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Ortiz contrata a un investigador privado para indagar atentado
Periódico de Boston cuestiona que vocero de la Policía Nacional, Frank Félix Durán, trabaje para Grandes Ligas
El extoletero de los Medias Rojas, David Ortiz, al parecer no se encuentra conforme con las investigaciones realizada por las autoridades dominicanas, pues contrató a una firma encabezada por el excomisionado de la Policía de Boston, Ed Davis, para investigar los detalles que rodearon el incidente del pasado 9 de junio donde el exjugador fue alcanzado por una bala mientras se encontraba compartiendo en un centro de diversión, en Santo Domingo Este.
El procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, y el director general de la Policía Nacional, Ney Aldrin Bautista Almonte, afirmaron que según la investigación, el objetivo del atentado en el que resultó herido David Ortiz, no era el expelotero, sino un amigo de éste llamado Sixto David Fernández, alias El Modelo.
Según informó el procurador, Sixto David Fernández se encontraba junto a Ortiz y otros conocidos en una mesa del Dial Bar and Lounge, en la avenida Presidente Vásquez, donde también resultó herido el comunicador Joel López.
Pero al parecer las versiones que suministraron las autoridades dominicanas no convencen David Ortiz, pues de acuerdo a Joe Baerlein, portavoz de expelotero y propietario de The Edward Davis Company, la empresa fue contratada unas semanas después de que Ortiz regresó a Boston.
Baerlein dijo que su compañía está “monitoreando y analizando información de varias fuentes en la República Dominicana sobre los motivos del tiroteo en el que Ortiz fue herido de gravedad, así como brindando seguridad personal al expelotero y a su familia.
“Ortiz “está muy interesado en descubrir lo que realmente sucedió”, declaró Baerlein al periódico local The Boston Globe.
Baerlein indicó que Ortiz “no tuvo bases durante algún tiempo para desafiar la teoría de las autoridades dominicanas de la identidad equivocada”.
Sin embargo, agregó que “a medida que surgen nuevos hechos, provoca cierto optimismo de que puede haber otras conclusiones antes de que se determine por qué le dispararon a David”.
Frank Félix Durán se defiende
El caso de David Ortiz aún mantiene cierto hermetismo en la veracidad de las investigaciones, pues cada día salen a la luz cuestionables preguntas.
El vocero de la Policía Nacional, Frank Félix Durán Mejía, ha sido cuestionado por el diario estadounidense The Boston Globe por el doble rol que desempeña el oficial de la Policía Nacional, en la investigación del atentado que puso en peligro la vida de David Ortiz, ya que el coronel trabaja en materia de seguridad de la Major League Baseball (MLB).
Durante más de una década, Durán Mejía, ha estado en la nómina de Major League Baseball, uno de los tres funcionarios dominicanos de alto rango encargados de hacer cumplir la ley empleados como agentes de seguridad residentes de MLB. Son los ojos y oídos del comisionado de béisbol Rob Manfred en la República Dominicana, un vínculo vital entre la multimillonaria empresa deportiva estadounidense y un Gobierno lleno de escándalos en una tierra donde los niños con sueños de béisbol han sido explotados durante mucho tiempo, así indica el periódico Boston Globe.
El periódico Boston Globe plantea preguntas sobre la lealtad de Duran en un momento en que los relatos cambiantes de la policía sobre el casi fatal tiroteo de Ortiz el 9 de junio se encontraron con un escepticismo generalizado.
Tras el cuestionamiento, Frank Félix Durán Mejía, indicó que tiene 10 años colaborando con Major League Baseball en el país.
“Tengo 10 años, no como empleado, porque no estoy en nómina fija, sino como colaborador en algunos aspectos de seguridad”.
Precisó que cuenta con una especialidad en seguridad deportiva, por tal motivo, ha participado en los clásicos de béisbol y en Serie del Caribe como seguridad.
Aclaró que de ninguna manera, y bajo ningún concepto, “yo influyo en ninguna investigación”.
De igual modo, Durán indicó que no hay ningún temor en que las autoridades estadounidenses revisen las investigaciones, pues estoy seguro y confiado en que ellos lo que van hacer es validar lo que nosotros hicimos”.
De su parte, el procurador de la República, Jean Alain Rodríguez, instó a que confíen en las autoridades dominicanas, a raíz de que medios internacionales cuestionan las últimas investigaciones realizadas por la Policía Nacional.
“Confíen en sus instituciones, que sus instituciones están trabajando para todos ustedes y dándole resultados tangibles”, precisó.
Sostuvo que es normal que existan dudas cuando en redes sociales y en los medios de comunicación, personas quizás con mala intención emiten mensajes e informaciones falsas que generan en los ciudadanos ciertas teorías. Dijo que es un derecho de todo ciudadano dudar y preguntar sobre las investigaciones.
Ratifican prisión a uno de los imputados
El Primer Juzgado de la Instrucción de Santo Domingo Este, ratificó ayer la prisión preventiva contra Porfirio Ayendi Dechamps Vásquez (El Nene), implicado en el atentando donde hirieron al expelotero David Ortiz.
El tribunal dispuso que “El Nene” continúe recluido en el Centro de Corrección y Rehabilitación de San Pedro de Macorís cumpliendo prisión preventiva como medida de coerción.
Dechamps fue quien alegadamente ocultó el arma después de que Rolfi Ferreira Cruz supuestamente le disparó a Ortiz. Entre los detenidos implicados en el caso, se encuentran Víctor Hugo Gómez Vásquez y Alberto Miguel Rodríguez Mota, Rolfi Ferreras Cruz o Ramón Martínez Pérez (Rolfi), Oliver Moisés Mirabal, Joel Rodríguez de la Cruz (Calamardo), Gabriel Alexander Pérez Vizcaíno (Hueso), Franklin Yunior Merán (Rubirosa) y Lanny Estefanny Pérez Reyes, entre otros.
elcaribe.com.do
Santo Domingo.- Raymundo Mejía, juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, decidirá el próximo 15 si envía o no a juicio a los propietarios de la discoteca Jet Set Club, Antonio y Maribel Espaillat, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de 236 personas fallecidas durante el derrumbe del techo del centro de diversión, ocurrido el 8 de abril del 2025.
El magistrado dará el fallo a las 10:00 de la mañana de esa fecha, con el objetivo de ponderar los argumentos del Ministerio Público, de los representantes legales de las víctimas y de la defensa de los imputados.
Esto tras más de un año de ocurrir la tragedia que dejo más de 200 personas fallecidas y más de cien heridos y decena de huérfanos.
Durante la audiencia, familiares de los fallecidos y personas afectadas expusieron ante el juez cómo han cambiado sus vidas tras el trágico suceso. Asimismo, los imputados y su defensa presentaron sus argumentos ante el tribunal.
El Ministerio Público solicitó formalmente el envío a juicio de los propietarios de la discoteca Jet Set Club, al considerar que existen suficientes elementos de prueba que demuestran la responsabilidad de los hermanos Espaillat en los hechos que se les imputan.
A la salida del tribunal, el director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, expresó que espera que el juez adopte una decisión acorde a la ley y ordene el envío a juicio de los acusados.
El 18 de junio, le dictan medida de coerción contra Antonio y Maribel Espaillat, propietario y gerente de la discoteca Jet Set, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de más de 230 personas fallecidas y 189 heridas tras el desplome del techo del centro de diversión. Ellos fueron apresados el 12 de junio por miembros del Ministerio Público tras ser interrogado por el hecho.
Santo Domingo.- Mientras en el pais se pregona que se ha avanzado en el estado de derecho, ocupa el segundo lugar en América Latina y el Caribe con mayor numero de presos preventivos y ocupación penitenciaria más alta, superada solo por Haití, según la Dirección de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC).
El dato, que es reseñado este domingo por periódico Listín Diario refleja una debilidad estructural del sistema de justicia penal en su capacidad de investigación y procesamiento.
Señala que en República Dominicana hay aproximadamente 25,000 personas privadas de libertad, de las cuales cerca de 16,000, equivalente a mas del 60% son preventivos.
El documento advierte que la elevada proporción de personas privadas de libertad sin sentencia firme en América Latina y el Caribe evidencia esa misma debilidad estructural. Cuando las investigaciones criminales son lentas o de baja calidad y los tribunales enfrentan sobrecarga de casos, la prisión preventiva termina usándose como sustituto de investigaciones eficaces y procesos judiciales oportunos.
Agrega que la dinámica se refuerza por la presión política y social de “mostrar resultados” en materia de seguridad. Esa presión incentiva respuestas punitivas inmediatas, incluso cuando los procesos judiciales no están plenamente desarrollados.
“El resultado es una acumulación de personas detenidas sin condena que traslada las fallas del debido proceso al sistema penitenciario. Esto contribuye al hacinamiento y debilita la capacidad del Estado para mantener un control efectivo sobre las cárceles”, señala Democracias Bajo Presión.
El PNUD explica que desde inicios del siglo XXI la región ha registrado uno de los aumentos más rápidos de población penitenciaria a nivel mundial. El número de personas privadas de libertad pasó de unos 700,000 a comienzos de los años 2000 a cerca de 1.8 millones en 2024. Es un incremento cercano al 150%.
“Este crecimiento contrasta con la relativa estabilidad o el aumento moderado observado en otras regiones y refleja, entre otros factores, la expansión de políticas penales más punitivas y el uso extensivo de la prisión preventiva”, apunta el informe.
Asimismo, establece que la población privada de libertad en América Latina y el Caribe presenta un marcado sesgo socioeconómico. Los estudios revelan que las personas bajo prisión tienen un nivel educativo inferior al promedio de la población general.
“Esta desigualdad se acentúa en la fase de la prisión preventiva, donde el acceso limitado a una defensa legal y las dificultades para acreditar condiciones de arraigo —como domicilio estable, empleo formal o fianzas— incrementan la probabilidad de permanecer detenido durante el proceso judicial”, destaca el estudio.
Ante ese panorama, el PNUD advierte que cuando las cárceles presentan sobrepoblación crónica, déficits de control interno o se convierten en centros de coordinación de actividades ilícitas, la capacidad del Estado para ejecutar sanciones queda comprometida.
Otras causas del problema
El reporte también señala que los cuerpos policiales en América Latina y el Caribe enfrentan fragmentación institucional, bajos niveles de profesionalización, limitaciones en capacidades investigativas y vulnerabilidad a la cooptación local.
Por eso, cuando la probabilidad de sanción es reducida —lo que se refleja en bajas tasas de homicidios esclarecidos— el poder intimidatorio de los actores criminales se amplifica y la autoridad estatal pierde credibilidad.
La medida de coerción efectiva, según el informe, no se mide solo por operativos o despliegues, sino por la capacidad de investigar, procesar y sancionar de manera consistente. “En este sentido, la impunidad constituye un indicador central de debilitamiento coercitivo: sin consecuencias previsibles frente al delito, el monopolio legítimo de la violencia se vuelve nominal más que efectivo”.
Santo Domingo, R.D.-Una estructura criminal desarticulada por el Ministerio Público, identificada como Operacion Onco 14, recibió una imputación formal al ser acusada de orquestar un sofisticado esquema de fraude en perjuicio del Estado dominicano, el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y cientos de pacientes oncológicos de la región del Cibao.
Los imputados son Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo del Patronato y exmiembro de la junta directiva del IORC, Luisa Yasiris Guzmán, actual esposa de Lora Cruceta y presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida.
Según el expediente, los acusados utilizaron empresas fachada, incluyendo Vargas Lora & Asociados (actualmente Vargas Guzmán Accounting Center) y la fundación antes mencionada, para desviar fondos destinados a tratamientos médicos vitales para pacientes del régimen subsidiado.
El Ministerio Público subraya una irregularidad clave en la investigación, aunque los estatutos del IORC estipulaban un mandato de dos años para la presidencia, Héctor Antonio Lora Cruceta se mantuvo en el cargo desde el 9 de octubre de 2018 hasta el 6 de octubre de 2025.
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, destacó que esta es la tercera estructura criminal enfrentada como parte de las investigaciones sobre el fraude al SeNaSa, una labor de depuración iniciada con la Operación Senasa bajo la dirección de la Procuradora General, Yeni Berenice Reynoso.
En los allanamientos, realizados con apoyo de la Policía Nacional y la Unidad de Investigación Criminal (UIC), se ocuparon dinero en efectivo y títulos de propiedad, dispositivos electrónicos (computadoras, celulares, DVR), documentación comprometedora y vehículos.
Según el Ministerio Público el grupo deberá responder por una serie de cargos graves que incluyen asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología (acceso ilícito a sistemas), lavado de activos.