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En 30 minutos la JCE computó 90% de los votos.
El simulacro del de voto automatizado se realizó exitosamente en 158 municipios con la participación de 163,680 ciudadanos, según lo informó el pleno de la Junta Central Electoral y explicó que la transmisión de un 90% de los resultados en tan sólo 30 minutos. El simulacro fue apoyado por los principales partidos políticos.
El Simulacro Nacional del Voto Automatizado contó con el apoyo de los principales partidos políticos, siempre segun lo informado por la JCE, que explico que media hora después del cierre de las mesas de votación, obtuvo el 90% de los resultados, representando el sufragio de unos 163,680 ciudadanos a nivel nacional.
Julio César Castaños Guzmán, presidente del organo electoral, consideró que esta prueba de cara a las elecciones primarias del próximo 6 de octubre de los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y Revolucionario Moderno (PRM) “salió como se estimaba”.
Para este simulacro la JCE instaló 5,401 mesas de votación con su respectivo módulo de votación automatizado en 3,890 recintos electorales de todo el país. Asimismo, el personal que trabajó en dicho simulacro estuvo integrado por 26,000 miembros de mesas, 4,600 técnicos, 2,500 titulares, suplentes, secretarios y auxiliares de las 158 Juntas Electorales y 8,700 militares de la Policía Militar Electoral.
En cuanto a la participación de los ciudadanos por edades, el presidente de la JCE destacó que 30,865 corresponde a personas de 46 a 55 años; 29,928 a personas de 56 a 65 años; 24,232 a personas de 36 a 45 años; 24,079 a personas mayores de 66 años; 19,225 con edades de 26 a 35 años; y 15,227 a personas de 18 a 25 años.
Durante una rueda de prensa el magistrado sostuvo que entre los puntos a mejorar están la organización de rutas para un transporte más fluido; reforzar la capacitación del personal; apuntalar el compromiso con los técnicos y tener un personal de respaldo disponible; y que la dieta del personal fluya en tiempo oportuno.
Castaños Guzmán anunció que la Junta aprovechará la noche del viernes 4 de octubre a fin de integrarla para la logística que se desplazará el sábado 5 y domingo 6 de octubre.
Igualmente, explicó que la institución se enfocará en mejorar la hora del inicio de instalación de los equipos y de votación, debido a que aunque en gran parte de los colegios electorales se comenzaron a las 8:00 de la mañana, como se tenía previsto, hubo otros que se integraron pasadas las 9 de la mañana e incluso a las 10:00 a.m.
Citó el caso del Estebanía, municipio de Azua, donde los equipos estuvieron a punto de ser arrastrados por una riada al momento de ser traslados hasta el centro de votación.
Además, explicó que en el caso de los municipios de Higüey y Pedro Santana se presentaron algunos problemas de señal y conectividad que no permitían registrar que ya las mesas iniciaron su trabajo educativo.
Procurarán igualmente hacer más eficiente la atención a los envejecientes y personas con discapacidad que lo necesiten. Esto debido a que en algunos centros de votación, de acuerdo con reportes, hubo personas que no entendían el procedimiento y ralentizaron la prueba.
Además, la Junta hará un levantamiento por municipio de la conectividad de las mesas y la respuesta a las contingencias que se presenten. El problema de la conectividad dijo que se solucionará sirviéndoles a las compañías prestadoras de servicios telefónicos lo que han encontrado, y consideran la posibilidad de que al momento de imprimir el acta tomar el código QR que está en la misma, pasarlo a un celular acreditado y que el resultado se transmita a la sede.
“Hemos obtenido los resultados que esperábamos, a pesar de todos los inconvenientes que se produjeron”, manifestó.
Un hombre vota durante el simulacro realizado ayer por la Junta Central Electoral. Woodley Valdez
El presidente de la JCE dijo que hoy sostendrá una reunión con los miembros titulares de la Junta y directivos para analizar todo lo sucedido en el Simulacro. Anunció que el día de las primarias internas del PLD y el PRM 20% de las mesas tendrán una auditoría física de la JCE. Expresó que aunque muchas personas entienden que un esfuerzo de tal magnitud ameritaba mayor participación de la población, “hay que entender que es un simulacro, en el que no estuvo presente la motivación de ir a votar por un precandidato específico”. También, apuntó que se mantendrán llevando ese tipo de pruebas al mayor número de personas. Actualmente, informó, están en 26 plazas comerciales de toda la República Dominicana y próximamente instalarán equipos en las estaciones más concurridas del Metro de Santo Domingo. La Junta Central instaló el pasado sábado 3,890 módulos de votación automatizada en igual número de recintos electorales de 158 municipios del país, a los fines de llevar a cabo el proceso de ayer. Junto a Castaños Guzmán, participaron en la supervisión de esta prueba nacional los miembros titulares Roberto Saladín Selin, Carmen Imbert Brugal, Rosario Graciano de los Santos y Henry Mejía Oviedo, así como Mario Núñez, Director Nacional de Elecciones; y Miguel Ángel García, Dirección Nacional de Informática.
elcaribe.com.do
Santo Domingo.- Raymundo Mejía, juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, decidirá el próximo 15 si envía o no a juicio a los propietarios de la discoteca Jet Set Club, Antonio y Maribel Espaillat, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de 236 personas fallecidas durante el derrumbe del techo del centro de diversión, ocurrido el 8 de abril del 2025.
El magistrado dará el fallo a las 10:00 de la mañana de esa fecha, con el objetivo de ponderar los argumentos del Ministerio Público, de los representantes legales de las víctimas y de la defensa de los imputados.
Esto tras más de un año de ocurrir la tragedia que dejo más de 200 personas fallecidas y más de cien heridos y decena de huérfanos.
Durante la audiencia, familiares de los fallecidos y personas afectadas expusieron ante el juez cómo han cambiado sus vidas tras el trágico suceso. Asimismo, los imputados y su defensa presentaron sus argumentos ante el tribunal.
El Ministerio Público solicitó formalmente el envío a juicio de los propietarios de la discoteca Jet Set Club, al considerar que existen suficientes elementos de prueba que demuestran la responsabilidad de los hermanos Espaillat en los hechos que se les imputan.
A la salida del tribunal, el director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, expresó que espera que el juez adopte una decisión acorde a la ley y ordene el envío a juicio de los acusados.
El 18 de junio, le dictan medida de coerción contra Antonio y Maribel Espaillat, propietario y gerente de la discoteca Jet Set, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de más de 230 personas fallecidas y 189 heridas tras el desplome del techo del centro de diversión. Ellos fueron apresados el 12 de junio por miembros del Ministerio Público tras ser interrogado por el hecho.
Santo Domingo.- Mientras en el pais se pregona que se ha avanzado en el estado de derecho, ocupa el segundo lugar en América Latina y el Caribe con mayor numero de presos preventivos y ocupación penitenciaria más alta, superada solo por Haití, según la Dirección de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC).
El dato, que es reseñado este domingo por periódico Listín Diario refleja una debilidad estructural del sistema de justicia penal en su capacidad de investigación y procesamiento.
Señala que en República Dominicana hay aproximadamente 25,000 personas privadas de libertad, de las cuales cerca de 16,000, equivalente a mas del 60% son preventivos.
El documento advierte que la elevada proporción de personas privadas de libertad sin sentencia firme en América Latina y el Caribe evidencia esa misma debilidad estructural. Cuando las investigaciones criminales son lentas o de baja calidad y los tribunales enfrentan sobrecarga de casos, la prisión preventiva termina usándose como sustituto de investigaciones eficaces y procesos judiciales oportunos.
Agrega que la dinámica se refuerza por la presión política y social de “mostrar resultados” en materia de seguridad. Esa presión incentiva respuestas punitivas inmediatas, incluso cuando los procesos judiciales no están plenamente desarrollados.
“El resultado es una acumulación de personas detenidas sin condena que traslada las fallas del debido proceso al sistema penitenciario. Esto contribuye al hacinamiento y debilita la capacidad del Estado para mantener un control efectivo sobre las cárceles”, señala Democracias Bajo Presión.
El PNUD explica que desde inicios del siglo XXI la región ha registrado uno de los aumentos más rápidos de población penitenciaria a nivel mundial. El número de personas privadas de libertad pasó de unos 700,000 a comienzos de los años 2000 a cerca de 1.8 millones en 2024. Es un incremento cercano al 150%.
“Este crecimiento contrasta con la relativa estabilidad o el aumento moderado observado en otras regiones y refleja, entre otros factores, la expansión de políticas penales más punitivas y el uso extensivo de la prisión preventiva”, apunta el informe.
Asimismo, establece que la población privada de libertad en América Latina y el Caribe presenta un marcado sesgo socioeconómico. Los estudios revelan que las personas bajo prisión tienen un nivel educativo inferior al promedio de la población general.
“Esta desigualdad se acentúa en la fase de la prisión preventiva, donde el acceso limitado a una defensa legal y las dificultades para acreditar condiciones de arraigo —como domicilio estable, empleo formal o fianzas— incrementan la probabilidad de permanecer detenido durante el proceso judicial”, destaca el estudio.
Ante ese panorama, el PNUD advierte que cuando las cárceles presentan sobrepoblación crónica, déficits de control interno o se convierten en centros de coordinación de actividades ilícitas, la capacidad del Estado para ejecutar sanciones queda comprometida.
Otras causas del problema
El reporte también señala que los cuerpos policiales en América Latina y el Caribe enfrentan fragmentación institucional, bajos niveles de profesionalización, limitaciones en capacidades investigativas y vulnerabilidad a la cooptación local.
Por eso, cuando la probabilidad de sanción es reducida —lo que se refleja en bajas tasas de homicidios esclarecidos— el poder intimidatorio de los actores criminales se amplifica y la autoridad estatal pierde credibilidad.
La medida de coerción efectiva, según el informe, no se mide solo por operativos o despliegues, sino por la capacidad de investigar, procesar y sancionar de manera consistente. “En este sentido, la impunidad constituye un indicador central de debilitamiento coercitivo: sin consecuencias previsibles frente al delito, el monopolio legítimo de la violencia se vuelve nominal más que efectivo”.
Santo Domingo, R.D.-Una estructura criminal desarticulada por el Ministerio Público, identificada como Operacion Onco 14, recibió una imputación formal al ser acusada de orquestar un sofisticado esquema de fraude en perjuicio del Estado dominicano, el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y cientos de pacientes oncológicos de la región del Cibao.
Los imputados son Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo del Patronato y exmiembro de la junta directiva del IORC, Luisa Yasiris Guzmán, actual esposa de Lora Cruceta y presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida.
Según el expediente, los acusados utilizaron empresas fachada, incluyendo Vargas Lora & Asociados (actualmente Vargas Guzmán Accounting Center) y la fundación antes mencionada, para desviar fondos destinados a tratamientos médicos vitales para pacientes del régimen subsidiado.
El Ministerio Público subraya una irregularidad clave en la investigación, aunque los estatutos del IORC estipulaban un mandato de dos años para la presidencia, Héctor Antonio Lora Cruceta se mantuvo en el cargo desde el 9 de octubre de 2018 hasta el 6 de octubre de 2025.
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, destacó que esta es la tercera estructura criminal enfrentada como parte de las investigaciones sobre el fraude al SeNaSa, una labor de depuración iniciada con la Operación Senasa bajo la dirección de la Procuradora General, Yeni Berenice Reynoso.
En los allanamientos, realizados con apoyo de la Policía Nacional y la Unidad de Investigación Criminal (UIC), se ocuparon dinero en efectivo y títulos de propiedad, dispositivos electrónicos (computadoras, celulares, DVR), documentación comprometedora y vehículos.
Según el Ministerio Público el grupo deberá responder por una serie de cargos graves que incluyen asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología (acceso ilícito a sistemas), lavado de activos.