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Toño Leña y El Abusador se delataron entre sí ante DEA

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Ramón Antonio del Rosario Puente, alias ‘Toño Leña

POR CONSIDERARLO DE INTERES REPRODUCIMOS ESTE TRABAJO DEL PERIODICO LISTIN DIARIO CON RESPECTO A LAS INTRINGULIS DEL NEGOCIO DE LAS DROGAS EN EL PAIS, EN EL QUE TIENEN UNA PARCIPACION IMPORTANTE O PROTAGONICA TONO LENA Y CESAR EL «ABUSADOR».

Santo Domingo, RD.- Una complicada disputa por deudas de drogas entre los narcos Ramón Antonio del Rosario Puente (Toño Leña) y César Emilio Peralta, alias ‘El Abusador’, ha emergido con fuerza para explicar todo el entresijo que se teje alrededor de la red de narcotráfico y lavado de activos recién desmantelada en el país, en lo que la intervención de la inteligencia y la justicia de los Estados Unidos ha jugado un papel determinante.

Una declaración jurada en apoyo a la solicitud de extradición de José Jesús Tapia Pérez, alias ‘Bola Negra’, uno de los cuatro reclamados por Estados Unidos, revela ahora los intríngulis subyacentes en esta pieza proveniente de los registros del Tribunal del Distrito Sur de la Florida, Estados Unidos.

Toño Leña y El Abusador son consideradas dos piezas clave y decisivas en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa.

El primero era receptor de la mercancía desde Suramérica, mientras el segundo la adquiría de éste a cuenta de pago posterior. Por su parte, “Bola Negra” era una especie de mediador en el negocio entre ambos.

Las cosas se complicaron entre estos hombres cuando ‘El Abusador’ empezó a retrasarse en los pagos. Las autoridades aprovecharon esta brecha, obtuvieron confidencias de las operaciones e interceptaron sus móviles y otros medios.

Una investigación a fondo reveló una operación a gran escala que implicó a Julio César Peralta, Ramón Antonio del Rosario Puente y su hijo, Jeifry del Rosario Gautier, y Darys José Báez Melo.

Así, se conoció que a principios de enero de 2015, hasta el 11 de abril de 2019,  José Jesús Tapia Pérez trabajó para la red, cuya función era de “responsable del transporte de múltiples cientos de kilogramos de cocaína de Colombia y Venezuela a la República Dominicana, de donde se transportaba a Puerto Rico, Nueva York, y otros lugares”.

Comenzando el mes de febrero de 2017, las autoridades realizaron intervenciones electrónicas en 25 aparatos de comunicación usados por la red.

La declaración sobre este caso de demanda de extradición contra José Jesús Tapia Pérez, en la que se exponen detalles amplios de la disputa entre Toño Leña y El Abusador, está firmada por Richard E. Getchell, fiscal auxiliar en el Distrito Sur de la Florida.

César Emilio Peralta, El Abusador.

Según la investigación, Tapia, César El Abusador, Toño Leña y su hijo, Jeifry del Rosario Gautier, y otros, hablan en sus conversaciones sobre negocios de tráfico de narcóticos.

“Esas comunicaciones interceptadas legalmente implicaron la compra y venta de cientos de kilogramos de cocaína con destino a los Estados Unidos”, consigna el documento.

En estas comunicaciones, Tapia Pérez “hablaba con frecuencia en español y usaba un lenguaje codificado y en clave para describir y facilitar sus actividades de narcotráfico”. Usaba el mensajero Blackberry Messenger para comunicarse, a través del uso de BBM PIN, con el nombre de usuario “Bola Negra”. En las conversaciones, agrega, le decían ‘Bola Negra’ y ‘Boludo’.

En una de las conversaciones interceptadas, Tapia le decía a Toño Leña que El Abusador deseaba verle y que éste, a su vez, le había dicho a Tapia “30 días”, lo cual, en contexto, quería decir que Peralta le pagaría a Del Rosario Puente una deuda de drogas en 30 días.

“El  intercambio de mensajes de BBM entre Tapia y Toño Leña continuó, en el cual hablaron de entregar un total de 100 kilogramos de cocaína a Peralta, los cuales estaban ocultos en un carro con un compartimiento secreto que podía dar cupo a 50 kilogramos a la vez”.

Basados en estos detalles, las autoridades entendieron que, “como resultado de la transacción anterior, coordinada con Tapia, la cual implicó por lo menos 50 kilogramos provistos por Del Rosario Puente a Peralta. Peralta tenía con Del Rosario Puente una deuda por esas drogas”.

“El 10 de abril de 2017, o alrededor de esa fecha, durante un intercambio de mensajes BBM, Del Rosario Puente le preguntó a Tapia si Cabezón (Peralta) había resuelto el problema con la ‘basura’ (cocaína)  de Barahona. Tapia dijo que él lo vería (a Peralta), más tarde esa noche”, agrega el reporte.

El 15 de mayo de 2017, o alrededor de esa fecha, Toño Leña  y Tapia Pérez tuvieron un intercambio de mensaje por BBM, durante el cual Del Rosario Puente preguntó a Tapia que “cuándo iba a pagar el Cabezón (Peralta), refiriéndose a la deuda pendiente que Peralta tenía por el trato de 50 kilogramos”.

A esto Tapia, según la descripción, le dijo a Toño Leña que le escarbaría a Peralta para averiguar cuándo iba a pagar.

El problema de cobro de la deuda a El Abusador se complicó, porque ya no tomaba las llamadas ni respondía los mensajes de Toño  Leña.

“El 26 o 27 de mayo de 2017, del Rosario Puente le dijo a Tapia que estaba con los propietarios de la cocaína y que Peralta no contestaba sus llamadas e iba a irse contra Peralta agresivamente para que pagara el dinero”. Desde entonces paró el suministro de cocaína a El Abusador.

El 28 de mayo de 2017, el hijo de Toño Leña, Jeifry, y Jesús Báez Melo, fueron interceptados con 20 kilogramos de cocaína destinado a los Estados Unidos.

Después, las autoridades interceptaron una llamada de Toño Leña y su hijo hablando del arresto de Báez Melo.

Toño Leña culpó a El Abusador por la incautación de la droga y lo acusó de “tenderles una trampa para que se cancelara la deuda que tenía”.

“BOLA NEGRA”
DROGA

Gran cargamento En una reunión en la cual se habló de la incautación, un trabajador de César Peralta le explicó a Toño Leña que la cocaína incautada había sido parte de un embarque de 1,000 kilogramos que Peralta había recibido, “y que si lo caliente (la intervención de las autoridades), había venido de Peralta, hubiera sido incautado el embarque completo de 1,000 kilogramos. Durante esa reunión, el propietario de la cocaína fue mencionado repetidamente como “Patrón” y “El Abusador”.

listindiario.com

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Obispos se reunen con Abinader en la 64ª Asamblea Plenaria del Episcopado

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Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.

Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.

“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.

Abinader se reúne con obispos en la 64ª Asamblea Plenaria del Episcopado

El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.

El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.

Abinader se reúne con obispos en la 64ª Asamblea Plenaria del Episcopado

También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.

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Garantía económica e impedimento de salida a “Onguito Wa”.

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Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.

La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.

Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.

Imponen garantía económica e impedimento de salida a “Onguito Wa” por porte ilegal de arma
Imponen garantía económica e impedimento de salida a “Onguito Wa” por porte ilegal de arma

La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.

Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.

El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.

El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.

De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.

Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.

El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.

«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».

  • En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
  • Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.

El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.

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Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega

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Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público  en las próximas horas la imposición  contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.

El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.

Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.

Instrumentos odontológicos en un consultorio, vinculados al caso de un falso odontólogo acusado de causar lesiones
Instrumentos dentales en un consultorio, en el contexto de la solicitud de prisión preventiva contra un falso odontólogo.

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.

Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.

La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.

La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.

“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.

Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.

  • El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
  • Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.

El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.

El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.

Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.

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