los plazos procesales.
La Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional declaró inadmisible dicha acción el 3 de marzo de 2026 (Sentencia núm. 037-2026-SSEN-00109), al considerar que había perdido su objeto tras el levantamiento parcial de las medidas.
Montilla Sierra recurrió el fallo ante el Tribunal Constitucional alegando vulneraciones al debido proceso, la tutela judicial efectiva, el derecho de propiedad, la igualdad de armas y el principio de inviolabilidad de las nulidades constitucionales, entre otros.
El TC coincidió en que la sentencia de primera instancia era errónea, pero por una razón distinta a la planteada por el recurrente: consideró que el juez de amparo no debió declarar la inadmisibilidad por «falta de objeto», sino por «notoria improcedencia». Esto se apoya en su jurisprudencia reiterada, la cual establece que el amparo no puede utilizarse para suspender, modificar o dejar sin efecto decisiones dictadas por otro tribunal en un proceso judicial ordinario en curso.
En consecuencia, el TC revocó la sentencia recurrida y, actuando directamente sobre el fondo de la acción original, concluyó que las pretensiones de Montilla Sierra excedían el ámbito del amparo. De concederlas, el juez constitucional estaría sustituyendo a la jurisdicción ordinaria en la conducción de un proceso iniciado desde el año 2021.
El tribunal señaló que cualquier objeción sobre la falta de publicidad de las oposiciones administrativas debió plantearse oportunamente ante el propio juez del embargo, mediante los mecanismos procesales correspondientes.
Cabe destacar que el Ministerio Público obtuvo la homologación de un acuerdo bajo el criterio de oportunidad, mediante el cual Maxy Gerardo Montilla Sierra y un grupo de sus empresas aceptaron su responsabilidad penal y autorizaron el decomiso de RD$2,000 millones en efectivo a favor del Estado dominicano.
El acuerdo, homologado por el juez Raymundo Mejía del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, compromete a Montilla a pagar una indemnización de RD$600 millones a las distribuidoras de electricidad EdeEste, EdeSur y EdeNorte, en resarcimiento por los perjuicios ocasionados.
Asimismo, contempla la disolución en un plazo de dos años de las empresas Transformadores Solomon Dominicana, S.A.S., Electrocable Aluconsa, S.A.S., NSD, Importaciones Diversas, SRL, Distribuidora de Materiales Eléctricos FEE, SRL, Distribuidora Eléctrica Henan Jinshui, SRL, Importadora Eaglerise, SRL, TLC Negocios Globales, SRL, Watmax Lighting, SRL, Herrajes Eléctricos RPC, SRL, y MG Solomon Corporation.
También fija el pago de RD$431,816,307.90 a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y el decomiso de un terreno de 200.18 metros cuadrados ubicado en la avenida Roberto Pastoriza núm. 2, Ensanche Naco, valorado en RD$50,901,692.13.
Por el caso Antipulpo, el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina, a siete años de prisión en el centro penitenciario de Najayo.
La decisión fue recurrida y está pendiente de revisión para el próximo 8 de septiembre en la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Otros imputados recibieron penas menores y algunos fueron declarados noculpables, entre ellos Magaly Medina.