Conecta con nosotros

Nacionales

Tribunal Constitucional no recibe órdenes de nadie, según Ray Guevara

Published

on

San José de Ocoa. Milton Ray Guevara, presidente del Tribunal Constitucional (TC), sostuvo  que esa alta corte ha demostrado una absoluta independencia del poder estatal y de los poderes fácticos y fue enfático al resaltar que “no recibimos órdenes de nadie, solo de la Constitución y las leyes, de nuestro intelecto y de nuestras conciencias”.

“El Tribunal no actúa contra nadie ni en favor de nadie, garantiza la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales.
Pero lo más importante, nos hemos ganado la confianza de nuestros compatriotas. ¡Cuántos males se hubiesen evitado en la historia de la República si hubiésemos contado con una justicia constitucional responsable, independiente y trabajadora!”, expresó Ray Guevara.

El magistrado sostuvo que la jurisprudencia del TC está cambiando la vida de la gente, con su impacto social en la salud, educación, los derechos fundamentales, el medio ambiente, los perfiles de la nacionalidad, los derechos de la mujer y la protección de los sectores más vulnerables, entre otras áreas.

“Hemos hecho lo que, al decir de notables juristas europeos y latinoamericanos, no tiene precedentes: llevar al Tribunal y a la Constitución al seno del pueblo”, dijo Ray Guevara al evaluar este recorrido por todo el país, realizado con el objetivo de dar conocer a la ciudadanía el quehacer de esta corte, los jueces que la conforman y su rol como defensor de la Carta Magna.

Ayer el pleno de los jueces se presentó en San José de Ocoa, luego de recorrer los municipios cabeceras de las provincias del país y adicionalmente, el municipio de Verón, Punta Cana en La Altagracia.

“La Constitución es democracia, es Estado social y democrático de derecho, es base de la dominicanidad, el soporte de la patria de Duarte, Sánchez y Mella. La tarea del Tribunal Constitucional apenas comienza”, enfatizó.

El magistrado Lino Vásquez Sámuel, segundo sustituto del presidente, tuvo a su cargo la conferencia central de esta presentación, titulada “Ocoa de pie: Desde el padre Quinn hacia el Estado social y democrático de derecho en la Constitución dominicana”, en la que comparó la obra social realizada por el padre Luis Quinn en San José de Ocoa con los principios que definen el Estado social y democrático de derecho.

“El padre Luis Quinn, con sus obras y ejemplo, llevó a la práctica los principios fundamentales para la construcción de un verdadero Estado social y democrático de derecho, fundado en el respeto de la dignidad humana, la defensa de los derechos fundamentales y el trabajo dentro de un marco de justicia social, bienestar general y los derechos de todos y todas”, expresó Vásquez Sámuel.

“El Estado social y democrático de derecho debe ser visto desde la perspectiva del Guayacán, inspirado en el trabajo de los hombres y mujeres que lo vivifican y los exigen, para hacer posible el principio elemental de la dignidad humana”, expresó en referencia al fenecido sacerdote.

El magistrado Vásquez, durante la conferencia señaló que la historia del nacimiento de los Estados sociales “es la historia de la transformación de la ayuda a los pobres motivada en la caridad y en la discrecionalidad de la autoridad pública en beneficios concretos que corresponden a derechos individuales de los ciudadanos”.

El acto de presentación, celebrado en el Salón Padre Luis Quinn del Palacio Municipal, contó con la presencia del Pleno del TC encabezado por Ray Guevara e integrado por los magistrados Rafael Díaz Filpo, primer sustituto de presidente; Lino Vásquez Samuel, segundo sustituto de presidente; Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Hermógenes Acosta de los Santos, José Alejandro Ayuso, la magistrada Alba Luisa Beard, los magistrados Justo Pedro Castellanos Khoury, Domingo Gil, Wilson Gómez Ramírez, la magistrada Katia Miguelina Jiménez Martínez y el magistrado Miguel Valera Montero, así como el secretario del TC, Julio José Rojas Báez.

La bendición del acto fue responsabilidad de monseñor Víctor Masalles Pere, obispo de la diócesis de Baní.

Los jueces recibieron reconocimientos de la Alcaldía Municipal de San José de Ocoa, la Gobernación de Peravia, la Oficina Senatorial, la seccional del Colegio de Abogados y la Fundación Ocoa de Pie.

A la presentación acudieron personalidades de la provincia entre ellas el diputado Francisco Mancebo; el alcalde municipal Aneudy Ortiz; el magistrado Richard Darío Encarnación, presidente del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial, y el procurador fiscal titular, Francis Valdez, entre otros.

Dice Estado tiene deuda con familia Duarte Díez

El magistrado juez del Tribunal Constitucional y presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez consideró que el Estado Dominicano tiene aún deudas pendientes con la familia del patricio Juan Pablo Duarte.

Gómez sostuvo que la permanencia de Pedro Santana en el Panteón Nacional constituye una afrenta para la memoria de la familia Duarte Díez, mientras los restos de esa familia ni siquiera se encuentran en el país y no han sido localizados.

Durante una ofrenda floral en el busto de Duarte en el parque principal del municipio San José de Ocoa, Gómez recordó los actos cometidos por Santana en contra de los Próceres y fundadores de nación.

Señaló, en ese sentido, que en ocasión del bicentenario del nacimiento de Rosa Duarte, hermana del patricio y partícipe del proyecto de nacionalidad, el próximo año, el Instituto Duartiano impulsará que el Congreso Nacional apruebe la ley que busca sacar a Santana del Panteón y trasladar sus restos a su provincia de nacimiento.

Asimismo, consideró que una manera de honrar la familia Duarte Díez, en vista de que no hay registro de dónde están sus restos, sería colocar un cenotafio en el Panteón que haga referencia a los miembros de esa familia.

En el Congreso Nacional hay tres proyectos de leyes que procuran sacar a Pedro Santana del Panteón Nacional y trasladarlo al cementerio de El Seibo.

 

 

Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Nacionales

Caso del Jet Set tendrá decision del juez este lunes si va o no a juicio.

Published

on

Santo Domingo.- Raymundo Mejía,  juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional,  decidirá el próximo 15 si envía o no a juicio a los propietarios de la discoteca Jet Set Club, Antonio y Maribel Espaillat, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de 236 personas fallecidas durante el derrumbe del techo del centro de diversión, ocurrido el 8 de abril del 2025.

El magistrado dará el fallo a las 10:00 de la mañana de esa fecha, con el objetivo de ponderar los argumentos del Ministerio Público, de los representantes legales de las víctimas y de la defensa de los imputados.
Esto tras más de un año de ocurrir la tragedia que dejo más de 200 personas fallecidas y más de cien heridos y decena de huérfanos.

Durante la audiencia, familiares de los fallecidos y personas afectadas expusieron ante el juez cómo han cambiado sus vidas tras el trágico suceso. Asimismo, los imputados y su defensa presentaron sus argumentos ante el tribunal.
El Ministerio Público solicitó formalmente el envío a juicio de los propietarios de la discoteca Jet Set Club, al considerar que existen suficientes elementos de prueba que demuestran la responsabilidad de los hermanos Espaillat en los hechos que se les imputan.

A la salida del tribunal, el director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, expresó que espera que el juez adopte una decisión acorde a la ley y ordene el envío a juicio de los acusados.

El 18 de junio, le dictan medida de coerción contra Antonio y Maribel Espaillat, propietario y gerente de la discoteca Jet Set, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de más de 230 personas fallecidas y 189 heridas tras el desplome del techo del centro de diversión. Ellos fueron apresados el 12 de junio por miembros del Ministerio Público tras ser interrogado por el hecho.

Continue Reading

Nacionales

El país es el segundo en América Latina con mas presos preventivos.

Published

on

Santo Domingo.- Mientras en el pais se pregona que se ha avanzado en el estado de derecho, ocupa el segundo lugar en América Latina y el Caribe con  mayor numero de presos preventivos y ocupación penitenciaria más alta, superada  solo por Haití, según la Dirección de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC).

El dato, que es reseñado este domingo por  periódico Listín Diario  refleja una debilidad estructural del sistema de justicia penal en su capacidad de investigación y procesamiento.

Señala que en República Dominicana hay aproximadamente 25,000 personas privadas de libertad, de las cuales cerca de 16,000, equivalente a mas del 60% son preventivos.

El documento advierte que la elevada proporción de personas privadas de libertad sin sentencia firme en América Latina y el Caribe evidencia esa misma debilidad estructural. Cuando las investigaciones criminales son lentas o de baja calidad y los tribunales enfrentan sobrecarga de casos, la prisión preventiva termina usándose como sustituto de investigaciones eficaces y procesos judiciales oportunos.

Agrega que la dinámica se refuerza por la presión política y social de “mostrar resultados” en materia de seguridad. Esa presión incentiva respuestas punitivas inmediatas, incluso cuando los procesos judiciales no están plenamente desarrollados.

“El resultado es una acumulación de personas detenidas sin condena que traslada las fallas del debido proceso al sistema penitenciario. Esto contribuye al hacinamiento y debilita la capacidad del Estado para mantener un control efectivo sobre las cárceles”, señala Democracias Bajo Presión.

El PNUD explica que desde inicios del siglo XXI la región ha registrado uno de los aumentos más rápidos de población penitenciaria a nivel mundial. El número de personas privadas de libertad pasó de unos 700,000 a comienzos de los años 2000 a cerca de 1.8 millones en 2024. Es un incremento cercano al 150%.

“Este crecimiento contrasta con la relativa estabilidad o el aumento moderado observado en otras regiones y refleja, entre otros factores, la expansión de políticas penales más punitivas y el uso extensivo de la prisión preventiva”, apunta el informe.

Asimismo, establece que la población privada de libertad en América Latina y el Caribe presenta un marcado sesgo socioeconómico. Los estudios revelan que las personas bajo prisión tienen un nivel educativo inferior al promedio de la población general.

“Esta desigualdad se acentúa en la fase de la prisión preventiva, donde el acceso limitado a una defensa legal y las dificultades para acreditar condiciones de arraigo —como domicilio estable, empleo formal o fianzas— incrementan la probabilidad de permanecer detenido durante el proceso judicial”, destaca el estudio.

Ante ese panorama, el PNUD advierte que cuando las cárceles presentan sobrepoblación crónica, déficits de control interno o se convierten en centros de coordinación de actividades ilícitas, la capacidad del Estado para ejecutar sanciones queda comprometida.

Otras causas del problema

El reporte también señala que los cuerpos policiales en América Latina y el Caribe enfrentan fragmentación institucional, bajos niveles de profesionalización, limitaciones en capacidades investigativas y vulnerabilidad a la cooptación local.

Por eso, cuando la probabilidad de sanción es reducida —lo que se refleja en bajas tasas de homicidios esclarecidos— el poder intimidatorio de los actores criminales se amplifica y la autoridad estatal pierde credibilidad.

La medida de coerción efectiva, según el informe, no se mide solo por operativos o despliegues, sino por la capacidad de investigar, procesar y sancionar de manera consistente. “En este sentido, la impunidad constituye un indicador central de debilitamiento coercitivo: sin consecuencias previsibles frente al delito, el monopolio legítimo de la violencia se vuelve nominal más que efectivo”.

Continue Reading

Nacionales

formalizan cargos contra caso Onco 14 por fraude millonario a SENASA.

Published

on

Santo Domingo, R.D.-Una estructura criminal desarticulada por el Ministerio Público, identificada como Operacion Onco 14, recibió  una imputación formal al ser acusada de orquestar un sofisticado esquema de fraude en perjuicio del Estado dominicano, el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y cientos de pacientes oncológicos de la región del Cibao.

La investigación, dirigida por la Dirección General de Persecución, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Fiscalía de Santiago, señala como cabecillas a tres exdirectivos del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, entidad que administra el Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC).

Los imputados son Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo del Patronato y exmiembro de la junta directiva del IORC, Luisa Yasiris Guzmán, actual esposa de Lora Cruceta y presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida.

Según el expediente, los acusados utilizaron empresas fachada, incluyendo Vargas Lora & Asociados (actualmente Vargas Guzmán Accounting Center) y la fundación antes mencionada, para desviar fondos destinados a tratamientos médicos vitales para pacientes del régimen subsidiado.

El Ministerio Público subraya una irregularidad clave en la investigación, aunque los estatutos del IORC estipulaban un mandato de dos años para la presidencia, Héctor Antonio Lora Cruceta se mantuvo en el cargo desde el 9 de octubre de 2018 hasta el 6 de octubre de 2025.

El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, destacó que esta es la tercera estructura criminal enfrentada como parte de las investigaciones sobre el fraude al SeNaSa, una labor de depuración iniciada con la Operación Senasa bajo la dirección de la Procuradora General, Yeni Berenice Reynoso.

En los allanamientos, realizados con apoyo de la Policía Nacional y la Unidad de Investigación Criminal (UIC), se ocuparon dinero en efectivo y títulos de propiedad, dispositivos electrónicos (computadoras, celulares, DVR), documentación comprometedora y vehículos.

Según el Ministerio Público el grupo deberá responder por una serie de cargos graves que incluyen asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología (acceso ilícito a sistemas), lavado de activos.

Continue Reading

Edificio La República: Restauración No. 138, cuarta planta, Santiago, República Dominicana. Teléfono: 809-247-3606. Fax: 809-581-0030.
www.larepublicaonline.com  / Email: periodico@larepublicaonline.com
Copyright © 2021 Blue National Group