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Tribunal Constitucional no recibe órdenes de nadie, según Ray Guevara

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San José de Ocoa. Milton Ray Guevara, presidente del Tribunal Constitucional (TC), sostuvo  que esa alta corte ha demostrado una absoluta independencia del poder estatal y de los poderes fácticos y fue enfático al resaltar que “no recibimos órdenes de nadie, solo de la Constitución y las leyes, de nuestro intelecto y de nuestras conciencias”.

“El Tribunal no actúa contra nadie ni en favor de nadie, garantiza la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales.
Pero lo más importante, nos hemos ganado la confianza de nuestros compatriotas. ¡Cuántos males se hubiesen evitado en la historia de la República si hubiésemos contado con una justicia constitucional responsable, independiente y trabajadora!”, expresó Ray Guevara.

El magistrado sostuvo que la jurisprudencia del TC está cambiando la vida de la gente, con su impacto social en la salud, educación, los derechos fundamentales, el medio ambiente, los perfiles de la nacionalidad, los derechos de la mujer y la protección de los sectores más vulnerables, entre otras áreas.

“Hemos hecho lo que, al decir de notables juristas europeos y latinoamericanos, no tiene precedentes: llevar al Tribunal y a la Constitución al seno del pueblo”, dijo Ray Guevara al evaluar este recorrido por todo el país, realizado con el objetivo de dar conocer a la ciudadanía el quehacer de esta corte, los jueces que la conforman y su rol como defensor de la Carta Magna.

Ayer el pleno de los jueces se presentó en San José de Ocoa, luego de recorrer los municipios cabeceras de las provincias del país y adicionalmente, el municipio de Verón, Punta Cana en La Altagracia.

“La Constitución es democracia, es Estado social y democrático de derecho, es base de la dominicanidad, el soporte de la patria de Duarte, Sánchez y Mella. La tarea del Tribunal Constitucional apenas comienza”, enfatizó.

El magistrado Lino Vásquez Sámuel, segundo sustituto del presidente, tuvo a su cargo la conferencia central de esta presentación, titulada “Ocoa de pie: Desde el padre Quinn hacia el Estado social y democrático de derecho en la Constitución dominicana”, en la que comparó la obra social realizada por el padre Luis Quinn en San José de Ocoa con los principios que definen el Estado social y democrático de derecho.

“El padre Luis Quinn, con sus obras y ejemplo, llevó a la práctica los principios fundamentales para la construcción de un verdadero Estado social y democrático de derecho, fundado en el respeto de la dignidad humana, la defensa de los derechos fundamentales y el trabajo dentro de un marco de justicia social, bienestar general y los derechos de todos y todas”, expresó Vásquez Sámuel.

“El Estado social y democrático de derecho debe ser visto desde la perspectiva del Guayacán, inspirado en el trabajo de los hombres y mujeres que lo vivifican y los exigen, para hacer posible el principio elemental de la dignidad humana”, expresó en referencia al fenecido sacerdote.

El magistrado Vásquez, durante la conferencia señaló que la historia del nacimiento de los Estados sociales “es la historia de la transformación de la ayuda a los pobres motivada en la caridad y en la discrecionalidad de la autoridad pública en beneficios concretos que corresponden a derechos individuales de los ciudadanos”.

El acto de presentación, celebrado en el Salón Padre Luis Quinn del Palacio Municipal, contó con la presencia del Pleno del TC encabezado por Ray Guevara e integrado por los magistrados Rafael Díaz Filpo, primer sustituto de presidente; Lino Vásquez Samuel, segundo sustituto de presidente; Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Hermógenes Acosta de los Santos, José Alejandro Ayuso, la magistrada Alba Luisa Beard, los magistrados Justo Pedro Castellanos Khoury, Domingo Gil, Wilson Gómez Ramírez, la magistrada Katia Miguelina Jiménez Martínez y el magistrado Miguel Valera Montero, así como el secretario del TC, Julio José Rojas Báez.

La bendición del acto fue responsabilidad de monseñor Víctor Masalles Pere, obispo de la diócesis de Baní.

Los jueces recibieron reconocimientos de la Alcaldía Municipal de San José de Ocoa, la Gobernación de Peravia, la Oficina Senatorial, la seccional del Colegio de Abogados y la Fundación Ocoa de Pie.

A la presentación acudieron personalidades de la provincia entre ellas el diputado Francisco Mancebo; el alcalde municipal Aneudy Ortiz; el magistrado Richard Darío Encarnación, presidente del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial, y el procurador fiscal titular, Francis Valdez, entre otros.

Dice Estado tiene deuda con familia Duarte Díez

El magistrado juez del Tribunal Constitucional y presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez consideró que el Estado Dominicano tiene aún deudas pendientes con la familia del patricio Juan Pablo Duarte.

Gómez sostuvo que la permanencia de Pedro Santana en el Panteón Nacional constituye una afrenta para la memoria de la familia Duarte Díez, mientras los restos de esa familia ni siquiera se encuentran en el país y no han sido localizados.

Durante una ofrenda floral en el busto de Duarte en el parque principal del municipio San José de Ocoa, Gómez recordó los actos cometidos por Santana en contra de los Próceres y fundadores de nación.

Señaló, en ese sentido, que en ocasión del bicentenario del nacimiento de Rosa Duarte, hermana del patricio y partícipe del proyecto de nacionalidad, el próximo año, el Instituto Duartiano impulsará que el Congreso Nacional apruebe la ley que busca sacar a Santana del Panteón y trasladar sus restos a su provincia de nacimiento.

Asimismo, consideró que una manera de honrar la familia Duarte Díez, en vista de que no hay registro de dónde están sus restos, sería colocar un cenotafio en el Panteón que haga referencia a los miembros de esa familia.

En el Congreso Nacional hay tres proyectos de leyes que procuran sacar a Pedro Santana del Panteón Nacional y trasladarlo al cementerio de El Seibo.

 

 

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Cerca de dos meses después de concluido el periodo del presidente de la SCJ Abinader aún no ha convocado CNM

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Santo Domingo, R.D.-El pasado 5 de abril concluyó el periodo de siete años para el cual fue escogido el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina en el 2019, quien al momento de su designacion por el presidente de entonces Danilo Medina fungia como miembro del Comite Central del Partido de la Liberacion Dominicana, pero casi dos meses después el presidente Abinader no ha  convocado el Consejo Nacional de la Magistratura para su reevaluacion.

Tras asumir la silla presidencial en 2020, el gobernante Luis Abinader pasó a ser el encargado de instruir las labores del CNM en la selección de los jueces que conforman las altas cortes del país, dentro de las que se encuentran el Tribunal Superior Electoral (TSE), Tribunal Constitucional (TC), la Procuraduría General de la República (PGR) y la SCJ.

Precisamente, una de las evaluaciones pendientes es la del puesto de Henry Molina. Sin embargo, 49 días después de que concluyeran los siete años del magistrado, el mandatario Abinader se mantiene todavía sin convocar a los integrantes del Consejo para determinar si escogerán un nuevo o mantendrán el mismo presidente en el Poder Judicial.

También forman parte de la lista de vencidos los jueces Fran Euclides Soto Sánchez, Manuel Herrera Carbuccia y Francisco Antonio Jerez, Molina Peña, los jueces Vanessa E. Acosta Peralta, Samuel Arias Arzeno, Anselmo Alejandro Bello, María G. Garabito, Justiniano Montero Montero, Nancy Salcedo Fernández y Rafael Vásquez Goico, quienes componen el pleno de la SCJ.

El artículo 26 de la Ley Orgánica 138-11 es el que delimita el tiempo de funciones que tendrán los presidentes de las principales instancias judiciales.

En caso de que la intención de Molina sea permanecer en la posición por un segundo periodo consecutivo, los integrantes del CNM deberán utilizar el siguiente criterio para decidir sobre su confirmación durante la evaluación de desempeño: “Su integridad, imagen pública, reputación intelectual, destrezas profesionales, capacidad de análisis, laboriosidad, competencias académicas, atención y eficiencia a casos asignados, y tendrá como base de sustentación de informes”.

“Permanencia de jueces. Los jueces del Tribunal Constitucional, de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Superior Electoral, vencido el período para el que fueron designados, permanecerán en sus cargos hasta la toma de posesión de quienes les sustituyan”, artículo 38.

La prima en hacerlo fue La Red de Observadores por la Institucionalidad (ROI) luego de que el pasado 28 de abril le pidiera al presidente Abinader reunir “de manera inmediata” al CNM para concluir con la selección o confirmación de 11 jueces que terminaron su periodo.

En tanto, la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco) comunicó el pasado 6 de mayo que el proceso debe realizarse “sin más dilaciones, debido a la importancia que reviste la renovación y evaluación de los jueces para la estabilidad democrática y la confianza ciudadana en el Poder Judicial”.

El Instituto Dominicano de Derecho Penal (IDDP) coincidió el pasado 12 de mayo con la ROI y Adocco, advirtiendo que esta situación coloca a la matrícula de la Suprema en una fase de “rezago”.

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, es uno de los ocho miembros que tiene el CNM. El pasado 7 de abril, Pacheco aseguró al ser entrevistado en el Congreso Nacional que “dentro de muy poco tiempo” se reuniría el Consejo.

47 días después de esas declaraciones, el presidente Abinader ni ninguno de los integrantes han adelantado la fecha en que sostendrían el encuentro.

Mientras tanto, el Poder Judicial ha registrado durante los últimos días un episodio de inestabilidad, luego de que el pasado jueves aproximadamente 500 jueces decidieran realizar un paro laboral de 24 horas en alrededor de 36 distritos judiciales del territorio nacional para visibilizar sus exigencias: mejoras en las “precarias” condiciones de trabajo, la necesidad de que se implemente una reforma estructural en el sistema, entre otras.

Esta situación ha provocado señalamientos en contra de Henry Molina. Según el director del IDDP, Carlos Balcácer, entiende que el magistrado no ha sido capaz de exigirle al presidente Luis Abinader el cumplimiento de la entrega del dinero que debe recibir el Poder Judicial para solucionar la insatisfacción de los servidores.

“Lamentablemente, el presidente de la Suprema no ha sido capaz, como sí lo hicieron presidentes anteriores con autonomía económica propia, de exigirle al presidente de la nación que aporte las partidas económicas que merece el Poder Judicial. Eso es lo que explica esa situación”, expresó Balcácer el pasado miércoles durante una actividad realizada en el Palacio Nacional.

¿Continuarán los paros laborales en la Justicia?

La Asociación Dominicana de Jueces y Juezas de Paz (Adojupa), Jueces y Juezas por la Democracia (Judemo) aclaró ayer a los medios de comunicación que hasta el momento no ha sostenido un diálogo con el Consejo del Poder Judicial (CPJ) para alcanzar un acuerdo.

A pesar de que prevén continuar con las manifestaciones en caso de que sus exigencias no sean atendidas, las asociaciones reiteraron su disposición de participar en un diálogo institucional.

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El PLD participó en discusion sobre encuestas, dice Paliza.

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Santo Domingo, R.D.-José Ignacio Paliza,  presidente del PRM,  reaccionó este domingo a las críticas del expresidente Danilo Medina sobre la prohibición de publicar encuestas fuera de los plazos establecidos, recordándole que el PLD participó en la discusión del reglamento elaborado por la Junta Central Electoral (JCE) que tomó la medida.

Paliza respondió a declaraciones de Medina, quien consideró «sospechosa» la decisión de suspender las encuestas fuera de tiempo, señalando que el reglamento fue socializado previamente con todos los partidos políticos y firmas encuestadoras.

«La JCE publicó en abril de 2025, a través de diversos medios, el borrador de reglamento para encuestas conforme lo establece la Ley 107-13″, expresó el dirigente oficialista en una publicación en redes sociales.

Asimismo, recordó que el pasado 5 de junio la Junta celebró una audiencia pública con representantes de las organizaciones políticas, incluyendo al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), para escuchar observaciones y sugerencias sobre el documento.

«El PLD participó en ella. Inclusive, fue otorgado un plazo adicional para observaciones», sostuvo Paliza en una nota de prensa.

Con estas declaraciones, el presidente del PRM defendió el proceso llevado a cabo por la JCE y rechazó los cuestionamientos hechos por Medina en torno a la regulación de las encuestas electorales.

Medina, presidente del PLD y expresidente de la República, dijo este domingo que se le hacía «sumamente sospechosa» la prohibición de la JCE en torno a las encuestas y planteó que la medida buscaba tapar lo mal que está el gobernante Partido Revolucionario Moderno. También expresó que estaba consciente que la Junta podía tomar la medida.

«La ley la autoriza a hacer eso, pero es sumamente sospechoso que sea en este momento que se eliminen las encuestas. Eso no se hizo en el 2024, cuando las utilizaron para crear la percepción de invencibilidad del Gobierno», indicó a periodistas en Sánchez Ramírez, donde encabezó un acto de juramentación.

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Autoridades desmantelan red de trata de personas en Puerto Plata.

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Santo Domingo.- Sesenta y dos mujeres fueron rescatadas de la explotacion sexual comercial en Puerta Plata con el desmantelamiento por parte de miembros de la Unidad Especializada de Investigación Conjunta Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Delitos Conexos (UITIMC), adscrita a la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT).

La acción contra el grupo criminal, integrado por dominicanos y extranjeros, se llevó a cabo durante un amplio operativo ejecutado en distintas zonas del distrito municipal de Cabarete, municipio de Sosúa, Puerto Plata, en una labor conjunta con el Departamento II, Especial de Investigación de Delitos Transnacionales (Deidet), bajo la coordinación de la Procuraduría Fiscal de Puerto Plata.

Las autoridades ejecutaron en total siete órdenes judiciales de allanamientos y arrestaron a seis personas en el marco de una investigación contra la red dedicada a la trata de personas, bajo la modalidad de explotación sexual y proxenetismo.

La teniente coronel de la Policía, Lidavel Pérez Beltré, coordinadora de la UITIMC, dijo que los detenidos fueron trasladados a la Fiscalía de Puerto Plata para los fines judiciales correspondientes.

Durante el operativo fueron rescatadas 51 mujeres de nacionalidad dominicana y 11 haitianas, que fueron entregadas al personal de Asistencia y Protección a Víctimas y Testigos de la Procuraduría General de la República para los procedimientos de lugar.

También, un total de veinticinco (25) hombres indocumentados, aproximadamente, en su mayoría de nacionalidad haitiana, los cuales fueron entregados al personal de interdicción de la Dirección General de Migración de la provincia.

Las autoridades también ocuparon armas de fuego, vehículos, varios equipos electrónicos, incluyendo teléfonos celulares, computadoras portátiles, CPU, tabletas y DVR, así como cuadernos, libros de registros, sumas importantes de dinero en efectivo y una gran cantidad de preservativos, así como varios objetos relacionados a esa actividad delictiva.

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