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Toño Leña y El Abusador se delataron entre sí ante DEA

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Ramón Antonio del Rosario Puente, alias ‘Toño Leña

POR CONSIDERARLO DE INTERES REPRODUCIMOS ESTE TRABAJO DEL PERIODICO LISTIN DIARIO CON RESPECTO A LAS INTRINGULIS DEL NEGOCIO DE LAS DROGAS EN EL PAIS, EN EL QUE TIENEN UNA PARCIPACION IMPORTANTE O PROTAGONICA TONO LENA Y CESAR EL «ABUSADOR».

Santo Domingo, RD.- Una complicada disputa por deudas de drogas entre los narcos Ramón Antonio del Rosario Puente (Toño Leña) y César Emilio Peralta, alias ‘El Abusador’, ha emergido con fuerza para explicar todo el entresijo que se teje alrededor de la red de narcotráfico y lavado de activos recién desmantelada en el país, en lo que la intervención de la inteligencia y la justicia de los Estados Unidos ha jugado un papel determinante.

Una declaración jurada en apoyo a la solicitud de extradición de José Jesús Tapia Pérez, alias ‘Bola Negra’, uno de los cuatro reclamados por Estados Unidos, revela ahora los intríngulis subyacentes en esta pieza proveniente de los registros del Tribunal del Distrito Sur de la Florida, Estados Unidos.

Toño Leña y El Abusador son consideradas dos piezas clave y decisivas en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa.

El primero era receptor de la mercancía desde Suramérica, mientras el segundo la adquiría de éste a cuenta de pago posterior. Por su parte, “Bola Negra” era una especie de mediador en el negocio entre ambos.

Las cosas se complicaron entre estos hombres cuando ‘El Abusador’ empezó a retrasarse en los pagos. Las autoridades aprovecharon esta brecha, obtuvieron confidencias de las operaciones e interceptaron sus móviles y otros medios.

Una investigación a fondo reveló una operación a gran escala que implicó a Julio César Peralta, Ramón Antonio del Rosario Puente y su hijo, Jeifry del Rosario Gautier, y Darys José Báez Melo.

Así, se conoció que a principios de enero de 2015, hasta el 11 de abril de 2019,  José Jesús Tapia Pérez trabajó para la red, cuya función era de “responsable del transporte de múltiples cientos de kilogramos de cocaína de Colombia y Venezuela a la República Dominicana, de donde se transportaba a Puerto Rico, Nueva York, y otros lugares”.

Comenzando el mes de febrero de 2017, las autoridades realizaron intervenciones electrónicas en 25 aparatos de comunicación usados por la red.

La declaración sobre este caso de demanda de extradición contra José Jesús Tapia Pérez, en la que se exponen detalles amplios de la disputa entre Toño Leña y El Abusador, está firmada por Richard E. Getchell, fiscal auxiliar en el Distrito Sur de la Florida.

César Emilio Peralta, El Abusador.

Según la investigación, Tapia, César El Abusador, Toño Leña y su hijo, Jeifry del Rosario Gautier, y otros, hablan en sus conversaciones sobre negocios de tráfico de narcóticos.

“Esas comunicaciones interceptadas legalmente implicaron la compra y venta de cientos de kilogramos de cocaína con destino a los Estados Unidos”, consigna el documento.

En estas comunicaciones, Tapia Pérez “hablaba con frecuencia en español y usaba un lenguaje codificado y en clave para describir y facilitar sus actividades de narcotráfico”. Usaba el mensajero Blackberry Messenger para comunicarse, a través del uso de BBM PIN, con el nombre de usuario “Bola Negra”. En las conversaciones, agrega, le decían ‘Bola Negra’ y ‘Boludo’.

En una de las conversaciones interceptadas, Tapia le decía a Toño Leña que El Abusador deseaba verle y que éste, a su vez, le había dicho a Tapia “30 días”, lo cual, en contexto, quería decir que Peralta le pagaría a Del Rosario Puente una deuda de drogas en 30 días.

“El  intercambio de mensajes de BBM entre Tapia y Toño Leña continuó, en el cual hablaron de entregar un total de 100 kilogramos de cocaína a Peralta, los cuales estaban ocultos en un carro con un compartimiento secreto que podía dar cupo a 50 kilogramos a la vez”.

Basados en estos detalles, las autoridades entendieron que, “como resultado de la transacción anterior, coordinada con Tapia, la cual implicó por lo menos 50 kilogramos provistos por Del Rosario Puente a Peralta. Peralta tenía con Del Rosario Puente una deuda por esas drogas”.

“El 10 de abril de 2017, o alrededor de esa fecha, durante un intercambio de mensajes BBM, Del Rosario Puente le preguntó a Tapia si Cabezón (Peralta) había resuelto el problema con la ‘basura’ (cocaína)  de Barahona. Tapia dijo que él lo vería (a Peralta), más tarde esa noche”, agrega el reporte.

El 15 de mayo de 2017, o alrededor de esa fecha, Toño Leña  y Tapia Pérez tuvieron un intercambio de mensaje por BBM, durante el cual Del Rosario Puente preguntó a Tapia que “cuándo iba a pagar el Cabezón (Peralta), refiriéndose a la deuda pendiente que Peralta tenía por el trato de 50 kilogramos”.

A esto Tapia, según la descripción, le dijo a Toño Leña que le escarbaría a Peralta para averiguar cuándo iba a pagar.

El problema de cobro de la deuda a El Abusador se complicó, porque ya no tomaba las llamadas ni respondía los mensajes de Toño  Leña.

“El 26 o 27 de mayo de 2017, del Rosario Puente le dijo a Tapia que estaba con los propietarios de la cocaína y que Peralta no contestaba sus llamadas e iba a irse contra Peralta agresivamente para que pagara el dinero”. Desde entonces paró el suministro de cocaína a El Abusador.

El 28 de mayo de 2017, el hijo de Toño Leña, Jeifry, y Jesús Báez Melo, fueron interceptados con 20 kilogramos de cocaína destinado a los Estados Unidos.

Después, las autoridades interceptaron una llamada de Toño Leña y su hijo hablando del arresto de Báez Melo.

Toño Leña culpó a El Abusador por la incautación de la droga y lo acusó de “tenderles una trampa para que se cancelara la deuda que tenía”.

“BOLA NEGRA”
DROGA

Gran cargamento En una reunión en la cual se habló de la incautación, un trabajador de César Peralta le explicó a Toño Leña que la cocaína incautada había sido parte de un embarque de 1,000 kilogramos que Peralta había recibido, “y que si lo caliente (la intervención de las autoridades), había venido de Peralta, hubiera sido incautado el embarque completo de 1,000 kilogramos. Durante esa reunión, el propietario de la cocaína fue mencionado repetidamente como “Patrón” y “El Abusador”.

listindiario.com

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Caso del Jet Set tendrá decision del juez este lunes si va o no a juicio.

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Santo Domingo.- Raymundo Mejía,  juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional,  decidirá el próximo 15 si envía o no a juicio a los propietarios de la discoteca Jet Set Club, Antonio y Maribel Espaillat, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de 236 personas fallecidas durante el derrumbe del techo del centro de diversión, ocurrido el 8 de abril del 2025.

El magistrado dará el fallo a las 10:00 de la mañana de esa fecha, con el objetivo de ponderar los argumentos del Ministerio Público, de los representantes legales de las víctimas y de la defensa de los imputados.
Esto tras más de un año de ocurrir la tragedia que dejo más de 200 personas fallecidas y más de cien heridos y decena de huérfanos.

Durante la audiencia, familiares de los fallecidos y personas afectadas expusieron ante el juez cómo han cambiado sus vidas tras el trágico suceso. Asimismo, los imputados y su defensa presentaron sus argumentos ante el tribunal.
El Ministerio Público solicitó formalmente el envío a juicio de los propietarios de la discoteca Jet Set Club, al considerar que existen suficientes elementos de prueba que demuestran la responsabilidad de los hermanos Espaillat en los hechos que se les imputan.

A la salida del tribunal, el director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, expresó que espera que el juez adopte una decisión acorde a la ley y ordene el envío a juicio de los acusados.

El 18 de junio, le dictan medida de coerción contra Antonio y Maribel Espaillat, propietario y gerente de la discoteca Jet Set, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de más de 230 personas fallecidas y 189 heridas tras el desplome del techo del centro de diversión. Ellos fueron apresados el 12 de junio por miembros del Ministerio Público tras ser interrogado por el hecho.

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El país es el segundo en América Latina con mas presos preventivos.

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Santo Domingo.- Mientras en el pais se pregona que se ha avanzado en el estado de derecho, ocupa el segundo lugar en América Latina y el Caribe con  mayor numero de presos preventivos y ocupación penitenciaria más alta, superada  solo por Haití, según la Dirección de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC).

El dato, que es reseñado este domingo por  periódico Listín Diario  refleja una debilidad estructural del sistema de justicia penal en su capacidad de investigación y procesamiento.

Señala que en República Dominicana hay aproximadamente 25,000 personas privadas de libertad, de las cuales cerca de 16,000, equivalente a mas del 60% son preventivos.

El documento advierte que la elevada proporción de personas privadas de libertad sin sentencia firme en América Latina y el Caribe evidencia esa misma debilidad estructural. Cuando las investigaciones criminales son lentas o de baja calidad y los tribunales enfrentan sobrecarga de casos, la prisión preventiva termina usándose como sustituto de investigaciones eficaces y procesos judiciales oportunos.

Agrega que la dinámica se refuerza por la presión política y social de “mostrar resultados” en materia de seguridad. Esa presión incentiva respuestas punitivas inmediatas, incluso cuando los procesos judiciales no están plenamente desarrollados.

“El resultado es una acumulación de personas detenidas sin condena que traslada las fallas del debido proceso al sistema penitenciario. Esto contribuye al hacinamiento y debilita la capacidad del Estado para mantener un control efectivo sobre las cárceles”, señala Democracias Bajo Presión.

El PNUD explica que desde inicios del siglo XXI la región ha registrado uno de los aumentos más rápidos de población penitenciaria a nivel mundial. El número de personas privadas de libertad pasó de unos 700,000 a comienzos de los años 2000 a cerca de 1.8 millones en 2024. Es un incremento cercano al 150%.

“Este crecimiento contrasta con la relativa estabilidad o el aumento moderado observado en otras regiones y refleja, entre otros factores, la expansión de políticas penales más punitivas y el uso extensivo de la prisión preventiva”, apunta el informe.

Asimismo, establece que la población privada de libertad en América Latina y el Caribe presenta un marcado sesgo socioeconómico. Los estudios revelan que las personas bajo prisión tienen un nivel educativo inferior al promedio de la población general.

“Esta desigualdad se acentúa en la fase de la prisión preventiva, donde el acceso limitado a una defensa legal y las dificultades para acreditar condiciones de arraigo —como domicilio estable, empleo formal o fianzas— incrementan la probabilidad de permanecer detenido durante el proceso judicial”, destaca el estudio.

Ante ese panorama, el PNUD advierte que cuando las cárceles presentan sobrepoblación crónica, déficits de control interno o se convierten en centros de coordinación de actividades ilícitas, la capacidad del Estado para ejecutar sanciones queda comprometida.

Otras causas del problema

El reporte también señala que los cuerpos policiales en América Latina y el Caribe enfrentan fragmentación institucional, bajos niveles de profesionalización, limitaciones en capacidades investigativas y vulnerabilidad a la cooptación local.

Por eso, cuando la probabilidad de sanción es reducida —lo que se refleja en bajas tasas de homicidios esclarecidos— el poder intimidatorio de los actores criminales se amplifica y la autoridad estatal pierde credibilidad.

La medida de coerción efectiva, según el informe, no se mide solo por operativos o despliegues, sino por la capacidad de investigar, procesar y sancionar de manera consistente. “En este sentido, la impunidad constituye un indicador central de debilitamiento coercitivo: sin consecuencias previsibles frente al delito, el monopolio legítimo de la violencia se vuelve nominal más que efectivo”.

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formalizan cargos contra caso Onco 14 por fraude millonario a SENASA.

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Santo Domingo, R.D.-Una estructura criminal desarticulada por el Ministerio Público, identificada como Operacion Onco 14, recibió  una imputación formal al ser acusada de orquestar un sofisticado esquema de fraude en perjuicio del Estado dominicano, el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y cientos de pacientes oncológicos de la región del Cibao.

La investigación, dirigida por la Dirección General de Persecución, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Fiscalía de Santiago, señala como cabecillas a tres exdirectivos del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, entidad que administra el Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC).

Los imputados son Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo del Patronato y exmiembro de la junta directiva del IORC, Luisa Yasiris Guzmán, actual esposa de Lora Cruceta y presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida.

Según el expediente, los acusados utilizaron empresas fachada, incluyendo Vargas Lora & Asociados (actualmente Vargas Guzmán Accounting Center) y la fundación antes mencionada, para desviar fondos destinados a tratamientos médicos vitales para pacientes del régimen subsidiado.

El Ministerio Público subraya una irregularidad clave en la investigación, aunque los estatutos del IORC estipulaban un mandato de dos años para la presidencia, Héctor Antonio Lora Cruceta se mantuvo en el cargo desde el 9 de octubre de 2018 hasta el 6 de octubre de 2025.

El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, destacó que esta es la tercera estructura criminal enfrentada como parte de las investigaciones sobre el fraude al SeNaSa, una labor de depuración iniciada con la Operación Senasa bajo la dirección de la Procuradora General, Yeni Berenice Reynoso.

En los allanamientos, realizados con apoyo de la Policía Nacional y la Unidad de Investigación Criminal (UIC), se ocuparon dinero en efectivo y títulos de propiedad, dispositivos electrónicos (computadoras, celulares, DVR), documentación comprometedora y vehículos.

Según el Ministerio Público el grupo deberá responder por una serie de cargos graves que incluyen asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología (acceso ilícito a sistemas), lavado de activos.

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