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Tribunal Constitucional no recibe órdenes de nadie, según Ray Guevara

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San José de Ocoa. Milton Ray Guevara, presidente del Tribunal Constitucional (TC), sostuvo  que esa alta corte ha demostrado una absoluta independencia del poder estatal y de los poderes fácticos y fue enfático al resaltar que “no recibimos órdenes de nadie, solo de la Constitución y las leyes, de nuestro intelecto y de nuestras conciencias”.

“El Tribunal no actúa contra nadie ni en favor de nadie, garantiza la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales.
Pero lo más importante, nos hemos ganado la confianza de nuestros compatriotas. ¡Cuántos males se hubiesen evitado en la historia de la República si hubiésemos contado con una justicia constitucional responsable, independiente y trabajadora!”, expresó Ray Guevara.

El magistrado sostuvo que la jurisprudencia del TC está cambiando la vida de la gente, con su impacto social en la salud, educación, los derechos fundamentales, el medio ambiente, los perfiles de la nacionalidad, los derechos de la mujer y la protección de los sectores más vulnerables, entre otras áreas.

“Hemos hecho lo que, al decir de notables juristas europeos y latinoamericanos, no tiene precedentes: llevar al Tribunal y a la Constitución al seno del pueblo”, dijo Ray Guevara al evaluar este recorrido por todo el país, realizado con el objetivo de dar conocer a la ciudadanía el quehacer de esta corte, los jueces que la conforman y su rol como defensor de la Carta Magna.

Ayer el pleno de los jueces se presentó en San José de Ocoa, luego de recorrer los municipios cabeceras de las provincias del país y adicionalmente, el municipio de Verón, Punta Cana en La Altagracia.

“La Constitución es democracia, es Estado social y democrático de derecho, es base de la dominicanidad, el soporte de la patria de Duarte, Sánchez y Mella. La tarea del Tribunal Constitucional apenas comienza”, enfatizó.

El magistrado Lino Vásquez Sámuel, segundo sustituto del presidente, tuvo a su cargo la conferencia central de esta presentación, titulada “Ocoa de pie: Desde el padre Quinn hacia el Estado social y democrático de derecho en la Constitución dominicana”, en la que comparó la obra social realizada por el padre Luis Quinn en San José de Ocoa con los principios que definen el Estado social y democrático de derecho.

“El padre Luis Quinn, con sus obras y ejemplo, llevó a la práctica los principios fundamentales para la construcción de un verdadero Estado social y democrático de derecho, fundado en el respeto de la dignidad humana, la defensa de los derechos fundamentales y el trabajo dentro de un marco de justicia social, bienestar general y los derechos de todos y todas”, expresó Vásquez Sámuel.

“El Estado social y democrático de derecho debe ser visto desde la perspectiva del Guayacán, inspirado en el trabajo de los hombres y mujeres que lo vivifican y los exigen, para hacer posible el principio elemental de la dignidad humana”, expresó en referencia al fenecido sacerdote.

El magistrado Vásquez, durante la conferencia señaló que la historia del nacimiento de los Estados sociales “es la historia de la transformación de la ayuda a los pobres motivada en la caridad y en la discrecionalidad de la autoridad pública en beneficios concretos que corresponden a derechos individuales de los ciudadanos”.

El acto de presentación, celebrado en el Salón Padre Luis Quinn del Palacio Municipal, contó con la presencia del Pleno del TC encabezado por Ray Guevara e integrado por los magistrados Rafael Díaz Filpo, primer sustituto de presidente; Lino Vásquez Samuel, segundo sustituto de presidente; Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Hermógenes Acosta de los Santos, José Alejandro Ayuso, la magistrada Alba Luisa Beard, los magistrados Justo Pedro Castellanos Khoury, Domingo Gil, Wilson Gómez Ramírez, la magistrada Katia Miguelina Jiménez Martínez y el magistrado Miguel Valera Montero, así como el secretario del TC, Julio José Rojas Báez.

La bendición del acto fue responsabilidad de monseñor Víctor Masalles Pere, obispo de la diócesis de Baní.

Los jueces recibieron reconocimientos de la Alcaldía Municipal de San José de Ocoa, la Gobernación de Peravia, la Oficina Senatorial, la seccional del Colegio de Abogados y la Fundación Ocoa de Pie.

A la presentación acudieron personalidades de la provincia entre ellas el diputado Francisco Mancebo; el alcalde municipal Aneudy Ortiz; el magistrado Richard Darío Encarnación, presidente del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial, y el procurador fiscal titular, Francis Valdez, entre otros.

Dice Estado tiene deuda con familia Duarte Díez

El magistrado juez del Tribunal Constitucional y presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez consideró que el Estado Dominicano tiene aún deudas pendientes con la familia del patricio Juan Pablo Duarte.

Gómez sostuvo que la permanencia de Pedro Santana en el Panteón Nacional constituye una afrenta para la memoria de la familia Duarte Díez, mientras los restos de esa familia ni siquiera se encuentran en el país y no han sido localizados.

Durante una ofrenda floral en el busto de Duarte en el parque principal del municipio San José de Ocoa, Gómez recordó los actos cometidos por Santana en contra de los Próceres y fundadores de nación.

Señaló, en ese sentido, que en ocasión del bicentenario del nacimiento de Rosa Duarte, hermana del patricio y partícipe del proyecto de nacionalidad, el próximo año, el Instituto Duartiano impulsará que el Congreso Nacional apruebe la ley que busca sacar a Santana del Panteón y trasladar sus restos a su provincia de nacimiento.

Asimismo, consideró que una manera de honrar la familia Duarte Díez, en vista de que no hay registro de dónde están sus restos, sería colocar un cenotafio en el Panteón que haga referencia a los miembros de esa familia.

En el Congreso Nacional hay tres proyectos de leyes que procuran sacar a Pedro Santana del Panteón Nacional y trasladarlo al cementerio de El Seibo.

 

 

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A prisión dominicano deportado desde EE.UU. por múltiples homicidios en RD

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Santo Domingo, R.D.-El Tribunal de Atención Permanente de Santiago, que preside la  jueza Wendy Altagracia Tavárez, impuso este lunes tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción, contra un dominicano que fue deportado desde los Estados Unidos, involucrado en al menos siete homicidios en Santiago.

Andry Josué Vargas Núñez, conocido como Juan Bosch, debe cumplir la sanción en el Centro de Corrección y Rehabilitación El Pino, en La Vega.

La medida fue impuesta al imputado por el asesinato a tiros de Diovel Leonel Fernández Pérez (Guccy), durante un incidente ocurrido en marzo del 2022 en el sector La Yagüita de El Ejido, en las proximidades del Parque Central de Santiago.

Al procesado también lo acusan por sus vínculos, en noviembre de ese mismo año, a una balacera donde murieron cinco personas en la misma barriada.

De acuerdo a la investigación, Vargas Núñez, de 26 años, escapó a Estados Unidos tras participar en esos casos. Fue detenido este año en esa nación y deportado al país el pasado mes de octubre.

Otros hechos delictivos

Además de los homicidios, Vargas Núñez figura en el sistema policial con dos registros por atracos, en enero y marzo del año 2018.

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Abren puertas a la importación de comida sin aranceles en casos de emergencia

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Santo Domingo, R.D.-La importación de alimentos sin aranceles en caso de emergencia o de pandemia podrá ser posible por la recién aprobada Ley de Seguridad Alimentaria, que busca modificar una normativa promulgada en el año 2016, que abriría las puertas para que un consejo de funcionarios pueda recomendar al Poder Ejecutivo la referida medida.

En la gestión del presidente Luis Abinader, el Congreso aprobó una ley para liberar de impuestos más de 60 alimentos y estudió sin éxito otro proyecto que permitiría importar sin aranceles el azúcar.

La pieza que aprobó el jueves la Cámara de Diputados establece que el Consejo Nacional para la Soberanía y la Seguridad Alimentaria y Nutricional (Conassan) tendrá, entre sus nuevas funciones, la atribución de recomendar al presidente «la suspensión de las obligaciones arancelarias» para importar alimentos en momentos de emergencia.

Según la iniciativa, las medidas especiales solo serían aplicadas en caso de que el producto sea impactado adversamente, cuando se perjudique la seguridad alimentaria y nutricional del país y cuando se pueda afectar la seguridad económica y los intereses esenciales del Estado.

Otros aspectos

Aparte de la importación de alimentos, la pieza también busca el cumplimiento en la calidad de los alimentos que se consumen en el país, el acceso a la comida, la estabilidad de la oferta sin fluctuaciones y la disponibilidad de alimentos.

«La seguridad alimentaria solo se cumple cuando todas las personas tienen acceso físico y económico a los alimentos nutritivos e inocuos para satisfacer sus necesidades alimentarias», establece el proyecto depositado por el presidente Abinader.

Aunque fue aprobado sin ningún obstáculo por la mayoría que ostenta el PRM en ambas cámaras, los opositores no votaron por la pieza por considerar que  «lesiona» las funciones del Congreso.

El vocero de la Fuerza del Pueblo en la Cámara baja, Rafael Castillo, expresó que el proyecto le quita funciones al Congreso que, según dijo, es el órgano facultado para recomendar o autorizar la importación de alimentos sin aranceles.

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Esta noche se decide sobre medidas de coerción de Jochi Gómez y compartes.

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Santo Domingo, R.D.-Los jueces de la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional,  Isis Muñiz, Luis Omar Jiménez y Delio Germán, deliberaban esta noche para decidir la suerte de la solicitud de variación de medida de coerción hecha por el exdirector del IntrantHugo Beras; José Ángel Gómez Canaán (Jochi), propietario de la empresa Aurix S.A.S y Transcore Latam; y Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant.

Se espera que esta noche los magistrados adopten una decisión sobre la solicitud presenta, en la que estos piden una medida de coerción menos gravosa a la prisión preventiva. El Ministerio Público, en cambio, solicita mantener la coerción ya dictada.

El pasado 10 de octubre, los involucrados en el llamado caso Intrant fueron enviados al Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres de San Cristóbal con 18 meses de prisión preventiva por supuestamente ejecutar de forma fraudulenta el contrato de 1,317 millones de pesos para instalar la red semafórica del Gran Santo Domingo.

Gómez, Beras y Padovani son señalados por el Ministerio Público de pertenecer a una supuesta red de corrupción y crimen organizado dedicada al desfalco, estafa contra el Estado, falsificación, coalición de funcionarios, contrabando, comercio ilícito, sabotaje y terrorismo contra infraestructura crítica y robo de identidad.

Las presuntas irregularidades en la licitación giran en torno al contrato para la modernización, ampliación, supervisión y gestión del Sistema Integral del Centro de Control de Tráfico y la Red Semafórica del Gran Santo Domingo, el cual fue adjudicado a la empresa Transcore Latam, de Jochi Gómez.

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