Santo Domingo, RD.- En el mundo cibernético, algunos malhechores se disfrazan en un perfil de alguna red social con fotos de otras personas, con gustos o intereses semejantes a los de un niño o niña o incluso las preferencias exactamente similares de los jóvenes para atrapar a muchos y extorsionarlos. Asimismo, llamadas para informar sobre supuestos premios también son muy usuales a través de teléfonos e incluso el robo o clonación de tarjetas así como la suplantación de identidad.Nacionales
Extorsionan desde las cárceles a través de redes sociales
Santo Domingo, RD.- En el mundo cibernético, algunos malhechores se disfrazan en un perfil de alguna red social con fotos de otras personas, con gustos o intereses semejantes a los de un niño o niña o incluso las preferencias exactamente similares de los jóvenes para atrapar a muchos y extorsionarlos. Asimismo, llamadas para informar sobre supuestos premios también son muy usuales a través de teléfonos e incluso el robo o clonación de tarjetas así como la suplantación de identidad.Según el ingeniero especialista en redes y tecnología, Hiddekel Morrison, el delito cibernético es una derivación del delito tradicional, y es la incorporación de la tecnología a la práctica delictiva tradicional, ya que a través de este medio transgreden la ley y llevan a cabo cualquier tipo de procedimiento al margen de las normativas jurídicas, ya sea robo, asalto, extorsión, chantaje, manipulación, y en esa medida existen artilugios que el delincuente virtual incorpora.
El experto precisa que este tipo de delito está asociado a que se materialice utilizando tecnología o plataformas tecnológicas, como cuando se lleva a cabo el robo de la identidad de un perfil digital, hasta cuando se utiliza un dispositivo móvil para realizar un acto de extorsión.
Sostiene, además, que en el país esta práctica ha estado diversificándose con la gravedad adicional de que en una alta proporción se lleva a cabo por delincuentes que se encuentran cumpliendo condenas en centros penitenciarios y las estadísticas más comunes tienen que ver con llamadas, premios y sorteos, inventados para estafar.
Morrison también plantea que en el país los delitos cibernéticos más comunes tienen diversos “matices” que tienen mucho que ver con suplantación de identidad, donde el delincuente incorpora fotos y nombres que no le corresponden para crear una cuenta, otro delito es la extorsión que también se da en plataformas digitales, incluso delincuentes internacionales, que desde call center utilizan modelos, hombres y mujeres, se contactan, hacen insinuar que hay un interés, que hay una atracción de un hombre o una mujer, le invitan a que pueda compartir información en escenas privadas, entonces lo graban y con ese material utilizan la extorsión que se da a través de Facebook.
En cuanto a la protección de estos delitos, Morrison señala que tiene mucho que ver primero, al igual que el delito tradicional, de no establecer contacto con personas desconocidas, y que la recomendación es tener cuidado, y no brindar información.
Perfiles
También cita que se debe tratar de preservar los perfiles en modo privado y utilizarlos de modo profesional, no hablar de aspectos privados, no colocar la dirección del hogar, quitar la ubicación cuando se comparte una imagen o un video, a través de la configuración de la red social, ya que cuando se toman todos estos elementos en cuenta se mitigan significativamente los riesgos de ser víctimas de delito cibernético.
Precisa que en el país es muy común la práctica de robos de triangulación por comercio electrónico, cuyo delito está vinculado a plataformas de redes sociales, desde personas que compran u ofrecen algo en venta, a través de WhatsApp o Instagram, hasta el hurto de una identidad a través del robo de una cuenta. Sobre todo a lo referente a suplantación de identidad, extorsión y el tema de delito de comercio electrónico, a través de cheques sin fondos, por lo que se produce una estafa dándose con plataformas digitales.
En cuanto al sexting o sexteo, el especialista explica que se ha producido una tendencia desde el primer momento en que los dispositivos móviles incorporaron cámaras, sobre todo en los jóvenes bajo el error de que es privada, confían en terceras personas.
Incluso muchos adolescentes han tenido que salir de escuelas porque se debe tener en cuenta que cualquier contenido digital tiene una vocación pública o de viralidad, debido a que es muy fácil de que se propague.
Manifiesta en torno al rastro de la tecnología, que las computadoras permiten detectar las navegaciones que se realizan y que a través de una auditoría informática forense, desde el punto de vista tecnológico, se puede perseguir el crimen digital.
DATOS
Rastro Rastrear a quienes infringen la ley a través de los aparatos electrónicos es más sencillo de lo que se cree, de acuerdo con Morrison, siempre dejan rastro, ya que la tecnología funciona bajo protocolo, inclusive el funcionamiento de la internet se basa bajo el algoritmo Tcplp, que es Transmission Protocol Internet o Protocolo de Transmisión.
Direcciones IP De igual manera, trajo a colación el tema de las ubicaciones IP debido a que existe una interconexión dada entre el dispositivo hasta los servidores que hacen posible la conexión.
Sentencias Conforme a datos suministrados por la Suprema Corte de Justicia, durante el 2017, entraron 49 expedientes acusatorios y fueron emitidas 48 sentencias o fallos, asimismo, durante el 2018 se constataron 35 entradas de expedientes y “salieron” 38 sentencias..
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Nacionales
Juez evaluará este miércoles solicitud de Pepca para extender investigación del caso Senasa.
Santo Domingo, R.D.-Deiby Peguero, juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, fijó para este miércoles el conocimiento de la solicitud de prórroga de cuatro meses presentada por el Ministerio Público para concluir la investigación y depositar la acusación contra el exdirector del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), Santiago Marcelo Hazim, y los demás implicados en el caso Cobra.
La solicitud de prórroga fue depositada por fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), con el propósito de analizar minuciosamente las evidencias recabadas durante allanamiento. Así lo informó recientemente el procurador adjunto, Wilson Camacho.
Camacho indicó que la institución cuenta con un equipo especializado dedicado al estudio del contenido de 16,800 cajas de documentos ocupadas durante los recientes operativos de intervención como parte de la investigación que realiza del caso.
El exdirector de SeNaSa, Santiago Marcelo Hazim, junto a otros imputados, es señalado de conformar una estructura criminal que habría perpetrado un desfalco superior a RD$15 mil millones en perjuicio del Estado dominicano, a través de la entidad pública de salud.
Además de Hazim, figuran como imputados Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo, Ada Ledesma Ubiera, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, quienes cumplen distintas medidas de coerción impuestas en diciembre de 2025.
Santo Domingo, R.D.-Jhovanny de Jesus Metz Crus, conocido como «Macho», señalado como el principal sospechoso de la muerte del conductor Deivy Carlos Abreu Quezada, quien falleció luego de ser atacado por una turba de motociclistas durante una persecución, fue apresado en Jamaica.
La información fue confirmada a Diario Libre por una fuente de la Procuraduría General de la República (PGR).
De acuerdo con las investigaciones, «Macho» habría sido quien presuntamente propinó varias estocadas a Abreu Quezada durante el ataque ocurrido el pasado 17 de abril en el parqueo del Palacio de Justicia de Santiago, donde la víctima intentó refugiarse tras ser perseguida durante varios kilómetros por un grupo de motociclistas.
En principio, se informó que la persecución se produjo a raíz de un incidente de tránsito.
Posteriormente, trascendió que la agresión habría sido motivada por una presunta deuda económica que el conductor mantenía con sus atacantes.
Visado a JamaicaEn marzo pasado, Jamaica eliminó el requisito de visa para los dominicanos que viajen a ese país por turismo o negocio por un periodo de 180 días.
Mets Cruz también enfrenta un proceso judicial por las heridas de bala ocasionadas en 2023 al sargento de la Policía Nacional Christopher Almánzar García, adscrito a la unidad SWAT.
El imputado no se presentó al juicio de fondo pautado para el miércoles 20 de mayo ante el Cuarto Tribunal Colegiado de Santiago, por lo que la sala ordenó declararlo en rebeldía y activar las consecuencias legales correspondientes.
En ese expediente, Mets Cruz enfrenta acusaciones por intento de homicidio y asociación de malhechores.
El hecho ocurrió el 7 de mayo de 2023 en el sector El Ejido, de Santiago.
Durante el incidente, el sargento Almánzar García sufrió fracturas en el fémur y la rodilla izquierda, mientras que su sobrino, Jeison Willian Almánzar Núñez, resultó herido en la pierna izquierda cuando intentaba auxiliarlo.
Según las informaciones ofrecidas en el tribunal, Mets Cruz cumplía medidas de coerción consistentes en presentación periódica, impedimento de salida del país y orden de alejamiento de las víctimas.
Tras su incomparecencia al juicio, el tribunal dispuso su declaratoria en rebeldía, mientras las autoridades activaron su búsqueda.
Ahora, con su detención en Jamaica, las autoridades dominicanas deberán realizar las gestiones correspondientes para establecer su eventual retorno al país y que responda ante la justicia por los procesos que tiene pendientes.
Formalmente no hay un tratado de extradición entre República Dominicana y Jamaica. El intercambio judicial y la colaboración policial se apoyan en organismos internacionales como Interpol.
Santo Domingo, R.D.-Declaro inadmisible el Tribunal Constitucional (TC) por notoria improcedencia, la acción de amparo interpuesta por el empresario Alexander Montilla Sierra, con la que pretendía suspender un proceso de embargo inmobiliario en su contra y obtener la reposición de los plazos procesales de dicho caso.
La Alta Corte, mediante la sentencia TC/0784/26, tomó la decisión al rechazar la acción presentada por el cuñado del expresidente Danilo Medina contra la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) y la señora Francisca Elizabeth Castillo de los Santos.
La decisión fue aprobada por la mayoría de los jueces del pleno. Por su parte, el magistrado José Alejandro Vargas se inhibió de participar en la deliberación y el fallo, debido a que intervino en el proceso en su anterior condición de juez del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, cuando conoció una medida de coerción vinculada al caso penal.
El caso se remonta a una investigación de la PEPCA dirigida contra Alexander Montilla Sierra y su hermano Maxy Gerardo, junto a otras personas físicas y jurídicas. Las indagatorias se originaron en una de las líneas de investigación de la Operación Antipulpo, por presuntos actos de corrupción y lavado de activos relacionados con contratos públicos y licitaciones irregulares.
En esas pesquisas, la jueza coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero, autorizó entre diciembre de 2020 y enero de 2021 la inmovilización de fondos y la oposición a transferencias de bienes muebles e inmuebles de los investigados.
Según el expediente, estas medidas dejaron a Alexander Montilla Sierra sin capacidad para disponer de su patrimonio, impidiéndole honrar un pagaré notarial por RD$20,000,000.00 suscrito en 2018 con Francisca Elizabeth Castillo de los Santos.
Ante el incumplimiento de pago, Castillo de los Santos inició en 2021 un proceso de embargo inmobiliario sobre dos propiedades de Montilla Sierra: una unidad en el condominio Terrazas del Mirador II y un apartamento en el condominio Karla I.
Tras un acuerdo de colaboración entre Maxy Montilla y la PEPCA, la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción autorizó, mediante auto del 12 de diciembre de 2025, el levantamiento parcial de las oposiciones e inmovilizaciones. La PEPCA tramitó la ejecución de dicha orden ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Superintendencia de Bancos el 30 de diciembre de 2025.
El 6 de febrero de 2026 antes de tener conocimiento formal del levantamiento, notificado por la DGII el 17 de febrero, Alexander Montilla interpuso una acción de amparo en la que solicitó la publicidad registral de las oposiciones, la suspensión del embargo inmobiliario y la reposición de los plazos procesales.
La Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional declaró inadmisible dicha acción el 3 de marzo de 2026 (Sentencia núm. 037-2026-SSEN-00109), al considerar que había perdido su objeto tras el levantamiento parcial de las medidas.
Montilla Sierra recurrió el fallo ante el Tribunal Constitucional alegando vulneraciones al debido proceso, la tutela judicial efectiva, el derecho de propiedad, la igualdad de armas y el principio de inviolabilidad de las nulidades constitucionales, entre otros.
El TC coincidió en que la sentencia de primera instancia era errónea, pero por una razón distinta a la planteada por el recurrente: consideró que el juez de amparo no debió declarar la inadmisibilidad por «falta de objeto», sino por «notoria improcedencia». Esto se apoya en su jurisprudencia reiterada, la cual establece que el amparo no puede utilizarse para suspender, modificar o dejar sin efecto decisiones dictadas por otro tribunal en un proceso judicial ordinario en curso.
En consecuencia, el TC revocó la sentencia recurrida y, actuando directamente sobre el fondo de la acción original, concluyó que las pretensiones de Montilla Sierra excedían el ámbito del amparo. De concederlas, el juez constitucional estaría sustituyendo a la jurisdicción ordinaria en la conducción de un proceso iniciado desde el año 2021.
El tribunal señaló que cualquier objeción sobre la falta de publicidad de las oposiciones administrativas debió plantearse oportunamente ante el propio juez del embargo, mediante los mecanismos procesales correspondientes.
Cabe destacar que el Ministerio Público obtuvo la homologación de un acuerdo bajo el criterio de oportunidad, mediante el cual Maxy Gerardo Montilla Sierra y un grupo de sus empresas aceptaron su responsabilidad penal y autorizaron el decomiso de RD$2,000 millones en efectivo a favor del Estado dominicano.
El acuerdo, homologado por el juez Raymundo Mejía del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, compromete a Montilla a pagar una indemnización de RD$600 millones a las distribuidoras de electricidad EdeEste, EdeSur y EdeNorte, en resarcimiento por los perjuicios ocasionados.
Asimismo, contempla la disolución en un plazo de dos años de las empresas Transformadores Solomon Dominicana, S.A.S., Electrocable Aluconsa, S.A.S., NSD, Importaciones Diversas, SRL, Distribuidora de Materiales Eléctricos FEE, SRL, Distribuidora Eléctrica Henan Jinshui, SRL, Importadora Eaglerise, SRL, TLC Negocios Globales, SRL, Watmax Lighting, SRL, Herrajes Eléctricos RPC, SRL, y MG Solomon Corporation.
También fija el pago de RD$431,816,307.90 a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y el decomiso de un terreno de 200.18 metros cuadrados ubicado en la avenida Roberto Pastoriza núm. 2, Ensanche Naco, valorado en RD$50,901,692.13.
Por el caso Antipulpo, el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina, a siete años de prisión en el centro penitenciario de Najayo.
La decisión fue recurrida y está pendiente de revisión para el próximo 8 de septiembre en la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Otros imputados recibieron penas menores y algunos fueron declarados noculpables, entre ellos Magaly Medina.