Santo Domingo, RD.- Lo que se convirtió en algo de dominio popular ya comienza a confirmarse con las publicaciones hechas este viernes de que César Emilio Peralta “El Abusador” usaba parte del dinero que recibía del negocio del bajo mundo para sobornar a algunos oficiales y así evitar su arresto, enjuiciamiento e incautación de estupefacientes.Nacionales
Oficiales sobornados por el «Abusador»evitaron su arresto, decomisos y juicios
Santo Domingo, RD.- Lo que se convirtió en algo de dominio popular ya comienza a confirmarse con las publicaciones hechas este viernes de que César Emilio Peralta “El Abusador” usaba parte del dinero que recibía del negocio del bajo mundo para sobornar a algunos oficiales y así evitar su arresto, enjuiciamiento e incautación de estupefacientes.Los detalles al respecto vienen de la solicitud de extradición del Tribunal del Distrito de Puerto Rico, que agrega que el narcotraficante se inició en el negocio del narcotráfico en el año 1997 y que es el líder de una organización criminal transnacional que operaba desde República Dominicana.
La red es acusada de recibir cargamentos de cocaína y heroína desde Colombia y Venezuela, que luego eran enviados hacia Puerto Rico y Estados Unidos.
César Emilio Peralta está prófugo de la justicia dominicana y estadounidense desde el pasado 20 de agosto cuando las autoridades realizaron allanamientos múltiples a diferentes propiedades del imputado, entre estas las discotecas VIP Room, La Kuora, Flow Gallery, PlayRoom RD Lounge, Kaprich, ubicadas en distintos puntos de la capital.
Peralta forma parte del grupo de los ocho narcotraficantes dominicanos más importantes en el extranjero, según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Otros que participan del negocio ilegal que han sido senalados bajo la ley Kingpin son Ramón Antonio del Rosario Puente “Toño Leña”, Kelvin Enrique Fernández Flaquer “Cotto”, Yaher Rafael Jaquez Araujo “Jaque Mate”, Bernardo Antonio Valdez García “Papi Cris”, Natanael Castro Cordero, Jhonan Alexander Martínez Ureña, Boarnerges Sánchez Nolasco “Warnel” y Carlos Ariel Fernández Concepción.
El 28 de noviembre de 2018 un gran jurado del Distrito de Puerto Rico emitió un pliego acusatorio contra Peralta acusándolo de una conspiración para importar hacia el territorio aduanero de Estados Unidos, desde un lugar fuera del mismo, un kilogramo o más de una mezcla o sustancia que contenía una cantidad detectable de heroína, violentando el título 21 del Código de los Estados Unidos.
El segundo cargo indica que pertenece a una asociación delictuosa para importar a Estados Unidos cinco kilogramos o más de una mezcla o sustancia que contenía una cantidad detectable de cocaína.
Mientras que el tercer cargo indica que es acusado de posesión de cinco kilogramos o más de una mezcla o sustancia que contenía una cantidad detectable de cocaína, con la intención y el conocimiento de que sería importada ilegalmente a Estados Unidos.
Esta petición luego fue remplazada por una acusación formal emitida por el Distrito Sur de Florida, el 11 de abril de 2019, por ser el jefe de una red de narcotráfico que enviaba drogas a Norteamérica.
César, de 44 años, fue visto en público por última vez el fin de semana antes del desmantelamiento de la organización criminal mientras disfrutaba en un hotel en Punta Cana.
Hasta el momento, las autoridades han mantenido en prisión a 11 vinculados con la red criminal, incluyendo su pareja sentimental, Marisol Mercedes Franco, a la que el ministerio público acusa de adquirir bienes muebles e inmuebles por mas de 25 millones de pesos.
Esos bienes incluyen, según el ente, un apartamento en la torre Kevany, valorado en RD$16 millones, y un vehículo Mercedes Benz modelo S-500, valorado en US$120,000, y un reloj Hublot de 18 kilates, valorado en RD$750,000.
Asimismo, hay ocho prófugos de la justicia y seis han sido descargados o liberados en el caso de narcotráfico y lavado de activos.
“El Abusador” forma parte de la lista de cuatro individuos que fueron solicitados en extradición por las autoridades de Estados Unidos. Es el único de la lista que está fugitivo.
Baltazar Mesa y José Jesús Tapia Pérez tienen acusaciones formales emitidas por el Distrito Sur de Florida. Mientras que Sergio Gómez Díaz por el Distrito Este de Nueva York.
El quinto extraditable sería Jeifry del Rosario Gautier, hijo de “Toño Leña”, pero éste está cumpliendo condena en el país por otro crimen.
Fue pedido en extradición por Estados Unidos. Aquí, el ministerio público recibió la petición el 16 de julio de 2019.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (OFAC) coordinó estrechamente con la Administración de Control de Drogas (DEA) y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) para ejecutar la designación del pasado 20 de agosto, de conformidad con la Ley Kingpin.
Desde junio de 2000, más de 2,100 entidades e individuos han sido nombrados de conformidad con la Ley Kingpin, por su papel en el tráfico internacional de narcóticos.
Santo Domingo.- Raymundo Mejía, juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, decidirá el próximo 15 si envía o no a juicio a los propietarios de la discoteca Jet Set Club, Antonio y Maribel Espaillat, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de 236 personas fallecidas durante el derrumbe del techo del centro de diversión, ocurrido el 8 de abril del 2025.
El magistrado dará el fallo a las 10:00 de la mañana de esa fecha, con el objetivo de ponderar los argumentos del Ministerio Público, de los representantes legales de las víctimas y de la defensa de los imputados.
Esto tras más de un año de ocurrir la tragedia que dejo más de 200 personas fallecidas y más de cien heridos y decena de huérfanos.
Durante la audiencia, familiares de los fallecidos y personas afectadas expusieron ante el juez cómo han cambiado sus vidas tras el trágico suceso. Asimismo, los imputados y su defensa presentaron sus argumentos ante el tribunal.
El Ministerio Público solicitó formalmente el envío a juicio de los propietarios de la discoteca Jet Set Club, al considerar que existen suficientes elementos de prueba que demuestran la responsabilidad de los hermanos Espaillat en los hechos que se les imputan.
A la salida del tribunal, el director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, expresó que espera que el juez adopte una decisión acorde a la ley y ordene el envío a juicio de los acusados.
El 18 de junio, le dictan medida de coerción contra Antonio y Maribel Espaillat, propietario y gerente de la discoteca Jet Set, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de más de 230 personas fallecidas y 189 heridas tras el desplome del techo del centro de diversión. Ellos fueron apresados el 12 de junio por miembros del Ministerio Público tras ser interrogado por el hecho.
Santo Domingo.- Mientras en el pais se pregona que se ha avanzado en el estado de derecho, ocupa el segundo lugar en América Latina y el Caribe con mayor numero de presos preventivos y ocupación penitenciaria más alta, superada solo por Haití, según la Dirección de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC).
El dato, que es reseñado este domingo por periódico Listín Diario refleja una debilidad estructural del sistema de justicia penal en su capacidad de investigación y procesamiento.
Señala que en República Dominicana hay aproximadamente 25,000 personas privadas de libertad, de las cuales cerca de 16,000, equivalente a mas del 60% son preventivos.
El documento advierte que la elevada proporción de personas privadas de libertad sin sentencia firme en América Latina y el Caribe evidencia esa misma debilidad estructural. Cuando las investigaciones criminales son lentas o de baja calidad y los tribunales enfrentan sobrecarga de casos, la prisión preventiva termina usándose como sustituto de investigaciones eficaces y procesos judiciales oportunos.
Agrega que la dinámica se refuerza por la presión política y social de “mostrar resultados” en materia de seguridad. Esa presión incentiva respuestas punitivas inmediatas, incluso cuando los procesos judiciales no están plenamente desarrollados.
“El resultado es una acumulación de personas detenidas sin condena que traslada las fallas del debido proceso al sistema penitenciario. Esto contribuye al hacinamiento y debilita la capacidad del Estado para mantener un control efectivo sobre las cárceles”, señala Democracias Bajo Presión.
El PNUD explica que desde inicios del siglo XXI la región ha registrado uno de los aumentos más rápidos de población penitenciaria a nivel mundial. El número de personas privadas de libertad pasó de unos 700,000 a comienzos de los años 2000 a cerca de 1.8 millones en 2024. Es un incremento cercano al 150%.
“Este crecimiento contrasta con la relativa estabilidad o el aumento moderado observado en otras regiones y refleja, entre otros factores, la expansión de políticas penales más punitivas y el uso extensivo de la prisión preventiva”, apunta el informe.
Asimismo, establece que la población privada de libertad en América Latina y el Caribe presenta un marcado sesgo socioeconómico. Los estudios revelan que las personas bajo prisión tienen un nivel educativo inferior al promedio de la población general.
“Esta desigualdad se acentúa en la fase de la prisión preventiva, donde el acceso limitado a una defensa legal y las dificultades para acreditar condiciones de arraigo —como domicilio estable, empleo formal o fianzas— incrementan la probabilidad de permanecer detenido durante el proceso judicial”, destaca el estudio.
Ante ese panorama, el PNUD advierte que cuando las cárceles presentan sobrepoblación crónica, déficits de control interno o se convierten en centros de coordinación de actividades ilícitas, la capacidad del Estado para ejecutar sanciones queda comprometida.
Otras causas del problema
El reporte también señala que los cuerpos policiales en América Latina y el Caribe enfrentan fragmentación institucional, bajos niveles de profesionalización, limitaciones en capacidades investigativas y vulnerabilidad a la cooptación local.
Por eso, cuando la probabilidad de sanción es reducida —lo que se refleja en bajas tasas de homicidios esclarecidos— el poder intimidatorio de los actores criminales se amplifica y la autoridad estatal pierde credibilidad.
La medida de coerción efectiva, según el informe, no se mide solo por operativos o despliegues, sino por la capacidad de investigar, procesar y sancionar de manera consistente. “En este sentido, la impunidad constituye un indicador central de debilitamiento coercitivo: sin consecuencias previsibles frente al delito, el monopolio legítimo de la violencia se vuelve nominal más que efectivo”.
Santo Domingo, R.D.-Una estructura criminal desarticulada por el Ministerio Público, identificada como Operacion Onco 14, recibió una imputación formal al ser acusada de orquestar un sofisticado esquema de fraude en perjuicio del Estado dominicano, el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y cientos de pacientes oncológicos de la región del Cibao.
La investigación, dirigida por la Dirección General de Persecución, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Fiscalía de Santiago, señala como cabecillas a tres exdirectivos del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, entidad que administra el Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC).
Los imputados son Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo del Patronato y exmiembro de la junta directiva del IORC, Luisa Yasiris Guzmán, actual esposa de Lora Cruceta y presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida.
También Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exesposa de Lora Cruceta, quien fungió simultáneamente como vicepresidenta y auditora interna y externa del patronato durante la gestión del imputado.
Según el expediente, los acusados utilizaron empresas fachada, incluyendo Vargas Lora & Asociados (actualmente Vargas Guzmán Accounting Center) y la fundación antes mencionada, para desviar fondos destinados a tratamientos médicos vitales para pacientes del régimen subsidiado.
El Ministerio Público subraya una irregularidad clave en la investigación, aunque los estatutos del IORC estipulaban un mandato de dos años para la presidencia, Héctor Antonio Lora Cruceta se mantuvo en el cargo desde el 9 de octubre de 2018 hasta el 6 de octubre de 2025.
Para los fiscales, esta permanencia prolongada evidencia un interés deliberado por mantener el control absoluto sobre los recursos económicos de la institución y las aportaciones estatales.
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, destacó que esta es la tercera estructura criminal enfrentada como parte de las investigaciones sobre el fraude al SeNaSa, una labor de depuración iniciada con la Operación Senasa bajo la dirección de la Procuradora General, Yeni Berenice Reynoso.
En los allanamientos, realizados con apoyo de la Policía Nacional y la Unidad de Investigación Criminal (UIC), se ocuparon dinero en efectivo y títulos de propiedad, dispositivos electrónicos (computadoras, celulares, DVR), documentación comprometedora y vehículos.
Según el Ministerio Público el grupo deberá responder por una serie de cargos graves que incluyen asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología (acceso ilícito a sistemas), lavado de activos.