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Tribunal Constitucional no recibe órdenes de nadie, según Ray Guevara

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San José de Ocoa. Milton Ray Guevara, presidente del Tribunal Constitucional (TC), sostuvo  que esa alta corte ha demostrado una absoluta independencia del poder estatal y de los poderes fácticos y fue enfático al resaltar que “no recibimos órdenes de nadie, solo de la Constitución y las leyes, de nuestro intelecto y de nuestras conciencias”.

“El Tribunal no actúa contra nadie ni en favor de nadie, garantiza la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales.
Pero lo más importante, nos hemos ganado la confianza de nuestros compatriotas. ¡Cuántos males se hubiesen evitado en la historia de la República si hubiésemos contado con una justicia constitucional responsable, independiente y trabajadora!”, expresó Ray Guevara.

El magistrado sostuvo que la jurisprudencia del TC está cambiando la vida de la gente, con su impacto social en la salud, educación, los derechos fundamentales, el medio ambiente, los perfiles de la nacionalidad, los derechos de la mujer y la protección de los sectores más vulnerables, entre otras áreas.

“Hemos hecho lo que, al decir de notables juristas europeos y latinoamericanos, no tiene precedentes: llevar al Tribunal y a la Constitución al seno del pueblo”, dijo Ray Guevara al evaluar este recorrido por todo el país, realizado con el objetivo de dar conocer a la ciudadanía el quehacer de esta corte, los jueces que la conforman y su rol como defensor de la Carta Magna.

Ayer el pleno de los jueces se presentó en San José de Ocoa, luego de recorrer los municipios cabeceras de las provincias del país y adicionalmente, el municipio de Verón, Punta Cana en La Altagracia.

“La Constitución es democracia, es Estado social y democrático de derecho, es base de la dominicanidad, el soporte de la patria de Duarte, Sánchez y Mella. La tarea del Tribunal Constitucional apenas comienza”, enfatizó.

El magistrado Lino Vásquez Sámuel, segundo sustituto del presidente, tuvo a su cargo la conferencia central de esta presentación, titulada “Ocoa de pie: Desde el padre Quinn hacia el Estado social y democrático de derecho en la Constitución dominicana”, en la que comparó la obra social realizada por el padre Luis Quinn en San José de Ocoa con los principios que definen el Estado social y democrático de derecho.

“El padre Luis Quinn, con sus obras y ejemplo, llevó a la práctica los principios fundamentales para la construcción de un verdadero Estado social y democrático de derecho, fundado en el respeto de la dignidad humana, la defensa de los derechos fundamentales y el trabajo dentro de un marco de justicia social, bienestar general y los derechos de todos y todas”, expresó Vásquez Sámuel.

“El Estado social y democrático de derecho debe ser visto desde la perspectiva del Guayacán, inspirado en el trabajo de los hombres y mujeres que lo vivifican y los exigen, para hacer posible el principio elemental de la dignidad humana”, expresó en referencia al fenecido sacerdote.

El magistrado Vásquez, durante la conferencia señaló que la historia del nacimiento de los Estados sociales “es la historia de la transformación de la ayuda a los pobres motivada en la caridad y en la discrecionalidad de la autoridad pública en beneficios concretos que corresponden a derechos individuales de los ciudadanos”.

El acto de presentación, celebrado en el Salón Padre Luis Quinn del Palacio Municipal, contó con la presencia del Pleno del TC encabezado por Ray Guevara e integrado por los magistrados Rafael Díaz Filpo, primer sustituto de presidente; Lino Vásquez Samuel, segundo sustituto de presidente; Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Hermógenes Acosta de los Santos, José Alejandro Ayuso, la magistrada Alba Luisa Beard, los magistrados Justo Pedro Castellanos Khoury, Domingo Gil, Wilson Gómez Ramírez, la magistrada Katia Miguelina Jiménez Martínez y el magistrado Miguel Valera Montero, así como el secretario del TC, Julio José Rojas Báez.

La bendición del acto fue responsabilidad de monseñor Víctor Masalles Pere, obispo de la diócesis de Baní.

Los jueces recibieron reconocimientos de la Alcaldía Municipal de San José de Ocoa, la Gobernación de Peravia, la Oficina Senatorial, la seccional del Colegio de Abogados y la Fundación Ocoa de Pie.

A la presentación acudieron personalidades de la provincia entre ellas el diputado Francisco Mancebo; el alcalde municipal Aneudy Ortiz; el magistrado Richard Darío Encarnación, presidente del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial, y el procurador fiscal titular, Francis Valdez, entre otros.

Dice Estado tiene deuda con familia Duarte Díez

El magistrado juez del Tribunal Constitucional y presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez consideró que el Estado Dominicano tiene aún deudas pendientes con la familia del patricio Juan Pablo Duarte.

Gómez sostuvo que la permanencia de Pedro Santana en el Panteón Nacional constituye una afrenta para la memoria de la familia Duarte Díez, mientras los restos de esa familia ni siquiera se encuentran en el país y no han sido localizados.

Durante una ofrenda floral en el busto de Duarte en el parque principal del municipio San José de Ocoa, Gómez recordó los actos cometidos por Santana en contra de los Próceres y fundadores de nación.

Señaló, en ese sentido, que en ocasión del bicentenario del nacimiento de Rosa Duarte, hermana del patricio y partícipe del proyecto de nacionalidad, el próximo año, el Instituto Duartiano impulsará que el Congreso Nacional apruebe la ley que busca sacar a Santana del Panteón y trasladar sus restos a su provincia de nacimiento.

Asimismo, consideró que una manera de honrar la familia Duarte Díez, en vista de que no hay registro de dónde están sus restos, sería colocar un cenotafio en el Panteón que haga referencia a los miembros de esa familia.

En el Congreso Nacional hay tres proyectos de leyes que procuran sacar a Pedro Santana del Panteón Nacional y trasladarlo al cementerio de El Seibo.

 

 

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La construcción de la autopista del Ambar se inicia el próximo mes, según lo anunció el Gobierno.

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Santo Domingo, R.D.-El próximo mes está previsto el inicio de la construcción de la autopista del Ambar, de acuerdo a un anuncio en este sentido hecho este sabado por la vicepresidenta Raquel Peña, la cual conectará las provincias de Santiago y Puerto Plata en menos de 30 minutos y que  permitirá impulsar el turismo, el comercio, la logistica y el desarrollo económico de la region Norte.

Peña ofreció la información a la prensa al concluir una sesión de trabajo ampliada de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS), en la que participaron instituciones aliadas, representantes de las provincias del Cibao y el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Eduardo Estrella, entre otros.

Raquel Peña manifestó que la obra llevará numerosos beneficios, crecimiento y desarrollo a las 14 provincias de la región Norte. «Estamos muy contentos con el inicio de esta obra», expresó.

El ministro de Obras Públicas y ComunicacionesEduardo Estrella, aseguró que la Autovía del Ámbar se encuentra en la etapa de «firma de contratos» y socialización con las empresas adjudicatarias del proceso de licitación.

A principios de julio, el Consorcio Autopista del Ámbar, S.R.L., integrado por las empresas Ingeniería Estrella, Rizek Constructora, Magna y Constructora Mar, ganó la licitación para el diseño y construcción de la Autopista del Ámbar, convocada por el Fideicomiso RD Vial.

La vicepresidenta resaltó que Santiago y el Cibao atraviesan una etapa de importante crecimiento económico y urbano, lo que ha incrementado la demanda de nuevas infraestructuras para responder a las necesidades de movilidad, conectividad y desarrollo de la población.

El encuentro, en las instalaciones de la ACIS, fue organizado en respuesta a las inquietudes planteadas por líderes regionales durante una reunión de trabajo celebrada la semana pasada en el despacho de la Vicepresidencia, en el Palacio Nacional.

Durante la actividad, Estrella también presentó un balance de los principales proyectos de infraestructura que el Gobierno desarrolla en Santiago y la región Norte. Destacó que estas inversiones buscan mejorar la conectividad, fortalecer la seguridad vial e incrementar la competitividad del Cibao.

Entre las obras prioritarias mencionó:

  • La ampliación a cuatro carriles de la circunvalación de Navarrete.
  • La expansión de la carretera Santiago-Licey.
  • Los trabajos de conexión vial hacia Moca y otras localidades.

En cuanto a los programas de asfaltado, indicó que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones mantiene brigadas trabajando de manera simultánea en Santiago, Puerto Plata, San Francisco de Macorís y otras provincias.

Explicó que, debido a las limitaciones presupuestarias y al incremento de los costos de los materiales, las intervenciones se ejecutan siguiendo criterios técnicos y de prioridad, con el propósito de atender de manera equilibrada las necesidades de todo el país.

Por otro lado, el presidente de la ACISMarcos Santana, consideró que la presencia de representantes de los principales sectores productivos, comerciales, industriales y de servicios de la región Norte evidencia el interés del empresariado y de la sociedad organizada en trabajar de manera articulada con el Gobierno para impulsar iniciativas que contribuyan al desarrollo del Cibao.

Tras finalizar el encuentro estratégico, la vicepresidenta Raquel Peña se trasladó a la catedral de la ciudad para participar en la celebración de sus fiestas patronales en honor a Santiago Apóstol El Mayor. Con la tradicional fiesta religiosa finalizan las actividades conmemorativas.

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Sigue endeudamiento de economía con préstamos de más RD$27 mil millones

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Santo Domingo, R.D.-El Poder Ejecutivo no para en su politica de endeudamiento al lograr la aprobacion en el Congreso Nacional este viernes de dos préstamos provernmiente del  Poder Ejecutivo por US$465 millones, los cuales equivalen a aproximadamente 27 mil millones en pesos dominicanos.

El Senado de la República fue el último órgano legislativo en aprobarlo. Estos empréstitos aprobados la tarde de ayer por la Cámara de Diputados.

En ambas cámaras legislativas, los representantes de la Fuerza del Pueblo (FP), del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), votaron en contra de los dos empréstitos.

Se trata de dos acuerdos, firmados por la gestión del presidente Luis Abinader con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Uno de estos le entregaría US$200 millones al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), así como al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), para financiar el programa de implementación de la política nacional de seguridad vial en el país.

El informe favorable que presentó la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja precisa que el objetivo es contribuir a una movilidad segura, previniendo los accidentes de tránsito.

Además, fortalecer la fiscalización, educación y atención a víctimas en el territorio nacional.

El presidente de esa Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Frank Paulino, explicó los pasos que aplicará el Gobierno para lograrlo.

Mientras que el otro empréstito, de US$265 millones, sería destinado para el financiamiento del proyecto Plan de Manejo de Cuenca del Río Yuna, previsto a ser ejecutado por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indhri).

La carta enviada por el mandatario Abinader al órgano legislativo establece que los recursos incrementarían la resiliencia ante los riesgos de inundación en la parte baja del recurso hídrico.

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RD no aceptará productos y bienes elaborados mediante “trabajo forzoso”

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Santo Domingo, R.D.-El Gobierno dominicano dispuso la prohibición de la importación hacia al territorio nacional de mercancías, productos y bienes producidos, fabricados, extraídos, procesados o elaborados, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso, incluyendo aquellas mercancías respecto de las cuales exista evidencia razonable de que en alguna fase de su cadena de suministro se ha producido la distorsión, cuya decision se produce tras el pais ser sancionado mediante arancel por la administracion del presidente Donald Trump.

La disposición gubernamental busca establecer las disposiciones administrativas necesarias para la prevención, identificación, verificación y prohibición de la importación de mercancías, productos y bienes producidos, fabricados, extraídos, procesados o elaborados, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso, con el fin de proteger los derechos humanos, preservar la integridad del comercio internacional y garantizar el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por la República Dominicana.

La medida, contenida en el decreto 502-26, será aplicada a toda mercancía, producto o bien destinado a ser importado al territorio aduanero del país sobre el cual existan indicios razonables de que ha sido producido, fabricado, extraído, procesado o elaborado, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso, independientemente de su país de origen o procedencia.

La medida se toma apenas horas después de que la Administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunciara nuevos aranceles de entre el 10 % y el 12,5 % a las importaciones procedentes de República Dominicana y otros 59 países y economías, justificándose en una investigación sobre «esfuerzos insuficientes para combatir el trabajo forzoso».

En su artículo siete, el decreto señala que para la identificación de casos productos creados total o parcialmente, mediante trabajo forzoso se tomará en consideración información proveniente de fuentes nacionales o internacionales, tanto públicas como privadas incluyendo importadores, exportadores, operadores económicos, asociaciones empresariales u otros actores del sector privado.

Cuando existan indicios razonables, la Dirección General de Aduanas solicitará al Ministerio de Trabajo que, dentro del ámbito de sus competencias, elabore el informe técnico correspondiente. Luego se realizará una evaluación técnica correspondiente para determinar si existen elementos suficientes para concluir que la mercancía sí tuvo incidencias, durante su creación del trabajo forzoso.

El Ministerio de Hacienda y Economía, la Dirección General de Aduanas y las demás instituciones competentes podrán adoptar dentro del ámbito de las atribuciones que les confieren las leyes, las normas generales, medidas administrativas, operativas y técnicas necesarias para la ejecución del presente decreto, siempre que dichas medidas no impliquen la creación de nuevas obligaciones, restricciones o prohibiciones distintas de las previstas en el ordenamiento jurídico vigente, ni alteren el contenido esencial de los derechos reconocidos por las leyes.

Se define como trabajo forzoso todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente, de conformidad con la definición contenida en el Convenio núm. 29 de la OIT, ratificado por la República Dominicana mediante la Résolución núm. 4505, del 21 de julio de 1956, y de conformidad con los estándares internacionales aplicables en materia de derechos humanos y erradicación del trabajo forzoso.

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