Nacionales
Ortiz contrata a un investigador privado para indagar atentado
Periódico de Boston cuestiona que vocero de la Policía Nacional, Frank Félix Durán, trabaje para Grandes Ligas
El extoletero de los Medias Rojas, David Ortiz, al parecer no se encuentra conforme con las investigaciones realizada por las autoridades dominicanas, pues contrató a una firma encabezada por el excomisionado de la Policía de Boston, Ed Davis, para investigar los detalles que rodearon el incidente del pasado 9 de junio donde el exjugador fue alcanzado por una bala mientras se encontraba compartiendo en un centro de diversión, en Santo Domingo Este.
El procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, y el director general de la Policía Nacional, Ney Aldrin Bautista Almonte, afirmaron que según la investigación, el objetivo del atentado en el que resultó herido David Ortiz, no era el expelotero, sino un amigo de éste llamado Sixto David Fernández, alias El Modelo.
Según informó el procurador, Sixto David Fernández se encontraba junto a Ortiz y otros conocidos en una mesa del Dial Bar and Lounge, en la avenida Presidente Vásquez, donde también resultó herido el comunicador Joel López.
Pero al parecer las versiones que suministraron las autoridades dominicanas no convencen David Ortiz, pues de acuerdo a Joe Baerlein, portavoz de expelotero y propietario de The Edward Davis Company, la empresa fue contratada unas semanas después de que Ortiz regresó a Boston.
Baerlein dijo que su compañía está “monitoreando y analizando información de varias fuentes en la República Dominicana sobre los motivos del tiroteo en el que Ortiz fue herido de gravedad, así como brindando seguridad personal al expelotero y a su familia.
“Ortiz “está muy interesado en descubrir lo que realmente sucedió”, declaró Baerlein al periódico local The Boston Globe.
Baerlein indicó que Ortiz “no tuvo bases durante algún tiempo para desafiar la teoría de las autoridades dominicanas de la identidad equivocada”.
Sin embargo, agregó que “a medida que surgen nuevos hechos, provoca cierto optimismo de que puede haber otras conclusiones antes de que se determine por qué le dispararon a David”.
Frank Félix Durán se defiende
El caso de David Ortiz aún mantiene cierto hermetismo en la veracidad de las investigaciones, pues cada día salen a la luz cuestionables preguntas.
El vocero de la Policía Nacional, Frank Félix Durán Mejía, ha sido cuestionado por el diario estadounidense The Boston Globe por el doble rol que desempeña el oficial de la Policía Nacional, en la investigación del atentado que puso en peligro la vida de David Ortiz, ya que el coronel trabaja en materia de seguridad de la Major League Baseball (MLB).
Durante más de una década, Durán Mejía, ha estado en la nómina de Major League Baseball, uno de los tres funcionarios dominicanos de alto rango encargados de hacer cumplir la ley empleados como agentes de seguridad residentes de MLB. Son los ojos y oídos del comisionado de béisbol Rob Manfred en la República Dominicana, un vínculo vital entre la multimillonaria empresa deportiva estadounidense y un Gobierno lleno de escándalos en una tierra donde los niños con sueños de béisbol han sido explotados durante mucho tiempo, así indica el periódico Boston Globe.
El periódico Boston Globe plantea preguntas sobre la lealtad de Duran en un momento en que los relatos cambiantes de la policía sobre el casi fatal tiroteo de Ortiz el 9 de junio se encontraron con un escepticismo generalizado.
Tras el cuestionamiento, Frank Félix Durán Mejía, indicó que tiene 10 años colaborando con Major League Baseball en el país.
“Tengo 10 años, no como empleado, porque no estoy en nómina fija, sino como colaborador en algunos aspectos de seguridad”.
Precisó que cuenta con una especialidad en seguridad deportiva, por tal motivo, ha participado en los clásicos de béisbol y en Serie del Caribe como seguridad.
Aclaró que de ninguna manera, y bajo ningún concepto, “yo influyo en ninguna investigación”.
De igual modo, Durán indicó que no hay ningún temor en que las autoridades estadounidenses revisen las investigaciones, pues estoy seguro y confiado en que ellos lo que van hacer es validar lo que nosotros hicimos”.
De su parte, el procurador de la República, Jean Alain Rodríguez, instó a que confíen en las autoridades dominicanas, a raíz de que medios internacionales cuestionan las últimas investigaciones realizadas por la Policía Nacional.
“Confíen en sus instituciones, que sus instituciones están trabajando para todos ustedes y dándole resultados tangibles”, precisó.
Sostuvo que es normal que existan dudas cuando en redes sociales y en los medios de comunicación, personas quizás con mala intención emiten mensajes e informaciones falsas que generan en los ciudadanos ciertas teorías. Dijo que es un derecho de todo ciudadano dudar y preguntar sobre las investigaciones.
Ratifican prisión a uno de los imputados
El Primer Juzgado de la Instrucción de Santo Domingo Este, ratificó ayer la prisión preventiva contra Porfirio Ayendi Dechamps Vásquez (El Nene), implicado en el atentando donde hirieron al expelotero David Ortiz.
El tribunal dispuso que “El Nene” continúe recluido en el Centro de Corrección y Rehabilitación de San Pedro de Macorís cumpliendo prisión preventiva como medida de coerción.
Dechamps fue quien alegadamente ocultó el arma después de que Rolfi Ferreira Cruz supuestamente le disparó a Ortiz. Entre los detenidos implicados en el caso, se encuentran Víctor Hugo Gómez Vásquez y Alberto Miguel Rodríguez Mota, Rolfi Ferreras Cruz o Ramón Martínez Pérez (Rolfi), Oliver Moisés Mirabal, Joel Rodríguez de la Cruz (Calamardo), Gabriel Alexander Pérez Vizcaíno (Hueso), Franklin Yunior Merán (Rubirosa) y Lanny Estefanny Pérez Reyes, entre otros.
elcaribe.com.do
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.